jueves, septiembre 20, 2012

El CGPJ dice que el alcohol o las drogas no explican los asesinatos de género

El consumo o la adicción a las drogas o el alcohol no es determinante en la violencia machista. Lo que siempre han contado los expertos lo mide ahora un estudio del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Coordinado por su presidenta, Inmaculada Montalbán, un equipo de siete jueces y el ex delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente ha estudiado las 43 sentencias por homicidio o asesinato dictadas en 2010.

Hubo seis circunstancias que atenuaron la culpabilidad del agresor: confesión (12 sentencias), actuar a causa de adicción al alcohol o las drogas (2) y arrebato, legítima defensa, alteración psíquica, mental o consumo de drogas o alcohol (5). Sólo en un caso el alcoholismo fue considerado una eximente incompleta, en otro las drogas y en una más la legítima defensa, precisamente en uno de los casos en los que fue la mujer la agresora.

La eximente completa por alteración psíquica se aplicó en un solo caso, lo que provocó la absolución del acusado y su ingreso en un centro psiquiátrico. En 11 casos, la víctima había anunciado su intención de separarse, "lo que indica que la advertencia de la ruptura constituye un factor de riesgo". También en 11 de las 43 sentencias había denuncia previa. En 14 sentencias constan malos tratos físicos o psíquicos previos.

El informe constata que se confirma la escasa incidencia del consumo del alcohol y las drogas en la comisión de estos crímenes: únicamente en el 12% de las sentencias estudiadas concurrió alguna de las circunstancias vinculadas con la adicción al alcohol, las drogas o alteraciones psíquicas. En el 88% no se produjo ninguna de estas circunstancias".

Los jueces acordaron indemnizaciones para un total de 66 hijos de las víctimas. El estudio forense cuenta que el arma blanca es el instrumento preferido (44%) con una escalofriante media de 17 puñaladas. Aun así, el arma blanca desciende respecto a otros años y suben los traumatismos directos (28%), algunos de los cuales tienen que ver con lanzamientos al vacío, seguidos de los estrangulamientos(13%).

Fuente El Mundo

Fallece Pilar Coll, abogada defensora de las víctimas de la violencia

María del Pilar Coll Torrente, abogada española, misionera laica y fundadora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú en 1987 —en la época más cruda de la violencia en el país andino—, murió el sábado por la mañana en Lima de un infarto a los 83 años.

Nacida en Huesca, sufrió la Guerra Civil española. Siendo una niña, su padre y otros 14 familiares más fueron asesinados. “Eso cambió totalmente nuestra vida; la mía y la de mis hermanos mayores. Tuvimos una infancia dura en cuanto a circunstancias, aunque rica en lo que se refiere a afecto pero me marcó para opciones posteriores”, contó la misionera en 2008 en un documental de la televisión pública.

Coll fue una de las primeras españolas formadas en Derecho Civil, carrera que estudió en Barcelona a pesar de las dificultades que imponía la distancia, lo que no fue obstáculo para ella, como demostró más tarde, en 1967, cuando llegó a Perú como misionera seglar, donde trabajó 10 años en la ciudad de Trujillo como maestra.

Posteriormente se desplazó a Lima para formar parte del equipo pastoral de la parroquia Virgen de Nazaret en El Agustino. Allí, además, creó la comisión de derechos humanos. La misionera fue pionera en la defensa de los derechos humanos en Perú, primero desde la Comisión Episcopal de Acción Social, y posteriormente, de 1987 a 1992, como primera secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una entidad que reunía a una treintena de organizaciones de la sociedad civil que ayudaba a investigar muertes, desapariciones y torturas causadas tanto por el terrorismo de Sendero Luminoso como por las acciones antisubversivas de la policía y las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, el rasgo que más ha identificado a la incansable activista en las dos últimas décadas ha sido su dedicación a la pastoral carcelaria, primero en la prisión de hombres de Castro Castro y luego en la de mujeres de Chorrillos, en la capital peruana. Visitaba la cárcel todos los martes y jueves. No solo se ganó el respeto de todo tipo de prisioneras, sino un gran cariño expresado en pinturas, collages, y manualidades con las que la abrumaban en su cumpleaños. La letrada desplegaba en cada acto elegancia, sencillez, coherencia y firmeza.

La ministra de Justicia de Perú, Eda Rivas, ha destacado que la recordará siempre por la sonrisa que tenía para todos. Otros, como el defensor del pueblo, Eduardo Vega —que fue su asistente en la década de los ochenta—, destacó la aportación de una labor que no fue totalmente comprendida en aquel tiempo, dado que ella luchaba por los derechos de todos. “Es un ejemplo; más ahora, cuando se necesita tolerancia”, añadió.

En 2008 recibió la Medalla de la Defensoría del Pueblo por “su labor destacada en la defensa y promoción de los derechos humanos y del orden constitucional en Perú”. Esa fue, quizá, la distinción que simbolizó la autoridad moral que la comunidad peruana dedicada a la defensa de los derechos humanos veía en ella.

España, por su parte, la distinguió en dos ocasiones: en 1990 recibió el Premio Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos y en 1992 el lazo de dama de la Orden de Isabel La Católica otorgada por el Rey.

También trabajó como investigadora en el Instituto Bartolomé de las Casas, creado por uno de los fundadores de la teología de la liberación, el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Cuando tuvo noticia de su fallecimiento, Gutiérrez destacó que “sus compromisos la colocaron en un lugar peligroso. Su vida ha sido un testimonio de fidelidad a los más pobres e insignificantes de nuestro país, por su incansable lucha por la justicia y su honda convicción de la dignidad del ser humano”. 

Además de seguir colaborando voluntariamente desde 2001 con el Instituto Bartolomé de las Casas hasta su muerte, fue integrante, desde 2007, de un consejo ad honorem que elabora el Registro Único de Víctimas, el censo oficial de quienes deben recibir una compensación del Estado por haber sufrido la violencia del conflicto armado entre 1980 y 2000.

 Fuente El País

miércoles, septiembre 19, 2012

Las víctimas aragonesas podrán cambiar gratis sus cerraduras


Las víctimas de violencia de género en Aragón que dispongan de una orden de protección --unas 400 en total en la comunidad autónoma--, que recoja de forma específica la necesidad de cambiar la cerradura del domicilio común por motivos de seguridad, podrán cambiar gratis las cerraduras de sus casas. Esto será posible gracias al convenio entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Unión de Cerrajeros de Seguridad.

El Departamento de Sanidad se encargará de publicitar estos servicios y el procedimiento de acceso a los mismos y difundir el material necesario para dar publicidad a este programa.

Fuente El Periódico de Aragón

lunes, septiembre 17, 2012

La acusación pública destaca el aumento de las condenas a maltratadores


Las sentencias condenatorias a maltratadores han aumentado y ya superan en Zaragoza a las absolutorias, según indica la Memoria Anual de la Fiscalía.

El año pasado fueron 346 las sentencias condenatorias --172, con la conformidad del reo-- frente a las 308 en las que los acusados salieron indemnes. El documento señala, no obstante, que "muchas de estas (resoluciones exoneradoras) se fundamentan en la utilización por las víctimas de la dispensa de declarar, ya que sigue siendo importante el número de mujeres que se acogen a este derecho".

Los jueces emitieron 73 órdenes de alejamiento y 415 de protección. Más de cien de estas últimas incluían medidas civiles como la atribución a la víctima del uso de la vivienda familiar o la guarda y custodia de los hijos.

Los juzgados de Violencia contra la Mujer de Zaragoza incoaron el año pasado 1.930 causas por maltrato ocasional, 428 por amenazas, 243 por lesiones, cien por quebrantamiento de condena o de medida cautelar, 43 por coacciones, 39 por maltrato habitual, dos por violación y otras tantas por asesinato.

La violencia doméstica --la ejerce el delincuente sobre familiares con los que no tiene una relación de pareja-- genera mucha menos actividad judicial. La Fiscalía intervino el año pasado en 171 causas por maltrato, 45 por lesiones, 24 por quebrantamiento de medidas o condenas, 5 por amenazas y una por homicidio.

En este apartado, las sentencias absolutorias --61-- continuaron superando a las condenatorias --54--.
Los juzgados aragoneses tramitaron el año pasado 2.269 asuntos de violencia contra a mujer, lo que supone un leve descenso 2.599 del 2010 y los 2.356 del 2009.

Las fuerzas de seguridad recibieron el año pasado 1.705 denuncias contra maltratadores --642, extranjeros--, cifra netamente superior a las 1.403 y las 1.329 de los dos ejercicios anteriores.

Fuente El Periódico de Aragón