"Al contrario. El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha es consciente de que esta situación incrementa el riesgo, como se ha comprobado en el caso ocurrido en Alovera (Guadalajara)", ha precisado Martínez en un comunicado remitido esta tarde a los medios.
El fiscal asegura que sus declaraciones, en las que dijo que la mujer asesinada el pasado jueves por su ex marido, un militar anteriormente denunciado por malos tratos, tenía "un grado de protección importante", pues vivía con otro militar, "no han sido interpretadas de forma correcta".
En una rueda de prensa en Guadalajara, el fiscal superior opinó que, "si bien la víctima no estaba suficientemente protegida, porque si lo hubiera estado estaría viva", sí tenía un grado de protección importante, "la que le brindaba como mínimo la presencia de su compañero sentimental, que era también un militar de graduación, de más graduación que su agresor".
En su comunicado posterior, Martínez precisa que "en ningún momento el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja" y que, "de cualquier forma y en todo caso, la responsabilidad de la protección de las víctimas es del Estado, a través de los órganos judiciales y fiscales".
Insiste también en que, "ante un agresor dispuesto a quitarse la vida, las medidas de protección que pueda establecer el Derecho tienen una efectividad limitada y que la única medida que habría podido evitar el luctuoso suceso en Alovera es que, con carácter previo, se hubiera decretado la prisión provisional, que es una medida excepcional que sólo se adopta en casos extremos".
La presidenta de la asociación regional de apoyo a las mujeres maltratadas María Zambrano, Fe Saiz, ha declarado que decir que la víctima de Alovera tenía "un grado de protección importante" por vivir con un militar denota "ignorancia", ya que éste fue también abatido.
Respecto a la reflexión realizada por Martínez de aumentar las posibilidades de decretar prisión preventiva, Saiz cree que en este caso "sí hubiera sido aconsejable" porque se habían producido denuncias reiteradas, pero ha precisado que "habría que estudiar cada caso y no medir todo por el mismo rasero".
Fuente El Mundo
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