miércoles, febrero 01, 2012

Ana Mato anuncia 'un plan personalizado' contra la violencia de género

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en "un plan personalizado contra violencia de genero" en el que se buscará "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos de forma individual".

Ana Mato recordó que en lo que va de año siete mujeres han perdido la vida, a manos de sus parejas o ex parejas por lo que "acabar con esta lacra es una prioridad de este gobierno".

En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Mato ha explicado las prioridades de su departamento, como la propuesta de impulsar un pacto social y sanitario en el primer trimestre del año.

"El pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos", ha afirmado.

Respecto a la violencia de género, la ministra ha asegurado que el Gobierno pretende lograr una mayor cercanía con las mujeres que sufren malos tratos, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social y prevención.

Mato ha dicho que debatirá esta "prioridad" con los portavoces de igualdad el próximo 9 de febrero.

Fuente El Mundo

Datos de denuncias, procedimientos, órdenes de protección y sentencias. Tercer trimestre de 2011

Fuente: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial

Tras recabar datos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y de los 355 Juzgados con competencias compartidas existentes actualmente en España, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género elabora, con periodicidad trimestral, los correspondientes estudios estadísticos.

Acaban de difundirse esos datos correspondientes al tercer trimestre de 2011, siendo de destacar el aumento en un 3,1 % de las denuncias formuladas por violencia de género en relación con el trimestre anterior, lo que supone una media de 385 denuncias diarias, presentadas por las propias víctimas (71,36 %), como consecuencia de la intervención policial directa (14,4 %), derivadas del parte de lesiones (11,57 %), fruto de la actuación de los servicios asistenciales (1,61 %) o presentadas directamente por la familia de la víctima (1,06 %).

Es de subrayar también que de las denuncias presentadas por las propias víctimas, el 35 % fueron interpuestas por mujeres extranjeras, renunciado el 42 % de ellas a la continuación del procedimiento judicial.

En este tercer trimestre se solicitaron 9.481 órdenes de protección, adoptándose medidas penales y/o civiles en el 65,3 % de los casos. Se dictaron 11.438 sentencias, de las que el 62 % resultaron condenatorias.

martes, enero 24, 2012

Las seis mujeres asesinadas en 2012 eran españolas y no habían denunciado

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato ha confirmado que el asesinato de una mujer española este fin de semana en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), es un nuevo crimen de violencia de género, lo que eleva a seis los feminicidios en lo que va de año y coloca el balance a niveles de 2008, el año con más víctimas, 76, desde que se tienen estadísticas.

Destaca que la mujer asesinada en Tarragona es española, como así eran las otras cinco víctimas de la violencia de género que han muerto en este mes de enero. El año pasado, cuando se computaban cuatro crímenes, la mitad eran extranjeras y, en 2010 que acumulaba el mismo número de homicidios en las mismas fechas, las inmigrantes eran el 25% de las víctimas mortales.

De hecho, tanto el Poder Judicial como el Gobierno han venido alertando de la sobrerrepresentación de las extranjeras entre las víctimas del machismo, ya que siendo un 11,4% de las mujeres residentes en España, son promotoras del 35% de las denuncias y, en los últimos años, víctimas de en torno a tres de cada 10 asesinatos.

Asimismo, destaca que cuatro de los seis homicidios de este mes de enero se han producido en Cataluña (dos en Barcelona y dos en Tarragona), otro en Extremadura (Badajoz) y otro en la provincia deJaén.

En ningún caso constaban denuncias previas por maltrato y en todos ellos, el presunto asesino fue detenido, aunque en el caso de Santa Coloma, se suicidó estando bajo custodia policial.

Por edades, la última víctima contaba 33 años lo que la convierte en la más joven de las fallecidas este mes. El grupo más numeroso tenía entre 55 y 57 años, otra tenía 41 y otra mujer ya había cumplido los 80 años de edad.

La ministra Ana Mato ha expresado su "repulsa" por este asesinato y ha reiterado que "no tolerará" la violencia contra las mujeres y "trabajará para impulsar las reformas necesarias, desde el consenso, para mejorar las medidas de protección y evitar más asesinatos de mujeres", según informan desde su departamento.

Fuente El Mundo

martes, diciembre 27, 2011

Mi hijo no sabe, y no tiene por qué saber, que soy un maltratador

Sergio, nombre ficticio, acude desde hace un año y medio, todos los viernes, a terapia. Es parte de la pena que un juez le impuso por haber maltratado a su expareja. Cada semana le reciben dos psicólogos, Jorge Freudenthal y Teresa Peña, y otros nueve agresores, con los que comparte la sesión de hora y media. “Entré aquí en plan rebelde. Pensando que había sido acusado injustamente, pero luego te das cuenta...”, relata este hombre de 51 años, con un hijo de 12 y dos matrimonios a sus espaldas. Sergio sostiene que nunca agredió físicamente a una de sus exparejas —hechos por los que fue condenado—, pero reconoce episodios de “violencia verbal”.

Los programas de reeducación de maltratadores se han convertido en una herramienta a disposición de los órganos judiciales ante los casos en los que la condena no supera los dos años de cárcel y no existen antecedentes. También para la reinserción de aquellos que cumplen condena en prisión —los juzgados dictan unas 20.000 sentencias penales condenatorias al año— por la lacra de la violencia machista, que en lo que va de 2011 ha segado 59 vidas, la última ayer, en Roquetas de Mar (Almería). Pero, a pesar de su paulatina consolidación, uno de los principales retos a los que se enfrentan es la valoración de la efectividad de los mismos.

“Me sentía por encima de ella. Igual le decía, no vales más que para limpiar”, recuerda este instalador de ascensores, en una sala sin ventanas en el primer piso de un edificio del Casco Viejo de Bilbao. Sergio, de complexión fuerte, vestido con vaqueros, camisa de cuadros rojos diminutos y cazadora de cuero, afirma rotundo que ya no cree estar “por encima de nadie”, ni de su excompañera, ni de ninguna otra mujer. “El hecho de venir aquí te ayuda a que no pierdas ese camino. Si resumimos que yo me puedo sentir superior a las mujeres y por eso las trato verbalmente mal, estas terapias me ayudan a ver que no es así”.

El paso dado por Sergio constituye, para Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco (UPV), un requisito imprescindible para el correcto desarrollo de este tipo de programas. El profesor impulsó hace 16 años el que se considera el primer proyecto de reeducación de maltratadores en España, con la colaboración de la Diputación de Bizkaia y de Álava, y por el que han pasado hasta la fecha unos 850 hombres.

Entre el 40% y el 60% de las mujeres vive con su agresor tras ser condenado
Echeburúa decidió emprender este camino después de comprobar que entre el 40 y el 60% de las mujeres víctimas de malos tratos que atendía seguían conviviendo con su agresor. “Incluso en aquellos casos en los que se producía una separación, constatamos que algunos hombres tenían un riesgo muy alto de volver a cometer esas conductas en futuras relaciones”, explica Echeburúa.

“Igual me ha hecho un favor, fíjate. Estoy aquí ahora”, aclara Sergio, después de insistir en que nunca agredió físicamente a su expareja. El agresor no encuentra otra explicación a su conducta que la educación recibida, el modelo de comportamiento que vio en su padre y en su abuelo. “El hombre piensa que la mujer es para la casa, para la plancha, la ropa... Se siente superior porque su padre le dijo que es superior, y a su vez el padre de su padre”.

Un rehabilitado es una víctima menos", dice la consejera vasca de Justicia
Los programas de reeducación han generado polémica en determinados colectivos de mujeres bajo el argumento de por qué destinar dinero a los agresores y no a la protección, cuidado y atención de las víctimas. Echeburúa censura de entrada el planteamiento. “La reinserción es una medida más en la lucha contra la violencia sexista”, apunta. “Un maltratador rehabilitado es una víctima menos. Es un instrumento de protección más a las víctimas”, ahonda la consejera de Justicia vasca, Idoia Mendia, cuyo departamento coordina un programa piloto de reinserción de maltratadores, desarrollado en 2010 en Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, la propia Euskadi, Extremadura y Navarra.

Los especialistas recuerdan que el hecho de que cada vez se detecten, se denuncien y se condenen malos tratos en edades más tempranas supone, por lógica, más posibilidades de que se retomen nuevas relaciones. “Por así decirlo, están en edad de merecer”, recuerda Echeburúa.

Los jueces recurren a estos cursos en condenas de menos de dos años de cárcel
El profesor además expone que los mecanismos propios de este tipo de agresiones fomentan el recurso a las mismas. “El maltrato no sale gratuito. Con el maltrato se obtiene una serie de beneficios y es que el hombre consigue salirse con la suya, doblegar a la víctima y, como son conductas sobreaprendidas, existe una alta posibilidad de que se repitan cuando se establece una nueva relación”.

Sergio dice que ha confesado a varias parejas que va cada viernes a Bilbao, también a la madre de su hijo, pero no a él. “Te pongo un ejemplo”, ilustra, “a un tío que roba en una tienda se le llama ladrón, a uno que ha tenido un delito de violencia doméstica, se le llama maltratador. No quiero que mi entorno me vea como un maltratador. Mi hijo no lo sabe y no tiene por qué saberlo”.

El programa piloto, impulsado por el Ministerio de Interior y la antigua cartera de Igualdad, atendió el año pasado a 410 personas entre todas las comunidades implicadas. Mendia no oculta la dificultad de medir la efectividad de estos programas. “El éxito solo se puede valorar en la medida en que no vuelvan a reincidir. No tenemos a ningún agresor que haya repetido el programa, lo cual no quiere decir que no hayan vuelto a cometer otro delito. No sabemos a cuántos rehabilitamos, pero con que solo sea uno...”, insiste.

Un hombre asesina en Almería a su pareja y luego se suicida

A pesar de las dificultades en la medición del éxito, el Centro de Estudios Sobre la Identidad Colectiva de la UPV, el encargado de desarrollar el informe de evaluación del proyecto piloto, ofrece algunos datos.

De los 410 agresores que participaron en la experiencia, el 9,9% presentaba antes del desarrollo de la misma un “riesgo alto de ejercer violencia contra su pareja”. La cifra, una vez concluido el programa, descendió hasta el 3,4%. Los porcentajes también disminuyeron entre aquellas personas con un “riesgo moderado”, pasando del 26,6% al 19,8, mientras que el número de agresores que presentaba “un riesgo bajo”, aumentó del 63,5% al 76,9%.

Una de las claves para la evaluación de estos proyectos es poder contar con una perspectiva temporal. A lo largo de sus 16 años de experiencia, Echeburúa se ha encontrado con una importante tasa de abandonos. El 50% de los 850 expedientes tramitados por su equipo ni siquiera comienzan el tratamiento. Y de los 425 hombres que continúan con la terapia, el 40% la abandona. Ante lo que se pueden considerar unos datos apocalípticos, Echeburúa replica que el 85% de los hombres que siguen el programa completo se rehabilitan. “Los consideramos un éxito”, sentencia. Para ello se tiene que cumplir una serie de requisitos: “Que la violencia física haya desaparecido por completo y la mayor parte de la psicológica, y lo contrastamos con su pareja o expareja, le preguntamos a la mujer si realmente no está habiendo violencia”.

“Sin que sea la panacea podemos ser razonablemente optimistas”, continúa Echeburúa. “Estamos teniendo un éxito razonable en personas que llevan un ejercicio del maltrato muy prolongado, tratados con un programa corto, de unos seis meses y en régimen ambulatorio”.

Fuente El País

martes, diciembre 20, 2011

El 10,8% de las españolas ha sido víctima de la violencia machista

Los malos tratos afloran. El 10,8% de las españolas —más de dos millones— asegura haber sido víctima de violencia de género, el 3% en el último año. En 2006 eran un 6,3% quienes afirmaron haber sido maltratadas por sus parejas o exparejas en alguna ocasión. El salto en más de cuatro años es grande. Y lo es aún más si se comparan los datos del avance de la macroencuesta de violencia de género que el Ministerio de Igualdad hizo pública ayer con los del muestreo de 1999. Desde entonces, las mujeres maltratadas se han duplicado. Los expertos, sin embargo, sostienen que más que un aumento de las conductas violentas, lo que ocurre es que las mujeres son ahora más conscientes de ellas. La concienciación sobre este fenómeno es mayor.

“Sigue habiendo una enorme bolsa de silencio en torno a esta violencia, pero las mujeres reconocen ahora más que antes haberla sufrido, Son más sensibles en identificar lo que les ha ocurrido”, analiza Consuelo Abril, abogada y portavoz de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, cree que ha cambiado la percepción sobre el maltrato. “Muchas mujeres, analizando situaciones que les ocurrieron hace 20 años se dan cuenta de que aquello que les pasó era violencia de género”, sostiene. Y el número de aquellas que dicen sufrir violencia seguirá aumentando, opina Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Hay muchas que no identifican que el sufrimiento que están padeciendo es violencia de género”, dice.

El 87% de las que han sufrido maltrato lo volvió a padecer el último año
Para su encuesta, Igualdad entrevistó en persona a 8.000 mujeres. En 2006, la muestra se hizo con las respuestas telefónicas de más de 32.000. En esa última y las anteriores (se realiza desde 1999) se analizaba también el porcentaje de aquellas que, aunque no se consideraba víctima, estaban (o habían estado) sometidas a la violencia. En 2006, se detectó que el 9,6% de las españolas eran víctimas de ese “maltrato técnico”. “Ahora, a través de las entrevistas personales se identifica de manera más correcta a las víctimas, por eso las cifras han aumentado”, asegura Lorente.

El perfil de la víctima sigue siendo similar: el maltrato es más común en las extranjeras y las mujeres con alguna discapacidad. “El 20,9% de las inmigrantes ha sufrido violencia de género alguna vez, el doble que en las españolas. Entre las discapacitadas ese porcentaje es del 30%”, expone el delegado del Gobierno. El problema llega, dice Pérez del Campo, con la vulnerabilidad.

La violencia de género afecta de lleno a los menores. Unos 840.000 han estado expuestos a estas situaciones en el último año. El 60% de ellos sufrió además violencia directa. “Los maltratadores utilizan a los hijos para hacer daño a la mujer. Y ahora que la sociedad les ha acorralado lo hacen cada vez más”, sostiene Lorente. Y las mujeres con hijos, según la encuesta, tardan más en salir de las situaciones de violencia. “Quedarse por ellos es una de las justificaciones mayoritarias que esgrimen las mujeres, cuando deberían ser la razón principal para romper”, dice Abril que cree que faltan más políticas de amparo hacia los menores. “Hay que luchar para que no reproduzcan los roles que ven en casa”, dice. Lorente sostiene que ya se hace. Ninguno de los dos cree acertada la idea del Partido Popular de integrarlos en la ley de violencia machista. “Los hijos son una secuela. Extender la ley hacia ellos deja la norma diluída y vacía de contenido de género”, opina Abril.

La tasa de homicidios (proporción de mujeres asesinadas sobre el total que dice ser maltratada) ha bajado un 33,7% desde 2006. En 2006, el número de mujeres asesinadas dividido entre aquellas que dijo haber sido víctima de violencia de género en ese último año era de un 0,17. Este año, cuando ya son 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas esa tasa es de 0,11. La disminución, sin embargo, parece deberse más bien al aumento de la población que se siente amenazada, que a que haya bajado el número de muertes.

El número de denuncias, sin embargo, sigue siendo crítico. El 72% de las mujeres no denunció su situación. Aunque los datos indican una ligera mejoría respecto a la serie histórica, ya que la proporción baja algo –poco- si se toma solo a las que han sido atacadas el último año: no denunció el 70,3%.

Lorente da otro dato positivo: el 87% de las mujeres sale de la violencia de género. Este porcentaje es el de mujeres que dicen que habían sido maltratadas alguna vez pero no el último año.

miércoles, diciembre 14, 2011

Datos estadísticos generales sobre violencia de género a 21 de noviembre de 2011



Datos estadísticos generales sobre violencia de género a 21 de noviembre de 2011
Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Informe judicial violencia primer semestre 2011

DATOS DE DENUNCIAS, PROCEDIMIENTOS PENALES Y CIVILES
REGISTRADOS, ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS EN LOS JUZGADOS
DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)1 Y SENTENCIAS DICTADAS POR LOS
ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN ESTA MATERIA EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO 2011

El asesino de Girona, sin pensión

El Ministerio de Trabajo ha revocado la pensión de viudedad al hombre que mató a su mujer en 2005 en Sils (Girona) y que ha estado cobrando desde el día siguiente al asesinato. Y además le reclamará el importe abonado "indebidamente". La Seguridad Social reconoció que la sentencia condenatoria contra Llorenç Morell no figuraba en la base de datos que utilizan para cruzar los datos de condenas y pensiones, un error que investigan.

Llorenç Morell, condenado a 18 años de prisión por la Audiencia Provincial de Girona en 2007, ha recibido 592 euros cada mes más dos pagas anuales extraordinarias durante seis años, unos 40.000 euros en total. Morell nunca debía haber cobrado la pensión. La ley establece que los condenados en firme por homicidio o lesiones no podrán obtener la pensión de viudedad de la víctima a no ser, en el caso de las lesiones, que haya reconciliación previa al fallecimiento.

La Audiencia de Girona envió en agosto una petición de embargo de la pensión de Morell, ya que la familia de la víctima no ha cobrado nada de los 85.000 euros de indemnización. La Seguridad Social la denegó porque al tratarse de una prestación mínima es "inembargable", y porque, presumiblemente, el oficio de la Audiencia no especificaba la situación legal del condenado.

Fuente El País

El 5 de diciembre, la Audiencia recordó a la Seguridad Social la condena de Morell, "lo que ha causado la revocación inmediata de la prestación", informó la Seguridad Social. "Estoy muy satisfecho de que se haya solucionado una situación inadmisible", declaró ayer Carles Monguilod, abogado de la familia de Rosa Galceran, la mujer asesinada.

La protección de las víctimas de violencia de género se extiende a toda Europa

El Parlamento Europeo ha dado hoy el último paso para aprobar la Orden de Protección Europea contra la violencia. La nueva directiva permitirá a las víctimas de la violencia de género así como a cualquier otra persona con una orden de alejamiento o de protección a nivel nacional pedir una orden de protección europea para que el país en el que se encuentre adopte las medidas de protección equivalentes según su legislación.

La norma es un primer paso en la protección de las víctimas de violencia de género en Europa, una de las iniciativas que el desaparecido ministerio de igualdad de Bibiana Aído propuso aprovechando la presidencia española de la Unión Europea en 2010. Sin embargo, la propuesta inicial planteada por el Ministro Francisco Camaño chocó con la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, que la frenó tras calificarla de “chapuza” por no contemplar las diferentes legislaciones entre países. El principal problema radicaba en que en algunos países se juzga la violencia de género en base al derecho penal, como en España, mientras que en otros se trata de un asunto civil o administrativo. La solución, acordada a finales de setiembre, incluía ampliar la protección a todo tipo de violencia y no sólo a la de género, así como que las ordenes de protección europeas se aplicaran en cada estado en base a sus propias leyes.

La eurodiputada del grupo socialista Carmen Romero, que ha sido una de las ponentes de la directiva en el Parlamento, ha afirmado que espera que la directiva se trasponga con prontitud pero ha dado prioridad a que las mujeres denuncien, que pierdan el miedo para que puedan ser protegidas.

Teresa Jiménez-Becerril, eurodiputada popular corresponsable de la ponencia con Carmen Romero ha explicado que, pese a que las mujeres víctimas de violencia de género serán las principales beneficiadas de la nueva directiva, hay muchos otros colectivos que sufren persecución y que se verán beneficiados como las víctimas de terrorismo o los inmigrantes.

La directiva deberá ser incorporada por cada país miembro a su legislación antes de tres años. Los estados ya dieron su visto bueno, aunque Irlanda ha decidido mantenerse al margen y no implementar la norma. Dinamarca tampoco se verá afectada por la norma. Serán los únicos países donde no se podrán trasladar las órdenes de protección, ya que Reino Unido -también con derecho a no participar- ha decidido hacerlo.

Fuente El País

lunes, octubre 10, 2011

El Supremo justifica que se publique la identidad de un acusado de maltrato

La relevancia social para la comunidad del maltrato físico y psicológico justifica que se publique en un medio de comunicación la identidad de los implicados en este tipo de delitos, según una sentencia del Tribunal Supremo.

El alto tribunal dictamina que, en un caso de maltrato, aunque al publicar la identidad de un implicado se dañe su imagen, prevalece sobre ese derecho la libertad de información propia de un Estado democrático.

"Cuando los delitos tienen extraordinaria importancia y trascendencia social está justificado no sólo el interés público especial de la información, sino incluso el que se expresen los datos de identidad de los detenidos, en lugar de las simples letras iniciales de su nombre y apellidos", señala la doctrina del Supremo.

Los jueces señalan que "los actos de maltrato físico y psicológico son una cuestión socialmente relevante y de interés para la comunidad" y añaden que, en el caso que da lugar a esta sentencia, se ejerció el derecho a la información por parte del diario La Región S.A., "de forma legítima, por ser la noticia veraz y de relevante interés público".

El origen del pleito surge cuando el citado periódico publicó los días 5 y 18 de noviembre de 2004 dos artículos referentes al demandante "como implicado en un procedimiento penal por maltrato familiar".

En esos artículos se incluía una fotografía del demandante, un particular, en la puerta de la sala de vistas el mismo día del juicio por los hechos de los cuales se le acusaba, imagen a la que se añadieron su nombre, apellidos y edad.

El demandante consideró que estos artículos vulneraban su honor, imagen y derecho a la intimidad, un daño justificado en la prevalencia del derecho a la información, según dictamina el Supremo.


Fuente El Mundo

miércoles, octubre 05, 2011

El fiscal retira la acusación de prevaricación contra el juez Serrano

La Fiscalía ha modificado esta mañana sus conclusiones provisionales y ha pasado de pedir diez años de inhabilitación para el juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por supuesta prevaricación a solicitar su libre absolución en el caso de la ampliación del turno de custodia de un menor para garantizar su salida en una cofradía de la Madrugá sevillana. El juez defendió al inicio de la vista que su actuación no causó daño.


Según ha señalado el representante del ministerio público en la última sesión del juicio que se sigue contra el magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla debería haber realizado pruebas antes de dictar su resolución.

Según el fiscal, el juez actuó de una manera "imprudente o negligente", toda vez que "obvió sin la suficiente consistencia la realización de algunos elementos de prueba como la audiencia del ministerio fiscal, de la madre e, incluso, del padre".

Sin embargo, la fiscalía no considera ninguno de los hechos como constitutivos de delito, por lo que ha dejado el caso en una situación totalmente distinta a la de su comienzo. El fiscal cree ahora que si hubo un comportamiento reprobable fue por dolo, pero en ningún caso prevaricación. La Audiencia de Sevilla ya se posicionó a favor del magistrado.

Fuente El País


La sala del juez Del Olmo revoca al menos 15 condenas por maltrato

Una agresión de un hombre a su pareja en la calle fue castigada con multa de 90 euros; unas amenazas de muerte salieron más baratas: 20 euros. Al menos una quincena de sentencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia han absuelto desde 2010 a presuntos maltratadores condenados en instancias inferiores, algunos de ellos con antecedentes por maltrato en el hogar. Solo durante el mes de agosto del año pasado, los jueces ponentes de esta sala, entre los que se encuentra el magistrado Juan del Olmo, anularon una docena de penas en cuestión de semanas argumentando que "no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera sentimental debe ser castigada mecánicamente como un delito de violencia de género".

La última de estas sentencias que firma Del Olmo, conocida el lunes, anuló una condena por amenazas a un hombre que avisó a su hijo de que su mujer acabaría en una "caja de pino". En esa sentencia, el juez sostiene que llamar "zorra" a la mujer, como hizo el acusado, no fue un insulto, sino que destacaba su astucia. Esa sentencia recibió ayer un aluvión de críticas. Pero revisando las sentencias emitidas por este tribunal se encuentran otras muchas, más de una quincena, que aplican un criterio similar.

Los ponentes de estas sentencias absolutorias o revocatorias de condenas razonan sus fallos en que para que se aplique la Ley de Violencia de Género, que endurece las penas para el varón agresor, tiene que haber un componente machista probado, y en el resto de casos tiene que aplicarse el Código Penal.

La Audiencia Provincial se apoya en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2009 decía que "no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género". Este argumento fue esgrimido por el Supremo en un caso concreto de agresiones mutuas dentro del matrimonio. El Tribunal Constitucional validó la Ley de Violencia de Género en julio de 2010 y estableció que la desigualdad en el trato de las agresiones según el sexo estaba justificada en que se trata de combatir "una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas".

Durante el verano de 2010, una sentencia de la Audiencia murciana consideró que amenazar de muerte a una mujer por pedir el divorcio no era delito. La Sala reconoció en la sentencia que "hubo una amenaza", pero la pena del acusado se quedó en una multa porque los jueces estimaron que "no aparece por ningún lado el necesario elemento machista de intento de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer".

Esta es la tesis principal defendida por el ponente Del Olmo en esta y otras sentencias como, por ejemplo, la que se utilizó para rebajar la pena impuesta a un hombre de Fortuna (Murcia) que abofeteó, tiró al suelo y propinó una patada a su pareja. En este caso, la Audiencia tampoco vio "dominación machista" en esta actitud y pidió en su fallo que este tipo de casos no se juzgaran a través de la actual Ley contra la Violencia de Género sino que fueran juzgados a través del Código Penal como otras agresiones comunes.

El tribunal estimó que los hechos no eran constitutivos de un delito de maltrato familiar, sino de "una falta de lesiones". El acusado fue condenado a una multa de 90 euros.

En otra sentencia de la Audiencia Provincial, se redujo la pena a un hombre previamente condenado por una amenaza de muerte a su mujer. Tuvo que pagar dos euros durante 10 días a la denunciante. La magistrada argumentó que la expresión "te voy a matar" no era una amenaza directa a la mujer ni manifestaba "dominación" hacia ella.

Para los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial murciana, dormir en el suelo por temor a la pareja tampoco constituye una prueba para contrastar un delito de maltrato. La mujer que denunciaba había sido insultada por su marido que la había quemado con un cigarrillo. Sin embargo, otra sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de junio de este año tampoco veía pruebas de maltrato. Además, se argumentó que "la decisión de la víctima de dormir en el suelo no es directamente imputable a la acción del acusado". El presunto agresor fue absuelto porque, además, según los jueces de la Audiencia, "no hubo lesiones".

Los miembros actuales de la Sección Tercera son Juan del Olmo, que fue el instructor del 11-M en la Audiencia Nacional, María Jover Carrión y Augusto Morales Limia. En los dos últimos años otras dos mujeres han estado en la sala como sustitutas: Beatriz L. Carrillo y Francisca I. Fernández.

Fuente El País

La defensora ve más grave la amenaza de muerte a la mujer que el insulto de 'zorra'

La abogada Fuencisla Martín, defensora de oficio de la mujer víctima de malos tratos cuyo marido fue condenado por un delito de amenazas continuadas, ha dicho hoy que sólo está de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que revoca ese fallo en lo referido a que el agresor empleó la palabra "zorra" como un símil de animal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Juan del Olmo, revoca la condena a un año de prisión dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena y afirma que llamar "zorra" a la esposa no constituye menosprecio o insulto, si quien utiliza este término lo hace "para describir a un animal que debe actuar con especial precaución".

En declaraciones a Efe, la letrada dice que comparte con la Audiencia el sentido de esa palabra interpretado por el tribunal porque "en ningún momento (el ex marido) le estaba llamando puta", si bien -insiste- lo utilizó "como amenaza" en una conversación telefónica con su hijo.

Según Martín, en esa llamada la ex pareja de su representada le pidió al hijo: "Dile a tu madre que va a tener que ir como las zorras, mirando por la calle para adelante y para atrás, porque en cualquier momento la voy a matar".

Va a salir en 'una caja de pino'

Fuencisla Martín, tras reiterar que "no le está diciendo prostituta, sino que va a salir en una 'caja de pino'", ha lamentado que se utilice en estos términos la ley contra la violencia de género, porque "existió intencionalidad" en el comportamiento del hombre y "no existe ninguna amenaza más grave que la de la muerte".

Asimismo, ha dicho que el ex marido tiene antecedentes por violencia de género y existe una sentencia condenatoria anterior, de enero de 2009, por sendos delitos de amenazas y malos tratos.

En ese juicio, el agresor reconoció haber agredido y amenazado a la esposa y fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad y a permanecer alejado a más de 500 metros de la víctima, entre otras penas.

Amenazas a la madre a través de los hijos

La abogada ha insistido en que el hombre no ha violado nunca la orden de alejamiento, aunque ha utilizado en numerosas ocasiones a los hijos para amenazar a la madre, quien ha interpuesto hasta la fecha "20 o 30" denuncias contra él por "hechos muy graves" que no han podido ser probadas.

Sobre ésta y otras revocaciones anteriores dictadas por la Audiencia Provincial, esta abogada dice que en una discusión entre una pareja, "sin dominación ni humillación del hombre sobre la mujer", no es justo que a él se le juzgue por un delito y a ella por una falta, si bien insiste en que el caso que ella lleva no tiene nada que ver con una pelea, sino con amenazas de muerte de un hombre ya condenado por malos tratos.

Fuente El Mundo