viernes, mayo 23, 2008

Castigar más al varón es válido para proteger a la mujer

El establecimiento de un mayor castigo penal al hombre que maltrata a la mujer en el ámbito de las relaciones de pareja es "razonable", según la sentencia que hizo pública ayer el Tribunal Constitucional y que avala la ley de Violencia de Género. El tribunal entiende que lo que se persigue es "proteger la integridad física, psíquica y moral de las mujeres en un ámbito en el que están insuficientemente protegidas". Y acepta el argumento de que la agresión del varón a la mujer es más grave que otras.La sentencia desestima la consulta planteada por la juez número 4 de Murcia, María Poza, que cuestionó la nueva redacción del artículo 153.1 del Código Penal, en cuanto agrava la conducta para el hombre maltratador pero no para la mujer. La juez interpretó que ese agravamiento penal podría implicar una discriminación por razón de sexo que vulneraría el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución. El artículo 153.1 impone una pena de seis meses a un año al hombre maltratador, mientras que si la mujer agrede al hombre la pena es la del 153.2, de tres meses a un año.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pascual Sala, sostiene que la diferencia entre ambas normas se sustenta en la voluntad del legislador de "sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y más reprochables socialmente".

El derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución exige que el tratamiento diferenciado de dos supuestos de hecho iguales tenga una justificación "objetiva" y "razonable" y no tenga unas consecuencias "desproporcionadas". Siguiendo ese razonamiento, el Tribunal encuentra una primera razón justificativa en "las altísimas cifras en torno a la frecuencia de una grave criminalidad que tiene por víctima a la mujer y por agente a la persona que es o fue su pareja".

Para el Tribunal, las agresiones del varón hacia la mujer "tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras", porque corresponden a un "arraigado tipo de violencia" que es "manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Y esa mayor gravedad exige "una mayor sanción, que redunde en una mayor protección de las potenciales víctimas".

La sentencia niega que el diferente trato penal obedezca a una discriminación por razón de sexo. "No es el sexo lo que el legislador toma en consideración", prosigue la sentencia, sino el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos que manifiestan "una grave y arraigada desigualdad".

Respecto al argumento de la juez Poza, que planteó si no se estaría atribuyendo al varón "una responsabilidad colectiva, como heredero del grupo opresor", el Tribunal entiende que no se sanciona al maltratador por "las agresiones cometidas en el pasado por otros cónyuges varones, sino por el especial desvalor de su propia y personal conducta".

En definitiva, lo que hace el legislador, según la sentencia, es apreciar una gravedad o un reproche peculiar en ciertas agresiones que se producen en el seno de la pareja y que se insertan en parámetros de desigualdad tan arraigados, "que aumentan la inseguridad, la intimidación y el menosprecio que sufre la víctima".

Entre los magistrados que han formulado votos particulares, Vicente Conde considera "intolerable" que puedan establecerse diferencias por razón de sexo, y entiende que en el fondo de la sentencia late "una superada concepción de la mujer como sexo débil".

En la misma línea, el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata cree que la sentencia se suma a un Derecho penal "paternalista" que promueve una concepción de la mujer como "sujeto vulnerable" que históricamente le colocaba en la misma posición que la de los menores o incapaces. Para Rodríguez-Zapata, parecen existir dos derechos penales: uno para todos y otro para grupos especiales de determinadas personas.

Los magistrados Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas opinan que debió hacerse una sentencia interpretativa que salvase la constitucionalidad del precepto y limitan su desacuerdo al fallo desestimatorio. El voto particular del recientemente fallecido Roberto García-Calvo no llegó a ser notificado al Pleno.

Fuente El País en un artículo de Julio M. Lázaro

320.000 maltratadores 'fichados'

Más de 320.000 personas están fichadas en estos momentos como maltratadores en España, suficientes para llenar cuatro veces el estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Son las que aparecen en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, que el Gobierno puso en marcha en 2004. Desde entonces, han entrado 402.901 presuntos agresores -361.749 hombres (el 90%) y 41.145 mujeres (el 10%)-. Y 79.331 lo han abandonado tras ser absueltos o después del archivo definitivo de su procedimiento, según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, encargado del registro.

No todos los que aparecen están condenados. Sólo un tercio de los fichados (120.732) tiene sentencia firme de condena (110.000 hombres y 10.000 mujeres). Hay otros 11.094 casos con resolución condenatoria pero que todavía se puede recurrir.

En el registro se incluye a todos aquellos que han sido denunciados, junto a los datos de las víctimas. Y, en los casos en los que el procedimiento se archiva pero no de forma definitiva -aunque de hecho puede suceder que nunca llegue a abrirse de nuevo-, el presunto agresor permanece en la base de datos.

- Registro de acceso limitado. El registro no es público. Sólo pueden ver esta macrobase de datos jueces, fiscales y policía judicial. Se trata de facilitar que estos agentes conozcan con rapidez si la persona denunciada tiene antecedentes, para que puedan evaluar correctamente su peligrosidad y proteger mejor a la víctima. Aparte de los casos de violencia de género (agresiones del hombre hacia la mujer cuando son pareja o ex pareja), el registro incluye todos los malos tratos dentro de la familia (entre padres e hijos, hermanos...).

- Aumento de denuncias. De los datos se extrae una primera conclusión evidente: el número de denuncias ha aumentado a marchas forzadas. De 58.298 en 2004 se ha pasado a 113.856 en 2007: casi el doble en apenas tres años.

- Condenas estables. Las condenas, sin embargo, permanecen estables. De 2004 a 2005 subieron en 10.000, pero desde entonces se han mantenido en torno a las 30.000, con ligeros descensos en 2006 y 2007. De estas cifras se pueden hacer dos distintas lecturas. La mayoría de las asociaciones de mujeres opinan que no se condena lo suficiente por lo difícil que es obtener pruebas para un delito que se comete en la intimidad y denuncian que los jueces y fiscales no ponen el suficiente celo a la hora de perseguir estas agresiones. Otros sectores sostienen, por el contrario, que hay casos de denuncias falsas que inflan las estadísticas y que por eso hay tantos procedimientos que acaban archivados. En cualquier caso, existen pocos casos de denuncias falsas acreditadas judicialmente.

- Extranjeros y españoles. El número de denunciados extranjeros no deja de aumentar. Son el 27% del total de los fichados, cuando la población que viene de fuera representa aproximadamente el 10% de los residentes en España. Pero los extranjeros no son sólo agresores, sino también víctimas de los malos tratos en una proporción similar.

- Órdenes de protección. Desde que comenzó a operar el registro se han dictado 156.210 órdenes de protección. El número ha ido en aumento cada año: 26.000 en 2004, 38.000 en 2005, 43.000 en 2006 y 45.000 en 2007. Como las denuncias, las órdenes de protección se han casi duplicado en tres años. Son medidas de carácter urgente a través de las cuales el juez puede proteger, en el plazo máximo de 72 horas, civil y penalmente a la víctima. Puede atribuir a la madre, por ejemplo, la custodia de los hijos o atribuirle el domicilio familiar. Normalmente, suelen llevar consigo una orden de alejamiento para impedir al agresor que se acerque al agredido. Las órdenes de alejamiento también se pueden dictar fuera de una orden de protección. Desde 2004 se ha establecido esta medida a 152.138 personas. En 141.000 (el 92,8%) casos se obligaba al hombre a no acercarse y en 10.000 se ha impuesto a una mujer.

- Por comunidades autónomas. La región con más denuncias es Andalucía, con 72.663 fichados por el registro de maltratadores, seguido de Cataluña (70.945), Madrid (55.783) y la Comunidad Valenciana (con 53.651).

Fuente El País en un artículo de Monica C. Belaza

jueves, mayo 15, 2008

El Constitucional avala un castigo más duro para el maltratador varón

No ha podido ser por amplia mayoría pero al final, el Tribunal Constitucional ha avalado el artículo 153.1 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Integral de Violencia de Género, que agrava la pena si en la relación de pareja el agresor es el hombre. Contra este precepto, una docena de jueces habían elevado 127 consultas cuestionando su constitucionalidad. La votación final, celebrada ayer, registró el 7-5 habitual entre los sectores progresista y conservador.


El 99% de las agresiones que se registran las realizan hombres Los catedráticos salvan la ley frente a los jueces del bloque conservador

Esta vez fue el vicepresidente Guillermo Jiménez el que inclinó la balanza a favor de la constitucionalidad.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pascual Sala, resuelve la primera cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de lo penal número 4 de Murcia, María Poza, en agosto de 2005. La magistrada cuestionó que la Ley de Violencia de Género endureciese el castigo para los hombres que maltraten física o psíquicamente "a la que sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia".

El Tribunal entiende que debe ponerse el acento en el mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja. El distinto tratamiento penal se justificaría así no en una discriminación positiva porque la mujer sea especialmente vulnerable, sino en que la conducta del maltratador es más reprobable y, además, más frecuente. El 99% de las agresiones de este tipo son causadas por el hombre.

El Constitucional limita así el distinto trato penal a este ámbito -en los demás delitos se castiga a la mujer con igual intensidad que al varón-. Entre otras cosas, porque considera más reprobable que el hombre maltrate a la mujer a que ésta lo haga con el varón, dado que en la relación de pareja éste parte siempre de una posición de superioridad y dominación.

La doctrina de esta primera resolución cabe extenderla tanto a las demás cuestiones planteadas contra el artículo 153.1, como a las 56 presentadas contra el artículo 171.4 (amenazas), otras tres contra el 172.2 (coacciones) y una contra el 148.4 (lesiones). Las dudas de constitucionalidad han sido suscitadas por 16 órganos judiciales de los 835 competentes en su aplicación, según manifestó ayer Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia de Género. Comas se congratuló del sentido de la sentencia, que calificó de "hecho histórico de extraordinaria magnitud".

La sentencia se distribuirá en los próximos días, cuando se incorporen al texto aprobado los votos de los cinco jueces discrepantes: Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Estos magistrados se han cerrado en banda en torno a la literalidad del artículo 14 de la Constitución, que proclama el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley por razón de sexo.

El sector progresista, con el magistrado ponente Pascual Sala a la cabeza, confiaba en obtener una resolución por amplia mayoría, quizá de 10 a 2, dado que la ley fue aprobada por unanimidad de todos los grupos del Congreso, incluido el PP, que se sumó en el último momento. Sin embargo, después de tres proyectos de sentencia, quedó claro que la única posibilidad de salvar la ley era someterla a una votación que, una vez más, ha evidenciado la fractura del Tribunal en bloques ideológicos.

Y no sólo ideológicos: los cinco magistrados discrepantes proceden todos de la carrera judicial, y hasta su promoción al Constitucional, todos han sido magistrados del Tribunal Supremo. Por el contrario, los cinco magistrados del Constitucional que son catedráticos han votado todos a favor de la constitucionalidad de la ley, con el apoyo del ponente, Pascual Sala, que procede de la judicatura y fue presidente del Tribunal Supremo y el abogado Eugeni Gay.

Fuente El País

martes, mayo 13, 2008

Tu vecino es maltratador. ¿Todavía le saludas?

Carmen Morán para El País

Un maltratador que cumplía condena en una cárcel gallega le dijo un día a la psicóloga que conducía el programa de reinserción: "Es que yo a mi mujer no le pegué con la palma de la mano, fue con el dorso".-¿Y cuál es la diferencia? -se asombró ella.

-Que si le doy con la palma, con estas manazas que tengo, le hubiera hecho más daño.

Así minimizaba su delito y trataba de justificarlo. Eso mismo suele hacer la mayoría. No perciben rechazo social por sus delitos. Son capaces de verlo en sus compañeros de celda, pero no en su caso: a ellos su mujer les provocaba, salía a deshoras, no limpiaba como es debido. Tanto les dan las manifestaciones de un pueblo, los lazos negros, los gritos o los minutos de silencio.

El nuevo delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, lo dibuja en una frase: "Es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria". "Ni siquiera toleran que ellas opinen distinto, porque los maltratadores, como los terroristas, cometen delitos morales, es decir, que encuentran justificación para sus crímenes en la defensa de unos principios que tratan de imponer porque son los correctos". "Son conscientes de que hacen daño", sigue Lorente, "pero opinan que la situación que pretenden corregir, su causa, es más importante".

Son unos delincuentes que creen que su condena es injusta. A la cárcel hay que sumar, coinciden los expertos, un rechazo social manifiesto que contribuya a la resocialización de los maltratadores. Y que, hoy por hoy, no se produce: sólo el 1% de las denuncias proceden de la familia. El director del Instituto de Psicología de la Violencia, Andrés Montero, recurre de nuevo al terrorismo para reivindicar una actitud social que repudie el maltrato: "La sociedad tiene que hacer el mismo clic que se ha hecho en este país con el terrorismo. Suena fuerte, pero no lo es tanto, porque es un problema que ataca a las raíces profundas de la democracia, porque parte de una concepción de desigualdad".

En el Ministerio de Igualdad, una frase parece haberse convertido en el eslogan contra la violencia machista: "Protección a la víctima, aislamiento al agresor". Son conscientes de que la sociedad aún no se hace cargo del problema. Sólo un 2% lo ve así en las últimas encuestas del CIS. Montero reivindica una militancia activa. Rechazo entre los amigos, del seno de la familia o del camarero del bar. Se acabaron las gracietas sobre la pareja para buscar las risotadas.

Ana Orantes murió quemada en Granada en 1997 después de una vida de maltrato. Los hijos repudiaron al padre y pidieron para él 22 años de cárcel. Varios de ellos cambiaron sus apellidos. Raquel Orantes, hija de la víctima y del asesino, critica la "permisividad" que se respira hacia los maltratadores. "Mi hermano escuchó en un bar, mientras salían las imágenes de la muerte de mi madre, este comentario: 'A saber qué habría hecho para que su marido llegara a eso".

Orantes puede describir con precisión el entorno que rodea y a veces protege a los maltratadores, condenando, de paso, a la víctima: "Los vecinos lo perciben como un problema privado. Mi padre nunca tuvo una palabra agria hacia ellos, ni siquiera se creían nuestra versión. Él siempre fue un hombre amable en la calle". Con ese ambiente, los hijos se criaron creyendo que el horror era algo común en muchas casas. "Lo normalizas, y tampoco te quedan fuerzas ni valor para plantarle cara. Además, te da vergüenza, y sueles ocultarlo", dice.

Su abuelo paterno, el padre del asesino, tenía un refrán para los maltratadores: "Son candil de puerta ajena". "Lo que quería decir es que en la calle pasan por personas estupendas, aunque en casa son criminales". Su nieta no recuerda qué actitud tomó el abuelo hacia su hijo, pero sí reconoce que los abuelos maternos apoyaron a su madre, aunque no mucho más allá de lo que permitía la mentalidad de la época. No así la madre del agresor, que le "encubrió y mimó siempre, era su único hijo varón".

No hace dos semanas, una cadena de despropósitos administrativos y la mano de un asesino llevaron a la tumba a otra mujer y su pareja en Alovera (Guadalajara). Estuvieron bien acompañados en el tanatorio. Nadie velaba, sin embargo, el cadáver del agresor suicidado. La tesis es: no se trata de un conflicto de pareja, sino de un problema social, por tanto, todos deben implicarse en los cambios. Ni risas, ni silencios. Sólo desprecio.

Pero la violencia machista ha sido durante tantos siglos un azote que sólo concernía a los que compartían alcoba, que la mucha sangre y sufrimiento derramados apenas remueve la conciencia colectiva, aunque las muertes revuelvan los estómagos individuales. Entre 2001 y 2007 fallecieron a manos de su pareja o ex pareja 425 mujeres.

Pocas veces la ley va por delante de la realidad, y éste parece uno de esos extraños casos. Cuando un maltrato continuado a la vista de todos no era suficiente para retirar el saludo al agresor, la ley vino a considerarlo delito. "En estos 10 últimos años hemos avanzado mucho por la acción de las asociaciones de mujeres, que han llevado la voz cantante, y de un Gobierno que se ha comprometido con la igualdad", dice Montero. "Pero, ¿qué hemos hecho los hombres mientras tanto? Intentar resistirnos, amoldarnos a las novedades, a lo políticamente correcto. Cuando nos reunimos, lo tomamos a chufla. ¿Cuántos hombres hay en los movimientos por la igualdad? Es esencial que se involucren para que los agresores noten el rechazo entre los suyos. Los hombres deben sentirse parte del problema", afirma.

Sin embargo, en contra de este razonamiento, Montero percibe que "hay algunos hombres, normales y corrientes, que dicen que el sistema está favoreciendo la violencia, porque las iniciativas de igualdad están soliviantando a los hombres", lamenta.

De nuevo, ellos no son los culpables, cuando quizá lo es toda la sociedad. Desde 2002, la psicóloga Mar Rodríguez Villaver trabaja en la cárcel de Pereiro de Aguiar (Ourense) en los programas de reinserción de maltratadores. Se trata de cursos voluntarios que duran un año. "No es mucho lo que podemos hacer en ese tiempo. Hay que tener en cuenta que son personas que provienen, por lo general, de un entorno que no fue adecuado para su socialización. Un maltratador no surge de un día para otro. Dicen que el maltrato se da en todas las clases sociales, pero la experiencia aquí revela que es muy acusado entre las clases desfavorecidas económicamente. Además, cuando están en la cárcel es que la escalada de maltrato ha llegado a las cotas más altas, es decir, que arrancó hace muchos años".

Pero esta psicóloga abre camino al optimismo: "Encontramos diferencias entre los que pasan por el curso y los que no. Los primeros aprenden a cuestionar su comportamiento, lo que ya es mucho, porque, en un principio, son todo excusas, justificaciones. Los que no se apuntan al curso salen incluso peor, enfadados por haber estado allí encerrados de forma injusta, con más rabia hacia su mujer, a la que culpan de haber estado en la cárcel".

Si esto es así, ¿por qué no son obligatorios estos cursos? "La anterior ley penitenciaria decía que el tratamiento en la cárcel no era obligatorio, pero en 1996 se eliminó esa referencia y se especificó que todo interno tiene el deber de colaborar en programas formativos", explica José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto Andaluz de Criminología. Pero el reglamento permite al interno rechazar cualquier estudio sobre su personalidad. "Hay dos razones para ello. En principio, no se puede obligar a nadie a ser tratado, por respeto a sus derechos, pero es que, por una cuestión de eficacia, de poco serviría que alguien esté en un curso en el que no quiere estar", aclara. "El Estado simplemente puede ofrecer esa posibilidad", añade.

En todo caso, los profesionales se emplean en la motivación para conseguir que los reclusos participen en estos programas. Pero los psicólogos no tienen fácil hacer una propuesta que no puedan rechazar. "Si no hacen el curso no tendrán ventajas penitenciarias, y si lo hacen, tampoco. Si no hacen el programa, la evaluación será negativa, pero si lo hacen no tiene por qué ser positiva". A pesar de todo les convencen porque les explican que la ventaja es en su "beneficio personal". Mar Rodríguez Villaver tiene un grupo de unos 12 y sólo tres o cuatro lo rechazaron. Son los que niegan totalmente el delito.

Cuando el recluso sale a la calle, los psicólogos pierden su contacto y el año de resocialización se da por concluido. "Sería deseable un seguimiento. Lo único que yo sé es que los que pasaron por aquí no han vuelto a entrar...". Pero nadie puede asegurar que no estén en otra cárcel o que no estén maltratando a otra víctima.

Ése es el peligro. Muchos maltratadores son jóvenes y eso les puede convertir en coleccionistas de víctimas. "Lo suyo sería tratarlos en las primeras fases. No pocos estarían dispuestos a someterse a programas de prevención cuando se detecten esas conductas", asegura Martínez Villaver. Pero no siempre es fácil detectarlas. "Para las víctimas es difícil discernir a veces. Uno de los efectos en ellas es la falta de iniciativa para tomar decisiones, están paralizadas. Son dependientes emocionales".

Lo que sí tienen es la posibilidad de seguir cursos de rehabilitación en la calle, que también existen. Algunos jueces conmutan la pena de cárcel a condición de que los agresores machistas pasen uno de estos cursos. Pero no hay en todos los sitios. Uno de los últimos crímenes ocurrió en Valencia cuando el agresor andaba suelto y, en lugar de estar en un programa formativo, como prescribió su sentencia, se dedicaba a buscar una pistola. Con ella mató a su ex pareja. Nadie vigiló si estaba asistiendo a estos cursos.

Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, es uno de los grandes defensores de la reinserción, algo en lo que no coinciden algunas asociaciones feministas. "Al maltratador hay que darle una salida. Ejercer violencia contra la pareja es uno de los mayores indicadores de que se volverá a hacer. Más incluso que el haberlo vivido en la infancia. Eso de 'nunca más se va a repetir' no es cierto", afirma Echeburúa. Y sabe que cuando se abre una grieta, cada vez se hace más grande. Por tanto, sostiene que hay que poner el acento en la víctima y dar una salida al agresor, "especialmente a los que han cometido delitos menos graves, cuando estén próximos a la excarcelación".

Las listas públicas de maltratadores que en algún momento estuvieron en el huracán de la polémica no son la solución, a juicio de Echeburúa. "Estigmatizar no vale. También hay hijos por medio". Aunque algunos han aprendido a decir basta. "Hay que señalar a los agresores", dice Raquel Orantes. Ese señor del que ha rechazado hasta el apellido era su padre, pero fue el asesino de su madre.

Echeburúa dice que entre los agresores que aceptan un tratamiento rehabilitador hay un 60% de éxito, es decir, que desaparece por completo la violencia física y en muchos también la psíquica. "Hacemos un seguimiento de un año. Las víctimas nos dicen que todo ha mejorado, que no hay coacciones, amenazas ni acosos". Pero también sabe que "muchos se despiden a la francesa antes de acabar la terapia".

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira González, considera que los esfuerzos por la reinserción no son incompatibles con el rechazo absoluto que han de sentir los maltratadores. "Creo que día a día encuentran mayor desprecio social", dice, y constata que cada vez más los hombres que asesinan a sus parejas tienden a acabar con su propia vida. También se ha acabado para ellos el objeto de control, la mujer sumisa que tenían, su causa, y entonces ya no tiene sentido su vida. "Ellos son tan dependientes de sus víctimas, como ellas de ellos tras años de maltrato psíquico", argumenta Mar Martínez Villaver.

-Si no te gustaba nada de ella, si todo lo hacía mal, ¿por qué seguías con la relación? -le preguntó un día a un condenado.

No supo responder.

Fuente El País


Jerez protesta contra la violencia machista tras otra muerte

Cerca de medio millar de personas, según la Policía Local, entre autoridades, vecinos y familiares, se concentraron este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) para protestar por la violenta muerte de M.J.L.L., que el pasado sábado murió degollada en su domicilio supuestamente a manos de su ex pareja, F.G.A.

Tras guardar unos minutos de silencio en señal de repulsa por el suceso, vecinos y familiares de la víctima pidieron entre aplausos "que cambien la justicia" para obtener "cadena perpetua" para el acusado, de 77 años de edad, que ingresó este domingo en el centro penitenciario de Puerto II después de que la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Jerez dictara un auto de prisión provisional y sin fianza.

Asimismo, pancartas en mano, los allegados de la víctima, la primera jerezana que en muchos años es asesinada presuntamente por su ex novio, denunciaron que su desaparición "era una muerte avisada" y pidieron "más protección" para las mujeres maltratadas.

Por su parte, el hijo de la fallecida, José Piñero, aseguró a los medios de comunicación que el final de su madre "se veía venir porque había unas amenazas denunciadas" y añadió que su presunto agresor "incumplió una orden de alejamiento y estuvo paseando impunemente por Jerez cinco días, esperando que ella llegara de una excursión".

Finalmente, Piñero pidió "justicia" e hizo un llamamiento a todos los jerezanos para que no se tomen "la venganza por su propia mano" ya que, de ese modo, "no vamos a solucionar nada", reflexionó.

Fuente El Mundo

viernes, mayo 09, 2008

El Gobierno busca un Pacto de Estado con las Comunidades sobre violencia machista

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto buscar en la próxima conferencia de presidentes un Pacto de Estado que logre una aplicación de la Ley contra la Violencia de Género más homogénea en todo el país, según informaron fuentes ministeriales.

En la reunión, que está prevista aunque no tiene fecha en el calendario, se intentará alcanzar "un acuerdo de mínimos" con las comunidades, de tal manera que las medidas y acciones que se pongan en marcha sean parecidas.

El Ministerio de Igualdad está estudiando además la posible modificación de algunos aspectos de la Ley contra la Violencia de Género, aunque no han concretado aún qué puntos se verían afectados.

Según las mismas fuentes, la norma, que fue aprobada en 1994, "está en continua evaluación", para, "si se detectan fallos o disfunciones, corregirlos".

Pese a las muertes que supone la violencia doméstica, sólo para el 2,5% de los ciudadanos este problema se encuentra entre los más importantes. Las mismas fuentes insisten en que hay que dar más "visibilidad al problema" dado que "las muertes de mujeres maltratadas disminuyen cuando hay una mayor concienciación social".

Fuente El País

lunes, abril 28, 2008

Ocho de cada 10 juzgados de Violencia sobre la Mujer no son exclusivos

En estos momentos hay 458 juzgados de Violencia sobre la Mujer en España: al menos uno por cada partido judicial y más de uno en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. Pero sólo 83 de ellos (el 18%) son exclusivos mientras que ocho de cada diez se encargan a la vez de tres tipos de asuntos: civiles, penales y violencia de género. Son los llamados juzgados compatibles y al menos 42 de ellos están sobrecargados.

El criterio que se ha seguido para determinar el número de juzgados colapsados tiene como eje el juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid), que no atendió de forma adecuada a la mujer argentina asesinada el pasado 10 de abril después de denunciar en numerosas ocasiones que el agresor quebrantaba la orden de alejamiento. Este juzgado recibió 388 denuncias en 2007. La Inspección del Consejo General del Poder Judicial estableció el año pasado en un informe que la carga de trabajo de este órgano era excesiva, por lo que este periódico ha considerado como sobrecargados todos aquéllos juzgados compatibles que el año pasado recibieron más denuncias que el de Torrejón y que no han sido reforzados. Puede ser un criterio objetivo válido, según fuentes del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, al margen de que la situación de cada juzgado dependerá también de otras variables como el número de funcionarios y su nivel de eficacia, o la diligencia del juez.

Los órganos colapsados pueden ser incluso más que los señalados. En Jumilla (Murcia), por ejemplo, no se recibieron en 2007 más de 388 denuncias, pero es un juzgado único en el partido judicial, lo que significa que se encarga de todos los asuntos que llegan. Ese año tramitó 241 denuncias por violencia machista además del resto de procedimientos.

La situación en los juzgados exclusivos es bastante mejor. Los de algunas ciudades como Málaga, Madrid o Sevilla estaban muy sobrecargados, pero en 2007 se crearon órganos nuevos. Aunque alguno sigue con una carga de trabajo difícilmente digerible: Las Palmas recibió el año pasado 1.757 denuncias y aún no ha sido reforzado.

Uno de los problemas más graves relacionados con la escasez de juzgados exclusivos, aparte de la sobrecarga y de que jueces y fiscales no estén especializados, es la falta de unidades de valoración integral del riesgo de la víctima. El Gobierno ha creado 29 en las comunidades sin competencias propias de Justicia, y además Andalucía tiene ocho. Muy pocas para atender las más de 120.000 denuncias que se presentan cada año por violencia machista.

Estas unidades, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, son las encargadas de hacer un estudio de la mujer, los menores y el presunto agresor. Valoran la peligrosidad del hombre, lo que permite al juez adoptar las medidas adecuadas y a la Policía o Guardia Civil escoger la mejor forma de proteger a la víctima. Sólo así se puede determinar realmente si es necesario un escolta día y noche para la mujer o por el contrario basta con un seguimiento ocasional o un teléfono de teleasistencia.

"Para que los jueces se acerquen al 100% en la valoración del riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos como el de Sylvina Bassani es indispensable que, al menos en cada provincia, haya unidades de valoración forense, que todavía no existen en algunas comunidades autónomas", señala Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Fuente El País

Maltratadas y mal protegidas

Sylvina Bassani, la argentina que murió a manos de su ex marido el pasado 10 de abril tras haber denunciado reiteradas violaciones de la orden de alejamiento, cayó en un mal juzgado, el número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid). Nada que ver con los órganos especializados que existen en algunas ciudades. No tiene ni fiscal ni equipo psicosocial especializados ni unidad de valoración del riesgo de las víctimas. Además, el órgano estaba atascado. La propia juez había pedido ayuda al Poder Judicial ante la imposibilidad de conciliar los casos de maltrato con el resto de los asuntos, penales y civiles, que le tocaba tramitar. "El retraso en el negociado de violencia causa inquietud", llegó a manifestar la secretaria del juzgado. Al menos otros 41 juzgados están en la misma situación o peor. Algunos duplican e incluso triplican la carga de trabajo que tenía el que no pudo evitar la muerte de Sylvina.

El Gobierno sólo ha creado, desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, 83 juzgados exclusivos en Violencia sobre la Mujer -órganos con personal especializado que se encargan sólo de esta materia-. El resto de los juzgados que tramitan estos procedimientos, 375, vieron cómo tras la aprobación de la ley integral les caía encima la losa de la violencia machista junto con el resto de asuntos penales y civiles que les tocan por reparto. Son los llamados juzgados compatibles, muchos de ellos infradotados en relación a la ingente carga de trabajo que soportan. Tramitan más de la mitad de las denuncias que se presentan cada año por violencia machista: el 56% de las 126.293 de 2007 recayeron en este tipo de órganos.

¿Qué dice la ley integral? ¿Exige juzgados exclusivos? El artículo 43 sólo obliga al Gobierno a crear, en cada partido judicial, "uno o más juzgados de Violencia sobre la Mujer". No especifica si pueden llevar, además, otras materias o tienen que centrarse en la violencia machista. Se determina que la especialización es necesaria, pero no hasta qué punto. Y en la práctica se optó por ir creando poco a poco juzgados exclusivos y hacer que la inmensa mayoría (el 82%) lleven otros asuntos, además de la violencia de género. El resultado: las más de 120.000 denuncias que se presentan cada año han colapsado estos órganos y no se han puesto los medios suficientes para afrontar la situación. Que una víctima esté bien, mal o pésimamente atendida -y protegida- va a depender, en gran medida, de dónde viva.

En 59 de los juzgados compatibles se superaron el año pasado las 388 denuncias que paralizaron el juzgado que llevó el caso de Sylvina Bassani y 42 no han sido reforzados. El atasco fue manifiesto sobre todo en las poblaciones de los cinturones de las grandes capitales o capitales de provincia. El juzgado de Violencia de Alcorcón (Madrid), por ejemplo, recibió 633 denuncias y el de Badalona (Barcelona), 956; 632 el de León y 602 el de Almería. Lo mismo ocurrió en varias poblaciones importantes que no son capital de provincia, como Cartagena (Murcia), con 809 casos, Marbella (Málaga, 890), Dénia (Alicante, 603) o Gandía (Valencia, 761). En algunas de estas ciudades se crearon juzgados exclusivos el pasado diciembre.

Otras zonas claramente colapsadas son las islas, donde varios juzgados presentan cifras alarmantes. El de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) supera ampliamente a muchos juzgados exclusivos, con 772 denuncias y en la misma situación se encuentra el de Telde (Gran Canaria), con 853. El de Puerto del Rosario (Fuerteventura) sobrepasa al de Torrejón con 496 casos, y lo mismo ocurre en Ibiza (456).

"Las víctimas reciben una respuesta judicial de calidad muy diferente, según sea el lugar donde se produce el delito", afirma Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces detectó estas disfunciones gracias a un informe del servicio de Inspección elaborado el año pasado a través del análisis de 50 juzgados y cuyas conclusiones, según fuentes del CGPJ, continúan vigentes. Una de ellas, quizá la principal, es que la materia de violencia "no resulta compatible con la civil y penal que les corresponde". Es decir, lo que ocurre en el 82% de los juzgados encargados de la violencia machista.

El mismo informe señala que cualquier diligencia de maltrato es equivalente a cinco de otras materias por la urgencia de estas actuaciones, que exigen una decisión inmediata sobre el detenido y la víctima. "La asunción de las competencias de violencia afecta mucho al resto de los casos del juzgado, que acaban por sufrir enormes retrasos", señalan fuentes del Poder Judicial.

El estudio subraya, además, las diferencias de medios materiales y servicios ofrecidos por los distintos órganos, comparando los juzgados exclusivos y los compatibles. Cuatro de cada cinco exclusivos tenían un fiscal propio y especializado en esta materia. Sólo un tercio de los compatibles contaban con fiscal permanente y en un ínfimo 4,3% éste era especialista en violencia machista.

Lo mismo ocurre con los equipos de psicólogos y trabajadores sociales encargados de evaluar a la víctima, a su agresor y el riesgo de que el maltrato se repita. Cada juzgado exclusivo tiene uno, pero los compatibles con equipo propio sólo son uno de cada tres, lo que obliga a acudir, en la mayoría de los casos, al equipo psicosocial de la capital de provincia, con los consiguientes retrasos. Finalmente, la inmensa mayoría de los juzgados exclusivos cuentan con un turno de oficio específico de asistencia a la víctima mientras que sólo existe en un tercio de los compatibles.

"La especialización que pretendió el legislador durante la tramitación de la ley integral contra la violencia de género no existe de facto en estos juzgados", explica Montserrat Comas. "En la práctica, estos órganos se han convertido en juzgados de guardia que tienen completamente ocupadas sus horas de audiencia con las declaraciones de los detenidos y las víctimas y con la urgencia que imponen las órdenes de protección que se deben dictar casi a diario. No hay tiempo para llevar otros asuntos", continúa la presidenta del Observatorio de Violencia de Género.

La solución que se propone desde el órgano de gobierno de los jueces es la comarcalización, es decir, la creación de nuevos juzgados exclusivos como los 83 que ya están en marcha y la extensión de su competencia a varios partidos judiciales que ahora están cubiertos con juzgados compatibles colapsados. "El objetivo es conseguir una respuesta judicial de calidad, con recursos que los juzgados que compatibilizan esta materia con sus causas civiles y penales no suelen tener", prosigue Comas. Se trata de una posibilidad prevista en la Ley Integral de Violencia de Género pero que obligaría a reformar la de Demarcación y Planta Judicial, la que establece la distribución de los juzgados en el territorio.

El Gobierno intentó esa modificación legal en marzo del año pasado con una enmienda introducida por el Grupo Socialista en la Ley de Igualdad durante su tramitación en el Senado. La iniciativa, que contaba con el apoyo de las comunidades autónomas con competencias de justicia, decayó debido a la oposición del PP y CiU. Esas formaciones no se oponían en principio al contenido de la reforma, pero reclamaron que se tramitara mediante su propio proyecto de ley. La enmienda creaba 33 nuevos juzgados exclusivos y, como proponía el Poder Judicial, les daba ámbito comarcal, extendiendo la especialización a las periferias de las grandes capitales, poblaciones importantes e islas, donde se concentran los juzgados compatibles más atascados.

La falta de apoyos en la Cámara Alta dejó ese ambicioso plan en agua de borrajas y el Ministerio de Justicia se conformó con convertir 27 juzgados de primera instancia e instrucción en exclusivos de violencia. 17 de ellos se encontraban entre los que más denuncias habían recibido en 2007. Comenzaron a funcionar el pasado 28 de diciembre.

El Observatorio de Violencia Doméstica considera que no es suficiente y que la comarcalización debe ser prioritaria debido al mal estado de muchos juzgados. "Para que los jueces se acerquen al 100% en la valoración del riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos como el de Sylvina Bassani es indispensable la presencia permanente del fiscal y que, al menos en cada provincia, haya unidades de valoración forense, que todavía no existen en algunas comunidades autónomas", concluye Comas.

Fuente El País

miércoles, abril 23, 2008

Hay quebrantamientos de condena en masa. Estoy sobre un polvorín

Eduardo López-Palop, el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas, se está planteando pedir el traslado a otro juzgado. Las estanterías del órgano que dirige, el Penal 2 de Madrid, acumulan casi 7.000 sentencias de violencia de género pendientes de ejecución. "Estoy sentado sobre un polvorín y fumando", ironiza el magistrado a EL PAÍS. Los expedientes no están parados, pero requieren la máxima atención. No hay tiempo ni manos. El juez confiesa que no da abasto.

López-Palop es un juez con un amplio bagaje profesional y muchos años de dedicación a la magistratura que ya le han causado algún sinsabor que quiere evitar. Hace más de 15 años fue expedientado por demoras en la tramitación de sentencias de su juzgado, uno más de los muchos saturados de España.

Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, es ahora un sinvivir. "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos y si habrá algún problema".

Le satisface la faceta social que realiza, "pero no de esta forma; necesito más medios para prestar un servicio eficaz", señala. Y se pregunta, con cierto enfado: "¿Usted cree que un único juez y un secretario pueden tramitar con normalidad 7.000 expedientes de maltratadores?". En los últimos dos años ha remitido "cuatro escritos" al Consejo General del Poder Judicial pidiendo ayuda. Pero, por el momento, todo sigue igual.

"Para revisar el estado de los 7.000 expedientes que tenemos ahora mismo, la secretaria -por cierto, una profesional de extremada dedicación y eficacia- y yo necesitaríamos dos años", explica López-Palop. "Y lo peor es que, cuando terminásemos de revisar esos 7.000 expedientes, ya se habrán acumulado otros muchos nuevos".

Visitar la oficina judicial donde se ejecutan las sentencias de violencia machista de Madrid es hallar estanterías repletas y montones de sumarios encima de las mesas y en el suelo. Los funcionarios, si están sentados, casi no pueden verse las caras: las mesas son montañas de expedientes. Para firmarlos, el juez se las ve y se las desea entre tanto papel.Lo que más en vilo tiene a este magistrado no son los 513 maltratadores que ahora tiene en prisión, sino los que se hallan en libertad porque se les ha suspendido la pena al reunir los requisitos legales: condena inferior a dos años de cárcel y ausencia de antecedentes. "¿Qué culpa tendría yo si una de ellos pierde un día la cabeza y mata a su mujer?", se pregunta el juez. "El derecho penal antes era punitivo y preventivo, pero ahora, tal como están las cosas, los jueces vamos a tener que ser adivinativos e intuir cuando un maltratador va a matar a su pareja".

A diferencia de otras ciudades, en Madrid hay cinco juzgados dedicados en exclusiva a ejecutar las sentencias que dictan los 23 juzgados de lo penal de la capital (los que enjuician delitos con penas iguales o inferiores a cinco años de cárcel). En ciudades más pequeñas, como Sevilla, por ejemplo, el mismo juez penal que celebra el juicio y redacta la sentencia es quien debe ejecutarla y vigilar que se cumplen las órdenes de alejamiento.

-El caso de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta tras dos fallos judiciales, afloró una gran descoordinación entre juzgados. Cuando recibe la sentencia de un maltrador, ¿comprueba si tiene antecedentes?

-Sí, lo hacemos. Al iniciar el expediente de ejecución, consultamos la base de datos del Ministerio de Justicia. Y al instante tenemos el informe. Por lo demás, un caso como el de Mari Luz, con el volumen de asuntos que llegan, podría ocurrir aquí y en cualquier otro sitio.

-¿Es cierto que muchas parejas incumplen la orden de alejamiento incluso ante usted?

-De casos concretos, no voy a hablar. Pero sí, es cierto que se están produciendo quebrantamientos de condena en masa.

Los cinco juzgados penales de ejecutorias de Madrid (uno de ellos dedicado exclusivamente a la violencia machista) acumulan en este momento 35.000 sentencias, todas ellas en fase ejecución. Estos juzgados tienen ahora en busca y captura a unos 2.600 condenados, 200 por violencia machista.

Tras el caso del asesinato de la niña de Huelva, los cinco jueces de ejecutorias de Madrid se reunieron con el decano, José Luis González Armengol, para exponerle la sobrecarga de trabajo que soportan. Ante ello, la Junta de Jueces acordó solicitar con urgencia que se dote a cada uno de estos cinco juzgados de, al menos, dos secretarios.

Fuente El País

viernes, abril 18, 2008

Jueces, fiscal y psicóloga dejaron indefensa a la asesinada de Alovera

Un juzgado colapsado, falta de medios, funcionarios suplentes que no saben ni lo que es una providencia, una psicóloga judicial con récord de quejas que afirma que no hay malos tratos y que recomienda a la mujer maltratada que "supere su conflictividad de pareja", un juez que no responde a escritos desesperados de la víctima y que cree que no es necesario pedir un informe psiquiátrico de un imputado con intentos de suicidio.

El juez no escuchó a la víctima, a pesar de que se incumplió el alejamiento

El fiscal pidió el archivo de la causa seis meses antes del crimen

Y, finalmente, un fiscal que pide el sobreseimiento de la causa. Ni el juez ni la psicóloga ni el fiscal creyeron a Sylvina Bassani, asesinada a tiros el pasado 10 de abril en Alovera (Guadalajara) junto a su pareja por su ex marido, el sargento Javier Lacasa. Un cúmulo de negligencias, despropósitos, dejadez y problemas estructurales de la administración de justicia desembocaron en el doble crimen machista, según se desprende de un informe elaborado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

El juez no consideró necesario escuchar la declaración de Sylvina, como ella pedía, después de varios incumplimientos de la orden de alejamiento. El doble crimen machista se produjo a pesar de que la víctima había encendido todas las alarmas. A pesar de que eran muchas las luces rojas que alertaban de que el asesino era una persona peligrosa. Pero nadie quiso enterarse o investigarlo en profundidad.

El informe de la Inspección propone que se abran diligencias informativas; que se investigue lo ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -encargado de la violencia machista- por el que pasaron cuatro jueces durante la tramitación del caso de Sylvina. En cuanto a la actuación de la psicóloga y del fiscal, deben ser la Consejería madrileña de Justicia (para quien trabaja la psicóloga) y la Fiscalía quienes inicien las investigaciones sobre la parte que les toca.

La primera denuncia de la víctima es de 29 de abril de 2005, pero ella se retractó de su declaración y se archivó el caso. El 1 de septiembre de 2006 volvió a pedir ayuda. Esta vez, al día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón -de guardia- dictó una orden de protección con orden de alejamiento hacia ella y hacia el hijo de ambos, y la obligación de entregar las armas de que dispusiera el imputado, sargento del Ejército. Se prohibieron las visitas entre padre e hijo.

Javier Lacasa, según consta en el atestado de la Guardia Civil, que realizó el 2 de septiembre una inspección ocular de su coche, había intentado suicidarse por asfixia, conectando el tubo de escape al interior de su vehículo. Y, estando en dependencias policiales, dijo que lo iba a volver a intentar y se apretó el cuello con las manos. Estos eran los antecedentes de quien después fue descrito como una persona normal por una psicóloga del juzgado. En el procedimiento penal no se le hizo ningún peritaje psiquiátrico a pesar de que fue solicitado por la víctima. Sólo consta un informe psicosocial emitido por un trabajador social y por una psicóloga con récord de quejas en su colegio profesional.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, encargado de la Violencia sobre la Mujer, abrió unas diligencias previas el 4 de septiembre de 2006. Ese órgano llevaba también el procedimiento de divorcio. A partir de ese momento, los escritos de los abogados de Sylvina Bassani fueron constantes, muchos de ellos informando de la vulneración de la orden de alejamiento. El 25 de septiembre ya se comunican al juzgado unas primeras llamadas telefónicas de Lacasa.

En noviembre de 2006 declararon dos testigos señalando que Sylvina les había llamado en una ocasión muerta de miedo porque Lacasa había enfurecido debido a que ella debía viajar a Boston a un congreso -la víctima era doctora en microbiología-. Cuando fueron a su domicilio vieron una cómoda rota y decidieron acogerla en su casa. Ante la psicóloga que determinó que él era una persona normal y no un maltratador, Lacasa reconoció que ese día, por el viaje, había enfurecido y tirado al suelo una televisión.

El informe de la Inspección acredita que los abogados presentaron en la causa penal 28 escritos. Los jueces los fueron contestando -en algunos casos dos o tres meses después y no siempre respondiendo a todas las peticiones- hasta el 2 de agosto de 2007. Desde entonces y hasta el 8 de abril de 2008 (ocho meses), silencio absoluto: el juzgado no vuelve a responder a ningún requerimiento del abogado. En total se presentaron ocho escritos durante este periodo, que han aparecido grapados al procedimiento y que no fueron estudiados por el juez.

Una de las cuestiones que los abogados pidieron en reiteradas ocasiones fue que se celebrara la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que se celebra para pedir el ingreso en prisión del imputado. El letrado la pedía ante la vulneración continuada de la orden de alejamiento. Algunas de estas peticiones ni siquiera fueron respondidas por el juez. Tampoco se contestó a la petición de que se solicitara al Ministerio de Defensa que impidiera al agresor acceder a las armas.

El fiscal pidió el sobreseimiento del caso en noviembre de 2007 sin dar crédito a las acusaciones de la víctima. Tampoco creyó necesario pedir más pruebas. Pero esta petición de archivo no fue notificada a la víctima: a día de hoy, el abogado de Sylvina no tiene constancia de ella.

Fuente El País

jueves, abril 17, 2008

La Fiscalía dice ahora que tener pareja aumenta el riesgo de violencia doméstica

El fiscal superior del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha aclarado que, en sus polémicas declaraciones de este miércoles sobre el doble crimen de Alovera, "en ningún momento (...) ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja".

"Al contrario. El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha es consciente de que esta situación incrementa el riesgo, como se ha comprobado en el caso ocurrido en Alovera (Guadalajara)", ha precisado Martínez en un comunicado remitido esta tarde a los medios.

El fiscal asegura que sus declaraciones, en las que dijo que la mujer asesinada el pasado jueves por su ex marido, un militar anteriormente denunciado por malos tratos, tenía "un grado de protección importante", pues vivía con otro militar, "no han sido interpretadas de forma correcta".

En una rueda de prensa en Guadalajara, el fiscal superior opinó que, "si bien la víctima no estaba suficientemente protegida, porque si lo hubiera estado estaría viva", sí tenía un grado de protección importante, "la que le brindaba como mínimo la presencia de su compañero sentimental, que era también un militar de graduación, de más graduación que su agresor".

En su comunicado posterior, Martínez precisa que "en ningún momento el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja" y que, "de cualquier forma y en todo caso, la responsabilidad de la protección de las víctimas es del Estado, a través de los órganos judiciales y fiscales".

Insiste también en que, "ante un agresor dispuesto a quitarse la vida, las medidas de protección que pueda establecer el Derecho tienen una efectividad limitada y que la única medida que habría podido evitar el luctuoso suceso en Alovera es que, con carácter previo, se hubiera decretado la prisión provisional, que es una medida excepcional que sólo se adopta en casos extremos".

La presidenta de la asociación regional de apoyo a las mujeres maltratadas María Zambrano, Fe Saiz, ha declarado que decir que la víctima de Alovera tenía "un grado de protección importante" por vivir con un militar denota "ignorancia", ya que éste fue también abatido.

Respecto a la reflexión realizada por Martínez de aumentar las posibilidades de decretar prisión preventiva, Saiz cree que en este caso "sí hubiera sido aconsejable" porque se habían producido denuncias reiteradas, pero ha precisado que "habría que estudiar cada caso y no medir todo por el mismo rasero".

Fuente El Mundo

Bibiana Aído pone en manos de un hombre la lucha contra la violencia machista

Bibiana Aído se estrena como ministra de Igualdad rompiendo un molde: la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista será cosa de un hombre, Miguel Lorente Acosta.

Este médico forense de 45 años, referente científico para los colectivos feministas y para toda la política anti violencia de género que se ha hecho en España en los últimos años, abraza el cargo con un puñado de mensajes. "Vamos a actuar sobre los hombres. Hay que remover los valores que llevan a la conducta violenta. El hombre usa las referencias culturales que tiene para ejercer su dominio".

A partir de este viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento en sustitución de Encarnación Orozco, Lorente dejará de ser el director general de Asistencia Jurídica a las Víctimas de la Junta de Andalucía y trasladará su casa a Madrid, la ciudad donde el pasado lunes conoció en persona a la ministra de Igualdad.

Lorente fue invitado por algunas asociaciones feministas al acto de toma de posesión de Bibiana Aído y la saludó brevemente en persona.

Dos días después, este miércoles, la ministra le telefoneó, ambos mantuvieron una larga conversación sobre la "compleja" violencia de género y al finalizar la charla, Bibiana Aído le ofreció ser delegado del Gobierno. "Le dije que sí inmediatamente".

Autor de libros como 'Mi marido me pega lo normal', 'Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso' o 'El rompecabezas, anatomía de un maltratador', este profesor asociado de Medicina Legal en la Universidad de Granada cree que el hecho de que un hombre sea nombrado responsable de la lucha contra la violencia machista es un "acto simbólico fundamental".

"Detrás de la violencia de género hay formas míticas y prejuicios que ocultan la idea de la superioridad, el 'lo mío vale más que lo tuyo'. El hombre impone así su modelo y si no lo consigue o no lo cree conseguido recurre a la violencia. La violencia aparece así camuflada de normalidad, por lo que actuar frente a ella con un hecho simbólico resulta fundamental. Muchas veces se piensa que la violencia machista es cosa de mujeres, que sólo le importa a las feministas. Nombrar a un hombre es implicar a los hombres en esta lucha. Es un acto simbólico pleno".

'Muchas veces se piensa que la violencia machista es cosa de mujeres. Nombrar a un hombre es implicar a los hombres en esta lucha', dice Lorente


Para Lorente, las cifras del asesinato y la agresión machistas son un dato para trabajar en la "individualización" de los casos. "A las mujeres les diremos que sigan denunciando, porque el riesgo no está en la denuncia sino en la ruptura. Por eso intentaré darle al Observatorio contra la Violencia de Género un carácter más científico, que individualice los casos para que sepamos diferenciar bien las formas de violencia. No hay dos asesinatos iguales, no hay dos denuncias iguales".

Entre sus objetivos, ronda la palabra prevención. "La fase anterior de la Delegación fue un inicio, un arranque. Había mucho por hacer y se hizo, pero aún hay que hacer más. Hay que abordar la prevención en dos campos. La terciaria, que abarca los casos identificados, y sobre la que se hacen las valoraciones del riesgo. Y la primaria, una sensibilización crítica contra los valores que llevan a los hombres a recurrir a la violencia".

Fuente El Mundo

miércoles, abril 16, 2008

180 cuestiones sobre violencia de género esperan al Constitucional

Más de 180 cuestiones contra la Ley de Violencia de Género están paralizados a la espera de la decisión del Constitucional. El Pleno del Alto Tribunal proseguirá hoy las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por una juez de Murcia contra la ley Integral de Violencia de Género, en cuanto impone mayor castigo a los hombres por maltratar a las mujeres.

Los magistrados deliberaron durante toda la jornada de ayer y proseguirán hoy, dado que la sentencia es "muy complicada técnicamente", y tiene muchos "problemas de encaje penal", por lo que hay que redactarla de manera "muy rigurosa y estricta", según fuentes del Tribunal.

El Constitucional estudia la primera de las 127 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces contra el artículo 153.1 del Código Penal que impone penas de seis meses a un año al que maltrate sin lesionar a su esposa o la mujer que haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad. Los jueces han presentado otras 56 cuestiones contra el 171.4 (amenazas leves) y tres contra el 172.2 (coacciones leves). De estas 127 cuestiones, 40 han sido presentadas por el juzgado penal 2 de Albacete.
En la actualidad, hay un total de 835 órganos judiciales especializados en Violencia contra la Mujer, que han dictado un total de 91.005 sentencias desde julio de 2005, según los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial que preside la vocal Montserrat Comas.
Fuente El País

martes, abril 15, 2008

El Constitucional se inclina por avalar la ley integral de Violencia de Género

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto votar hoy la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la redacción que la ley integral de Violencia de Género dio al artículo 153.1 del Código Penal, que marcaría la doctrina a seguir en las alrededor de 180 consultas de este tipo elevadas al alto tribunal por magistrados y jueces de toda España. En dichas cuestiones se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el agravamiento penal para los hombres establecido en la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque el trasfondo de la resolución no es otro que la mayor sanción penal de la violencia machista.

Según fuentes del Constitucional, el Tribunal se inclina mayoritariamente por la constitucionalidad de la ley, aunque habrá que esperar al pleno de hoy para ver si finalmente se adopta una resolución, ya que es la segunda vez que se delibera la cuestión y en la ocasión anterior se encomendó al ponente, Pascual Sala, la reelaboración de la ponencia.

Frente a la posibilidad de hacer una sentencia interpretativa, el Tribunal se inclina por desestimar la cuestión por entender que el acento debe ponerse en el mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja. El distinto tratamiento penal se justificaría no en una discriminación positiva porque la mujer sea especialmente vulnerable, sino porque el desvalor de la conducta del maltratador es más reprobable y además es más frecuente.

El Tribunal tiene pendiente de resolver alrededor de 180 cuestiones de inconstitucionalidad contra los artículos 171.4, 153.1, 172.2 y 57. 2 del Código Penal, en la redacción dada a estos artículos por la ley integral de Violencia de Género. La que se ve hoy, en concreto, es la primera de las interpuestas, por una juez de lo penal de Murcia. También tiene que pronunciarse sobre las medidas previstas en el artículo 57.2 y relativas a la prohibición de residencia, medidas de alejamiento, prohibición de comunicarse con la víctima y posibilidad de control electrónico introducidas con anterioridad a la ley de Violencia de Género socialista por el ministro del PP José María Michavila.

El artículo 153.1 del Código Penal castiga al que cause "menoscabo psíquico", o una "lesión no definida como delito" o "golpee o maltrate de obra sin causar lesión", y la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al maltratador por relación de afectividad aun sin convivencia, o una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Las penas a imponer son de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación de portar armas de uno a tres años, y cuando el juez lo estime adecuado, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda, etcétera hasta cinco años.

Esas mismas penas se imponen por "amenazas leves" (artículo 171.4) y a quien "de modo leve coaccione" (artículo 172.2) a la esposa, o a la mujer con quien haya convivido el autor de las amenazas o coacciones.

La primera cuestión de inconstitucionalidad sobre la que está previsto debatir hoy fue presentada por la juez de Murcia María Poza en el verano de 2005. En síntesis, la consulta de esta magistrada pedía al Tribunal que se pronunciase sobre si el mayor castigo al hombre que a la mujer que maltrata a su pareja viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La decisión del Constitucional tiene paralizados numerosos procedimientos y la totalidad de los que están pendientes desde que se produjo la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional de mayo de 2007, puesto que ésta así lo establece. En las cuestiones presentadas con anterioridad algunos jueces han seguido adelante con los procesos para evitar males mayores. Precisamente la paralización de todos estos procesos quema los dedos a los magistrados del Tribunal, que temen que pueda ocurrir una desgracia a alguna de las víctimas a las que afectan los procedimientos suspendidos.

Fuente El País

miércoles, abril 09, 2008

"Cualquier cobarde que levante la mano a una mujer se enfrenta a 44 millones de personas"

José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente en funciones del Gobierno de España, en su discurso de investidura, 8/04/2008

viernes, abril 04, 2008

Estudio de la OMS: La violencia doméstica deja huellas profundas en la salud de la mujer

Huesos rotos, cardenales, un labio partido... Éstas suelen ser las primeras lesiones que tratan los profesionales sanitarios cuando una mujer maltratada pide ayuda. Sin embargo, cuando los puntos se cierran y las heridas se restañan, los problemas pueden persistir. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes han sufrido agresiones por parte de sus parejas padecen a largo plazo más problemas psiquiátricos, ginecológicos o de dolor que el resto de sus congéneres.

"La violencia doméstica se asocia con unas consecuencias graves para la salud pública que deberían tenerse en cuenta en las políticas y programas de salud, tanto a nivel nacional como global", señalan los autores en su trabajo, que se publica en el último número de la revista 'The Lancet'.

Los autores, coordinados por Claudia García-Moreno, miembro del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, llegaron a esta conclusión tras entrevistar, entre 2000 y 2003, a más de 24.000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Tanzania.

Las participantes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 49 años respondieron a un cuestionario –que se tradujo a 14 lenguas- en el que se les preguntaba si habían sufrido algún episodio de agresión por parte de sus compañeros a lo largo de su vida.

Además, también debían responder a varios interrogantes sobre su estado de salud física (dolores, mareos, pérdida de memoria, problemas ginecológicos) y mental (estrés, pensamientos suicidas) en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.

Los datos revelaron que, en la gran mayoría de las zonas estudiadas, las mujeres que habían sufrido en su vida algún tipo de maltrato por parte de sus parejas, manifestaban tener más problemas de salud que el resto de sus compañeras. Es más, el porcentaje de participantes que reconoció haber pensado recientemente en suicidarse – o incluso, haberlo intentado- era "significativamente más alto entre las mujeres agredidas", según explican los investigadores en su trabajo.

Esta asociación no parecía estar relacionada con diferencias en la edad, el nivel educativo o el estado civil de las participantes.

"Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar"


El tiempo transcurrido desde la agresión o agresiones sufridas hasta la realización de la entrevista tampoco fue un factor determinante. "En todas las zonas estudiadas, excepto en Etiopía, por lo menos un tercio de las mujeres que habían sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, no había padecido ningún episodio de violencia en el último año. [...] Este dato sugiere que los efectos de la violencia podrían persistir mucho después de que las agresiones hubieran terminado", remarcan los autores.

Debido al diseño del trabajo –se trata de un estudio observacional- los autores no han podido demostrar una relación de causa-efecto entre los episodios de violencia y los problemas de salud. Eso sí, remarcan que los datos son suficientes para reclamar "la necesidad urgente de actuar frente a la violencia de género en las políticas sanitarias".

"Falta aún compromiso político, presupuesto y un mayor énfasis en la prevención primaria del problema, lo cual requiere intervenciones múltiples y a diferentes niveles", explica a elmundo.es García-Moreno.

Coincide con esta experta Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). "Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar", señala este especialista, para quien es vital la coordinación entre el área sanitaria, de justicia y de asistencia social.

El año pasado en España, un total de 126.293 mujeres denunciaron haber sido maltratadas, según datos que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos ayer.

Al intentar ocultarlo la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas


Sin embargo, no todas las que sufren maltrato se atreven a acudir a los tribunales. Detectar los casos ocultos y ayudarles a solucionar el problema es, para Zarco, una de las claves, pero, en la consulta médica, no siempre es fácil lograrlo. "Al intentar ocultarlo, sobre todo al principio, la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas como dermatitis, intestino irritable o trastornos de ansiedad", señala este profesional.

"A veces no es sencillo de diagnosticar y, cuando hay sospechas, hay que establecer un lazo de comunicación y confianza con la paciente para ayudarla", comenta Zarco, quien lamenta que en muchas ocasiones se pierde el seguimiento de una mujer que ha sufrido maltratos porque hay lagunas de coordinación informativa entre los estamentos implicados. "A veces se consigue que la mujer acuda a la policía, pero el médico no recibe información sobre la tramitación y el seguimiento de la denuncia, por lo que muchas veces, las mismas víctimas terminan retirándola", comenta.

"Aunque sea complejo, es necesario establecer políticas compartidas", señala este experto, quien también hace especial hincapié en la importancia de las tareas preventivas y educativas.

En un comentario que acompaña al trabajo en 'The Lancet', Riyadh Lafta, de la Mustansiriya Medical School, de Bagdad (Irak), señala que es fundamental hacer un esfuerzo colectivo para conocer a fondo el problema y diseñar intervenciones de prevención efectivas. "Lamentablemente, la recopilación de información está obstaculizada por varios factores", afirma Lafta, quien recuerda que demasiadas mujeres en el mundo no se atreven a denunciar, que el abuso sexual sigue siendo un tabú en determinadas culturas o que las agresiones verbales -un modo importante de violencia de género- se desestima a menudo.

martes, marzo 25, 2008

El Supremo confirma la expulsión de un guardia civil por maltrato

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la separación del servicio de un guardia civil que fue condenado por haber maltratado a su esposa. Tras ser condenado en sentencia firme, el Ministerio de Defensa acordó, por su parte, separarle del servicio. Entendió que había cometido una falta muy grave sancionada con la expulsión y derivada de su condena por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla.

Por maltratar a su esposa, este juzgado le impuso un total de 12 meses de prisión por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. También le retiró durante dos años el uso del arma reglamentaria. Se le condenó por patear a su esposa en noviembre de 2004.

Ante la decisión de Defensa de apartarle del servicio, el guardia, cuyo nombre comienza por A., apeló ante la jurisdicción militar, por entender que esa sanción vulneraba el principio jurídico non bis in ídem (es decir, que nadie puede ser condenado dos veces por un mismo hecho). El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la decisión de Defensa de apartarle del servicio. Señala el tribunal que en la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil figura tipificada esa sanción si un guardia es condenado, como en este caso, a una pena de privación de libertad.

Fuente El País

lunes, marzo 17, 2008

Campaña informativa del servicio de atención telefónica 016

El Consejo de Ministros ha sido informado de la puesta en marcha, por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de una campaña informativa institucional de ámbito estatal del servicio de atención telefónica 016.

Bajo el título “Constantes Vitales 2008”, la campaña se ejecutará entre el 5 y el 15 de marzo de 2008 y tiene como objetivo intensificar las acciones de divulgación sobre el teléfono estatal de información 016. Su coste estimado es de 1.500.000 euros y utilizará el soporte de televisión, prensa gratuita y radio.

La campaña se fundamenta en la urgencia de aumentar la concienciación social sobre el grave problema que supone la violencia hacia las mujeres. Por eso, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de acuerdo con el contenido del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2007, y teniendo en cuenta las prioridades de la Administración General del Estado en sus previsiones para 2008 en materia de publicidad y comunicación institucional, acude al procedimiento de emergencia.

La oportunidad y conveniencia de realizar esta campaña en este momento responde, por un lado, a la necesidad de desarrollar el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, y, por otro, llevar a cabo las medidas recogidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se adoptan acciones para dar cumplimiento a las propuestas aprobadas de unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género, de 22 de junio de 2007.

Por otro lado, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, está promoviendo la firma de convenios en colaboración con empresas públicas y privadas para favorecer la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género y contribuir a la sensibilización social. De este modo, Soledad Murillo firma un convenio con Aena, Renfe y Correos para reforzar la sensibilización ante la violencia de género. Anteriormente, en 2006 se firmaron convenios con la empresa pública Adif y en 2007 con las empresas privadas Cepsa, El Corte Inglés, Eulen, Inditex, Sacyr y VIPS.

En este caso, tanto las instituciones públicas: Adif y Renfe, dedicadas a servicios de transporte y gestión de tráfico ferroviario, Aena, operador global de servicios aeroportuarios y de navegación aérea y Correos, operador postal de referencia, dedicado al servicio postal de acceso universal, así como las empresas privadas: Cepsa, líder en desarrollo de actividades integradas y relacionadas con el petróleo y la petroquímica; El Corte Inglés, la mayor cadena de grandes almacenes de España; Eulen, el mayor grupo español de servicios con una plantilla de más de 65.000 personas; Inditex, principal distribuidor de moda, presente en 68 países; Sacyr Vallermoso, uno de los principales grupos de infraestructuras e industriales; y Grupo VIPS, líder en el sector de la hostelería y comercio en España, cuentan en la actualidad con políticas de responsabilidad social corporativa encargadas de materializar programas de concienciación social.

También a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer le corresponde proponer la política del Gobierno en relación con la violencia de género y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia.

domingo, marzo 16, 2008

La Ley contra la Violencia de Género ha recibido ya más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad

Distintos jueces han presentado más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, por considerar que vulnera el principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española, según informaron fuentes del Tribunal Constitucional.

Estos jueces han interpuesto las cuestiones contra los artículos 153 y 171 del Código Penal porque consideran que es discriminatorio que los hombres sean castigados con una pena superior que las mujeres por el mismo delito de violencia sexista.

La última oleada de cuestiones se ha producido en las últimas semanas, en las que se han presentado más de una veintena. Hasta la fecha, el Alto Tribunal ha admitido a trámite todas ellas.

Esta circunstancia supone que actualmente hay 160 casos sin sentencia, y que están a la espera de lo que dictamine el TC. Esta situación también provoca que haya 160 presuntos maltratadores en la calle, a no ser que ya estuvieran en prisión.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, pidió al Alto Tribunal, en declaraciones, que avale o rechace la constitucionalidad de la ley "cuanto antes" porque hay muchas víctimas y agresores pendientes de la resolución judicial. Además, López añadió que en caso de que el Constitucuional dé la razón a estos jueces "habrá que revisar miles y miles de sentencias" dictadas desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, aseguró que hay "un grupo reducido de jueces que quieren boicotear la ley" y que, a su modo de ver, están librando una batalla "ideológica y no jurídica". Pérez del Campo reclamó a los jueces "que se ocupen de juzgar y que no se metan en cuestiones políticas", y exigió al TC que marque su postura "de una vez por todas" porque "hay 160 mujeres en situación de riesgo".

Fuente La Vanguardia

sábado, marzo 15, 2008

Campaña contra la violencia doméstica en Rumanía


Campaña publicitaria contra la violencia doméstica en Rumanía dirigida a ser soportada en cabinas de telefono publico.

martes, marzo 11, 2008

Los jueces del País Vaco piden más medios para combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas

Los procedimientos de violencia de género no dejaron de aumentar en los juzgados vascos durante 2007, a pesar de las campañas de sensibilización impulsadas por las instituciones. Según fuentes judiciales, los asuntos penales crecieron en Vitoria el 21%, mientras que en San Sebastián y en Bilbao aumentaron el 14%, respectivamente. Tan sólo Barakaldo fue una excepción, ya que registró una caída del 3,8%; pero los casos pendientes de resolver en ese municipio equivalen casi al 40% de los que entran en un año. Globalmente, en las partidos judiciales de las tres capitales y de Barakaldo se registraron 4.294 asuntos nuevos el pasado año, frente a los 3.801 de 2006. Es decir, un 12% más.

Esos datos -y, en particular, el homicidio de una mujer ecuatoriana perpetrado en la capital alavesa en junio pasado- han movido al magistrado Alfonso González Guija, coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, a pedir a los ayuntamientos y a las administraciones vasca y central que destinen más recursos para proteger a las mujeres maltratadas. «La ley integral no es suficiente por sí sola y, como hemos podido comprobar hace bien poco, no está funcionando en las situaciones más dramáticas», reconoció González Guija, a la sazón juez decano de Bilbao.

La muerte de cuatro mujeres en un solo día, a manos de sus compañeros sentimentales, volvió a poner de relieve el pasado 26 de febrero las limitaciones de los juzgados de violencia de género, que comenzaron a funcionar en las principales ciudades españolas durante el verano de 2005. A Vitoria, Bilbao y San Sebastián les correspondieron otros tantos jueces especializados, pero al cabo de un año el Ministerio de Justicia tuvo que crear una plaza más en la capital vizcaína porque la primera jueza y los funcionarios que le asignaron no daban abasto desde el primer día.

Algo parecido ocurrió en Barakaldo, un municipio que registra cifras de maltrato similares a las de Vitoria, pero sólo tendrá un juez de violencia de género a partir de este año. Hasta ahora se las ha arreglado con el Juzgado de Instrucción número 4, que se ocupa de los delitos de género, pero también de los demás. En conjunto, las capitales vascas y Barakaldo acaparan el 75% de los procedimientos por maltrato sexista que se inician en Euskadi. El resto se reparte, sobre todo, entre las plazas judiciales de Getxo, Irún, Tolosa y Bergara.

«Lógicamente, la Ley Integral de Violencia de Género necesitaba un tiempo para rodarse -explica el juez González Guija-. Pero ya han pasado dos años y medio, un plazo suficiente para obtener el máximo rendimiento posible de los medios judiciales a nuestra disposición. A partir de ahí, hace falta más dinero, más jueces de apoyo, más policías, más personal de atención a las víctimas, más recursos. Sólo así podremos sacar el mayor partido a la ley y proteger a las víctimas de forma integral. Pero si no hay presupuesto, por lo menos que se diga».

Las estadísticas sobre violencia de género en el País Vasco son elocuentes. El partido judicial de Bilbao registró 1.585 asuntos penales el año pasado, 196 más que en 2006. San Sebastián contabilizó 979 (136 más). En Vitoria se iniciaron 898 expedientes (194 más) y en Barakaldo 832 (33 menos). Los juzgados de las capitales tienen que resolver a diario once asuntos que requieren atención inmediata, entre órdenes de protección, declaraciones de detenidos y juicios rápidos. Tan sólo una orden de protección -se solicitaron 1.640 en Euskadi el año pasado- puede llevar dos horas.

González Guija asegura que la organización de los juzgados ha mejorado; sobre todo, en la capital vizcaína, donde el trabajo salió adelante durante meses por el esfuerzo de los funcionarios. A su modo de ver, los problemas que registró Bilbao se debían a que «se cumplía muy bien la ley». Para demostrar las mejoras conseguidas en esa plaza judicial, el juez recuerda que, de todos los asuntos calificados durante el segundo semestre de 2007, casi ninguno quedó pendiente.

Sin embargo, la Administración de Justicia también ejerce la autocrítica. «Los jueces tenemos que esforzarnos para que, cuando llegue un asunto urgente al juzgado, la respuesta también sea urgente -reconoce-. La intervención no puede demorarse porque la competencia es de este o de aquel partido judicial. Eso lo analizaremos luego; lo primero es responder». En este sentido, el magistrado considera lógico que las órdenes de protección sean atendidas en el partido judicial donde se solicitan.

La Administración de Justicia también cree mejorable la comunicación de las resoluciones sobre violencia de género a los servicios de atención a la víctima. «De todos modos este problema se está corrigiendo y ya no se aprecian tantas disfunciones», puntualiza González Guija, que destaca que se han realizado cambios en algunas dependencias judiciales, de manera que las mujeres maltratadas dispongan de un local específico para las esperas.

lunes, marzo 10, 2008

La Delegada del Gobierno en Extremadura defenderá la publicación de sentencias sobre maltratados en la web del Ayuntamiento de Plasencia

En este sentido, Carmen Pereira ha subrayado que "no tengo por qué aprobarla ni rechazarla, está ahí y me parece que es autónomo y legítimo por parte del ayuntamiento tomar esa medida; y, desde luego, si esa medida da resultado yo la voy a defender".

A este respecto, ha matizado que no desea entrar "en polémica" con el Ayuntamiento de Plasencia, añadiendo que, en todo caso, la medida descrita ha de estar "dentro de la legalidad vigente", respetando los derechos correspondientes.

Para Pereira, "es una medida que si está dentro de la legalidad vigente y se respeta el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y son personas que son juzgadas, pueden hacerlo" aunque, ha puntualizado que "hay otras muchas iniciativas" que se pueden adoptar en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, ha resaltado que el Ayuntamiento de Plasencia "no es la primera institución que tiene esa intención" pues, "ya desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se propuso la publicación de los matratadores".

Para la Delegada, esta medida "tiene algunas consecuencias positivas, quizá porque algunos otros maltratadores desistan", al ver que las sentencias que pudieran recaer sobre ellos serían publicadas, añadiendo que "pero, tiene que ser siempre y cuando haya alguna sentencia firme y se tenga en cuenta y se respete el derecho a la intimidad de la mujer".

Y, ha matizado que "también se conocen los nombres de los asesinos, los nombres de los terroristas, los nombres de los ladrones una vez que ya están juzgados", de modo que "por lo tanto, también puede conocerse el nombre de los maltratadores", siempre y cuando, reiteró, se respete la legalidad.
Por su parte la alcaldesa de Plasencia, la socialista Elia María Blanco, ha reafirmado su apoyo y "todo su aval" a la propuesta de su concejala de Igualdad, Raquel Puertas, de colgar en la web municipal las sentencias en firme sobre maltratadores que hayan cometido delitos graves o muy graves.

La regidora municipal insistió en su respaldo "a tomar medidas de acción" como la de la publicar las sentencias y pidió "remover los obstáculos" que impiden que la sociedad sea cada día "más justa", en referencia a "propuestas de modificación legislativa" que permitan adoptar iniciativas como la referida.

En un encuentro con periodistas antes de un acto institucional con motivo del Día de la Mujer, Elia María Blanco abogó porque las Cortes Generales, las asambleas autonómicas y los ayuntamientos promuevan un cambio en la legislación para adaptarla "a lo que la sociedad demanda".

Así, lamentó que los legisladores "nunca se adelantan a los acontecimientos sociales", de modo que cuando se tiene un problema social como es el maltrato y los "asesinatos que encontramos cada día" se tienen que tomar "medidas contundentes"

La alcaldesa de Plasencia considera que "publicar la sentencia que condena a un hombre" no puede ser "tan vilipendiado como algunos pretenden". Elia María Blanco felicitó a la concejala y al Consejo Municipal de la Mujer de Plasencia, donde las mujeres avalaron la propuesta "por unanimidad" y, sin embargo, apostilló: "ahora vienen los varones a decirnos ¡qué barbaridad!".
Elia María Blanco aseguró que el ayuntamiento no quiere "incurrir en ilegalidad" sino que se pretende "proteger a las mujeres" y que la vía propuesta es la "adecuada" y que si bien en este momento se está considerando "la legislación vigente", más adelante se promoverá una "reivindicación activa para que la legislación vigente se adapte a esa posibilidad".

La alcaldesa de Plasencia puso como ejemplo a Castilla la Mancha dónde "se está editando un cd con el nombre de los maltratadores" y que allí se ha adaptado la normativa jurídica para que esto sea posible, que es lo que propone el Ayuntamiento de Plasencia. Cabe recordar que el consistorio placentino está a la espera de un informe de sus servicios jurídicos sobre su propuesta.

Blanco destacó que la concejala de igualdad tiene "todo el aval y todo el merecimiento" para hacer las propuestas que se consideren "buenas" para eliminar "esta lacra" La regidora declaró que se quiere llegar "a publicar las sentencias de los maltratadores" en la página web municipal y además se quiere "convencer a la gente de que nuestra medida es positiva".

Aseguró que la medida propuesta desde el ayuntamiento es "darle a las mujeres la posibilidad de poder comprobar" que la persona que comparte o pretende compartir su vida "no es un maltratador" y que "cuando alguien tenga una sospecha sobre algo tan sensible y tan trágico" pueda tener acceso a la información ya que según Elia María Blanco "estamos hablando de delincuentes y de antecedentes penales".

Blanco calificó la postura del PP de Plasencia de "hipocresía" ya que "no se corresponde" esta postura con la de penalizar a los menores. La alcaldesa de Plasencia pidió al PP "contrapropuestas" pero que no se "nieguen por sistema" a las iniciativas que se realizan para que "avance la sociedad".

Además aclaró que no se trata de una medida "electoral" por lo que la semana que viene comparecerá públicamente para explicar cuáles son los pasos seguidos por el consistorio placentino.