martes, enero 20, 2015

Una juez ordena devolver a la hija de una víctima de violencia de género con su abuela materna

Un juzgado ha ordenado devolver con la abuela materna a una menor hija de una mujer asesinada en Orihuela (Alicante) en un caso de violencia de género registrado el pasado año. La niña, de 3 años, residía con su tía paterna, hermana del presunto asesino, después de que la Generalitat, que tiene la tutela, la entregase en acogida en detrimento de la familia de la víctima. 

El auto del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Alicante, deja provisionalmente sin efecto la resolución administrativa de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social del 27 de noviembre de 2014, que establecía el cese del acogimiento por parte de la abuela, y decreta que sea reintegrada a ésta "de manera inmediata", medida que ya ha sido ejecutada, según fuentes próximas al caso. 

La Generalitat declaró de urgencia el desamparo de la menor el 12 de agosto del pasado año, ocho días después de que Yolanda Aniorte, de 39 años, fuera hallada muerta en un piso del barrio oriolano de Capuchinos. El cadáver presentaba fuertes golpes en la cabezacausados con una especie de maza y el presunto asesino, su compañero sentimental, se había dado a la fuga. El sospechoso, identificado como Juan Antonio M.M., de 37 años, fuedetenido en Murcia al día siguiente, 5 de agosto, por agentes del Cuerpo Nacional de Policía. 

La pareja tenía una hija pequeña -la menor ahora tutelada- que se encontraba en casa de un familiar en el momento del crimen, mientras que la víctima tenía otro hijo fruto de una relación anterior. Tras la declaración de desamparo, la Conselleria entregó a la hija de la fallecida a su abuela en régimen de acogimiento familiar mientras analizaba quién era la persona más idónea para hacerse cargo de la niña. 

El pasado 27 de noviembre, la Dirección Territorial de Bienestar Social cesó el acogimiento con la familia materna y entregó a la menor con la hermana del presunto homicida, quien se encuentra en prisión preventiva en la actualidad. Esa decisión se basó en un informe emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Orihuela, que establecía la idoneidad de la tía paterna para encargarse de la pequeña en detrimento de su abuela materna. 

Sin embargo, la responsable del juzgado de Primera Instancia 8 de Alicante, María Luisa Carrascosa, discrepa de las conclusiones de ese informe y ha suspendido cautelarmente la resolución administrativa. 

En su auto, dictado el pasado 23 de diciembre tras la celebración de una vista, la juez afirma no entender por qué el informe "es mucho más amplio respecto" de la abuela y "demasiado somero" en cuanto a la tía, algo que se plasma en el número de entrevistas y visitas domiciliarias recibidas por una y otra por parte de los técnicos. 

Recuerda la magistrada que no hay objeción alguna en cuanto a los medios y la vivienda con que cuentan ambas para atender a la menor, pero tampoco se ha acreditado hechos esgrimidos para cesar el acogimiento con la abuela como que otros miembros de su familia pernoctasen en su domicilio. 

Además, esta última tiene "un empleo estable", es "receptiva al apoyo y orientación de los servicios sociales" y tiene en acogimiento otra nieta de 15 años en la actualidad "sin que se haya puesto objeción alguna por parte de la Administración", por lo que "no se acierta a entender el motivo por el que pueda considerarse idónea en este momento para un acogimiento pero no para el otro", continúa en el auto. 

De igual modo, añade la juez, "no existe motivo alguno para separar" a la pequeña tutelada de su hermano de 10 años, que pasa mucho tiempo en casa de su abuela materna "y tiene un buen rendimiento escolar y personal a tenor de la declaración testifical de su tutor". 

La magistrada también califica de "sorprendente" que la Conselleria recabase del padre su "consentimiento para el acogimiento familiar con los tíos paternos" cuando se encuentra en prisión preventiva como presunto autor del asesinato y se halla "incurso en causa de privación de la patria potestad". 

En definitiva, el auto establece que la resolución administrativa del 27 de noviembre de 2014 no aporta "ninguna motivación", es "una copia literal" de la que se dictó el 12 de agosto anterior y la Generalitat "no ha valorado correctamente las cualidades" de la abuela materna, por lo que dictamina que la niña sea devuelta a su abuela hasta que se realice una nueva "valoración adecuada de ambas familias por parte de los servicios sociales". 

Fuente El Mundo

miércoles, enero 14, 2015

Cortos para prevenir la violencia de género

La Delegación de Gobierno e Ibercaja presentaron ayer el primer certamen de cortometrajes  para concienciar sobre el problema de la violencia de género. 

El delegado, Gustavo Alcalde, explicó que el objetivo del concurso es "formar, prevenir y sensibilizar a los jóvenes contra esta lacra", entre los que, según la directora de la obra social de Ibercaja, Teresa Fernández, se viene detectando una "creciente tendencia al control y al maltrato psicológico". Por esto, aseguró Alcalde, "las fórmulas coercitivas son necesarias, pero la solución para atajar el problema llegará únicamente desde la educación". 

En este sentido Fernández citó un proverbio usado por el filósofo José Antonio Marina, "para educar a un niño se necesita a toda la tribu" que habla de la necesidad de implicación de la sociedad en conjunto. 

Los alumnos pueden participar a partir de los 10 años, edad en la que "ya son conscientes de las relaciones que mantienen con los demás" explicó Fernández. Se dividirán en tres categorías, la primera para alumnos 5° y 6° curso de primaria, la segunda para toda la ESO y la tercera para ciclos de FP, tanto medios como superiores. En cada una de ellas se premiará a los centros que presenten el mejor corto con 1.500 euros y al segundo mejor con 1.000, a gastar en material educativo.

I. ARASANZ

martes, enero 13, 2015

Violencia machista de toda la vida

Educadas en el machismo, crecidas en la naturalidad de la agresión, minadas de autoestima... Más de un millón de mujeres mayores de 65 años revela haber sufrido violencia de género en su vida, casi 300.000 en el último año. Lo dice la estadística, pero en el sótano de las cifras, escondidas, hay más. Las que lo callan, lo perdonan o ni lo identifican. Es la violencia machista en la última edad, la gran bolsa oculta del maltrato de género

«Mi marido me ha dado una bofetada o me ha empujado alguna vez, pero eso no es maltrato. Maltrato es que te dé una paliza», contestaban muchas en una gran encuesta realizada por el Gobierno en 2006. «¿Qué van a pensar mis hijos si me separo? ¿Dónde voy a ir ya, si no sirvo para nada?», le dijo no hace mucho a su psicóloga una señora de 70 años, los mismos que la asesinada de ayer y tan encanecida de violencia como ella, en el estreno de su terapia... Mujeres mayores que parecen viejas de más.

La macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en 2011 es la última gran aproximación estadística que se ha hecho sobre el fenómeno más allá del maltrato que llega a los juzgados.

El trabajo arroja datos inquietantes sobre la violencia machista en España, como el de que el número de mujeres que la han sufridoalguna vez en la vida es de 2.154.706. Es decir, casi el 11% de las mujeres que viven en España. Trasladada al último año, la cifra llega casi a las 600.000, el 3% de la población femenina.

Cuando la investigación estudia los grupos de edad desvela que el de mujeres mayores de 65 años es el que menos manifiesta sufrir o haber sufrido violencia machista. Y, pese a ello, cuando a esas mujeres se les pregunta por violencia recibida alguna vez en la vida contesta que sí el 6,7%. O sea, 1.324.452 mujeres. Y en el último año, 276.751, el 1,4%.

«En esa cifra del último año influyen dos factores: la viudedad y el alto porcentaje de las mujeres que han logrado salir de la violencia. Llega un momento en que hay más crítica, la mujer dice basta. Pero también aumenta el riesgo». Habla el forense Miguel Lorente Acosta, que dirigió aquella macroencuesta como último delegado del Gobierno socialista contra la Violencia de Género.

¿Por qué las mujeres mayores son las que menos revelan su maltrato? Miguel Lorente: «Porque experimentan una normalización de la violencia. Y van admitiendo como normales elementos de mayor intensidad. Lo que antes era un empujón, ahora es una paliza. Lo llegan a justificar sobre motivos usuales o a considerarse ellas responsables.

Es el grupo de mayor vulnerabilidad, el que tiene más dependencia emocional, física y hasta económica. Y menos oportunidades para rehacer su vida».¿Por qué las mujeres mayores son las invisibles de la violencia de género?

La psicóloga clínica Susana Enciso lleva un manojo de años rehabilitando víctimas y reconstruyendo vidas en un centro de recuperación integral de mujeres maltratadas. Y tiene respuestas: «Han sido educadas en el machismo; la mujer en casa, las decisiones importantes las toma él... Además, llevan tantos años de violencia que la han normalizado, aunque les sigue dañando igual.

La violencia forma parte de su vida. Hay mujeres con 40 años de humillaciones y desvalorización a cuestas. Les han devuelto un reflejo de ellas mismas que les hace sentirse muy pequeñas. Tienen las fuerzas limitadas y una sensación de autoeficacia muy baja. Ellos les han convencido de que no pueden ser nada por sí solas». «Pero nadie -prosigue esta experta- se dirige a ellas, no hay campañas específicas

Es como si no existieran. La sociedad debe darles respuestas y ayudas reales, ofrecerles un lugar en el que no haya que partir de cero a una edad tan avanzada». En la vida de las mujeres mayores violentadas hay un momento crítico. Susana Enciso: «La jubilación de él. Los hijos se han ido de casa, él tiene todo el día por delante y ya no hay nada que le frene. Recuerdo una mujer que me lo dijo todo en una frase: 'Se acabó mi libertad condicional'».

Fuente El Mundo

jueves, diciembre 11, 2014

El test que valora el riesgo de las maltratadas será modificado

El Gobierno lleva varias semanas probando en algunas comisarías un nuevo y modificado cuestionario policial de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género, cuyo sistema actual levanta críticas entre los expertos: es "como tirar una moneda al aire", dice la psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid; "debe cambiarse, porque la asignación automática de calificación no ha funcionado", sostiene el Sindicato Unificado de Policía (SUP); "hay que incluir en los protocolos y comunicar al juez los informes sanitarios y de atención social o psicológica para completar una evaluación relevante de riesgo", reclama el PSOE. Y hasta la propia delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, remueve la configuración actual: "Las valoraciones de riesgo tienen que hacerse de forma más frecuente para proteger durante más tiempo a las víctimas del maltrato machista".

Bajo la idea de una nueva versión 4.0 (la última actualización, la 3.1, se desarrolló en noviembre de 2010), los ministerios de Interior y Sanidad e Igualdad han elaborado un cuestionario piloto que incluye indicadores de situaciones de especial vulnerabilidad, como la discapacidad, e incorpora preguntas sobre nuevas tecnologías y uso de redes sociales, situaciones laborales del agresor y la víctima o temas relacionados con los hijos. Las primeras previsiones del Gobierno apuntaban a la implantación del nuevo cuestionario durante el primer semestre de 2015, pero podría retrasarse al segundo "por la complejidad técnico-científica de esta actuación", según la respuesta que Interior dio recientemente a la diputada socialista Ángeles Álvarez.

Los datos incluidos en el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ contaban que 14 de las 15 mujeres asesinadas este año que habían denunciado a su agresor contaron con valoraciones de riesgo bajo o no apreciado, lo que implica un determinado y menor nivel de protección policial. Junto a ello, en un informe enviado en marzo a Ángeles Álvarez, el Gobierno admitía que las valoraciones de riesgo alto o extremo (las que implican una vigilancia exhaustiva y que llega a poder abarcar las 24 horas del día) han bajado un 30% en los últimos tres años.

En ese mismo periodo, las valoraciones de riesgo extremo descendieron asimismo de forma espectacular: hasta un 46%. Según los datos del VI Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, donde están presentes varios ministerios, colectivos de mujeres y representantes autonómicos, si en 2010 se hicieron 94.979 valoraciones policiales de todo tipo de riesgo, en todo 2013 cayeron hasta las 64.112. De ellas, sólo 16.015 fueron catalogadas como de riesgo medio o alto a lo largo del año pasado, frente a las 31.691 que se consideraban así en 2010.

Los exámenes de peligro son realizados por los agentes de policía o Guardia Civil a las mujeres que presentan una denuncia y se elaboran según un cuestionario que incluye varios niveles de riesgo por cada asunto sobre el que se pregunta. En función de las contestaciones de la mujer, el agente va rellenando el cuestionario, que una vez finalizado es analizado automáticamente por el ordenador. La experiencia de los policías especializados en violencia machista cuenta que, ante respuestas no muy claras, muchos de ellos eligen una casilla alta "para que la calificación no se quede corta". Sin embargo, eso no siempre ocurre así, y la calificación puede variar sustancialmente de la realidad.

Javier Estévez, portavoz del SUP, señala que "hay preguntas muy cerradas, pero otras no tanto", lo que permite a la víctima, que está nerviosa, "dar una contestación no del todo veraz". "Esto incluye un elemento distorsionante", explica.

Al diagnóstico informático que resulta tras rellenar el cuestionario, los agentes pueden añadir una valoración subjetiva. Pero el problema está en que muchas veces este juicio se realiza "por policías no especializados en violencia de género", ya que el servicio de atención a las víctimas no funciona las 24 horas del día.

Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, coincide con el SUP en que "hay que revisar los criterios de esa máquina de asignación". Recuerda que, al final, "el policía puede quitar o añadir cosas, pero es un mero transmisor, porque quien hace la valoración es un juez".

"El cuestionario tiene un agujero importante, porque está realizado por personas que no tienen ni cualificación ni conocimientos sobre la evaluación conductual. Es como tirar una moneda al aire", asegura la psicóloga forense de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, Rocío Gómez Hermoso. Desde una experiencia de más de 30 años, dice que los retoques en los cuestionarios responden a un enfoque "publicitario, para que parezca que se está haciendo algo, aunque en realidad no es efectivo y no tiene calidad".

"No son adecuados, porque tienen una sensibilidad inferior al 50%, es decir, que dejan fuera a muchas personas peligrosas que no son captadas", indica a Europa Press.

Gómez recuerda que existe otro protocolo de evaluación, el impulsado por el Ministerio de Justicia en 2012 y elaborado por un psicólogo para que los médicos forenses de los juzgados, si los hay, lo apliquen. La experta reseña que ya en inicio fue muy criticado por los colegios y asociaciones profesionales de Psicología, por tener una sensibilidad inferior al 45% y estar a cargo de personal no experto. "Un médico no puede hablar de la peligrosidad de una conducta porque no es un psicólogo. Como no nos quieren pagar a los psicólogos ni las guardias ni el reconocimiento profesional, nos dicen que eso lo hace el médico que sí tiene la guardia concedida. El médico o no lo aplica porque reconoce que no sabe hacerlo, o lo aplica mal o le cede la evaluación a la policía", detalla.

En muchos casos, ni siquiera está ese médico, ya que las unidades de valoración forense que, según la ley, deberían estar a disposición de todos los juzgados de violencia sobre la mujer, no se han generalizado, de modo que son muchos los jueces que dictan medidas cautelares en la actualidad sin tener un informe sobre el riesgo de la víctima que vaya más allá de la evaluación policial.

Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, expresa, en este sentido, que las "valoraciones hay que mejorarlas" y que "deberían hacerlas también los forenses para que se diera una valoración integral".

Una de las proposiciones que hace el último informe del CGPJ sugiere también que "debería estudiarse la posibilidad de incluir la entrevista con personal de servicios asistenciales que atiende a la víctima también en las valoraciones de riesgo no apreciado y bajo riesgo". "En estos casos, independientemente de si existe o no medida judicial de protección, se deberían adaptar medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante".

Sea como fuere, los propios policías encargados de hacer estas valoraciones reconocen que el procedimiento tiene mucho que mejorar. José María Serrano, portavoz del Sindicato Profesional de Policía, opina que haría falta redistribuir de otra forma a los efectivos, de tal manera que se concentraran en los horarios (noches, vacaciones) donde más actúa la violencia machista. También hace falta "mejorar la comunicación" con los juzgados, para que sea más "veloz" y "fluida" Y, sobre todo, hay que reforzar los modelos educativos, "porque se está volviendo a patrones y roles" machistas.

Fuente El Mundo

martes, diciembre 09, 2014

Catorce de las 15 asesinadas en 2014 que habían denunciado a su agresor por violencia machista tenían una valoración policial de riesgo «no apreciado» o «bajo», según el último informe del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

El documento estudia 15 casos porque está fechado el 1 de diciembre, por lo que no incluye los dos asesinatos de ayer en Valladolid (la víctima había denunciado) y en Valencia (no lo hizo). El decimoquinto caso analizado -la mujer de Madrid que, junto a su hija, murió a manos de su novio y cuyos cadáveres aparecieron en noviembre- está bajo secreto del sumario, circunstancia que hace que el informe no haya podido profundizar en él.
El Informe sobre fallecimientos por violencia de género con procedimientos judiciales previos en 2014 señala que incluso en dos de los tres casos en los que la orden de protección estaba en vigor -Villarejo de SalvanésCubillos de Sil y Berja-, el riesgo fue valorado como «bajo» o «no apreciado». Y ese peligro, ya fuera evaluado alto, bajo o inexistente, siempre vivió en las 47 mujeres en total (más ocho casos en investigación) asesinadas en lo que va de año.
La mayoría no denunció, pero las 15 analizadas en el informe, sí. Se atrevieron a salir de la intimidad de la violencia y se la contaron al Estado para que las protegiera: asistentes sociales, médicos, policías, jueces... Pero murieron. ¿Qué falló?
A ello responde el dossier de 23 páginas elaborado por el Grupo de Expertos del Observatorio de Violencia de Género del CGPJ con información propia y de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género del Minsiterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Parte del texto fue hecho público la semana pasada, pero ELMUNDO ha tenido acceso al informe completo, que repasa, uno a uno, 14 casos y apunta algunos datos sobre el decimoquinto, la historia fatal de A. P. y su pequeña A. El 16 de enero, la madre y abuela de las víctimas presentó una denuncia en el Decanato de los Juzgados de Madrid por malos tratos a las tres. El CGPJ indica que, a falta de recibir la copia íntegra del caso, «parece que las diligencias previas fueron sobreseídas», porque no se localizó a la denunciante en la casa que señaló el Juzgado Número 16. Los cuerpos fueron hallados hace dos semanas, el auto está bajo secreto sumarial y no se conoce la valoración de riesgo.
«Más de la mayoría de las víctimas tenía una valoración de riesgo entre medio y no apreciado. Dicha valoración no debería restringir las opciones de protección o debería evitar una percepción de impunidad o incredulidad», escribe el CGPJ.
Todas las órdenes de protección que las víctimas pidieron, ocho, fueron concedidas. Pero los jueces no impusieron a ningún condenado los dispositivos telemáticos que alertan de sus acercamientos a las víctimas. «Estamos incentivando la formación en la materia, teniendo en cuenta que no se ha producido ningún homicidio/asesinato con pulsera».
La dispensa de declarar contra un familiar, «en la redacción que se mantiene del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el siglo XIX», está detrás de muchas de las renuncias, lo que pasó en la mitad de los casos. La voluntad o la coacción -«Me hice las heridas porque me caí», alegó M. J. en el juzgado de Lugo; «fue una pelea de los dos. El error fue mío», dijo M. F. en el de Arenys dos meses antes de ser asesinada- provocó archivos y la reanudación de la convivencia. O sea, un aumento de la «vulnerabilidad».
«Las víctimas de maltrato no quieren que sus agresores vayan a la cárcel, quieren que no se les acerquen más. Por eso se danarrepentimientos cuando los letrados trasladan a las víctimas las consecuencias penales de la denuncia». «Así -prosigue el informe- las víctimas llegan a no querer declarar o cambian sus declaraciones para proteger a sus agresores (...) La formación especializada es imprescindible (...) El Juzgado debe tener elementos para valorar la situación objetiva de riesgo».
Y el CGPJ lanza una crítica a la dispensa: «La redacción del 416 genera buena parte de las absoluciones. Y crea distorsiones en violencia de género. (...) En ningún otro delito, la víctima no sólo no se limita a perdonar a su agresor, sino que se culpa de su propia agresión, y está inmersa en el llamado ciclo de la violencia: agresión-denuncia-arrepentimiento-agresión (...) Este recurso procesal es un nuevo instrumento de dominación al servicio del violento».
Tres de los asesinos tenían antecedentes de agresión a otras parejas. El informe argumenta que hay que vigilar al agresordespués de cumplida la pena, ya que «una mayoría de condenados siguen obsesionados con el sentimiento de propiedad de que la ex pareja les pertenece a ellos 'y a nadie más', hecho que provoca una persecución permanente».
Y cuenta que en uno de los casos de esta quincena de sangre denunciada, el juicio rápido tardó ocho meses en fijarse. Pero llegó tarde: un día antes de celebrarse, él la mató.

Escudos rotos, vidas muertas

Alejamiento de 18 meses, muerte en tres
Tres meses después de que caducara la orden de alejamiento de un año y medio de duración, la pareja de N. R. P. acabó con su vida. Ella le había denunciado el 12 de septiembre de 2011 por trato degradante y el día 14, el Juzgado de Instrucción Número 6 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) lo condenaba a seis meses de prisión y prohibición de hablar y acercarse a la mujer a menos de 1.000 metros durante 18 meses. La pena se ejecutó entre el 14 de septiembre de 2011 y el 12 de septiembre de 2013. Maltratador y maltratada volvieron a convivir pero el día de la noche de Reyes de este año, él la mató. «La víctima fallece no teniendo ninguna medida cautelar ni procedimiento en trámite», remarca el CGPJ, por lo que no existía valoración de riesgo. «La reanudación de la convivencia con el agresor tras una denuncia y haber una condena aumenta enormemente la vulnerabilidad de la víctima».
Violencia, psiquiátrico y riesgo
El 15 de octubre de 2007 el hombre que siete años después acabaría matando a L. H. S. fue condenado por injurias a seis meses de prisión y cuatro de alejamiento. Después, el Juzgado Mixto Número 1 de Amposta (Tarragona) lo condenó por maltrato a seis meses de prisión y a no aproximarse durante dos años, un alejamiento que acabó en febrero de 2010. La Guardia Civil y los Mossos hiceron seguimiento durante ese periodo. El 11 de noviembre de 2012 el juzgado ordenó el internamiento del hombre en un centro psiquiátrico hasta que los médicos lo vieran oportuno. Pero el 28 de enero de 2014, la mujer fue asesinada «sin tener en vigor ninguna medida cautelar». «La relación continuó tras la condena y el alejamiento. La víctima estuvo en una clara posición de riesgo, con el agravante de la enfermedad psiquiátrica del agresor».
'Sin medida de protección'
También M. D. P. murió sin medida de protección alguna ni evaluación policial de riesgo, al menos en el informe que maneja el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. «Se trata de una situación idéntica a las anteriores. Tras las condenas del agresor, no existe ninguna medida de protección en vigor y la relación continuó con posterioridad». Todo arrancó el 3 de marzo de 2009, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Elche condenó al acusado por malos tratos en el hogar a la pena de seis meses de prisión, privación al derecho a la tenencia de armas por 16 meses y a la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima o a su domicilio durante 14 meses. La medida dejó de estar en vigor en 2010. Pero cuatro años y ninguna protección después, el 30 de enero de 2014, la mujer fue asesinada.
Antecedentes, perdón y archivo
El Juzgado Mixto Número 6 de Arenys no consideró probado el maltrato sobre M. F. y el 6 de abril de 2013 sobreseyó. El 29 de septiembre la mujer volvió a denunciar y el Juzgado Número 1 ordenó alejamiento. Dos semanas después, el Juzgado Mixto 3 decretó libertad sin fianza porque la mujer quebrantó la protección, se acogió a la dispensa a declarar y desmintió los hechos. «Queremos retirar la orden de alejamiento, porque fue una pelea y un error mío», dijo. El 11 de octubre el Juzgado Número 3 archivó la causa y el día 22 el Número 6 anuló la protección. Ese Juzgado abrió juicio por amenazas el 10 de enero. Pero 20 días después, todo acabó: «La víctima muere sin orden de protección en vigor». El agresor tenía antecedentes de maltrato con otra pareja. «Tras varias denuncias y alejamientos, la víctima interesa el alzamiento de la medida situándola en evidente posición de riesgo».
Secuestro, embarazo y nula protección
«Las heridas me las hice al caerme», dijo M. J. al magistrado del Juzgado Número 1 de Lugo. Ella prestó esa declaración judicial el 18 de octubre de 2013, cuatro meses antes de que el hombre al que se había atrevido a denunciar ante la Policía la asesinara. Ni siquiera se llegó a juicio. Su marido, «tras secuestrarla de su casa familiar de Vilaboa», se la llevó a Lugo. Mientras, el 11 de noviembre, se acordó la inhibición del caso en el Juzgado de Instrucción Número 3 y el 3 de diciembre se incoaron diligencias previas. Sin embargo, apenas dos meses y medio más tarde, el 23 de febrero de 2014, la víctima que había negado los hechos, probablemente por coacción y miedo, y sufrido, además, un secuestro, fue asesinada por su marido. Estaba embarazada. «No se había solicitado orden de protección», sostiene el CGPJ, que no refleja ningún tipo de valoración policial de riesgo.
No declara contra él, se archiva y la mata
El 5 de abril de 2012 M. D. F. vio cómo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Barcelona dictaba un auto de sobreseimiento provisional «por no haber quedado debidamente justificada la perpetración de hechos penales», según el documento del Observatorio del CGPJ. El argumento judicial fue que la mujer no había ratificado la denuncia que había presentado anteriormente ante los Mossos d'Esquadra. Nada importó que la víctima llevara años viviendo intermitentemente y al parecer sin valoraciones altas de riesgo con un marido que había sido detenido por amenazas de muerte. El informe asegura que el hombre tenía «múltiples antecedentes policiales y había ingresado en prisión por otros delitos». El 28 de marzo de este año, el agresor mató a la mujer que dos años antes no había querido ratificar su denuncia ni declarar ante el juez contra él.
Tres denuncias y un historial violento
M. B. E. denunció tres veces al que acabó siendo su verdugo, que ya había sido procesado por el presunto ejercicio de violencia machista sobre otras dos mujeres en el pasado. El hombre fue denunciado por M. B. E. el 7 de febrero, el 2 de marzo y el 17 de abril de 2014. El Juzgado de Violencia sobre la mujer Número 1 de La Coruña sobreseyó una de ellas. El 5 de marzo incoó diligencias por lesiones y maltrato familiar y el 22 de abril, por amenazas y violencia. Pero decretó sobreseimiento y archivó la causa porque «no existían indicios suficientes para aformular una acusación fundada en derecho». Ocho días después, antes de que se dictara sentencia firme, asesinó a la mujer. Ambos habían reanudado la convivencia y no existían medidas cautelares, ni el CGPJ señala valoración de riesgo alguna, aunque la víctima había recibido asistencia jurídica y psicológica.
Tres denuncias, riesgo 'bajo' y asesinato
Esta historia de violencia denunciada arranca en diciembre de 2006, cuando el Juzgado Mixto Número 5 de Guadalajara no concedió orden de protección y dictó sobreseimiento en el caso de H. B. Cuatro años después, la mujer volvió a denunciar a su agresor y el 5 de noviembre de 2010 Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Arganda del Rey (Madrid) repitió decisión con el sobreseimiento y archivo de la causa. Sin embargo, el 1 de abril de este año, ese juzgado de Arganda sí consideró maltrato y sentenció una orden de protección para ella y una de alejamiento para él. El informe del CGPJ afirma que la Guardia Civil realizó «tres valoraciones de riesgo variando de bajo a no apreciado». Un mes después de la decisión del juez, el 5 de mayo, el hombre mató a la mujer en Villarejo de Salvanés (Madrid). Es uno de los tres asesinatos con orden de protección en vigor.
Orden de protección en vigor
E. N. denunció dos veces a su agresor, que tenía una orden de alejamiento activada cuando la mató. El 24 de abril de 2013 el Juzgado Mixto Número 5 de Ponferrada condenó al maltratador a cuatro meses de prisión y a un alejamiento de su víctima «en un radio de 15 metros» durante un año y cuatro meses por lesiones. Siete meses después de ese auto, el 7 de noviembre, el hombre fue detenido por quebrantar el alejamiento y aseguró que iba a denunciar a la mujer. De hecho, existían denuncias cruzadas entre las partes y se estaba tramitando una orden de alejamiento de la víctima respecto del agresor. Pero el 24 de junio de este año, el hombre rompió el alejamiento que tenía fijado hasta el 15 de agosto y mató en Cubillos del Sil (León) a su víctima, que era beneficiaria del teléfono ATENPRO, un servicio de protección inmediata. Fue el segundo caso de muerte con protección en vigor.
El parte médico que llegó tarde
Larga historia judicial de V. F. que comenzó en octubre de 2009, cuando el Juzgado de Instrucción Número 2 de Málaga le concedió una orden de protección. En cambio, un mes después, el Juzgado 1 archivó la causa «por no parecer debidamente justificada la perpetración del delito». Y lo mismo hizo en diciembre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Años después, el 22 de julio de 2014, el Juzgado de Instrucción 14 de Málaga incoó diligencias y se inhibió al Número 1 de Violencia sobre la Mujer, que, a su vez, trasladó el asunto al Número 2. Y en ese trajín, siete días después V. F. fue asesinada «sin tener en vigor medida de protección alguna», ni constancia de valoración policial de riesgo, según el CGPJ. El informe cuenta que la víctima acudió a un centro médico, que emitió un parte de lesiones. Lo envió por correo ordinario al juzgado pero llegó tarde: un día después del asesinato.
Orden en vigor, riesgo no apreciado
El 26 de junio de 2014 el Juzgado Mixto 22 de Berja (Almería) dictó protección para M. C. y un alejamiento de 200 metros para su agresor. El 8 de julio, se condenó al acusado por vejaciones a seis días de localización permanente y a un alejamiento de tres meses. El informe resalta que la denuncia fue interpuesta en el Juzgado en vez de en la comisaría o el cuartelillo, «de modo que no constaba en el sistema Viogen (sistema integral de seguimiento de Interior), no pudiéndose hacer una nueva valoración de riesgo, que en el momento del fallecimiento era no apreciado». Él la mató el 2 de agosto, con un alejamiento en vigor, justo al día siguiente de cumplir su pena de localización vigilada. El CGPJ afirma que el hecho de que esa localización fuera controlada por la Policía Local y no por la Nacional o la Guardia Civil, «también puso a la víctima en riesgo al desconocerse este dato en Viogen».
Absolución y crimen sin escudo
El hombre que el 3 de octubre de este año asesinó en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a G. D. tenía varios antecedentes de violencia de género con una pareja anterior y por los cuales había sido condenado. El 6 de junio de 2008 Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Barcelona acordó una orden de protección sobre su pareja anterior y a él le impuso un alejamiento que se canceló cuatro meses después. El 5 de mayo del año siguiente le absolvió. El agresor cambió de mujer y el 14 de abril de 2011, G. D. le denunció por «maltrato habitual». Pero el 1 de septiembre de aquel año el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Hospitalet decretó el sobreseimiento provisional de la causa. La vida siguió unos años hasta que el 3 de octubre de 2014, la víctima fue asesinada «sin medida de protección alguna» y sin riesgo valorado por las Fuerzas de Seguridad.
No hizo falta juicio: la mató un día antes
El Observatorio señala este caso como ejemplo de «tiempo excesivo» entre las «diligencias urgentes» y el señalamiento del juicio: ocho meses. O sea, un día después del asesinato. En marzo de 2014, la víctima denunció a su agresor por maltrato en el hogar, pero luego no pidió alejamiento ni protección. El Juzgado de lo Penal 16 de Barcelona no dictó medida cautelar de protecciíon alguna. Y señaló el «juicio rápido» por unos hechos que habían ocurrido en marzo para el 11 de noviembre. No hizo falta citar a las partes porque, sin medida de protección de ningún tipo en vigor, ni calificación policial de riesgo, según el informe del Observatorio, el agresor mató a la mujer el 10 de noviembre, un día antes del juicio. El documento del CGPJ subraya que «en Barcelona no existe especialización de Juzgados de lo Penal en materia de violencia sobre la mujer».
El Fiscal no protege, la mujer muere
Hace menos de un mes que H. J. fue asesinada en Gerona por el hombre al que había denunciado unos cuantos meses antes sin obtener nada de la Justicia. «A falta de recibir todos los antecedentes», el informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial relata que en febrero de 2014, la mujer denunció a su pareja por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia machista. El Juzgado de Instrucción Número 7 de Figueras inició diligencias contra el agresor, pero denegó una orden de protección, que ni siquiera la Fiscalía había solicitado. La víctima volvió a vivir con su verdugo sin medidas de protección de ningún tipo ni valoración policial de riesgo que aparezca reflejada en el informe. Hasta el 14 de noviembre de este año. Ese día, el hombre que se había librado de una orden de alejamiento nueve meses antes acabó con la vida de H. J.
Fuente El Mundo


jueves, diciembre 04, 2014

Conclusiones Oficiales del V Congreso del Observatorio del Violencia de Género del CGPJ

El informe que emitió la Policía sobre la mayoría de las mujeres asesinadas este año en crímenes de violencia de género que habían presentado denuncia previa por malos tratos decía que no estaban en una situación de riesgo o que la peligrosidad era media o baja.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras analizar caso por caso las causas que pudieron concurrir en el fatal desenlace de 14 mujeres muertas a manos de sus parejas aunque habían presentado denuncias previas por maltrato.

"La mayoría de las víctimas tenían una valoración del riesgo entre 'medio' y 'no apreciado', lo que hace preciso una revisión de los formularios utilizados en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género del Ministerio del Interior (Viogen)", explica el informe.

Por eso, la institución propone que incluso cuando el diagnóstico sea de riesgo bajo o no apreciado, "se incluya la entrevista con personal de servicios asistenciales que atienden a la víctimas, y que en estos casos se adopten medidas policiales de control para la seguridad de la denunciante independientemente de si existe o no medida judicial de protección".

El pasado mes de abril, el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo con el Ministerio del Interior para modificar el cuestionario del que se sirven los policías para realizar la evaluación del riesgo e incluir nuevas variables, como la situación laboral de la víctima, la existencia de hijos menores o su discapacidad, si la hubiera. Esta medida aún no ha entrado en vigor.

Ampliar el alcance del Viogen

Partes y juicios que llegan tarde

Informar a la víctima, aprobar las reformas

Para las fuerzas policiales, el Observatorio propone también la "introducción obligatoria de las denuncias que no se interponen ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el sistema Viogen, de modo que este contenga toda la información necesaria para la seguridad de la víctima".

Pide además, que se integren en el sistema las policías locales, que en ocasiones se encargan del control de las penas de localización permanente, y se interconecte con los sistemas de gestión deInstituciones Penitenciarias y los puntos de coordinación de las órdenes de protección de las comunidades autónomas, para que la víctima y todos los agentes implicados, estén informados a tiempo real de la situación del agresor.

No es la única coincidencia en los casos analizados que ha encontrado el Observatorio. Según el informe, "en la mayoría" de los casos analizados la víctima se acogió al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar contra su marido, que era el agresor".

La institución incide en que "dado que este tipo de delitos se cometen habitualmente en la intimidad del domicilio, la declaración de la víctima adquiere especial relevancia", por lo que propone que ésta sea grabada durante la fase de investigación con intervención de expertos y presencia de todas las partes, "y que pueda utilizarse para evitar una nueva declaración en el acto de juicio oral".

También sobre el ámbito judicial, destaca que en ocho ocasiones en las que se solicitó la órden de protección esta fue acordada, pero "en ninguno de los casos se acordó la imposición de dispositivos electrónicos, herramienta que sólo suele utilizarse cuando ya se ha producido algún quebrantamiento".

Por eso, dice que "incentivará la formación de jueces y magistrados en esta materia", ya que "no se ha producido ningún homicidio o asesinato en el que el presunto autor llevara la pulsera electrónica, lo que indica que los órganos judiciales habían valorado correctamente el riesgo de la víctima".

Además, indica que en uno de los casos, el parte de lesiones extendido por un centro de salud al que acudió la mujer diez días antes de ser asesinada, "llegó por correo ordinario al juzgado 24 horas después del crimen" por lo que solicita que estos partes sean remitidos "por vía urgente" a los órganos judiciales y las fuerzas policiales competentes.

En otros dos de los casos ha encontrado "un excesivo plazo de señalamiento", de hasta ocho meses, del juicio rápido ante el Juzgado de lo Penal, cuando por ley, la fecha no debería fijarse más allá de los primeros quince días. "El Observatorio ha solicitado el impulso por parte del CGPJ de la especialización de los Juzgados de lo Penal, tal y como recomienda la Ley Integral", dice sobre este asunto.

Sobre la respuesta a los agresores, se refiere a las muertes de tres niñas en Zamora y Asturias a manos del maltratador de sus madres para señalar que en su opinión es "conveniente y necesario que en los casos de delitos graves, como homicidios o asesinatos, el agresor sea privado de la patria potestad imperativamente como pena principal y no sólo accesoria, como ocurre en la actualidad".

En esta línea, propone que en los casos de violencia de género se tenga en cuenta la existencia de condenas anteriores por delitos leves para no aplicar la suspensión de la pena privativa de libertad que, según el Código Penal, puede concederse a los condenados a menos de dos años de prisión que enfrenten su primer delito. Aboga asimismo por "incidir en la rehabilitación del maltratador, con programas de reeducación".

Además, propone estudiar la conveniencia de eliminar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño que se tienen en cuenta en delitos de violencia de género, "tras constatar que la reacción de confesar el crimen en estos supuestos obedece más a un componente de jactancia o reafirmación que al arrepentimiento".

Otra de las recomendaciones de la institución versa sobre la necesidad de "que la mujer esté informada desde el primer momento del peligro que corre si vuelve con su agresor y de los medios de prueba que debe aportar para que el juzgado valore adecuadamente su situación de riesgo", a la vista de que ocho de las mujeres asesinadas habían reanudado la convivencia con el agresor tras denunciarle, e incluso después de que éste fuera condenado.

En este sentido, considera "muy positiva" la propuesta de prestar asistencia jurídica gratuita previa a la interposición de la denuncia que contempla el anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y recomienda tramitarlo de forma "urgente", junto a otras medidas anunciadas para violencia de género como las leyes de protección a la infancia, el Estatuto de la Víctima del Delito y la reforma del Código Penal.

Fuente El Mundo

martes, noviembre 25, 2014

Las denuncias por maltrato suben en Aragón y la inversión contra la lacra se hunde

Las denuncias por violencia de género en Aragón crecieron un 12% en Aragón en el primer semestre del año respecto al anterior, alcanzando las 1.631, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Un dato que, según las interpretaciones más benévolas, podría indicar que las mujeres se atreven más a denunciar a sus agresores. Pero una cifra que contrasta con la drástica reducción del presupuesto para igualdad y protección a las víctimas que ha sufrido la comunidad --y el país-- en el último lustro: por ejemplo, de 1.249.000 euros en 2011 a 599.000 para el año que viene. Con este panorama, que el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán --quien recordó los datos-- calificó de "atroz", se celebra hoy el Día Internacional contra la Violencia de Género. 

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Pilar Argente, ofrecerá hoy una panorámica más amplia del estado de la lacra en la comunidad, según las actuaciones del instituto. Ayer, en un simposio sobre el tema celebrado en el Paraninfo, avanzó el crecimiento de las denuncias y que, sin embargo, las atenciones en el IAM se mantienen en cifras similares al año pasado. Los datos en torno al problema son tan variados que pueden parecer contradictorios. Por ejemplo, las denuncias crecen a mayor ritmo que los asuntos que llegan a ingresar en los juzgados aragoneses especializados --que suben un 7,7%--, o a los casos que controlan las Fuerzas de Seguridad. Según Interior, los casos activos a finales del pasado mes de septiembre --que requieren control de la Policía o la Guardia Civil-- habían bajado un 18% en un año, de 1.635 a 1.374. Los de riesgo, sin embargo, sí crecían, de 314 a 335. 

RETIRADAS 
Según el letrado Antonio José Muñoz, coordinador del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) del Colegio de Abogados de Zaragoza, esta aparente contradicción se explicaría por los avatares que sufren las denuncias. "Por ejemplo, sigue ocurriendo que las retiran, por la dependencia económica o la presión de las familias. Vemos muchos casos en que el día del juicio se niegan a declarar, y si su testimonio es la única prueba, acaban en archivo", explica. No tienen estadísticas de estos archivos, pero pueden superar un tercio de los casos, "si esa retirada basta para cerrarlos y no hay otro testigo". 

Entre los expertos en la materia preocupa desde hace tiempo la incidencia de este problema entre los jóvenes. La diputada de IU en las Cortes Patricia Luquin incidió ayer en este aspecto, que habría que abordar de manera "más intensa" en su opinión, frente a la "desidia" del Gobierno autonómico actual. Luquin afirmó que los jóvenes, sobre todo las chicas, piensan que el acoso se debe a que "tu pareja te quiere" y que el maltrato solo existe cuando hay agresión física. 

CELOS 
Varios letrados consultados ayer coincidieron en que el fenómeno se enquista en la juventud, y que las chicas "lo perciben menos" incluso que sus madres. "Es un control más sutil, del tipo no me pongo esto porque no le gusta o no voy con estas amigas porque no le gustan", explicaba una letrada que prefirió permanecer en el anonimato. "Es sorprendente la cantidad de ellas que siguen pensando que los celos son parte del amor", indicó. Luquin incidió también en el presupuesto para igualdad, con ejemplos como la "congelación" del correspondiente al IAM en 3,3 millones, o los 48.000 para casas de acogida para víctimas, frente a los 315.000 de hace cinco años. 

Tanto IU como el PSOE como CHA anunciaron la presentación de sendas proposiciones no de ley y de preguntas al consejero Ricardo Oliván para incidir en la lucha contra la violencia, el mantenimiento (presupuestario) de la ley del 2004 y el respeto a los protocolos internacionales. CHA escenificó ayer ante la Aljafería un recuerdo a las 45 mujeres asesinadas por sus parejas este año en España, con la suelta de globos morados. Los partidos se unirán esta tarde a las diversas concentraciones de protesta convocadas por colectivos y oenegés. Cuyo presupuesto en subvenciones también se ha visto reducido en cinco años de 209.000 a 22.000 euros.