jueves, abril 26, 2007

Cada 12 minutos se detiene a un hombre por violencia de género

Policía y Guardia Civil detuvieron el año pasado en España a 45.296 hombres por violencia de género; esto es, un detenido cada 12 minutos y, en total, casi tantos como habitantes tiene la ciudad de Huesca, por ejemplo. Los datos del Ministerio del Interior conocidos ayer por este periódico revelan que una de cada 10 detenciones por infracción penal se relacionan con la violencia contra la mujer. Estas cifras atizan la polémica abierta en el ámbito judicial y entre grupos feministas. Algunos opinan que esto prueba la sensibilización contra el maltrato; otros, que se detiene sin suficientes pruebas.
Respecto a los procesos abiertos en los tribunales por violencia machista el año pasado, más de 84.000, una cifra equivalente a la de denuncias, en un 53% de los casos ha habido una detención. Y eso sin tener en cuenta las practicadas por las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña. "Es más fácil detener cuando la víctima sabe quién ha sido el agresor", explican en el Ministerio del Interior para justificar que un 11,4% de las 253.723 detenciones se deben al maltrato machista. Algo más de una de cada 10.

La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, opina que estas cifras demuestran que la sociedad, y no sólo las víctimas, está cada vez más implicada en la lucha contra estas agresiones. "La mayoría de las detenciones se producen por denuncias, no sólo de las mujeres, sino de su entorno más cercano. Eso indica que hay una sensibilización colectiva sobre este asunto", dijo Orozco.
El número de detenciones relacionadas con la violencia de género ha sido uno de los asuntos más polémicos tanto en el ámbito jurídico como entre los grupos feministas, porque se discrepa sobre la necesidad de detener en casos en los que quizá no hay suficientes pruebas previas. "Detener ya es bastante castigo para una persona si resulta que no hay razón para ello", afirma María Sanahuja, decana de los juzgados de Barcelona, que suele dar voz a la discrepancias respecto a estas prácticas. "He visto a personas detenidas que han pasado una noche en calabozos horribles y a la mañana siguiente salían llorando. Tampoco es agradable que alguien vaya a detenerte en tu pueblo o a tu trabajo si luego resulta que no había pruebas previas para ello". Sanahuja cree que se ha pasado de un extremo a otro.
"Antes, a las mujeres que denunciaban malos tratos se las mandaba a casa sin muchos miramientos, ahora, por fortuna, ya no es así, pero detenemos en un porcentaje excesivo, la policía, los jueces y los fiscales estamos actuando con miedo. ¿Qué pasa si no detenemos y luego ocurre algo?, me dicen en las escuelas de policía que he visitado. Esto no puede ser", añade.
Todo lo contrario opina Consuelo Abril, 30 años de abogada y presidenta de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres. "Quizá el calabozo es excesivo, pero creo que la policía está actuando con diligencia, aunque luego los juzgados de violencia no funcionan correctamente. Ayer mismo me contó un caso una embarazada de siete meses que denunció a su marido por maltrato. No pudo probarlo en el juicio y encima le dijeron que ella podía haber denunciado en falso. 'Menos mal que no me ha dado patadas en la tripa, me decía llorando".
Abril dice que "una mujer denunciando en falso es tan anecdótico como que alguien denuncie que le han robado sin ser cierto. Pero desgraciadamente no tenemos muchos medios para probar el maltrato".
La presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, opina que el número de detenciones no es excesivo. "No me parece desproporcionado; hay que tener en cuenta que con la ley de violencia de género hay faltas que han pasado a ser delitos y se detiene si hay un criterio de riesgo para ello, pero no todas las denuncias conllevan una detención". Ni siquiera, explica, todos los procesos abiertos son fruto de una denuncia, porque los jueces pueden actuar cuando les llega un parte médico de lesiones presumiblemente por violencia de género.
Pero Sanahuja insiste: "El miedo está llevando a un número excesivo de detenciones sin indagaciones previas mínimas. Y en los juzgados de guardia se ve de todo, desde personas con enfermedades mentales que denuncian a quienes les cuidan en momentos de crisis, hasta los tentados de utilizar esta vía penal para favorecer el proceso civil de un divorcio, por ejemplo".
Consuelo Abril rechaza esto último. "No se necesita causa para hacer un divorcio, nadie sacará más ni menos por eso. Si es por la custodia de los hijos, o algo parecido, habrá que demostrar el maltrato, es simple".

En 2006 se juzgaron en España a 37.521 hombres por violencia de género. En 7 de cada 10 casos (26.313), el resultado fue una sentencia condenatoria, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Además se acordaron 27.078 órdenes de protección, el 75% de las 36.156 que se pidieron.
Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, en la segunda mitad de 2005, las cifras que recogen esta lacra no han dejado de aumentar. Como en otros aspectos de esta norma, esos datos tienen una doble lectura: para unos (PP, pero también algunos grupos feministas), es una muestra del fracaso de la ley; para otros es una buena señal porque refleja más que las mujeres se atreven a denunciar, y no que el fenómeno vaya en aumento.
La ley, con su nueva clasificación de algunas acciones, también se refleja en los datos pormenorizados del tipo de infracciones penales. Las faltas han bajado entre 2004 y 2006 un 49%, de 17.009 a 8.617, debido a la nueva clasificación que endurecía la catalogación de algunos comportamientos, como los malos tratos en el ámbito familiar, que pasaron de ser faltas en algunos casos a ser siempre considerados delitos.
En cambio, entre las faltas aparecen figuras nuevas, como las vejaciones leves. Este descenso en las faltas se ha visto compensado por un aumento de los delitos -más graves penalmente-, que han pasado en ese periodo de 40.518 a 53.553.Lo más frecuente han sido los "malos tratos en el ámbito familiar", con 39.203 el año pasado, una cifra que aumenta hasta los 46.433 si se le incluyen los "maltratos habituales en el ámbito familiar". En total, este apartado representa un 75% de las denuncias.

Este año ha habido 21 muertas por violencia de género y 68 el año pasado. En España se detuvo en 2006 a 45.296 hombres por violencia de género. En el mismo año se celebraron 37.521 juicios que derivaron en 26.313 condenas. Del total de los procedimientos judiciales cerrados en 2006, el 43%, casi la mitad, fue archivado.
Fuente El País

jueves, abril 19, 2007

Archivada en Valladolid una denuncia por considerar "sorprendente" que una licenciada soporte malos tratos

La elevada formación de una mujer es incompatible con la posibilidad de que ésta soporte durante años malos tratos psicológicos por parte de su pareja y no denuncie tal situación vejatoria.
Así lo considera el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, cuyo titular usa este argumento como fundamentación jurídica a la hora de archivar la denuncia que una vallisoletana presentó contra su marido. Se trata del mismo magistrado que dejó en la calle a la víctima de otro caso de violencia doméstica.

El auto judicial, que ha generado una honda indignación en la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (Adavasymt), da carpetazo a la denuncia que V.C., profesora de instituto, presentó el 2 de marzo contra su marido, L.D, profesor universitario a quien acusó de someterla a continuo maltrato psíquico a lo largo de los 16 años de matrimonio. El juez, en su resolución relativa a las diligencias previas del procedimiento 140/2007, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito y, como base justificativa de su decisión, califica de "sorprendente que una persona con alto nivel de formación y capacidad soporte durante los años que ella señala esos supuestos desprecios, humillaciones..., en definitiva, malos tratos psicológicos, sin poner remedio a esa situación o, en todo caso, sin acudir a un profesional (psiquiatra, psicólogo) o sin pedir algún tipo de ayuda externa (asociaciones...etc)".
A su vez, el juez advierte de que "es a raíz de la ruptura conyugal cuando, curiosamente, se formula la denuncia". En definitiva, concluye el auto, "no se aprecian indicios del delito denunciado ni de ningún otro y de ahí que proceda el sobreseimiento".
La presidenta de Adavasymt, Rocío Mielgo, califica, "indignada", la decisión de este juez como "una perla más" de una larga lista y denuncia que su colectivo había puesto muchas esperanzas en este nuevo juzgado, específico en materia de violencia de género y en funcionamiento desde enero pero que ha defraudado todas las expectativas.

"Esperábamos que con este juzgado se avanzaría en la credibilidad de la víctima, pero la realidad ha demostrado que determinados jueces y fiscales siguen sin entender qué es la violencia de género", se lamenta Mielgo, quien recordó que al autor de esta última resolución que "cualquier mujer puede ser maltratada, con independencia de que tenga una mayor o menor formación".
Este juez es el mismo que en otro auto reciente y no menos polémico impuso a un hombre la orden de alejamiento de su pareja, después de que ésta le denunciara por maltrato físico pero, curiosamente, dejó en la calle a la víctima y su hija de 15 años tras otorgar al denunciado el uso y disfrute del piso de alquiler que compartía la pareja con el argumento de que el contrato estaba a su nombre.
El caso ahora sobreseído hace referencia a la denuncia que V.C. presentó contra su marido, L.D, de quien está en trámites de separación tras, presuntamente, sufrir 16 años de menosprecios, insultos y humillaciones por el hecho de que ella era simplemente una licenciada y él contaba con una formación académica superior y era docente de la universidad. Así, siempre según el contenido de la denuncia, el denunciado no cesaba de recordar a la mujer que su título era "más provechoso y rentable" que el suyo y le advertía de que, por tal motivo, no estaba obligado a compartir con ella sus ingresos. De ahí que, presuntamente, el profesor la sometiera a un férreo control económico, hasta el punto de que llevaba un cálculo pormenorizado de los gastos que ella tenía y de sus facturas telefónicas y le exigía los tickets de compra, a pesar de que el matrimonio se encontraba en régimen de gananciales.

La situación tornó todavía a más rocambolesca cuando, establecido el domicilio familiar, el esposo comenzó a exigir a su propia esposa el pago de una renta por vivir en el piso con la excusa de que parte del dinero utilizado para comprarlo había sido aportada por una tía del denunciado. Desde entonces, la mujer pasó a ser inquilina de su marido. Posteriormente, incluso los padres de ella adquirieron también la condición arrendatarios y se vieron obligados a pagar una renta a su yerno de 60.000 de las antiguas pesetas cuando, por determinadas circunstancias, tuvieron que compartir el piso con la pareja. "¡Si no pagan, no se quedan!", asegura V.C. que le espetó su marido como condición indispensable para dar cobijo a los suegros.
No fue hasta los últimos tres años cuando la convivencia entre ambos se hizo insostenible -ella dejó de celebrar su cumpleaños para no dar explicaciones a los amigos de por qué él nunca estaba presente en las fiestas- y sólo se daban periodos tranquilos cuando la presunta víctima preparaba oposiciones, en los que el denunciado hasta parecía darle apoyo. Sin embargo, cuando ella suspendía se reiniciaba la tortura psicológica en la que se alternaban las humillaciones con periodos en los que su cónyuge no se dignaba a dirigirle la palabra.
Fuente El País

lunes, abril 16, 2007

La Fiscalía considera constitucional imponer penas más duras por ser varón

La Fiscalía considera acorde con la Constitución que las agresiones cometidas en el seno de la pareja se castiguen con mayor dureza cuando el agresor es el hombre y la víctima, la mujer. Ese es el criterio que ha defendido el Ministerio Público en las decenas y decenas de informes que ha remitido al Pleno del Tribunal Constitucional en relación con las al menos 120 cuestiones de inconstitucionalidad que han presentado los juzgados de Violencia Doméstica contra el artículo 37 de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer y contra el artículo 153.1 del Código Penal.

sábado, abril 14, 2007

Fondo para la Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia de Género

El Gobierno Central, en una respuesta parlamentaria a la diputada Carme García (IU-ICV), considera cumplido los objetivos del fondo para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. En su segundo año de funcionamiento (2006), este fondo se ha incrementado en un 20 por ciento, pasando de los 10 a los 12 millones de euros.

Además, recuerda que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, aprobado el 15 de diciembre de 2006, prevé la evaluación del derecho de las víctimas a la asistencia y la elaboración de un mapa de los recursos sociales disponibles en todo el territorio.
Para el presente año, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dispone de 6,5 millones de euros para financiar actuaciones innovadoras en este ámbito y se prevé la promoción de proyectos autonómicos e innovadores que contemplen a mujeres discapacitadas, inmigrantes, mayores, rurales, pertenecientes a minorías étnicas y la atención a menores.
Fuente EFE

El Gobierno aclara en el Congreso que "no puede hablarse de hombres víctimas de violencia de género"

El Gobierno considera que "no puede hablarse con propiedad de hombres víctimas de violencia de género, tal y como queda reflejado en una respuesta parlamentaria a la diputada Pía Sánchez (PP), que recoge Europa Press.
La parlamentaria popular reclamaba el porcentaje de hombres víctimas de "violencia de género" registrados por la Policía y el Instituto de la Mujer a lo largo del pasado año, pero no obtuvo los datos al entender el Ejecutivo que este tipo de maltrato sólo se produce sobre las mujeres.
En función de la normativa vigente, el Gobierno considera que la violencia de género se configura como aquélla que se ejerce sobre las mujeres, "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres" sobre éstas.
Según dice, este tipo de violencia se ejerce sobre las mujeres por parte de sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia. "En consecuencia, no puede hablarse con propiedad de hombres víctimas de violencia de género", subraya.
Los últimos datos recogidos por el Instituto de la Mujer, hasta enero del presente año, muestran que un total de 872 hombres han presentado una denuncia por malos tratos contra su pareja o ex pareja (cónyuge, pareja sentimental o novia).
En concreto, se presentaron un total de 185 denuncias contra la mujer, 210 contra la ex mujer, 161 contra la compañera sentimental, 258 contra la ex compañera, 18 contra la novia y un total de 40 contra la ex novia.
En todo caso, esta cifra contrasta con las 4.603 denuncias presentadas por mujeres, hasta enero.
Por otra parte, en todo el año pasado se registraron 10.801 denuncias de hombres contra mujeres, frente a las 62.170 que presentaron estas últimas.
Fuente EFE

Más de 750 mujeres protegidas en el 2006 en Aragón

En Aragón se dictaron en el pasado año 752 órdenes de protección para las víctimas de la violencia sobre la mujer, de las 911 solicitudes, lo que supone más de un 82,5%, por encima de la media nacional. Cataluña fue la comunidad en la que se dictaron más ordenes de protección en 2006, con 4.752 órdenes.

Fuente El Periódico de Aragón

martes, abril 03, 2007

Más de 6.000 mujeres maltratadas reciben servicio de teleasistencia

Un total de 6.149 mujeres maltratadas cuentan con un dispositivo de teleasistencia para recibir protección inmediata ante una situación de riesgo, más del doble que a principios del año pasado, según los últimos datos remitidos por el Gobierno. Para recibir este servicio, las solicitantes deben contar con una orden de protección o alejamiento y no deben convivir con la persona que les ha sometido a maltrato.
Según ha informado el Ejecutivo -a instancias de la diputada del Partido Popular, Susana Camarero- a 1 de enero de 2006 contaban con este servicio 2.551 mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas, una cifra que fue incrementándose hasta principios de este año.

En los últimos tres meses más de medio millar de mujeres han necesitado el uso del dispositivo. Por comunidades autónomas, el mayor número de altas para el servicio de teleasistencia se registra en Madrid (1.240 usuarias), Andalucía (1.218), Comunidad Valenciana (1.106), Cataluña (668), Canarias (540) y Asturias (318).

A más distancia, les siguen las comunidades autónomas de Aragón (26), Baleares (125), Cantabria (103), Castilla y León (171), Galicia (223), La Rioja (1), Navarra (5), País Vasco (97), Castilla-La Mancha (156), Extremadura (92), Murcia (49), Ceuta (3) y Melilla (8).

Este servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de maltrato doméstico permite que las mujeres, ante situaciones de emergencia, entren en contacto con un centro de atención especializado.

La conexión puede realizarse en todo momento y desde cualquier lugar, tan sólo apretando un botón y en la modalidad de manos libres.

El dispositivo de teleasistencia se solicita por las propias mujeres, que deben tener una orden de alejamiento o una orden de protección, siempre y cuando el juez que la dictó no considere contraproducente este servicio para la seguridad de la usuaria. Además, la mujer no debe convivir con la persona que le ha sometido a maltrato.
Fuente El País

lunes, abril 02, 2007

Justicia crea una aplicación para mejorar la respuesta de los médicos forenses ante casos de violencia sobre la mujer

El Ministerio de Justicia ha creado ASKLEPIOS, una aplicación web común para todos los Institutos de Medicina Legal, con el objeto de que los médicos forenses mejoren la prestación del servicio que ofrecen ante casos de violencia sobre la mujer.

Entre los objetivos de esta medida, que se enmarca dentro del Plan de Sensibilización contra la Violencia de Género, se encuentra la elaboración de protocolos comunes que ordenen las actuaciones del médico forense que atiende a la víctima de violencia de género.

Para ello, el sistema ASKLEPIOS pone a disposición de estos profesionales una base de datos que facilita el aprovechamiento compartido de conocimientos, experiencias, modelos, plantillas y protocolos de actuación. De este modo, se obtendrá provecho de la amplia especialización en campos, técnicas y casos que van extendiéndose en el colectivo de los médicos forenses.

La utilización del protocolo a seguir y de las plantillas que incorpora el sistema garantizará que el médico forense suministre, en un único informe, el mayor número de datos posibles para que el juez pueda adoptar sus decisiones y así evitar que la víctima tenga que volver a ser reconocida por el médico forense para eventuales informes complementarios.

De esta manera, se evita que la mujer deba acudir en varias ocasiones a la clínica. Esto redundará también en una mejora del servicio prestado a aquéllas, al optimizarse los medios con los que cuentan los Institutos de Medicina Legal. Con esta medida se trata de evitar la doble victimización de las mujeres afectadas y la saturación de los recursos disponibles.

ASKLEPIOS se crea en ejecución de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, ya que proporciona un marco integral en las ramas clínica, patológica y de laboratorio, facilitando los protocolos de actuación de las Unidades de Valoración Forense Integral.

Esta aplicación contempla la existencia de 13 sedes piloto en los IML de Zaragoza, Palma de Mallorca, Santander, Burgos, Valladolid, León, Albacete, Toledo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Logroño y de la Audiencia Nacional de Madrid.

Ocho de estas sedes ya están en funcionamiento, mientras que Palma de Mallorca, Albacete, Toledo, Badajoz y Madrid lo estarán a finales de abril.

lunes, marzo 26, 2007

Asturias abre el primer centro integral para las víctimas de la violencia de género

El primer centro de atención integral para las víctimas de violencia de género existente en España se inauguró ayer en Gijón, con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces. La sede, que recibe el nombre de la Casa Malva, consta de más de 5.000 metros cuadrados y alberga un centro de atención para mujeres maltratadas y 42 viviendas repartidas en dos edificaciones, en las que podrán alojarse las víctimas de violencia de género durante año y medio.

Con esta actuación, pionera para garantizar los derechos de asistencia social integral a las víctimas de agresiones sexistas y corregir el desamparo social de las mujeres maltratadas, la Administración pone en marcha una de las medidas previstas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004.

La Casa, en la que se han invertido 4 millones de euros cofinanciados por los gobiernos central y asturiano, es de titularidad autonómica y se ha construido sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Gijón.

El complejo consta de dos edificios. En uno han sido habilitados servicios sociales de emergencia, así como de apoyo, acogida y recuperación de las mujeres maltratadas, además de diez pisos de emergencia y otros veinte de larga estancia, sala de estar, ludoteca para los niños, cocina y comedor. Un segundo edificio cuenta con otras 12 viviendas unifamiliares tuteladas. Las viviendas comparten un patio exterior con una zona de juegos infantiles para los hijos de las mujeres víctimas.

El centro, que se integrará en la red regional de Casas de Acogida, que ya cuenta desde 2000 con sedes en Oviedo, Gijón, Avilés y Valdés, se ubica en una zona nueva y joven de la ciudad y recibe su nombre (Casa Malva) en alusión al color que sirve de rasgo identitario del movimiento feminista y con el que ha sido pintada la fachada del complejo, tratando con ello de alentar su visibilidad.

La vicepresidenta del Gobierno señaló que el nuevo centro es una "referencia del buen hacer en política, dando prioridad a la acción pública" en la atención a las mujeres que han sufrido la peor lacra de la sociedad: la violencia doméstica".

Fernández de la Vega opinó que con este tipo de actuaciones la violencia sexista deja de ser una cuestión privada para convertirse "en un problema social y político de primer orden". "Ya es hora de dejar de esconder a las mujeres de sus agresores. Son sus agresores los que no tienen cabida. Las mujeres ya no están solas. A partir de ahora tendrán garantizados sus derechos para que encuentren seguridad y protección frente al agresor y para que la tutela judicial funcione y contribuya a resolver su situación".

Fuente El País

domingo, marzo 25, 2007

Los hombres las siguen matando

Artículo de Mónica C. Belaza, con la colaboración de Jesús García, Paula González, Mercedes Díaz, Andreu Manresa, Elisa Lois, Paola Obelleiro, Sergi Castillo, Carlos Tomeo, Lluís Visa, Álvaro de Cózar, Francisco J. Barroso y Javier Cuartas.


Un anillo de oro, diamantes y zafiros. Eso le ofreció Jaume Guash a Celia en Nochebuena. Pero ella no quiso casarse con él. El 10 de enero hallaron su cadáver con un tiro en la cabeza. Fue la primera víctima mortal por violencia de género de 2007.


Debajo de estas líneas figuran los rostros y las historias de Celia, Rosario, Ketty, Rita, María del Carmen, Virtudes, María del Carmen, Noelia, Angelina, Gina, Mercedes, Karen y Conxita. Trece mujeres muertas. La más joven tenía 25 años. La mayor, 85. Ocho españolas y cinco latinoamericanas. Con hijos y sin ellos. Limpiadoras, camareras, dependientas de supermercado, jubiladas, geriatras, conductoras de ambulancias, mariscadoras, abogadas. Todas han muerto a manos de sus compañeros o ex compañeros. Apuñaladas, estranguladas, tiroteadas o, como la barcelonesa Mercedes Molina, rociada con disolvente y quemada viva. Mercedes sólo quería dejar a su marido. La muerte, en casi todos los casos se produjo, o después de una separación, o cuando ellas decidieron rehacer su vida sentimental. Cuando se resistieron a ser una posesión.


Desde 1999 han fallecido 505 mujeres en España víctimas de esta espiral. La ley integral contra la violencia de género, de gran dureza con los agresores y aprobada por unanimidad en las Cortes en diciembre de 2004, lleva más de un año y medio funcionando a pleno gas. Aún así, el número de fallecidas no disminuye (60 en 2005, 68 en 2006), la mayoría de las víctimas mortales no se atrevió a denunciar, se mantiene el muro de silencio de vecinos y familiares, y las órdenes de alejamiento no bastan para frenar a todos los agresores empeñados en matar, y muchas veces dispuestos a morir. ¿Es imposible, entonces, evitar a corto plazo estos crímenes?


Las instituciones insisten en que las leyes no acaban con los delitos y aseguran que es necesario más tiempo para cambiar la mentalidad de los agresores y acabar con el miedo de las mujeres.



Sólo tres de las 13 víctimas de este año tenían medidas de protección cuando fueron asesinadas. Otras dos se arrepintieron de haber puesto una denuncia y renunciaron a la ayuda. El resto, nada. Ni siquiera habían dado ese primer paso necesario para que la ley las protegiera. Ni ellas, ni nadie. Tampoco los vecinos o familiares que, una vez muerta la mujer, recuerdan los gritos y palizas, los ojos hinchados y los moratones que observaban en ella cuando se la encontraban en el portal.


Éste es el primer problema: la escasez de denuncias en casos que acaban en muerte. El porcentaje de fallecidas en 2006 que habían denunciado fue tan sólo del 30%, y en lo que va de año la cifra es aún menor. Cuando no hay denuncia, ni siquiera empiezan a funcionar los mecanismos de protección del Estado. "Pero no podemos hacer responsables a las víctimas por no haber denunciado", opina Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de los Malos Tratos a Mujeres. "Lo que hay que pensar es qué ha fallado en el sistema. Una mujer maltratada está muy dañada, tiene miedo. Necesita ayuda de la ley, los operadores jurídicos y el resto de la sociedad".


Lo cierto es que la sociedad todavía no sabe cómo enfrentarse a problemas que ocurren de puertas adentro, en la intimidad de un hogar. "Ella pasaba dos o tres días encerrada en casa tras las palizas y luego volvías a verla en la calle", explica una vecina de la boliviana Karen Vargas, de 25 años, que fue asesinada el 26 de febrero en O Porriño (Pontevedra). En el edificio era más que conocido el calvario al que la sometía su pareja. Un día incluso vieron llegar una ambulancia para atender a la chica. Pero nadie denunció al agresor.


Cuando la brasileña Rita Cassia Santos fue a pedir ayuda a la asociación Antígona, les contó que su marido le pegaba "hasta porque era guapa". Ellas quisieron poner el caso en conocimiento de las autoridades, pero Rita, por miedo y "por su pequeña" -hija también del asesino-, les dijo que no ratificaría la denuncia. La encontraron en la calle con un tiro en la espalda. Se dirigía a cobrar la pensión fijada en la sentencia de divorcio.


Es necesario que, al igual que se llama a la policía cuando se presencia un robo, también se avise si se sabe que la vecina es maltratada por su pareja. La secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia, Carme Adán, después del asesinato de Karen Vargas, hizo un llamamiento para que todos aquellos que conozcan casos de este tipo "acudan al menos a los servicios sociales del Ayuntamiento a informar, para que éstos puedan hacerse cargo".


"La sensibilización social sí influye en las muertes", señala Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de la Violencia de la Junta de Andalucía. "Según los barómetros del CIS, la media de personas que consideraban la violencia de género un problema grave era del 2,4% hasta 2004. Ese año subió hasta el 6,4% por el gran debate social que hubo, y en 2005 bajó la cifra de homicidios. En 2006, sin embargo, sólo un 2,9% consideraba los malos tratos un problema grave, y las muertes aumentaron. Parece que la gente ha pensado que la nueva ley va a resolver per se el problema, y esto no es así".


Han pasado ya 10 años desde la muerte de Ana Orantes, la mujer de 60 años que quemada viva por su marido después de haber denunciado en televisión 40 años de martirio y malos tratos. El caso marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género y en la conciencia social de la magnitud del problema. Ya no ocurre, como entonces, que el juez recomiende a la víctima volver con su agresor. "En cuarenta años que llevo en el juzgado nunca había visto llorar a un hombre por una mujer como él llora", le dijo el magistrado a Ana. Ella perdonó a su marido. Y cuando después decidió separarse, el juez la obligó a vivir en la misma casa que el maltratador: ella en el piso de arriba y él en el de abajo. Hasta que un mal día la mató.


Ahora hay órdenes de protección que permiten dictar rápidamente medidas cautelares penales (como el alejamiento, que está decretado en estos momentos respecto a 35.498 agresores) y civiles (como la atribución de la vivienda familiar para que pueda cesar la convivencia sin que la víctima se quede en la calle). Hay protocolos de coordinación entre jueces y policías; un código penal que sanciona con extrema severidad; servicios de teleasistencia con sistemas de localización a los que tiene derecho cualquier víctima desde que se dicta una orden de alejamiento, y que protegen a más de 6.000 mujeres; juzgados especializados; centros de acogida, y todo tipo de ayuda jurídica, social y psicológica para las mujeres maltratadas. Sin embargo, ellas siguen muriendo.


Ketty, Noelia y Gina sí habían dado el primer paso, difícil, de reconocer la situación de maltrato y acudir a la policía a denunciarlo. Ketty Tomala era ecuatoriana. Tenía 39 años y dos hijas. Había llegado a Palma de Mallorca sola seis años antes y había trabajado duro para pagar el viaje a su marido, Augusto Fernando Vega, el mismo que la acabó asesinando.


Por las broncas y palizas que recibía, había pedido una orden de alejamiento, que le concedieron el 7 de septiembre de 2006, pero Ketty a veces le dejaba entrar en casa. Dos días antes del crimen lo había echado definitivamente del domicilio. Pero la orden de alejamiento no fue un impedimento para que la matara: el criminal consiguió convencer a una vecina anciana de la misma planta para que le dejara saltar por la terraza de su piso. Le explicó que se había dejado las llaves dentro de casa. Una vez en el balcón, entró en la vivienda y acuchilló hasta matarlos a Ketty y a su novio.


Noelia Pérez Rivero no conseguía romper su relación con Mariano López. Estuvo tres años con él, a lo largo de los cuales presentó varias denuncias por malos tratos. Obtuvo dos órdenes de protección que incluían el alejamiento del agresor. Pero siempre le perdonaba, y volvía con él. El padre de Noelia asegura que era un maltratador habitual, que había pegado a las dos mujeres con las que estuvo antes. La relación se rompió por última vez en enero, cuando él la amenazó con un cuchillo y le causó pequeñas heridas en la espalda. Volvió a denunciarlo y el juez decretó el alejamiento, pero ella rechazó el dispositivo de alarma que le ofreció la policía. Quince días después, Noelia paseaba por la calle cuando su ex compañero se bajó de un coche y la hirió en el cuello, en el pecho y en una mano. Murió horas después en un hospital de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El día anterior, el padre de la chica había avisado a la policía de que unos vecinos habían visto al agresor rondando por el barrio, quebrantando la orden de alejamiento. Merodeaba todas las noches por la zona, según la familia de la víctima.


La nicaragüense Gina Montserrat Pérez, de 34 años, también tenía un largo historial de malos tratos por parte de su pareja. También había denunciado. También tenía una orden de alejamiento en vigor. También sabían los vecinos las palizas que le propinaba su asesino, el argelino Mustafá Said, de 36 años. También murió.


¿Por qué, habiendo denunciado, nadie pudo protegerlas?


María José Balda, consejera del Consejo General de la Abogacía Española, insiste en la importancia de que se produzcan mejoras en la valoración del riesgo que corre cada mujer. Porque los recursos no son infinitos, porque no todos los casos son iguales y porque no todas las mujeres maltratadas necesitan el mismo nivel de protección. "Hay mujeres que necesitarían incluso un escolta permanente, pero eso hay que saber verlo", señala María José Balda. "Pero los equipos psicosociales de los juzgados, cuando los hay, están sobrecargados. Además, otra cuestión que está fallando es que la asistencia jurídica no sea obligatoria. Cuando una mujer pide una orden de protección, puede estar o no asistida por un abogado. Cuando están solas, habitualmente se limitan a contar la última agresión. No hacen un relato de hechos pormenorizado y no aportan todas las pruebas que podrían presentar con un buen asesoramiento, de forma que el juez no decide teniendo y valorando toda la información relevante".


La abogada Consuelo Abril, que aplaudió y aplaude la ley de violencia de género, opina que "hay que pasar a la autocrítica". "Hacen falta más recursos, mejorar los atestados policiales y las instrucciones judiciales, y que no se basen sólo en las declaraciones de las víctimas, sino que se investigue en el entorno, con los vecinos, los profesores de los hijos. El maltrato deja muchas secuelas".


El forense Miguel Lorente señala que la valoración del riesgo tiene que centrarse en la peligrosidad de los agresores, no en la vulnerabilidad de las mujeres. "Hay que ver hasta qué punto ellos son peligrosos. Algunos son, con todos los matices, como terroristas suicidas, dispuestos a matarse después de conseguir su objetivo. Por tanto, en los casos graves hay que vigilarlos a ellos, controlar que no se acerquen a la víctima".


Consuelo Abril coincide con Miguel Lorente en la necesidad de centrar esfuerzos en los agresores. Insiste en la necesidad de hacer campañas fuertes, sostenidas en el tiempo, como las de carné por puntos, y dirigidas no a las víctimas, como ahora, sino fundamentalmente a los agresores. "Hay que recordar constantemente que la sociedad reprocha estas actitudes y hacerles ver a ellos que también ganan cuando en vez de una esclava tienen una compañera", señala.


Una esclava quizá es lo que pretendieron tener quienes acabaron con la vida de Celia, Rosario, Ketty, Rita, María del Carmen, Virtudes, María del Carmen, Noelia, Gina, Mercedes, Karen y Conxita -el caso de Ángeles es un tanto especial (véase la ficha en la página 3)-. Las trece mujeres muertas hasta el 22 de marzo de 2007. Decidieron matarlas antes que verlas con otros, o solas, sin ellos. Adison Ignacio de Brito, el hermano de la joven brasileña Celia, la primera víctima del año, ni siquiera pudo llegar a tiempo para despedir y velar el cuerpo de su hermana emigrante muerta. Después de cruzar el Atlántico, sólo pudo dar un beso a una rosa roja colocada en una tubería del gas de la portería en la que ella vivía.


Han colaborado en esta información: Jesús García, Paula González, Mercedes Díaz, Andreu Manresa, Elisa Lois, Paola Obelleiro, Sergi Castillo, Carlos Tomeo, Lluís Visa, Álvaro de Cózar, Francisco J. Barroso y Javier Cuartas.




Fuente El País

viernes, marzo 23, 2007

Feminismo en el 2006


Desde Asturias una mujer joven se pregunta,
¿Cual es el día a día de una feminista convencida?
La respuesta en

Feminismo en el 2006

jueves, marzo 22, 2007

Asaltada una asociación onubense de apoyo a maltratadas

La sede de la asociación de ayuda a mujeres maltratadas Miríadas, en Huelva, fue asaltada la madrugada del miércoles. Los intrusos ocasionaron destrozos en el mobiliario y realizaron una pintada en las paredes de una de las salas en la que se leía: "Mi mujer es mía". Según los responsables de la asociación, los asaltantes no robaron nada, por lo que los primeros indicios apuntan a que el objetivo del allanamiento era asustar o coaccionar. Miríadas denunció ayer los hechos ante la Policía Nacional.

Es la primera vez que la asociación sufre un episodio similar, aunque ya antes se habían recibido llamadas amenazantes. Una de las preocupaciones de la portavoz de Miríadas, Alicia Narciso, era que no se hubiese producido el robo de ninguno de los más de 800 expedientes de mujeres maltratadas a las que la asociación ayuda.

Narciso aseguró no tener ningún indicio del autor o autores del asalto. "El colectivo atendido es víctima de malos tratos y la semana pasada tuvimos diferentes juicios y acompañamientos a la Policía", señaló Narciso. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, acudió a la sede y se comprometió a encontrar un nuevo recinto "más seguro y cómodo" para la asociación.

Fuente El País

martes, marzo 20, 2007

Las Cortes aprueban la Ley contra la Violencia de Género, que incluye medidas de inserción social y laboral

Esta Ley adjudica a las mujeres víctimas de violencia el acceso al ingreso aragonés de inserción, siempre que lo necesiten. Se abonará una vez transcurridos 45 días desde la solicitud, que se formulará en los servicios sociales de la Comunidad. Además, los Consejos Comarcales, con algunas competencias transferidas, deberán prestar ayuda económica en los casos de urgente necesidad.

Los hijos de las mujeres maltratadas que hayan denunciado su situación se beneficiarán de medidas de escolarización, con los servicios que ello implica. Asimismo, el Gobierno autónomo podrá establecer otras ayudas económicas a favor de las mujeres víctimas de violencia.

Otras medidas de inserción serán el apoyo a estas personas para que accedan a viviendas de protección oficial y la creación de una línea de subvenciones a empresas, cooperativas, sociedades laborales y cualquier entidad que contrate a mujeres víctimas de violencia, y también a ellas mismas si deciden trabajar como autónomas. Las mujeres víctimas de violencia serán incluidas, con carácter preferente, en los programas de inserción laboral.

El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia contra la mujer, si la víctima lo solicita, o cuando la mujer haya sido asesinada.

Esta Ley entiende por violencia contra la mujer todo acto o agresión contra mujeres, motivado por la pertenencia a este género que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psíquico, así como las agresiones a su libertad o la privación ilegal de libertad, y que se realicen al amparo de una situación de debilidad, dependencia, proximidad física, psíquica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.

La Ley detalla varias formas de violencia contra la mujer, como los malos tratos físicos; psíquicos; sexuales; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el tráfico de mujeres o la utilización de la mujer con fines de explotación sexual; la mutilación genital femenina; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; el maltrato económico, es decir, la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima.

Además de promover la realización de estudios y acciones de sensibilización, la Ley establece una nueva regulación autonómica de las casas de acogida, medidas de apoyo a los hijos de las mujeres víctimas de violencia y garantiza la asistencia letrada gratuita con un servicio permanente.

Sobre la Ley, la socialista María Angeles Ortiz indicó que es "lamentablemente necesario" continuar regulando la materia "dada la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres" y comentó que "una ley no erradica la violencia de género, pero sí contribuye a hacer frente a este horror".

La popular Rosa Plantagenet subrayó que el PP lleva "largo tiempo" luchando contra esta "realidad trágica que habla de decenas de muertes" y señaló que "la sociedad está empezando a cambiar" y, de hecho, "las mujeres están cambiando la resignación por el ejercicio de sus derechos".

La nacionalista Yolanda Echeverría aplaudió la nueva normativa y pidió que el observatorio contra la violencia de género incluya la representación del movimiento asociativo de mujeres. Echeverría resaltó la importancia de la formación y la inserción laboral de la mujer para erradicar la violencia de género.

La regionalista María Herrero dijo que la nueva ley es "buena" porque "aborda desde una perspectiva integral la situación que pueden sufrir muchas mujeres por el hecho de ser mujeres", tras lo que recordó que no sólo esta violencia no sólo se produce en el ámbito doméstico, sino también en la esfera laboral, docente y social.

Por último, el diputado de IU, Adolfo Barrena, dio la "bienvenida" a la nueva ley, pero insistió en que es "necesario el compromiso público" para "erradicar el sexismo de la sociedad".

lunes, marzo 19, 2007

El 70% de las agresiones a mujeres de sus parejas termina en condena penal

La entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género ha invertido en Aragón el porcentaje de juicios que se resuelve con condena de cárcel para los agresores. Siete de cada diez casos que se presentan acaban con una sentencia condenatoria, con penas que pueden oscilar desde el año de prisión hasta más de quince, dependiendo de la gravedad del maltrato y del número de causas que pesan en contra del acusado. Antes de la aparición de esta nueva legislación, este porcentaje correspondía al índice de absoluciones y, cuando eran condenatorias, solía finalizar con sanción económica.

Para expertos en esta materia como Manuel Calvo, profesor de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, esta reforma de la ley ha provocado "un profundo cambio". El análisis para Aragón habla, según su valoración, de "tres grandes cambios: que ahora la condena es la regla y no la excepción, que se han aligerado los procesos judiciales y que se ha aumentado la protección de las víctimas".

La reducción del tiempo que transcurre entre que se formula la denuncia y se toma una primera decisión judicial ha sido significativa. "Antes había que esperar más de año y medio, y ahora, en muchos casos, se da a los tres días o al día siguiente según la gravedad. Además, la media se sitúa entre los 15 y 30 días en los juzgados específicos para casos de violencia sobre la mujer. En los juzgados de lo penal se amplia hasta los 50 o 60 días pero está lejos de los 450 días de antes de la reforma de la ley", asegura Calvo.

En cuanto a las órdenes de protección emitidas, solo el año pasado se decretaron, según fuentes del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, "cerca de 600", lo que supone, aproximadamente, un 85% de las solicitadas, un índice mucho mayor comparado con el 25% anterior al 2004. "Esto no resuelve el problema, porque luego hay que aplicar estas órdenes, tener medios y dotarle de recursos materiales y humanos para que la protección sea efectiva", explica el profesor Calvo.

En este aspecto, el Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado avances significativos. "Hay un equipo de profesionales que ha empezado a trabajar para prestarle una atención integral a las víctimas de la violencia de género, coordinando las medidas de protección que nos llegan. Además, nos ponemos en contacto con ellas y procuramos poner a su disposición otros servicios y ayudas", comenta Eva Martínez, directora del IAM.

La atención psicológica, social y jurídica, ayudas para conseguir su inserción laboral o incluso las prestaciones económicas forman parte del soporte que el IAM presta a las víctimas. "También estamos trabajando en el alojamiento de las víctimas y, además de la casa de acogida, hemos ampliado la red de viviendas disponibles con un nuevo piso tutelado", afirma Martínez.

Sobre el proyecto de ley de prevención y protección integral a las mujeres víctimas de la violencia en Aragón, que se debatirá y aprobará en el próximo pleno de las Cortes, el martes que viene, la directora del IAM tiene claro el avance que supone. "Esta ampliación es fundamental porque la violencia ejercida por la pareja ahora se eleva a otros tipos de violencia como la sexual, laboral, docente o de trata de mujeres". A nivel autonómico, esta ley consigue, según Eva Martínez, "elevar al más alto rango jurídico unas medidas con las que lograremos afianzar aún mas la protección a las víctimas y ofrecer una inyección de confianza y seguridad para ellas".

Fuente El Periódico de Aragón

jueves, marzo 15, 2007

Aragón protege la maternidad en la ley de Violencia de Género

Las Cortes de Aragón han introducido finalmente el derecho a la maternidad en el listado de los protegidos por la Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia, conocida como Ley de Violencia de Género y que fue aprobada ayer por la Comisión de Asuntos Sociales. La inclusión significa que las mujeres que en Aragón sean obligadas a abortar o les sea restringida la posibilidad de procrear podrán acogerse a las medidas de protección que prevé la nueva norma, que el próximo martes será ratificada por el pleno de las Cortes. La protección del derecho a la maternidad fue introducida a propuesta del PP, que contó con el apoyo del PSOE y el PAR y con la oposición de CHA e IU. Es la primera comunidad autónoma gobernada por los socialistas que cuenta con una ley de este tipo.

La ley considera violencia contra las mujeres los maltratos físicos, psicológicos y sexuales; las agresiones, abusos y acosos de carácter sexual; el tráfico humano, la mutilación genital, el maltrato económico y la "violencia contra los derechos sexuales y reproductivos". Este último epígrafe incluye "cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio de su derecho a la salud reproductiva y la maternidad". Es decir, "que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud, así como a su libertad para decidir o no la rpocreación y pra acceder o no a servicios de atención a la salud sexual, reproductiva o a medios anticonceptivos".

La norma diferencia tres tipos de violencia: doméstica, social y laboral o docente. En este último ámbito, los ponentes introdujeron varias novedades, todas ellas por unanimidad. Acordaron si se detectan "casos de alumnas de centros educativos" que "sean víctimas de cualquier situación de violencia regulada en esta ley", el departamento competente en Educación "podrá intervenir y tomas las medidas oportunas". Y también, que los convenios colectivos y de ramo deban incorporar "medidas de prevención de la violencia laboral contra las mujeres".

Los ponentes introdujeron en el proyecto remitido a las Cortes por el Consejo de Gobierno otros retoques como el mandato a la DGA de ejercer la acción popular en los juzgados contra los agresores "cuando la acción delictiva provoque la muerte" o la obligatoriedad de reservar viviendas protegidas "en régimen de arrendamiento o precario para las víctimas de violencia doméstica". En el texto original, el ejercicio de la acusación quedaba supeditado a la existencia del consentimiento de la familia" y el cupo de pisos se configuraba como una posibilidad.

Paralelamente, la atención psicológica que recibirán las mujeres maltratadas queda extendida a "sus hijas e hijos". No obstante, se ha caído del texto el mandato al Departamento de Educación para "facilitar la escolarización y los servicios" a "hijas e hijos que hayan sido víctimas de violencia doméstica", que únicamente se aplicará a los descendientes y menores a cargo de mujeres maltratadas. La tramitación del proyecto de ley generó una polémica sobre la idoneidad de incluir o no en ella la protección a los hijos de las víctimas de una manera específica.

Por otro lado, según los datos del Instituto de la Mujer, Aragón es la comunidad con menor índice de víctimas de violencia doméstica, solo por encima de La Rioja. No obstante, el porcentaje de mujeres maltratadas en Huesca es del 8,2%, en Zaragoza del 8,6% y en Teruel, del 5,8%, lo que supone un total de 44.000 mujeres mayores de 18 años.

Fuente El Periódico de Aragón

jueves, marzo 08, 2007

Día internacional de la mujer

La ONU pide acabar con la impunidad de la violencia contra mujeres y niñas


Naciones Unidas hace un llamamiento para acabar con la cultura de impunidad de la violencia contra mujeres y niñas, que constituye un impedimento para lograr la igualdad de género, la paz y el desarrollo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, varias agencias de la ONU se han unido en una sola voz para pedir el fin de la impunidad contra todos los tipos de violencia contra las mujeres, un problema que afecta a cada uno de los países del mundo.

"Cada día se comete violencia contra las mujeres y las niñas en cada uno de los países del mundo. Trasciende más allá de la política, la cultura, la religión, la raza, la clase, la edad y los ingresos. Sucede en tiempos de paz y durante conflictos armados", señala Rachel Mayanja, asesora especial de la ONU para cuestiones de género.

Asegura que la violencia contra las mujeres es una causa y consecuencia de la discriminación que sufren, y pide a los Estados miembros de la ONU hacer todo lo que esté en sus manos para acabar con este drama social.

Recuerda que sólo la mitad de los 192 países de la ONU cuentan con legislaciones para castigar la violencia doméstica, mientras que el número se reduce aún más cuando se trata de leyes para combatir el acoso sexual o la trata de blancas.


Por su parte, la directora ejecutiva de UNIFEM, Noeleen Heyzer, hace hincapié en la necesidad de que la comunidad donante aumente los recursos para el Fondo Fiduciario de la ONU, que se creó hace 10 años, destinado a programas para poner fin la violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, el mencionado fondo ha concedido 13 millones de dólares en subvenciones en 230 iniciativas en un centenar de países del mundo relacionadas con todo tipo de violencia, como la doméstica, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la falta de acceso a terapias para combatir el Sida.

"Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas es una pandemia que tiene solución. Se pueden hacer muchas cosas. A no ser que se mejore el sistema de justicia criminal de los países, la impunidad seguirá existiendo", indica. El Fondo Fiduciario, que cuenta para este año con 3 millones de dólares, también patrocina programas de capacitación y formación de jueces en países africanos, como Liberia, por lo que instó a una mayor inversión en el sector judicial.

"Existe un déficit institucional y de financiación para combatir la violencia contra las mujeres y niñas", acota.


Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha unido a la petición con la adopción de una declaración presidencial en la que se pide acabar con la impunidad contra la violencia sexual, secuestro y tráfico del que son víctimas las mujeres en los conflictos armados.

En el documento, también se insta a los Estados miembros a garantizar una mayor representación femenina en la toma de decisiones, tras reafirmar el valioso papel que realizan las mujeres en la resolución y prevención de conflictos.

Además, el Consejo de Seguridad aboga por una mayor participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, en rangos superiores de gestión, pero también en posiciones como observadoras militares, policía civil, expertas en derechos humanos y asistencia humanitaria.

Fuente El Mundo

miércoles, marzo 07, 2007

El Constitucional está bloqueado por la avalancha de recursos contra la Ley de violencia de género

El Tribunal Constitucional no da abasto para dar salida a los recursos presentados sobre violencia de género. El número de solicitudes de amparo ha aumentado con la entrada en vigor de la nueva ley del PSOE. Actualmente, hay 113 cuestiones de inconstitucionalidad: 14 con el PP, 99 con el PSOE

sábado, marzo 03, 2007

Viviendas, mayor información y teléfonos gratis para las víctimas de la violencia machista

El Gobierno ha anunciado la ampliación del servicio de tele-asistencia móvil a las víctimas de maltrato, la puesta a disposición de inmuebles de Patrimonio para su uso como casas de acogida y la próxima regulación del Fondo de Garantía de Alimentos. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha detallado diez nuevas medidas para luchar contra la violencia de género tras hacer un balance de las medidas de igualdad puestas en marcha en marzo de 2005.

Fernández de la Vega ha explicado que se ha llegado a un acuerdo con las empresas de distribución postal para hacer "una divulgación masiva de los derechos de la mujeres cuando sufren violencia". Esta última iniciativa nace de la observación de que "hay pocas mujeres" que se están acogiendo a las medidas puestas en marcha, "quizá por falta de información".

La vicepresidenta primera de Gobierno ha adelantado, por otro lado, un acuerdo con la Dirección General de Patrimonio para que ponga a disposición de asociaciones y organizaciones de mujeres inmuebles para que las mujeres maltratadas sean atendidas "como se merecen". El Gobierno, que ha dado instrucciones al Instituto Nacional de Estadística para que elabore estudios sobre esta realidad social, también ampliará el servicio de tele-asistencia móvil, con 20.000 teléfonos gratuitos más.

Entre las diez nuevas medidas de lucha contra la violencia de género, la portavoz del Gobierno ha anunciado la próxima puesta en marcha y regulación del Fondo de Garantía de Alimentos, cuya creación se prevé en "la Ley de Presupuestos". De la Vega ha recordado, asimismo, la creación de 43 juzgados de violencia de género e igual número de fiscales, y de siete unidades de forenses.

Dentro del balance de las medidas de igualdad aprobadas en marzo de 2005 en Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha explicado que su aplicación ha sido positiva. En el capítulo de empleo, según Fernández de la Vega, más de ocho millones de mujeres están trabajando, lo que significa el 40,85 por ciento del empleo total.

En 2006, "el empleo femenino aumentó en más de 400.000 puestos de trabajo, frente a 281.000 varones, lo que situó la tasa de paro en el 11,4 por ciento que es sensiblemente superior a paro masculino, pero la brecha se va cerrando de forma continuada", ha apuntado la viceministra. También ha considerado positivo los datos relativos al trabajo autónomo donde el número de altas de mujeres fue de casi 45.000.

Fuente El País

miércoles, febrero 28, 2007

Mejoras en la prevención y control a mujeres maltratadas

El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Ayuntamiento de Zaragoza desarrollarán acciones conjuntas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, mediante un convenio que supondrá un desembolso de 50.000 euros a cargo del presupuesto del IAM, destinados a coordinar las acciones conjuntas referentes a la atención social a las víctimas de malos tratos para optimizar los recursos existentes. La acción conjunta también atañe al dispositivo de alarma para mujeres víctimas de malos tratos o violencia sexual que estén en situación de alto riesgo y que tendrá controlada a la mujer tanto dentro como fuera de su domicilio. El acuerdo también recoge que el IAM prestará el servicio de asistencia jurídica, psicológica y social, el servicio de atención telefónica 24 horas en el número 900 504 405 y el servicio de atención psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar.

Fuente El Periódico de Aragón

martes, febrero 27, 2007

La vicepresidenta preside la constitución de las unidades contra la violencia machista

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, ha presidido el acto de constitución de las Unidades Provinciales contra la Violencia de Género, cuya creación se encuadra en las medidas puestas en marcha por el Gobierno para combatir la violencia contra las mujeres.

Así, cada una de las subdelegaciones del Gobierno contará con una unidad de violencia contra la mujer, con el fin de coordinar toda la información y recursos existentes destinados a proteger a las mujeres en situación de riesgo, y posibilitar un seguimiento individualizado.

Al acto han asistido además todos los subdelegados del Gobierno, así como altos representantes de los Ministerios de Interior y Trabajo y Asuntos Sociales.

Precisamente, sobre la protección de las mujeres, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha señalado que un porcentaje "muy elevado" de víctimas no había solicitado ninguno de los niveles de protección que contempla la legislación.

En una reunión con diputados socialistas en el Congreso, ha instado a que se trabaje para que las mujeres conozcan los recursos que tienen a su alcance: teleasistencia, orden de protección, redes de acogida y medios económicos para facilitar su inserción laboral.

Fuente El Mundo

Vetan ampliar a los hijos la protección por maltrato

Los representantes del PSOE y el PAR en la ponencia de las Cortes que tramita el proyecto de ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia rechazaron ayer las enmiendas del PP y CHA que reclamaban extender a los hijos e hijas de estas los beneficios que la norma prevé aplicar a sus madres.

La ponencia celebró ayer la primera reunión de trabajo tras su constitución hace dos semanas. En ella fueron tramitadas prácticamente la mitad de las 93 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición.

Tras la primera sesión, se cayeron del texto una propuesta del PP para ampliar a las "hijas y/o hijos menores a su cargo" el objeto de la norma, es decir, "la adopción de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y atención para la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la protección y asistencia a las víctimas de las formas de violencia ejercida contra la mujer". Los conservadores tampoco consiguieron que saliera adelante otra iniciativa para incluir a los menores entre las víctimas de las "formas de violencia" que persigue erradicar la normativa.

Los nacionalistas obtuvieron el mismo resultado al intentar incorporar a "los niños" en el artículo que considera como una de las formas de violencia que deben ser combatidas las "agresiones y abusos sexuales". De no producirse novedades, la conocida como ley de Prevención de la Violencia de Género solo contemplará ayudas "a niñas o adolescentes" que sean objeto de conductas de este tipo, entre las que se incluyen el exhibicionismo y el voyeurismo.

Tampoco prosperó la propuesta de los populares para incluir a los menores entre las víctimas del tráfico de personas "con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual" que debe proteger esta norma. Ni una más de los nacionalistas para extender a "sus hijos e hijas" la "protección y asistencia a las víctimas de las formas de violencia ejercida contra la mujer" que contempla el texto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado otoño.

Los representantes de los partidos que sustentan al Gobierno argumentaron que la protección de los menores que se hallan a cargo de las mujeres maltratadas ya está recogida en la exposición de motivos de la ley. Los portavoces de PP y CHA reclamaron su inclusión en el articulado para reforzar su carácter normativo. El diputado de IU no asistió a la primera reunión de trabajo de la ponencia parlamentaria.

Fuente El Periódico de Aragón

martes, febrero 20, 2007

El Instituto de la Mujer solicita la retirada de un anuncio de Dolce & Gabbana


El Observatorio de la Imagen del Instituto de la Mujer ha solicitado a la marca italiana Dolce & Gabbana la "retirada inmediata" del anuncio en el que un hombre sujeta por las muñecas a una mujer postrada en el suelo mientras otros cuatro contemplan la escena.
El organismo autónomo del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que el anuncio incita a la violencia contra las mujeres y de él "puede deducirse que es admisible la utilización de la fuerza como un medio de imponerse sobre las mujeres", según ha informado en una nota de prensa.

Además, el Instituto cree que este tipo de imágenes "supone el refuerzo de actitudes que hoy día son un delito, atentan contra los derechos de las mujeres y denigran su imagen y en nada favorece al trabajo realizado durante muchos años para conseguir la igualdad con los hombres".

El Instituto de la Mujer pide a las empresas anunciantes y a los medios de comunicación que no acepten este tipo de publicidad ni la difundan. A esta denuncia se han sumado la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) y el partido Los Verdes, por considerar que este anuncio vulnera el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, que prohíbe todo anuncio que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores o derechos reconocidos en la Constitución". La ley concreta la prohibición de anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria.

Fuente El País

sábado, febrero 17, 2007

Aragón: Los grupos prevén aprobar en marzo la ley de Violencia

Los miembros de la ponencia del parlamento aragonés que efectuará la primera lectura del proyecto de ley de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género acordaron ayer, en su primera sesión, un calendario de trabajo que permitirá su aprobación en el último pleno de la legislatura, en las últimas semanas del mes de marzo.

En principio, las 96 enmiendas presentadas --39 de IU, 37 del PP y 20 de CHA-- serán debatidas y votadas en dos sesiones de la ponencia, la primera de ellas señalada para el 26 de febrero. Tras la segunda reunión, el texto podrá pasar a la Comisión de Asuntos Sociales de la cámara. Una vez superado este trámite, la aprobación definitiva estaría únicamente pendiente del debate y la votación en el pleno.

jueves, febrero 15, 2007

Un tribunal falla que maltratar a un amante no es violencia doméstica

Los malos tratos a una amante, tal y como se entiende una relación extramatrimonial, no pueden considerarse violencia doméstica. Así, lo expone una sentencia de la Audiencia de Barcelona que revoca la condena de un año y seis meses de prisión contra un hombre que supuestamente acosó y amenazó a una mujer casada con la que mantenía una relación amorosa.

El tribunal de la Sección 20 estima que el acusado no es culpable de un delito de maltrato habitual y que fue erróneo tramitar la causa como violencia doméstica. Los jueces argumentan que el absuelto y la supuesta víctima mantuvieron una relación extramatrimonial, pero sin "un proyecto de vida en común" y, por lo tanto, era una vínculo no estable y que no sobrepasó "la aventura".

El juez que dictó la condena inicial declaró probado este extremo y "aún así lo califica como de violencia familiar", dice la Audiencia. En su opinión, no se ha cometido tal delito, pues "por matrimonio y análoga relación de afectividad debe entenderse la situación en que dos personas deciden compartir su vida cotidiana, su economía, sus problemas y tienen un proyecto de vida presente y futuro compartido", aunque no exista convivencia. "Es decir --añade-- se requiere una relación interpersonal entre la mujer y el agresor caracterizada por la afectividad" entendida "como la existencia de vínculos emocionales o sentimentales".

Otro tribunal ha absuelto a un acusado de abusos sexuales y violencia doméstica por falta de pruebas y dice que en los casos de separación conflictivos "no son infrecuentes las denuncias por malos tratos que no corresponden a la realidad".

martes, febrero 13, 2007

Desciende la mayor parte de delitos, pero aumenta la violencia doméstica durante 2006

La tasa de criminalidad creció un 0,2% en 2006 respecto al año anterior, según los datos facilitados en el Congreso de los Diputados por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Este porcentaje es el resultado de combinar un ligero descenso de los delitos, del 0,2%, y un también pequeño ascenso de las faltas, un 0,5%.

En el apartado de delitos, la mayoría descienden ligeramente, como los cometidos con fuerza en las cosas, donde se incluyen los asaltos a viviendas, que bajan un 1,6%, al igual que los robos con violencia y/o intimidación, con un 4,3% menos. De los delitos contra el patrimonio, sólo crecieron los hurtos, un 4,1 por ciento más.

También dentro de delitos y en el caso de los cometidos contra las personas, crecieron especialmente los cometidos en el ámbito familiar, apartado que incluye la violencia de género. En este caso, los delitos conocidos por Policía y Guardia Civil crecen un 8,4%. Sin embargo, Rubalcaba explicó que esto se debe a que las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar.

Durante 2006, 68 mujeres murieron a manos de sus parejas o ex parejas.

También aumentaron los delitos de lesiones, un 4,6 por ciento, y descendieron los homicidios, con un 1,9 por ciento menos de muertes violentas.

En el capítulo de descensos se situaron, a diferencia de lo ocurrido con las últimas estadísticas, los cometidos contra la libertad sexual, que bajaron un 2,4% en 2006 en relación con 2005.

De esta forma, la tasa de criminalidad quedó en 47,7 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que supone un incremento del 0,1%, respecto al año pasado. España se sitúa así entre los países con menor tasa de criminalidad, siendo la media de la Unión Europea, todavía de los Quince, de un 69.0. El país con mayor tasa de delitos por cada mil habitantes es Suecia, con 119.5.

Fuente El Mundo

jueves, febrero 08, 2007

Un tribunal reprende a una mujer por cometer "fraude" con la ley de violencia

Un tribunal de Barcelona ha dictado una sentencia en la que reprende a una mujer por denunciar a su ex marido para obtener ventajas en el proceso de separación. Los jueces recuerdan que la simple denuncia comportó una orden de alejamiento contra el hombre, al que se le impidió ver a su hija de tres años durante más de cuatro meses, hasta que finalmente fue absuelto.

La sentencia la ha dictado la Sección Duodécima de la Audiencia de Barcelona y rebaja de 600 a 450 euros la pensión de alimentos que ha de abonar. Ése es un trámite ordinario que ocurre en ocasiones, del mismo modo que se puede incrementar la pensión. Lo inusual es que el tribunal analice el origen de las desavenencias maritales y reprenda, en este caso a la mujer, porque "ha quedado acreditado una conducta impropia de la madre, que no ha facilitado la comunicación pacífica de la menor con el padre".

El ponente de la sentencia es el magistrado José Pascual Ortuño, quien la semana pasada fue nombrado director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat. La resolución añade que la madre "utilizó impropiamente la legislación represora de la violencia de género" con la finalidad de apartar a la niña del padre, y que de esta manera "obtuvo fraudulentamente una orden de alejamiento". La medida se aplicó de mayo a septiembre de 2006, cuando fue absuelto Philippe C. La ex esposa, Mercedes J., no acudió al juicio por la denuncia que presentó por malos tratos.

Los jueces explican que el alejamiento de la niña del padre "puede derivar en una verdadera y real enfermedad mental, el síndrome de alienación parental (SAP)", un trastorno que niegan algunos abogados de familia y que el tribunal define como un "secuestro psicológico" del niño.

"Estoy muy contento de que la justicia me haya dado la razón, pero el tiempo que he estado sin ver a mi hija y el daño que se le ha hecho no me lo quita nadie", declaró ayer el padre.

También ayer trascendió un caso de los que han motivado la presentación de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en aplicación del artículo 153 del Código Penal, que castiga como delitos de violencia doméstica hechos que antes eran falta. Ocurrió el pasado 17 de abril durante una discusión de pareja, originada porque ella le cerró el agua caliente a él cuando se duchaba.

En la discusión, la mujer se soltó de un extremo de la toalla, del que estiraba -al otro lado estaba el hombre- y sufrió contusiones. El marido fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de maltrato y le impuso una orden de alejamiento durante 21 meses. Ahora, la Audiencia de Barcelona entiende que es un "hecho puntual", lo considera una simple falta y le condena a una multa de 150 euros.

Fuente El País

miércoles, febrero 07, 2007

Retrato judicial de la violencia doméstica: asesinos sin problemas de droga o mentales

Seis mujeres han muerto en algo más de un mes a manos de la persona con la que compartieron parte de su vida. Son los nombres que el 2007 añade a la lista negra de víctimas de la violencia doméstica, una lacra de la que hoy el Consejo del Poder Judicial ha ofrecido una nueva perpectiva, la cara, también amarga, que ofrece una vez juzgados los crímenes. En un novedoso informe, elaborado en base a 147 sentencias entre 2001 y 2005, se ofrece un dato clarificador del asesino: los hombres no matan a sus parejas o ex parejas movidos por el desequilibrio psíquico o por la influencia de las drogas o el alcohol.

Ocho jueces, dos letrados, dos vocales del Poder Judicial y un experto en medicina forense han dibujado en un minucioso informe la radiografía de la violencia doméstica en España a petición de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y Vocal del CGPJ, Montserrat Comas d’Argemir, que deseaba disponer de una visión general de los asesinatos y homicidios cometidos dentro de la pareja una vez juzgados y sentenciados. El CGPJ ha adelantado algunas de las conclusiones de este informe, el primero de estas características que se realiza en España y que concluirá en un plazo aproximado de cuatro meses.

El documento desmitifica el tópico de que el autor de los asesinatos ha matado a su pareja o ex pareja movido por una alteración mental o a causa de una adicción al consumo de drogas o de alcohol. Sólo en un 5,44% de los casos se consideró como atenuante la alteración psíquica. Como eximente, en su versión completa e incompleta, se tuvo en cuenta sólo en un 2,04% y en un 6,80% de las sentencias respectivamente.

En lo que se refiere al consumo de bebidas alcohólicas y drogas, la circunstancia atenuante tan sólo se ha apreciado en un 3,40% de las resoluciones dictadas, mientras que la eximente incompleta se ha admitido en un 2,04% de las sentencias.

El Poder Judicial confirma con datos aplastantes que las víctimas del terrorismo doméstico tienen nombre de mujer. El 94,4% de los asesinatos y homicidios habidos en el periodo de referencia fueron cometidos por hombres. Del total de 147 sentencias, el 96,5% fueron condenatorias y el 3,40 absolutorias y no constan, prácticamente, denuncias previas a los hechos, pese a que en algunas sentencias se recoge la existencia de agresiones o amenazas anteriores.

Cerca de la mitad de los crímenes (el 51,07%) se produjeron cuando existía vínculo matrimonial y en el 48,93% de los casos la relación afectiva era de convivencia de hecho o de noviazgo. El escenario del crimen fue el domicilio común o el de la víctima en ocho de cada diez casos (un 79,31% ). Seis de cada diez víctimas (un 64,28%) dejaron huerfános y en el 12,59% de los casos los pequeños fueron testigos presenciales del crimen.

En esta batería de datos que dibuja una de las mayores lacras sociales de este país también figura que el asesino es el 73,10% de los casos español y en el resto, un 26,9%, es extranjero. Cuando se mira hacia las víctimas la proporción que aparece es similar:el 70,42% son españolas, las restantes el 29,58%, extranjeras.

Fuente El Mundo

jueves, febrero 01, 2007

Un grupo de mujeres denuncia a un centro de acogida para maltratadas por trato humillante

Un grupo de mujeres maltratadas ha denunciado el trato humillante que reciben en un centro de acogida para víctimas de la violencia de género que gestiona la Asociación Nuevo Amanecer y que depende de la Comunidad de Madrid, según informa la Cadena Ser. Las mujeres han asegurado que en el centro reciben gritos e insultos de las trabajadoras.

El pasado 15 de enero, siete de las 11 mujeres que residen en el centro presentaron una denuncia ante la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Las mujeres dicen que se sienten maltratadas tanto por las trabajadoras como por la dirección y que han sido llamadas “guarras”, “mantenidas” e “inadaptadas”, Incluso denuncian que, a veces, como represalia por protestar, castigan a sus hijos sin cenar o les dan alimentos en mal estado.

Rosana, una de las mujeres denunciantes, afirma que han dejado sin comer en dos ocasiones a sus hijas, y que, tras recriminar esta actitud, “la educadora comenzó a gritar y a decirnos que estaba cansada de nosotras”. En el centro también residen 15 menores “que están en absoluta vulnerabilidad y de riesgo, porque ellos además están iniciando una vida”. Rosana se pregunta si el Defensor del Menor "está enterado o no" de lo que está sucediendo.

Otra de las cuestiones denunciadas que es que cuando piden orientación y ayuda les responden que "sólo pretenden vivir de los recursos sociales". Teresa Giralbo, otra de las mujeres, señala que "lo único que estamos reclamando es que se nos dé lo que se nos ofreció: un espacio para reconstruir nuestra vida". Según las denunciantes, el centro ha revelado datos confidenciales sobre alguna de ellas.

La Comunidad de Madrid, de la que depende el centro, guarda silencio, pese al requerimiento de la Cadena Ser. El Gobierno Regional de Esperanza Aguirre ha abierto un expediente informativo, aunque nada se conoce sobre su contenido. Este es uno de los dos únicos centros que tiene la Comunidad de Madrid para prestar el servicio público a las víctimas de la violencia. En este caso, gestionado por Nuevo Amanecer, vinculada a la Iglesia Evangelista.

Fuente El País

miércoles, enero 31, 2007

Cataluña no permitirá a los maltratadores heredar de sus víctimas

El gobierno de la Generalitat ha aprobado el proyecto de ley del Libro Cuarto del Código Civil catalán sobre sucesiones que, por primera vez en España, impide que las personas que hayan sido condenadas por maltratar a su pareja o a sus hijos se beneficien de la herencia de sus víctimas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, la consellera de Justicia, Montserrat Tura, ha explicado que el nuevo proyecto de ley supone la armonización y sistematización de la legislación catalana en materia de herencias y es fruto de un "esfuerzo por actualizar una larga tradición" en derecho civil.

Una de las novedades que incorpora el proyecto de ley es el concepto de "indignidad sucesoria" en casos de violencia doméstica, que impide que las personas que hayan matado o infligido graves lesiones a su pareja, hijos o padres, y hayan sido condenados por ello en sentencia firme, puedan beneficiarse de su herencia. Hasta ahora, el derecho civil catalán y el español sólo prevén la indignidad sucesoria de las personas que hayan sido condenadas por matar a quien deja la herencia.

También podrán ser considerados indignos de heredar los que hayan sido condenados por sentencia penal firme por haber dejado de pagar las prestaciones económicas acordadas por el juez a favor de su cónyuge o sus descendientes, así como los que hayan abandonado a sus hijos o atentado contra su dignidad.

Respecto a los derechos sucesorios de los viudos, el proyecto de Código Civil equipara los matrimonios a las parejas estables, de acuerdo con los requisitos formalizados en escritura pública, siempre que tengan algún hijo en común o puedan acreditar que han convivido durante más de cuatro años.

Con la nueva normativa, se abre la posibilidad de que los viudos, en vez de disponer en usufructo de los bienes de su cónyuge, puedan sustituir ese derecho, si así lo deciden, por la propiedad de una cuarta parte de la herencia. Como alternativa, el viudo podrá optar a una octava parte de la herencia del difunto y a disponer de la vivienda conyugal en régimen de usufructo.

Otra innovación del proyecto de Código Civil es que suprime la posibilidad de dictar testamento ante el rector de la parroquia, como era tradición en Cataluña, y sustituye esa figura por la del alcalde de la población, pero reservada a situaciones excepcionales en las que el peligro de muerte impida acudir a un notario. El nuevo proyecto regula asimismo los testamentos conjuntos y obliga a cada una de las personas que lo firmen a notificar al resto cualquier modificación que incorporen a lo largo de los años.

El Libro Cuarto del Código Civil reordena los fideicomisos familiares, para impedir que pasen de la segunda generación, y modifica la figura histórica del heredero para que no se limite a personas unidas por vínculos consanguíneos.

Fuente El País

martes, enero 30, 2007

Ya son cinco las mujeres muertas en cuatro semanas

Un comienzo de año trágico. En apenas cuatro semanas de este enero cinco mujeres han perdido la vida a manos de su pareja o ex pareja -la última, ayer en Soria-, según los datos que maneja la fiscalía de Violencia sobre la Mujer. Es un balance peor que lo que se barajaba: han aflorado dos nuevos casos.


- Estrangulada en Madrid. La primera muerte del año ocurrió en Madrid el día 4. Una mujer ecuatoriana de 44 años, L. M. B. G, perdió la vida tras discutir con su marido, C.P.G., español. La causa del fallecimiento fue "probable asfixia por estrangulamiento", según el primer dictamen forense. El esposo ha ingresado en prisión como presunto autor, pero aún están pendientes nuevas pruebas periciales sobre la muerte, previstas para los próximos días.

Según la fiscalía, la mujer, madre de tres hijos habidos en otra unión, discutió con su esposo en el domicilio familiar. Allí se encontraba también el hijo mayor, quien les pidió que dejaran de reñir. Cuando la discusión cesó, el joven comprobó que su madre yacía desplomada en el salón, donde también se encontraba el marido. El hombre propuso al joven que cambiaran la ropa interior de la mujer, ya que se había orinado. Así lo hicieron antes de que llegara el médico al que habían avisado, según la citada fuente. La Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer aún está pendiente de confirmar este caso, pero sí ha comprobado los otros cuatro de enero.

- Muerte en Lleida. Según la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, el segundo caso confirmado ahora como de violencia machista es el de Celia I. D., cuyo cadáver se encontró el pasado 10 de enero en una vivienda de Lleida después de que los vecinos alertaran del fuerte hedor que procedía del piso. El cuerpo, en estado de descomposición, presentaba signos evidentes de violencia La mujer, brasileña de 32 años, ejercía la prostitución. Su novio, J. G., español, está en prisión.

- Apuñalada en Ciudad Real. La española Rosario Robles, hasta ahora considerada como la primera víctima de 2007, murió apuñalada por su ex marido en Miguel Turra (Ciudad Real), el pasado día 21. El hombre, J. M. M. V, también español, se suicidó. Tenían dos hijas.

- Fallecida con alejamiento. Olimpia Ketty Tomala, ecuatoriana de 39 años y madre de tres hijos, murió a manos de su ex marido, que tenía orden de alejamiento, el pasado día 27 en Palma de Mallorca. El hombre, de la misma nacionalidad, también acabó con la vida del novio de su ex mujer, el español Jorge Juan Báez. Fue detenido poco después.

Fuente El País

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria muestra su preocupación sobre las carencias de los Juzgados de Violencia Doméstica

El Comité de Coordinación Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados, Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado su preocupación porque, tras año y medio de vigencia de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, todavía continúen careciendo de medios materiales y personales apropiados los Juzgados que tienen competencias de forma no exclusiva en esta materia.

Se considera imprescindible que se garantice la disponibilidad e intervención ágil del Ministerio Fiscal, de los equipos Psico-Sociales y del Instituto de Medicina Legal, al tiempo que se refuerza la plantilla de tales Juzgados y prevé la retribución del personal que viene obligado a prolongar su jornada fuera del horario ordinario a consecuencia de actuaciones propias del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Igualmente se destaca las carencias en el ámbito sanitario, pues aún no se han previsto instrumentos válidos y eficaces de coordinación entre los diferentes sectores sanitarios, como los Servios de Urgencia de los Hospitales, los Servicios de Atención Primaria y los Centros de la Salud Mental para la detección de la violencia de género.

Asimismo, preocupa que no se hayan dotado hasta el momento de recursos asistenciales, adecuados y especializados, para las mujeres víctimas de violencia de género que, por razón de su discapacidad física o psíquica, tienen dificultades añadidas para acceder a los recursos habituales.

Fuente Noticias Jurídicas