miércoles, marzo 14, 2012

El rostro de la violencia machista



La vida de Patricia Lefranc, de 45 años, dio un giro hacia el infierno la tarde del 1 de diciembre de 2009. Una llamada al portero automático de alguien que decía traerle un paquete le hizo tomar el ascensor para bajar a recogerlo. Al pisar el portal, una ducha de ácido sulfúrico le destruyó el rostro y le causó quemaduras gravísimas en el 30% del cuerpo. La gravedad de las lesiones hizo temer por su vida a los médicos, que durante tres meses la mantuvieron en coma inducido.

Con dificultades para moverse, Lefranc asiste ahora al juicio contra su agresor y antiguo novio, Richard Remes, un hombre de 57 años que entre las muchas versiones que da de lo sucedido habla de “una broma que salió mal”. No quería causarle semejante daño, y prueba de ello es que había rebajado el ácido, dice Remes. Según él, solo se trataba de dar un susto a Patricia porque quería dejarle.

En la primera sesión del juicio, Remes ha reconocido haber investigado sobre el ácido sulfúrico "únicamente por curiosidad". "Después, la idea [de la agresión con esta sustancia] fue germinando en mi espíritu. Quería marcarla, pero nunca imaginé que sería tan rápido", ha continuado. "Yo amaba sinceramente a Patricia Lefranc (...). Pero con ella, un día era blanco y otro negro, un día te amo y otro te dejo", ha asegurado el acusado.

Distintos testimonios y las pesquisas policiales le contradicen y apuntan a un ataque premeditado perpetrado por alguien sin la más mínima capacidad de ocultar sus huellas, pese cubrirse de negro y con un casco en el momento de la agresión. “Ha sido Richard”, pudo decir Patricia, entre gritos de infinito dolor, a quienes la socorrieron. Richard vivía en otro piso del mismo inmueble. Ahora se juega 30 años de cárcel. Lefranc fue condenada a perpetuidad por Remes.

Fuente El País

Las víctimas de violencia de género podrán cambiar la cerradura gratis

Las víctimas de la violencia machista podrán cambiar gratis, y con orden judicial, la cerradura de su casa para evitar la entrada del agresor. La medida no va necesariamente unida a la emisión de una orden de alejamiento o de protección, sino que el simple permiso judicial para ello podrá hacer que un cerrajero acuda al domicilio y cambie la cerradura como primera medida de seguridad.

La idea partió a primeros de año de una asociación cordobesa de mujeres. Hablaron con un cerrajero de la provincia y éste planteó el asunto en la junta directiva de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES).

El colectivo abrazó la iniciativa, firmó con el Ayuntamiento de Córdoba un programa piloto y hace un par de semanas se reunió con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, que hoy ha avalado públicamente el proyecto en una fugaz presentación.

Así, el Ministerio de Ana Mato aplaude la iniciativa, aunque no tiene competencia alguna en ella. Entre otras cosas, porque los acuerdos se firmarán entre la UCES y los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

El ejemplo puede ser: una mujer pone una denuncia por violencia machista, solicita que se le cambie la cerradura, el juez concede la orden y la Administración avisa al cerrajero.

La mano de obra y los materiales correrán a cargo del profesional y, según el programa desgranado hoy, ni la mujer, ni el ayuntamiento, ni la comunidad autónoma correspondiente abonarán cantidad alguna, un trabajo por el que, de media, se pueden pagar entre 150 y 250 euros.

"Queremos que las mujeres tengan las llaves de su vida", ha dicho Hernández como máximo giro literario de un proyecto que ha calificado como "medida de seguridad vital", porque "la casa es donde se necesita estar más protegida".

Hernández ha leído un breve discurso y ha abandonado el acto sin aclarar más aspectos de la medida a los periodistas que la esperaban. Una de las dudas planteadas es si será necesaria una orden de protección, aunque fuentes del Ministerio aseguran que el acuerdo habla de una "orden judicial", lo que se interpreta como un permiso independiente de otras medidas de seguridad o de alejamiento del agresor.

El compromiso reúne a unos 2.000 cerrajeros en España, un sector abrumadoramente masculino y plagado de "intrusismo y semiclandestinidad", en palabras del presidente de UCES, David Ormaechea. "Las víctimas nos han dicho que cambiar una cerradura puede salvar vidas. Esta es una lucha de todos y nosotros vamos a estar".

También la cineasta Paula Ortiz ha apoyado la medida, "porque la seguridad es una premisa para la libertad". Acaba de estrenar 'De tu ventana a la mía', la historia de tres mujeres que "sufrieron dolor y represión, pero resistieron con pequeños gestos de dignidad". Porque "lo de hoy es gesto a gesto, llave a llave".

Fuente El Mundo