viernes, junio 30, 2006

Una magistrada nos contesta

Pregunta realizada por el autor de este blog a María Tardón, presidenta de la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ven los recursos contra las sentencias y los procesos de enjuiciamiento de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.


¿Que opinión le merecen que las penas de alejamiento al maltratador sean de de obligada imposición y no imposición potestativa del juez?

Esta es una de las cosas que a mí no me gustan de esta ley y también de la anterior. Yo creo que eso lo que está evidenciando es una cierta desconfianza del legislador hacia el juez que, de alguna manera, cree que será incapaz de determinar en qué supuestos hay que imponer el alejamiento. Y para que no haya duda obliga a poner el alejamiento. Y la pena de alejamiento origina tanas situaciones de injusticia material que avoca a los penados, pero también a las víctimas al incumplimiento. Entonces estamos ante un quebrantamiento de pena que implica detenciones, nuevas actuaciones, nuefvas sentencias de todo género que, realmente, no son razonables. Lo necesario es modificar la ley para que sea el juez quien decide. Y, además, igual que se suspenden las penas privativas de libertad, también debiera poder suprimirse esta pena de alejamiento cuando se dan una serie de circunstancias y de condiciones.

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jueves, junio 29, 2006

Diario de una maltratada

LLEGASTE A MI VIDA sin yo esperarlo. Me querías convencer de que me amabas y poco a poco fuiste entrando en mi corazón y despertando sueños de amor. Fui aprendiendo a amarte, y ahora que te quiero, me partes en dos.

¿Así me quieres que no te importa mi dolor? Te quiero. Quiero poder comunicarme con mi pareja. Cuántas horas de soledad para poder pensar y aclararme. ¡Qué pena, mi amor, que no puedas hablar y escuchar!

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Amnistía Internacional denuncia la desigual protección a las maltratadas

La Ley Integral contra la Violencia de Género, de cuya entrada en vigor completa se cumple hoy un año, "hace aguas por todas partes", según Amnistía Internacional (AI). Y ello porque persisten "24 obstáculos" para que las víctimas defiendan sus derechos, entre los que destacan la desigual protección a las maltratadas en las distintas comunidades y la escasa formación del personal sanitario.

Más derechos, los mismos obstáculos. Con ese título, Amnistía Internacional presentó ayer en rueda de prensa un informe de balance de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Se ha realizado con información facilitada por víctimas, profesionales y organizaciones en ocho comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana).

El presidente de la sección española de AI, Esteban Beltrán, reconoció elementos positivos, pero añadió que esa norma, que definió como "el buque insignia de la política de derechos humanos del Gobierno", se "hundirá" si no se toman medidas con rapidez. Añadió que existen "24 obstáculos muy importantes". El "fundamental" es que la norma "no tiene un enfoque de derechos humanos, sino de servicios sociales graciables".

Beltrán aseguró que otro obstáculo es que "no se protege igual a las mujeres en todas las comunidades". Puso como ejemplo, entre otros, la carencia de centros de atención integral para las víctimas. La autora del trabajo, María Naredo, detalló a este periódico que su organización ha constatado que no existen estas dotaciones "en Andalucía, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana". "En el resto de las comunidades analizadas no nos consta que existan", añadió. AI también ha detectado que el turno de oficio de los abogados para violencia machista carece de servicio de guardia "en toda Andalucía, Madrid ciudad, Álava y todo Lugo".

Beltrán denunció "la política de discriminación de las inmigrantes irregulares". Añadió que carecen de las ayudas económicas previstas en la ley y que, cuando denuncian, "se investiga su situación y se puede iniciar el trámite de expulsión". Sin embargo, AI no tiene documentadas expulsiones por ese motivo.

Por otro lado, ayer se constituyó el Observatorio Estatal de Violencia, una de las piezas importantes de la ley que aún estaba pendiente. Entre sus misiones figura la de colaborar en el diseño del plan de sensibilización y prevención contra la violencia. "Estará listo a final de año", afirmó la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo.

Fuente El País