La entrada en vigor de la Ley de Violencia de Género ha invertido en Aragón el porcentaje de juicios que se resuelve con condena de cárcel para los agresores. Siete de cada diez casos que se presentan acaban con una sentencia condenatoria, con penas que pueden oscilar desde el año de prisión hasta más de quince, dependiendo de la gravedad del maltrato y del número de causas que pesan en contra del acusado. Antes de la aparición de esta nueva legislación, este porcentaje correspondía al índice de absoluciones y, cuando eran condenatorias, solía finalizar con sanción económica.
Para expertos en esta materia como Manuel Calvo, profesor de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, esta reforma de la ley ha provocado "un profundo cambio". El análisis para Aragón habla, según su valoración, de "tres grandes cambios: que ahora la condena es la regla y no la excepción, que se han aligerado los procesos judiciales y que se ha aumentado la protección de las víctimas".
La reducción del tiempo que transcurre entre que se formula la denuncia y se toma una primera decisión judicial ha sido significativa. "Antes había que esperar más de año y medio, y ahora, en muchos casos, se da a los tres días o al día siguiente según la gravedad. Además, la media se sitúa entre los 15 y 30 días en los juzgados específicos para casos de violencia sobre la mujer. En los juzgados de lo penal se amplia hasta los 50 o 60 días pero está lejos de los 450 días de antes de la reforma de la ley", asegura Calvo.
En cuanto a las órdenes de protección emitidas, solo el año pasado se decretaron, según fuentes del Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, "cerca de 600", lo que supone, aproximadamente, un 85% de las solicitadas, un índice mucho mayor comparado con el 25% anterior al 2004. "Esto no resuelve el problema, porque luego hay que aplicar estas órdenes, tener medios y dotarle de recursos materiales y humanos para que la protección sea efectiva", explica el profesor Calvo.
En este aspecto, el Instituto Aragonés de la Mujer ha realizado avances significativos. "Hay un equipo de profesionales que ha empezado a trabajar para prestarle una atención integral a las víctimas de la violencia de género, coordinando las medidas de protección que nos llegan. Además, nos ponemos en contacto con ellas y procuramos poner a su disposición otros servicios y ayudas", comenta Eva Martínez, directora del IAM.
La atención psicológica, social y jurídica, ayudas para conseguir su inserción laboral o incluso las prestaciones económicas forman parte del soporte que el IAM presta a las víctimas. "También estamos trabajando en el alojamiento de las víctimas y, además de la casa de acogida, hemos ampliado la red de viviendas disponibles con un nuevo piso tutelado", afirma Martínez.
Sobre el proyecto de ley de prevención y protección integral a las mujeres víctimas de la violencia en Aragón, que se debatirá y aprobará en el próximo pleno de las Cortes, el martes que viene, la directora del IAM tiene claro el avance que supone. "Esta ampliación es fundamental porque la violencia ejercida por la pareja ahora se eleva a otros tipos de violencia como la sexual, laboral, docente o de trata de mujeres". A nivel autonómico, esta ley consigue, según Eva Martínez, "elevar al más alto rango jurídico unas medidas con las que lograremos afianzar aún mas la protección a las víctimas y ofrecer una inyección de confianza y seguridad para ellas".
Fuente El Periódico de Aragón
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