sábado, marzo 15, 2008

martes, marzo 11, 2008

Los jueces del País Vaco piden más medios para combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas

Los procedimientos de violencia de género no dejaron de aumentar en los juzgados vascos durante 2007, a pesar de las campañas de sensibilización impulsadas por las instituciones. Según fuentes judiciales, los asuntos penales crecieron en Vitoria el 21%, mientras que en San Sebastián y en Bilbao aumentaron el 14%, respectivamente. Tan sólo Barakaldo fue una excepción, ya que registró una caída del 3,8%; pero los casos pendientes de resolver en ese municipio equivalen casi al 40% de los que entran en un año. Globalmente, en las partidos judiciales de las tres capitales y de Barakaldo se registraron 4.294 asuntos nuevos el pasado año, frente a los 3.801 de 2006. Es decir, un 12% más.

Esos datos -y, en particular, el homicidio de una mujer ecuatoriana perpetrado en la capital alavesa en junio pasado- han movido al magistrado Alfonso González Guija, coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, a pedir a los ayuntamientos y a las administraciones vasca y central que destinen más recursos para proteger a las mujeres maltratadas. «La ley integral no es suficiente por sí sola y, como hemos podido comprobar hace bien poco, no está funcionando en las situaciones más dramáticas», reconoció González Guija, a la sazón juez decano de Bilbao.

La muerte de cuatro mujeres en un solo día, a manos de sus compañeros sentimentales, volvió a poner de relieve el pasado 26 de febrero las limitaciones de los juzgados de violencia de género, que comenzaron a funcionar en las principales ciudades españolas durante el verano de 2005. A Vitoria, Bilbao y San Sebastián les correspondieron otros tantos jueces especializados, pero al cabo de un año el Ministerio de Justicia tuvo que crear una plaza más en la capital vizcaína porque la primera jueza y los funcionarios que le asignaron no daban abasto desde el primer día.

Algo parecido ocurrió en Barakaldo, un municipio que registra cifras de maltrato similares a las de Vitoria, pero sólo tendrá un juez de violencia de género a partir de este año. Hasta ahora se las ha arreglado con el Juzgado de Instrucción número 4, que se ocupa de los delitos de género, pero también de los demás. En conjunto, las capitales vascas y Barakaldo acaparan el 75% de los procedimientos por maltrato sexista que se inician en Euskadi. El resto se reparte, sobre todo, entre las plazas judiciales de Getxo, Irún, Tolosa y Bergara.

«Lógicamente, la Ley Integral de Violencia de Género necesitaba un tiempo para rodarse -explica el juez González Guija-. Pero ya han pasado dos años y medio, un plazo suficiente para obtener el máximo rendimiento posible de los medios judiciales a nuestra disposición. A partir de ahí, hace falta más dinero, más jueces de apoyo, más policías, más personal de atención a las víctimas, más recursos. Sólo así podremos sacar el mayor partido a la ley y proteger a las víctimas de forma integral. Pero si no hay presupuesto, por lo menos que se diga».

Las estadísticas sobre violencia de género en el País Vasco son elocuentes. El partido judicial de Bilbao registró 1.585 asuntos penales el año pasado, 196 más que en 2006. San Sebastián contabilizó 979 (136 más). En Vitoria se iniciaron 898 expedientes (194 más) y en Barakaldo 832 (33 menos). Los juzgados de las capitales tienen que resolver a diario once asuntos que requieren atención inmediata, entre órdenes de protección, declaraciones de detenidos y juicios rápidos. Tan sólo una orden de protección -se solicitaron 1.640 en Euskadi el año pasado- puede llevar dos horas.

González Guija asegura que la organización de los juzgados ha mejorado; sobre todo, en la capital vizcaína, donde el trabajo salió adelante durante meses por el esfuerzo de los funcionarios. A su modo de ver, los problemas que registró Bilbao se debían a que «se cumplía muy bien la ley». Para demostrar las mejoras conseguidas en esa plaza judicial, el juez recuerda que, de todos los asuntos calificados durante el segundo semestre de 2007, casi ninguno quedó pendiente.

Sin embargo, la Administración de Justicia también ejerce la autocrítica. «Los jueces tenemos que esforzarnos para que, cuando llegue un asunto urgente al juzgado, la respuesta también sea urgente -reconoce-. La intervención no puede demorarse porque la competencia es de este o de aquel partido judicial. Eso lo analizaremos luego; lo primero es responder». En este sentido, el magistrado considera lógico que las órdenes de protección sean atendidas en el partido judicial donde se solicitan.

La Administración de Justicia también cree mejorable la comunicación de las resoluciones sobre violencia de género a los servicios de atención a la víctima. «De todos modos este problema se está corrigiendo y ya no se aprecian tantas disfunciones», puntualiza González Guija, que destaca que se han realizado cambios en algunas dependencias judiciales, de manera que las mujeres maltratadas dispongan de un local específico para las esperas.

lunes, marzo 10, 2008

La Delegada del Gobierno en Extremadura defenderá la publicación de sentencias sobre maltratados en la web del Ayuntamiento de Plasencia

En este sentido, Carmen Pereira ha subrayado que "no tengo por qué aprobarla ni rechazarla, está ahí y me parece que es autónomo y legítimo por parte del ayuntamiento tomar esa medida; y, desde luego, si esa medida da resultado yo la voy a defender".

A este respecto, ha matizado que no desea entrar "en polémica" con el Ayuntamiento de Plasencia, añadiendo que, en todo caso, la medida descrita ha de estar "dentro de la legalidad vigente", respetando los derechos correspondientes.

Para Pereira, "es una medida que si está dentro de la legalidad vigente y se respeta el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y son personas que son juzgadas, pueden hacerlo" aunque, ha puntualizado que "hay otras muchas iniciativas" que se pueden adoptar en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, ha resaltado que el Ayuntamiento de Plasencia "no es la primera institución que tiene esa intención" pues, "ya desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se propuso la publicación de los matratadores".

Para la Delegada, esta medida "tiene algunas consecuencias positivas, quizá porque algunos otros maltratadores desistan", al ver que las sentencias que pudieran recaer sobre ellos serían publicadas, añadiendo que "pero, tiene que ser siempre y cuando haya alguna sentencia firme y se tenga en cuenta y se respete el derecho a la intimidad de la mujer".

Y, ha matizado que "también se conocen los nombres de los asesinos, los nombres de los terroristas, los nombres de los ladrones una vez que ya están juzgados", de modo que "por lo tanto, también puede conocerse el nombre de los maltratadores", siempre y cuando, reiteró, se respete la legalidad.
Por su parte la alcaldesa de Plasencia, la socialista Elia María Blanco, ha reafirmado su apoyo y "todo su aval" a la propuesta de su concejala de Igualdad, Raquel Puertas, de colgar en la web municipal las sentencias en firme sobre maltratadores que hayan cometido delitos graves o muy graves.

La regidora municipal insistió en su respaldo "a tomar medidas de acción" como la de la publicar las sentencias y pidió "remover los obstáculos" que impiden que la sociedad sea cada día "más justa", en referencia a "propuestas de modificación legislativa" que permitan adoptar iniciativas como la referida.

En un encuentro con periodistas antes de un acto institucional con motivo del Día de la Mujer, Elia María Blanco abogó porque las Cortes Generales, las asambleas autonómicas y los ayuntamientos promuevan un cambio en la legislación para adaptarla "a lo que la sociedad demanda".

Así, lamentó que los legisladores "nunca se adelantan a los acontecimientos sociales", de modo que cuando se tiene un problema social como es el maltrato y los "asesinatos que encontramos cada día" se tienen que tomar "medidas contundentes"

La alcaldesa de Plasencia considera que "publicar la sentencia que condena a un hombre" no puede ser "tan vilipendiado como algunos pretenden". Elia María Blanco felicitó a la concejala y al Consejo Municipal de la Mujer de Plasencia, donde las mujeres avalaron la propuesta "por unanimidad" y, sin embargo, apostilló: "ahora vienen los varones a decirnos ¡qué barbaridad!".
Elia María Blanco aseguró que el ayuntamiento no quiere "incurrir en ilegalidad" sino que se pretende "proteger a las mujeres" y que la vía propuesta es la "adecuada" y que si bien en este momento se está considerando "la legislación vigente", más adelante se promoverá una "reivindicación activa para que la legislación vigente se adapte a esa posibilidad".

La alcaldesa de Plasencia puso como ejemplo a Castilla la Mancha dónde "se está editando un cd con el nombre de los maltratadores" y que allí se ha adaptado la normativa jurídica para que esto sea posible, que es lo que propone el Ayuntamiento de Plasencia. Cabe recordar que el consistorio placentino está a la espera de un informe de sus servicios jurídicos sobre su propuesta.

Blanco destacó que la concejala de igualdad tiene "todo el aval y todo el merecimiento" para hacer las propuestas que se consideren "buenas" para eliminar "esta lacra" La regidora declaró que se quiere llegar "a publicar las sentencias de los maltratadores" en la página web municipal y además se quiere "convencer a la gente de que nuestra medida es positiva".

Aseguró que la medida propuesta desde el ayuntamiento es "darle a las mujeres la posibilidad de poder comprobar" que la persona que comparte o pretende compartir su vida "no es un maltratador" y que "cuando alguien tenga una sospecha sobre algo tan sensible y tan trágico" pueda tener acceso a la información ya que según Elia María Blanco "estamos hablando de delincuentes y de antecedentes penales".

Blanco calificó la postura del PP de Plasencia de "hipocresía" ya que "no se corresponde" esta postura con la de penalizar a los menores. La alcaldesa de Plasencia pidió al PP "contrapropuestas" pero que no se "nieguen por sistema" a las iniciativas que se realizan para que "avance la sociedad".

Además aclaró que no se trata de una medida "electoral" por lo que la semana que viene comparecerá públicamente para explicar cuáles son los pasos seguidos por el consistorio placentino.