viernes, noviembre 30, 2007

Maltratada y embargada

Alba es el nombre ficticio de una de tantas mujeres que ha sufrido la violencia machista. Cuando se divorció hace cuatro años pensó que, por fin, acabaría el calvario físico y psicológico que padeció en los nueve años y medio que estuvo casada. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: ahí empezó una nueva pesadilla de la que no sabe cómo salir. Su anterior pareja no aceptó la separación y decidió vengarse de ella atacándola en el terreno económico.

Como todos los bienes adquiridos durante el matrimonio habían tenido como avalistas a la familia de Alba, en cuanto se consumó la separación el hombre dejó de hacer frente a los pagos. El resultado son varios embargos que las cajas de ahorro han empezado a ejecutar por letras no abonadas.

De momento, esta mujer de Jaén, con la ayuda de su familia, ha hecho frente a 22.000 euros, pero el dinero ya se les ha agotado. El pasado 26 de noviembre cumplió el plazo para que una entidad ejecutase otro embargo de 2.900 euros, pero una donación anónima logró salvar en última instancia el coche del padre de Alba. Sin embargo, aún hay otros 33.000 euros pendientes de abono y unos embargos planeando sobre un olivar y las casas de sus padres y de su hermano mayor.

Un juez dispuso que los préstamos de la pareja se han de asumir al 50%, una obligación que el ex marido viene incumpliendo sistemáticamente. El hecho de que Alba figure como morosa en las listas de los bancos la imposibilita para pedir un préstamo para saldar los impagos.

En este estado de desesperación, Alba decidió contar su historia en la cadena SER. Un oyente le aconsejó abrir una cuenta en la Caja de Jaén para recibir la ayuda de sus paisanos. "No estoy pidiendo limosna, sino la ayuda de la gente para evitar los embargos; yo me comprometo a devolver todo el dinero prestado", comentaba ayer Alba. Su ex pareja tiene desde hace dos años una orden de alejamiento después de que la mujer fuera apaleada, aunque el juicio por esta agresión se archivó por la imposibilidad de identificar a los autores, que actuaron camuflados.

Fuente El País

El Gobierno pide a las televisiones públicas series contra la violencia

Las televisiones públicas intentarán plantar cara a la violencia machista con la creación de un Defensor de la Igualdad y la producción de series que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. Éstos son los compromisos adquiridos ayer durante una reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se enmarca en la ronda de conversaciones con los medios de comunicación para atajar la espiral de mujeres muertas a manos de sus parejas.

Tanto TVE como las autonómicas producirán series de ficción "escritas por periodistas de prestigio" destinadas a "profundizar" en el conocimiento y el compromiso de la sociedad contra la violencia de género y a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas de las televisiones públicas emiten contenidos (culebrones, programas de testimonio o cotilleos) que denigran a la mujer e invaden la intimidad de las personas. Para evitar discriminaciones por razón de sexo, cada una de las 13 corporaciones públicas (RTVE más los 12 entes autonómicos) tendrá su propio Defensor de la Igualdad.

Esta nueva institución tendrá por misión "velar por la profundización cada vez mayor en los contenidos informativos de valores como la igualdad, la consideración cada vez mayor del papel de las mujeres en la sociedad y el respeto a su libertad y a su capacidad de decisión". Una potente queja llegó ayer en voz del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Durante su intervención en el Fórum Europa pidió a los medios de comunicación, y especialmente a las cadenas de televisión, que eliminen de sus parrillas los contenidos "socialmente tóxicos". Moraleda reclamó "tolerancia cero" hacia todo lo que incite a la violencia, el racismo o la discriminación.

El compromiso de las televisiones públicas fue ratificado por el máximo dirigente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, y por el presidente de la Forta, Joan Majó, director general de la catalana TV-3.

Los operadores públicos ratificaron las medidas que el Ejecutivo acordó el miércoles con las televisiones comerciales, que pasan por incluir en todas las informaciones relacionadas con los malos tratos el teléfono de emergencia 016 y por difundir las sentencias de los maltratadores. Las noticias estarán enfocadas a luchar contra este tipo de crímenes y se creará un grupo de expertos para abordar el tratamiento informativo de la violencia machista.

Con esta ronda de encuentros, el Gobierno quiere involucrar a los medios de comunicación contra los malos tratos (70 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en lo que va de año). Después de las televisiones les llegará el turno a los periódicos y a las emisoras de radio.

Esta llamada de atención se produce después de la polémica desatada por el programa de testimonios de Antena 3 El diario de Patricia, que promovió en el plató, sin éxito, la reconciliación de Svetlana y su novio. Pocos días después, la mujer (una rusa que buscaba una vida mejor en España) fue asesinada en Alicante por su novio.

Como consecuencia de este suceso, Antena 3 ha extremado las medidas para intentar evitar que se reproduzcan este tipo de episodios. La cadena ha establecido que los cuestionarios que hasta ahora venían respondiendo los invitados al programa se complementen con grabaciones ante la cámara, siempre con autorización de los invitados. "Es un doble filtro", explicaron fuentes de Antena 3. En dicho test se les interroga sobre si tienen causas pendientes con la justicia, han sido maltratados física o psicológicamente, tiene en vigor órdenes de alejamiento o están bajo protección judicial.

Fuente El País

jueves, noviembre 29, 2007

El Gobierno acuerda con las TV que rotulen el 016 en temas de maltrato

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho un llamamiento a las cadenas privadas de televisión para que colaboren de manera activa en la lucha contra la lacra de los malos tratos.

En la reunión mantenida esta tarde en Moncloa, De la Vega ha realizado tres propuestas muy concretas, aceptadas por las cadenas y muchas de ellas demandadas desde hace tiempo por los colectivos más implicados en la lucha contra la violencia de género.

El Gobierno quiere que las informaciones o reportajes de las televisiones sobre malos tratos terminen siempre sobreimpresionando el 016, el teléfono oficial de emergencias para casos de violencia de género de Asuntos Sociales.

En segundo término, la vicepresidenta propone que al dar una información sobre un caso de violencia de género, ésta no se centre sólo en la víctima, sino que se haga también hincapié en la figura del agresor, teniendo especial cuidado en no justificar, aunque sea de manera encubierta, su actitud.

María Teresa Fernández de la Vega también pide a las televisiones colaboración para alfabetizar sobre las consecuencias penales que tienen para el maltratador sus actos violentos. Para ello considera de gran interés que las cadenas informen de las sentencias condenatorias de aquellos casos que tuvieron relevancia mediatiza en el momento de producirse, algo que no se produce en la actualidad.

El asesinato de una mujer, presuntamente a manos de su ex pareja, después de asistir al programa de Antena 3 'El diario de Patricia', ha provocado esta iniciativa del Gobierno, asumida ahora por las cadenas las privadas.

Mañana, De la Vega se reunirá con las televisiones públicas (TVE y las autonómicas agrupadas en la Forta), para transmitirles el mismo mensaje. Después le tocará el turno al resto de los medios: radio y prensa. Además, se creará un grupo de expertos para estudiar el tema y profundizar en fórmulas con el objetivo de ser más efectivos contra este grave problema social.

Fuente El Mundo

miércoles, noviembre 28, 2007

Fotos de micockringnomedejapensar

Reunión en Moncloa para pactar medidas contra la violencia de género en TV

En la tarde de hoy se celebra la anunciada reunión entre la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y los máximos responsables de las cadenas de televisión con cobertura nacional. Por parte de los operadores comerciales estará presente la Junta Directiva de Uteca (Unión de Televisión Comerciales Asociadas), que preside Alejandro Echevarría.

La representación gubernamental no quiere presentarse al encuentro con medidas impositivas para los operadores, sino que buscará el consenso entre las partes con el fin de que cualquiera que sea la vía que se se adopte para acotar la telebasura implique la colaboración de las emisoras.

Por su parte, desde las cadenas se insiste en que pondrán todos los medios a su disposición para ayudar a eliminar una lacra como es la violencia de género.

En este sentido, el sector audiovisual baraja la posibilidad de poner en marcha un código ético específico contra la violencia de género, que complete el sistema de corregulación vigente en España desde hace tres años. A tal efecto se crearía una comisión mixta con el cometido de desarrollar un documento de trabajo en las próximas semanas.

Telecinco hizo público ayer un comunicado en el que recuerda las medidas que ha emprendido en los últimos años contra la violencia de género. «Esta es una causa que ha formado parte del proyecto solidario de Telecinco todos y cada uno de los años transcurridos desde su creación en el año 2000. Desde entonces, las causas se han articulado en torno a la emisión de campañas institucionales específicas que en todos los casos han sido emitidas en todas las franjas horarias, con un alto porcentaje de inserciones en el horario de máxima audiencia», recoge la nota de la privada.

Fuente ABC

El Justicia de Aragón presenta un informe sobre maltratos

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, presentó ayer en las Cortes de Aragón un informe sobre la violencia doméstica que revela que el 20% de los agresores se suicidan tras acabar con la vida de sus parejas. Los diputados urgieron al Justicia para que el estudio, obra del doctor Cobo Plana, sea difundido en la comunidad aragonesa.

Fuente El Periódico de Aragón

martes, noviembre 27, 2007

Mujeres protegidas contra su voluntad

¿Debe imponerse una pena de alejamiento aun cuando las víctimas quieran perdonar? Juristas y asociaciones de mujeres no se ponen de acuerdo

¿Qué ocurre si un hombre tira una grapadora a su novia y le alcanza en el brazo? ¿Debe impedirse que su relación continúe aunque ella quiera perdonarlo? Actualmente, todas las condenas por malos tratos, bien sean por intento de asesinato o por una amenaza leve, llevan aparejada una pena de alejamiento. El agresor no podrá acercarse a la víctima, en ningún caso, durante el periodo de tiempo que fije el juez. Pero las mujeres en ocasiones vuelven a convivir con el condenado, que quebranta la sentencia con el consentimiento de la víctima. Es más, a veces la reconciliación se produce antes incluso de que se celebre el juicio. ¿Se debe imponer el alejamiento aún contra la voluntad de las mujeres, cuando ellas dicen que no quieren ser protegidas?

Expertos, juristas y asociaciones de mujeres están de acuerdo en que, si la conducta ha sido grave, la respuesta debe ser sí: el Estado no debe permitir que una mujer vuelva vivir con quien la ha intentado asesinar o le da palizas diarias. De hecho, muchas mujeres muertas a manos de sus parejas les abrieron la puerta después de una denuncia, o les perdonaron. Pero, ¿y cuándo el delito no es tan grave? En este caso, las opiniones ya no son unánimes. De hecho, han provocado un encendido debate.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, ha pedido que se modifique la norma que obliga a los jueces a imponer el alejamiento, y que se les permita decidir, en cada caso concreto, qué es lo mejor. Dice que no todos los supuestos son iguales. Y la mayor parte de la judicatura está de acuerdo en la necesidad de esta reforma. Las asociaciones de mujeres, sin embargo, se manifiestan mayoritariamente en contra. Entienden que las mujeres maltratadas están psicológicamente dañadas por el agresor y que en ningún caso se debe permitir que continúe la violencia. Insisten en que la sociedad tiene la obligación de protegerlas a toda costa.

La discusión acaba llevando a una pregunta básica: ¿todas las formas de violencia son igualmente intolerables? ¿Se puede hablar de una violencia de género de carácter leve? La norma que obliga a dictar el alejamiento en todas las condenas de violencia de género -y doméstica- es el artículo 57.2 del Código Penal, según fue redactado tras una reforma de 2003, previa a la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se aprobó durante el gobierno del Partido Popular, con el apoyo del PSOE. Antes, eran los tribunales los que decidían, según la gravedad del delito y la peligrosidad del autor, si imponían o no esta pena. A partir de la reforma, fue obligatorio. No en el alejamiento como medida cautelar después de una denuncia, que sí decide cada juzgado en función de las circunstancias del caso, sino cuando ya hay una condena al final del procedimiento.

Estos son algunos de los casos que los jueces plantean como dudosos y que han provocado que lleguen al Tribunal Constitucional 18 cuestiones de constitucionalidad sobre el artículo 57.2, presentadas por juzgados de lo penal y Audiencias Provinciales. Diecisiete han sido ya admitidas a trámite.

Uno de ellos es el caso de una agresión con grapadora. Óscar M. B. y Ana S. vivían juntos en casa de los padres de ella. En una discusión, él tiró la grapadora sobre el cuerpo de Ana y le provocó un hematoma. Ella denunció. Quería que le castigaran por lo que había hecho, pero deseaba continuar la relación con él. Le había perdonado y se oponía a que se impusiera la medida de alejamiento. Creía que no había riesgo de nuevos actos de violencia.

El juez decidió que el alejamiento contra la voluntad de la mujer, en este caso, no tenía sentido. Por tres motivos, fundamentalmente: los hechos no eran graves -hasta la Ley Integral contra la Violencia de Género habrían sido considerados falta y no delito-, el hombre había reconocido lo sucedido y había pedido perdón, y, finalmente, los dos iban a seguir viviendo en casa de los suegros, donde la mujer estaba protegida. El juez presentó la cuestión de constitucionalidad y el procedimiento quedó paralizado hasta que el Alto Tribunal resuelva.

Otro supuesto dudoso para los magistrados. Yolanda F. M. y Eduardo Carlos F. R. eran novios. Discutieron en la calle y él le dio una bofetada y un tortazo en el abdomen. No le causó lesión. Yolanda no denunció, pero sí lo hizo un policía que vio la agresión en la calle. Durante la tramitación del procedimiento, Yolanda dejó claro en todo momento que iba a seguir su relación con él. La sección cuarta de la Audiencia de Valladolid decidió presentar una cuestión de constitucionalidad.

"Este caso es una barbaridad", opina Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. "Cuando alguien se atreve a pegar en público a su pareja, hay un problema de malos tratos evidente. Eso no es amor, es una enemistad, y hay que ayudar a esa mujer a salir de esa situación antes de que sea tarde, aunque ella quiera perdonarlo. Y, en el supuesto de la grapadora, también creo que cuando en una relación alguien llega a arrojar un objeto a la otra persona, rompe una barrera que puede después llevar a cualquier cosa. En este tema, no puede hablarse de violencia grave o leve".

Los jueces discrepan, e insisten en la necesidad de diferenciar situaciones graves de aquellas que no lo son tanto y que se pueden reconducir. "Si hay riesgo, por supuesto que debe prevalecer el proteger a la mujer, aun contra su voluntad", señala la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, Montserrat Comas. "Pero de las más de 50.000 condenas dictadas en España en los dos últimos años se evidencia que nos encontramos ante hechos con grados de violencia distintos. Y, en cada caso, hay una víctima con una problemática única y distinta que merece ser escuchada. Imponer el alejamiento cuando ella no quiere separarse, y pericialmente se demuestra que no hay riesgo, es innecesario". Y añade que "tiene efectos perjudiciales para la mujer, al criminalizarla por su conducta de cooperación en el quebrantamiento de la pena".

Otro de los ejes centrales del debate es hasta qué punto debe hacerse caso a una mujer víctima de maltrato. ¿Puede valorar el riesgo que corre? Los jueces que han presentado las cuestiones de constitucionalidad sostienen que sí. "La obligatoriedad de la pena de alejamiento es cuestionable desde la perspectiva de la protección de la mujer", señala un auto del juzgado de lo penal número 20 de Madrid de 29 de junio de 2005. "Porque cuando los poderes públicos desatienden el deseo de la víctima de continuar conviviendo o relacionándose con el condenado provocan un efecto contrario al objetivo del empoderamiento, a la necesidad de que la mujer reasuma su proyecto de vida y se libere de la sumisión que ha padecido. Imponerle una prohibición o una medida de protección que ella no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma".

Asociaciones de mujeres como Themis o la Comisión de Investigación de los Malos Tratos a Mujeres señalan, sin embargo, que las mujeres que están en esa situación no están en condiciones de normalidad para valorar su seguridad. Que, metidas en la espiral de la violencia, con parejas que las maltratan y les piden perdón después, no son conscientes del riesgo que corren. Aseguran que por eso la mayor parte de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente.

El Gobierno cree que todavía no ha llegado el momento de reformar esta norma. "La ley integral lleva apenas dos años y medio funcionando", indica la delegada especial para la Violencia de Género, Encarnación Orozco. "Y todavía no existe una suficiente formación por parte de los jueces ni del resto de los operadores jurídicos. El artículo 57.2 supuso un avance, porque las penas de alejamiento no se imponían y para modificarlo habría que tener claro que el sistema de protección está suficientemente cohesionado, asentado y coordinado". Señala, además, que para que los jueces puedan hacer una correcta evaluación del riesgo que corre cada víctima, es necesario que en toda España haya unidades especiales de valoración, con psicólogos y forenses. Para que realmente el juez pueda tener todos los elementos y tomar una decisión acertada.

La polémica se extiende también al ámbito de la violencia doméstica, a la que también se aplica el artículo 57.2 del código penal; sobre todo a agresiones de hijos a padres. Una de las cuestiones de constitucionalidad se refiere al caso de un hombre que empujó, hasta tirarla al suelo y provocarle hematomas, a su madre. Las facultades mentales del agresor estaban muy mermadas por un tumor cerebral y una operación que le había ocasionado un trastorno psiquiátrico. La madre no quería que lo ingresaran y reivindicaba que quería quedarse viviendo con él para cuidarle y darle la medicación adecuada. Es otro de los casos que está pendiente de resolución hasta que el Constitucional se pronuncie.


Fuente El País en un artículo de Mónica C. Belaza

INFORME sobre el programa específico de empleo para víctimas de violencia de género inscritas en los servicios públicos de empleo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre el programa específico de empleo para víctimas de violencia de género inscritas en los servicios públicos de empleo.

* Su objetivo es procurar la inserción laboral por cuenta ajena o cuenta propia de las mujeres víctimas de violencia de género.

* Se incrementa la cuantía de la bonificación a las empresas que contraten a víctimas de violencia de género con carácter indefinido a tiempo completo.

* Para facilitar la contratación a las mujeres víctimas de violencia de género se han suscrito convenios de colaboración con empresas de distintos sectores.

domingo, noviembre 25, 2007

25 de noviembre de 2007. Día internacional contra la violencia de género





Dibujantes nacionales e internacionales han condenado en 'clave humorística' el horror de la violencia de género. Bajo el título 'Por una vida sin malos tratos', el objetivo de esta muestra es contribuir a la sensibilización y concienciación de la opinión pública sobre el problema que supone esta lacra en la sociedad contemporánea.

Gallego y Rey, Ricardo, Idígoras y Pachi, Forges y Mingote son algunos de los artistas que han dejado su huella en esta exposición formada por más de 110 obras.

Los golpes, insultos y asesinatos son el fondo de todos y cada uno de los dibujos que tienen como soporte simbólico una puerta —espejo de la ocultación y el silencio que existe de 'puertas para adentro' en un hogar bajo el yugo del maltrato—.

Sobre cada una de las puertas (interiores y con un acabado crudo, que contrasta con el lujoso espacio donde se exponen) se exhibirá una obra para resaltar el carácter individual y la necesidad de extender la ayuda personalizada a cada una de las mujeres que sufren malos tratos. La iluminación de las salas también está estratégicamente colocada para ayudar a transmitir estas sensaciones.

La estructura aparentemente 'laberíntica' de la muestra —con múltiples recorridos— busca enviar un mensaje de esperanza a las víctimas a través de diferentes signos y llamadas indicando que se puede salir.

La exhibición, promovida por la Delegación especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y la Fundación Universidad de Alcalá, incluye obras de 125 artistas, de 36 países, y comenzó su andadura el año pasado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Gracias al patrocinio de Adif, la exposición se ha exhibido después en las estaciones de ferrocarril de Madrid–Atocha, Zaragoza, Vigo, Sevilla y Valencia; la última parada ha sido Vitoria durante el mes de noviembre.

Esta iniciativa coincide con la celebración del Día contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, en un año en el que se ha puesto en marcha el teléfono de ayuda a la maltratada (016), y en el que ya han fallecido más 65 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas.

Esta semana, la muerte de Svetlana, una mujer de nacionalidad rusa de 30 años, a manos de su ex novio tras rechazarle en el programa de televisión 'El diario de Patricia', ha disparado las alarmas y el Gobierno ya ha convocado una reunión con las televisiones privadas para tratar este tema.

Fuente El Mundo