viernes, marzo 23, 2007

jueves, marzo 22, 2007

Asaltada una asociación onubense de apoyo a maltratadas

La sede de la asociación de ayuda a mujeres maltratadas Miríadas, en Huelva, fue asaltada la madrugada del miércoles. Los intrusos ocasionaron destrozos en el mobiliario y realizaron una pintada en las paredes de una de las salas en la que se leía: "Mi mujer es mía". Según los responsables de la asociación, los asaltantes no robaron nada, por lo que los primeros indicios apuntan a que el objetivo del allanamiento era asustar o coaccionar. Miríadas denunció ayer los hechos ante la Policía Nacional.

Es la primera vez que la asociación sufre un episodio similar, aunque ya antes se habían recibido llamadas amenazantes. Una de las preocupaciones de la portavoz de Miríadas, Alicia Narciso, era que no se hubiese producido el robo de ninguno de los más de 800 expedientes de mujeres maltratadas a las que la asociación ayuda.

Narciso aseguró no tener ningún indicio del autor o autores del asalto. "El colectivo atendido es víctima de malos tratos y la semana pasada tuvimos diferentes juicios y acompañamientos a la Policía", señaló Narciso. El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, acudió a la sede y se comprometió a encontrar un nuevo recinto "más seguro y cómodo" para la asociación.

Fuente El País

martes, marzo 20, 2007

Las Cortes aprueban la Ley contra la Violencia de Género, que incluye medidas de inserción social y laboral

Esta Ley adjudica a las mujeres víctimas de violencia el acceso al ingreso aragonés de inserción, siempre que lo necesiten. Se abonará una vez transcurridos 45 días desde la solicitud, que se formulará en los servicios sociales de la Comunidad. Además, los Consejos Comarcales, con algunas competencias transferidas, deberán prestar ayuda económica en los casos de urgente necesidad.

Los hijos de las mujeres maltratadas que hayan denunciado su situación se beneficiarán de medidas de escolarización, con los servicios que ello implica. Asimismo, el Gobierno autónomo podrá establecer otras ayudas económicas a favor de las mujeres víctimas de violencia.

Otras medidas de inserción serán el apoyo a estas personas para que accedan a viviendas de protección oficial y la creación de una línea de subvenciones a empresas, cooperativas, sociedades laborales y cualquier entidad que contrate a mujeres víctimas de violencia, y también a ellas mismas si deciden trabajar como autónomas. Las mujeres víctimas de violencia serán incluidas, con carácter preferente, en los programas de inserción laboral.

El Gobierno de Aragón ejercerá la acción popular en los casos más graves de violencia contra la mujer, si la víctima lo solicita, o cuando la mujer haya sido asesinada.

Esta Ley entiende por violencia contra la mujer todo acto o agresión contra mujeres, motivado por la pertenencia a este género que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico o psíquico, así como las agresiones a su libertad o la privación ilegal de libertad, y que se realicen al amparo de una situación de debilidad, dependencia, proximidad física, psíquica, familiar, laboral o económica de la víctima frente al agresor.

La Ley detalla varias formas de violencia contra la mujer, como los malos tratos físicos; psíquicos; sexuales; las agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; el tráfico de mujeres o la utilización de la mujer con fines de explotación sexual; la mutilación genital femenina; la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer; el maltrato económico, es decir, la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima.

Además de promover la realización de estudios y acciones de sensibilización, la Ley establece una nueva regulación autonómica de las casas de acogida, medidas de apoyo a los hijos de las mujeres víctimas de violencia y garantiza la asistencia letrada gratuita con un servicio permanente.

Sobre la Ley, la socialista María Angeles Ortiz indicó que es "lamentablemente necesario" continuar regulando la materia "dada la desigualdad que todavía existe entre hombres y mujeres" y comentó que "una ley no erradica la violencia de género, pero sí contribuye a hacer frente a este horror".

La popular Rosa Plantagenet subrayó que el PP lleva "largo tiempo" luchando contra esta "realidad trágica que habla de decenas de muertes" y señaló que "la sociedad está empezando a cambiar" y, de hecho, "las mujeres están cambiando la resignación por el ejercicio de sus derechos".

La nacionalista Yolanda Echeverría aplaudió la nueva normativa y pidió que el observatorio contra la violencia de género incluya la representación del movimiento asociativo de mujeres. Echeverría resaltó la importancia de la formación y la inserción laboral de la mujer para erradicar la violencia de género.

La regionalista María Herrero dijo que la nueva ley es "buena" porque "aborda desde una perspectiva integral la situación que pueden sufrir muchas mujeres por el hecho de ser mujeres", tras lo que recordó que no sólo esta violencia no sólo se produce en el ámbito doméstico, sino también en la esfera laboral, docente y social.

Por último, el diputado de IU, Adolfo Barrena, dio la "bienvenida" a la nueva ley, pero insistió en que es "necesario el compromiso público" para "erradicar el sexismo de la sociedad".

lunes, marzo 19, 2007

El 70% de las agresiones a mujeres de sus parejas termina en condena penal

La entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género ha invertido en Aragón el porcentaje de juicios que se resuelve con condena de cárcel para los agresores. Siete de cada diez casos que se presentan acaban con una sentencia condenatoria, con penas que pueden oscilar desde el año de prisión hasta más de quince, dependiendo de la gravedad del maltrato y del número de causas que pesan en contra del acusado. Antes de la aparición de esta nueva legislación, este porcentaje correspondía al índice de absoluciones y, cuando eran condenatorias, solía finalizar con sanción económica.

Para expertos en esta materia como Manuel Calvo, profesor de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, esta reforma de la ley ha provocado "un profundo cambio". El análisis para Aragón habla, según su valoración, de "tres grandes cambios: que ahora la condena es la regla y no la excepción, que se han aligerado los procesos judiciales y que se ha aumentado la protección de las víctimas".

La reducción del tiempo que transcurre entre que se formula la denuncia y se toma una primera decisión judicial ha sido significativa. "Antes había que esperar más de año y medio, y ahora, en muchos casos, se da a los tres días o al día siguiente según la gravedad. Además, la media se sitúa entre los 15 y 30 días en los juzgados específicos para casos de violencia sobre la mujer. En los juzgados de lo penal se amplia hasta los 50 o 60 días pero está lejos de los 450 días de antes de la reforma de la ley", asegura Calvo.

En cuanto a las órdenes de protección emitidas, solo el año pasado se decretaron, según fuentes del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, "cerca de 600", lo que supone, aproximadamente, un 85% de las solicitadas, un índice mucho mayor comparado con el 25% anterior al 2004. "Esto no resuelve el problema, porque luego hay que aplicar estas órdenes, tener medios y dotarle de recursos materiales y humanos para que la protección sea efectiva", explica el profesor Calvo.

En este aspecto, el Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado avances significativos. "Hay un equipo de profesionales que ha empezado a trabajar para prestarle una atención integral a las víctimas de la violencia de género, coordinando las medidas de protección que nos llegan. Además, nos ponemos en contacto con ellas y procuramos poner a su disposición otros servicios y ayudas", comenta Eva Martínez, directora del IAM.

La atención psicológica, social y jurídica, ayudas para conseguir su inserción laboral o incluso las prestaciones económicas forman parte del soporte que el IAM presta a las víctimas. "También estamos trabajando en el alojamiento de las víctimas y, además de la casa de acogida, hemos ampliado la red de viviendas disponibles con un nuevo piso tutelado", afirma Martínez.

Sobre el proyecto de ley de prevención y protección integral a las mujeres víctimas de la violencia en Aragón, que se debatirá y aprobará en el próximo pleno de las Cortes, el martes que viene, la directora del IAM tiene claro el avance que supone. "Esta ampliación es fundamental porque la violencia ejercida por la pareja ahora se eleva a otros tipos de violencia como la sexual, laboral, docente o de trata de mujeres". A nivel autonómico, esta ley consigue, según Eva Martínez, "elevar al más alto rango jurídico unas medidas con las que lograremos afianzar aún mas la protección a las víctimas y ofrecer una inyección de confianza y seguridad para ellas".

Fuente El Periódico de Aragón