viernes, diciembre 17, 2010

Una mujer muerta cada tres días en diciembre por violencia de género

Diciembre va camino de convertirse en el mes más negro del año para las mujeres. En sólo 17 días, cinco mujeres han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas y otra más, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado, podría engrosar esta luctuosa lista, en la que en 2010 ya hay 69 nombres, una cifra muy superior a la de 2009, con 56 muertas.

El asesinato de una joven de 23 años en Catral (Alicante) el pasado día cinco fue el primero registrado este mes. Dos días después, su también ex pareja mató a Cristina Estébanez, de 25 años, en la localidad vizcaína de Barakaldo.

La tercera víctima del mes fue una mujer china de 27 años, asesinada por su pareja y la cuarta, otra mujer a la que su marido disparó un tiro en la cabeza en Badajoz, pese a tener una orden de alejamiento.

La última muerta como consecuencia de la violencia machista confirmada hasta la fecha sería la mujer de 43 años fallecida este viernes en la localidad barcelonesa de Santa Maria de Palautordera, asesinada por su marido.

Julio, el mes más sangriento

A estas cinco muertes podría sumarse la de la mujer desaparecida el pasado domingo en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. La Guardia Civil busca el cuerpo de María Piedad García Revuelta en San Lorenzo de El Escorial, donde el miércoles apareció el cadáver de su ex pareja ahorcado.

El mes de julio ha sido hasta ahora el más sangriento en lo que va de año, con nueve mujeres muertas, según los datos de la Secretaría de Estado de Igualdad. En contraste, en agosto hubo únicamente una fallecida por violencia machista.

Desde enero de 2003, la violencia de género se ha cobrado en España una media de 5'6 víctimas mensuales, siendo 2008 el peor año, con un trágico balance de 76 mujeres muertas.

Fuente El Mundo

Pajín acepta estudios criminológicos para ayudar a las víctimas de malos tratos

Leire Pajín se estrena como ministra en el Congreso. Este jueves ha comparecido en la comisión de Igualdad, donde ha repasado lo hecho por Bibiana Aído y ha contado cosas más o menos repetidas en los últimos días, como la futura aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

El ritmo parlamentario ha llegado con las réplicas de la oposición y alrededores. Por ejemplo, la diputada de CiU Mercé Pigem, que se ha preguntado por qué el Gobierno lleva tres años sin realizar un estudio criminológico de los casos de asesinatos de género, como instó en enero de 2007 el Congreso, "una medida que ayudará a entender qué pasó y, por tanto, proteger mejor a las víctimas".

"Estoy de acuerdo", ha respondido Pajín, "creo que entre las accionespara detectar los posibles fallos en los mecanismos de protección están esos estudios criminológicos. Hay que hacerlos". Lo afirma el día que ha sido asesinada la víctima número 69 en lo que va de año. De todas ellas, sólo habían denunciado 19 (un 27%). Y, lo que es más grave, 12 tenían órdenes de protección en vigor.

La ministra ha lamentado esta violencia y, entre las medidas de protección, ha citado las pulseras telemáticas de control para maltratadores. "Nunca hemos culpado a los jueces, sólo hemos constatado una realidad cuando nos la preguntan. Y nos gustaría que se colocaran más porque han demostrado su eficacia, pero no responsabilizamos a los jueces", insistió.

Una denuncia por maltrato no retira la custodia

Sandra Moneo (PP) ha calificado el discurso de Pajín de "triunfalista, excesivamente optimista y continuista". Además, ha preguntado si una denuncia por maltrato bastará para retirar la custodia a un hombre.

La ministra ha sido rotunda: "La denuncia no será suficiente, sino el proceso posterior. Es decir, si el juez ve indicios y abre diligencias, se tomará una medida cautelar y preventiva. No se trata de quitar la custodia al padre, sino de no atribuírsela mientras dura el proceso. Si la persona incursa en ese proceso no acaba siendo declarado culpable, la custodia volverá a él o a quién reuna las mejores condiciones".

Un poco después, ha dado alguna razón del interés del Gobierno en esta modificación: "Una de las causas por las que las mujeres retiran sus denuncias es porque en el proceso de divorcio o separación, el hombre las amenaza con la custodia. Esa realidad nos ha hecho reflexionar".

Pajín no ha estado de acuerdo con modificar la Ley Integral contra la Violencia de Género en el apartado de los menores y ha citado ocho artículos de esa norma que "garantizan su protección". Así ha respondido a la proposición del Partido Popular de incluir a los menores como víctimas.

El PNV pide que desparezca el Injuve

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha pedido hoy en la comisión de Igualdad del Congreso la desaparición del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) porque sus políticas "están transferidas" y "los territorios somos capaces de llevarlas a cabo".

En medio de su turno de intervención, Agirretxea se ha quitado las gafas, ha mirado a la ministra Leire Pajín y le ha solicitado que desmantele uno de los organismos más veteranos de la democracia: "¿Estoy diciendo que no apoyo las políticas de juventud? No. Lo digo claramente: las apoyo. Pero no hay que superdotar de Administración la gestión política. Bastante Administración tenemos ya".

Para cuando la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad ha recuperado su turno de respuesta, Agirretxea ya no estaba en la sala, tras pedir permiso a la presidenta de la Comisión para ausentarse. Aun así, Pajín ha contestado sin sorpresas: "Ningún Consejo de la Juventud sobra, ni autonómico, ni estatal. Todos estimulan la participación de los jóvenes. La sanidad también está transferida y el liderazgo del Ministerio para garantizar la cohesión es fundamental".

Fuente El Mundo

Once mujeres denuncian haber sido maltratadas en un centro de acogida

Un grupo de 11 mujeres han denunciado una situación de constante humillación, amenazas y maltrato psicológico en el centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género de Málaga donde residen, cuya gestión corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

"Estamos casi igual que si viviéramos con nuestro maltratador", ha señalado una de ellas durante la reunión mantenida con ELMUNDO de Málaga a instancias del concejal del grupo mixto en el Ayuntamiento malagueño, Antonio Serrano, en su despacho del Consistorio.

Todas ellas han admitido tener mucho miedo a la hora de exponer su situación, "porque cuando esto se sepa esperamos reprimendas en el centro", y no han querido facilitar ningún dato personal. Sin embargo, sí han expuesto este jueves las vejaciones que sufren cada día por parte del personal "perteneciente a la empresa AGISE S. L., beneficiaria de la concesión administrativa por la que gestionan todas los centros de acogida de Andalucía", ha explicado Serrano.

Cuando estas mujeres fueron enviadas, junto a sus hijos, a dichos pisos para alejarlas de su maltratador y ofrecerles ayuda para la integración social y laboral "no nos esperábamos los que nos íbamos a encontrar", ha explicado una de ellas, la única que se fue prematuramente del centro "porque no aguantaba más".

Día a día se enfrentan a insultos que las cuestionan como madres, ridiculizan su aspecto físico e incluso llegan al racismo por parte de las empleadas. "A las inmigrantes nos dicen que se van a ocupar de buscarnos los billetes para que nos volvamos a nuestro país", denuncia una de ellas. El apartado de agresiones verbales se completa con "estás anoréxica y horrible, deberías comer un poco más" y otras frases parecidas que han alterado los ánimos y los nervios de alguna de ellas.

Las revisiones mensuales de sus pisos, como marca el reglamento interno, son utilizadas de forma fraudulenta, aseguran. "El reglamento dice que tenemos que estar nosotros y dos personas más durante la inspección, pero la hacen en el momento que salimos por la puerta", mantiene una de ellas. Después de estas revisiones son obligadas a firmar partes de incidencias que se acumulan "para que nos puedan sacar de aquí", añade. La instalación de otras familias en un mismo piso es una medida de presión con la que, según denuncian, buscan "echarnos sin ni siquiera ayudarnos antes".

El periodo máximo de residencia en los pisos de acogida son nueve meses, en los cuales se ha iniciado a la víctima de violencia de género en la integración social dándole medios y orientándola en la búsqueda de empleo. Ellas matizan: "Lo único que hacen es darnos 50 fotocopias de nuestro curriculum y nos dan las direcciones de edificios para que pidamos echar por lo menos unas horas de plancha", según ha afirmado otra de las afectadas, extranjera. "Nos regañan si no buscamos trabajo y también nos regañan si lo hacemos", ha añadido otra.

Amenazas

Las cuatro afectadas han señalado al personal como responsable de toda la situación descrita. En concreto, han mencionado a la directora, quien las ha amenazado con devolverlas "con la mierda de marido que has tenido para que te quedes en esa mierda".

Además, la psicóloga no respeta la confidencialidad de sus reuniones con estas mujeres –dicen– y utiliza sus confesiones para atacarlas. La razón de tanta humillación está clara para ellas: "Tienen hambre de poder sobre nosotras".

El trato que recibe este grupo de mujeres afecta directamente a sus hijos, quienes "son los que más los sufren", ha sentenciado una de ellas, cuyo caso es el más grave de todos. Tiene un hijo con el 57% de discapacidad y una hija que tiene un juicio pendiente por violación. "No se han preocupado por ninguno de los dos, ni por mí, que tengo cuatro juicios y cuando salga no sé que tengo que hacer".

Sin información

Aseguran, incluso, que desde el centro se ha negado cualquier ayuda e información a una mujer que ha sufrido un intento de asesinato. No es difícil percibir que estas mujeres necesitan mucho apoyo después de sufrir maltrato por parte de su pareja, pero desde la Dirección General de Violencia de Género no entienden que el miedo les impida denunciar su situación en el centro.

"Tienen información con sus derechos y deberes por todo el centro, y el número gratuito de atención"», ha explicado a este periódico la directora de la institución, Soledad Ruiz, quien ha añadido que "nosotros estamos aquí para garantizar sus derechos ante una posible negligencia".

Se ha mostrado sorprendida por la denuncia de estas mujeres y ha llegado al compromiso inmediato de iniciar una investigación en todas las casas de acogida de Málaga. "Ahora vamos a hablar con todas las mujeres y vamos a abrir expedientes si es necesario", añadió.

Por su parte, la directora del IAM, Pilar Oriente, ha tenido constancia de la situación hace varias semanas a raíz de una reunión con Serrano. "He investigado un poco y defiendo el trabajo del personal, que está sometido a un trabajo difícil", ha explicado Oriente, quien ha señalado que"algunas de estas mujeres son muy complicadas y están demasiado acostumbradas a recibir cosas gratis".

Fuente El Mundo