Eduardo López-Palop, el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas, se está planteando pedir el traslado a otro juzgado. Las estanterías del órgano que dirige, el Penal 2 de Madrid, acumulan casi 7.000 sentencias de violencia de género pendientes de ejecución. "Estoy sentado sobre un polvorín y fumando", ironiza el magistrado a EL PAÍS. Los expedientes no están parados, pero requieren la máxima atención. No hay tiempo ni manos. El juez confiesa que no da abasto.
López-Palop es un juez con un amplio bagaje profesional y muchos años de dedicación a la magistratura que ya le han causado algún sinsabor que quiere evitar. Hace más de 15 años fue expedientado por demoras en la tramitación de sentencias de su juzgado, uno más de los muchos saturados de España.
Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, es ahora un sinvivir. "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos y si habrá algún problema".
Le satisface la faceta social que realiza, "pero no de esta forma; necesito más medios para prestar un servicio eficaz", señala. Y se pregunta, con cierto enfado: "¿Usted cree que un único juez y un secretario pueden tramitar con normalidad 7.000 expedientes de maltratadores?". En los últimos dos años ha remitido "cuatro escritos" al Consejo General del Poder Judicial pidiendo ayuda. Pero, por el momento, todo sigue igual.
"Para revisar el estado de los 7.000 expedientes que tenemos ahora mismo, la secretaria -por cierto, una profesional de extremada dedicación y eficacia- y yo necesitaríamos dos años", explica López-Palop. "Y lo peor es que, cuando terminásemos de revisar esos 7.000 expedientes, ya se habrán acumulado otros muchos nuevos".
Visitar la oficina judicial donde se ejecutan las sentencias de violencia machista de Madrid es hallar estanterías repletas y montones de sumarios encima de las mesas y en el suelo. Los funcionarios, si están sentados, casi no pueden verse las caras: las mesas son montañas de expedientes. Para firmarlos, el juez se las ve y se las desea entre tanto papel.Lo que más en vilo tiene a este magistrado no son los 513 maltratadores que ahora tiene en prisión, sino los que se hallan en libertad porque se les ha suspendido la pena al reunir los requisitos legales: condena inferior a dos años de cárcel y ausencia de antecedentes. "¿Qué culpa tendría yo si una de ellos pierde un día la cabeza y mata a su mujer?", se pregunta el juez. "El derecho penal antes era punitivo y preventivo, pero ahora, tal como están las cosas, los jueces vamos a tener que ser adivinativos e intuir cuando un maltratador va a matar a su pareja".
A diferencia de otras ciudades, en Madrid hay cinco juzgados dedicados en exclusiva a ejecutar las sentencias que dictan los 23 juzgados de lo penal de la capital (los que enjuician delitos con penas iguales o inferiores a cinco años de cárcel). En ciudades más pequeñas, como Sevilla, por ejemplo, el mismo juez penal que celebra el juicio y redacta la sentencia es quien debe ejecutarla y vigilar que se cumplen las órdenes de alejamiento.
-El caso de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta tras dos fallos judiciales, afloró una gran descoordinación entre juzgados. Cuando recibe la sentencia de un maltrador, ¿comprueba si tiene antecedentes?
-Sí, lo hacemos. Al iniciar el expediente de ejecución, consultamos la base de datos del Ministerio de Justicia. Y al instante tenemos el informe. Por lo demás, un caso como el de Mari Luz, con el volumen de asuntos que llegan, podría ocurrir aquí y en cualquier otro sitio.
-¿Es cierto que muchas parejas incumplen la orden de alejamiento incluso ante usted?
-De casos concretos, no voy a hablar. Pero sí, es cierto que se están produciendo quebrantamientos de condena en masa.
Los cinco juzgados penales de ejecutorias de Madrid (uno de ellos dedicado exclusivamente a la violencia machista) acumulan en este momento 35.000 sentencias, todas ellas en fase ejecución. Estos juzgados tienen ahora en busca y captura a unos 2.600 condenados, 200 por violencia machista.
Tras el caso del asesinato de la niña de Huelva, los cinco jueces de ejecutorias de Madrid se reunieron con el decano, José Luis González Armengol, para exponerle la sobrecarga de trabajo que soportan. Ante ello, la Junta de Jueces acordó solicitar con urgencia que se dote a cada uno de estos cinco juzgados de, al menos, dos secretarios.
Fuente El País
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