Los procedimientos de violencia de género no dejaron de aumentar en los juzgados vascos durante 2007, a pesar de las campañas de sensibilización impulsadas por las instituciones. Según fuentes judiciales, los asuntos penales crecieron en Vitoria el 21%, mientras que en San Sebastián y en Bilbao aumentaron el 14%, respectivamente. Tan sólo Barakaldo fue una excepción, ya que registró una caída del 3,8%; pero los casos pendientes de resolver en ese municipio equivalen casi al 40% de los que entran en un año. Globalmente, en las partidos judiciales de las tres capitales y de Barakaldo se registraron 4.294 asuntos nuevos el pasado año, frente a los 3.801 de 2006. Es decir, un 12% más.
Esos datos -y, en particular, el homicidio de una mujer ecuatoriana perpetrado en la capital alavesa en junio pasado- han movido al magistrado Alfonso González Guija, coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, a pedir a los ayuntamientos y a las administraciones vasca y central que destinen más recursos para proteger a las mujeres maltratadas. «La ley integral no es suficiente por sí sola y, como hemos podido comprobar hace bien poco, no está funcionando en las situaciones más dramáticas», reconoció González Guija, a la sazón juez decano de Bilbao.
La muerte de cuatro mujeres en un solo día, a manos de sus compañeros sentimentales, volvió a poner de relieve el pasado 26 de febrero las limitaciones de los juzgados de violencia de género, que comenzaron a funcionar en las principales ciudades españolas durante el verano de 2005. A Vitoria, Bilbao y San Sebastián les correspondieron otros tantos jueces especializados, pero al cabo de un año el Ministerio de Justicia tuvo que crear una plaza más en la capital vizcaína porque la primera jueza y los funcionarios que le asignaron no daban abasto desde el primer día.
Algo parecido ocurrió en Barakaldo, un municipio que registra cifras de maltrato similares a las de Vitoria, pero sólo tendrá un juez de violencia de género a partir de este año. Hasta ahora se las ha arreglado con el Juzgado de Instrucción número 4, que se ocupa de los delitos de género, pero también de los demás. En conjunto, las capitales vascas y Barakaldo acaparan el 75% de los procedimientos por maltrato sexista que se inician en Euskadi. El resto se reparte, sobre todo, entre las plazas judiciales de Getxo, Irún, Tolosa y Bergara.
«Lógicamente, la Ley Integral de Violencia de Género necesitaba un tiempo para rodarse -explica el juez González Guija-. Pero ya han pasado dos años y medio, un plazo suficiente para obtener el máximo rendimiento posible de los medios judiciales a nuestra disposición. A partir de ahí, hace falta más dinero, más jueces de apoyo, más policías, más personal de atención a las víctimas, más recursos. Sólo así podremos sacar el mayor partido a la ley y proteger a las víctimas de forma integral. Pero si no hay presupuesto, por lo menos que se diga».
Las estadísticas sobre violencia de género en el País Vasco son elocuentes. El partido judicial de Bilbao registró 1.585 asuntos penales el año pasado, 196 más que en 2006. San Sebastián contabilizó 979 (136 más). En Vitoria se iniciaron 898 expedientes (194 más) y en Barakaldo 832 (33 menos). Los juzgados de las capitales tienen que resolver a diario once asuntos que requieren atención inmediata, entre órdenes de protección, declaraciones de detenidos y juicios rápidos. Tan sólo una orden de protección -se solicitaron 1.640 en Euskadi el año pasado- puede llevar dos horas.
González Guija asegura que la organización de los juzgados ha mejorado; sobre todo, en la capital vizcaína, donde el trabajo salió adelante durante meses por el esfuerzo de los funcionarios. A su modo de ver, los problemas que registró Bilbao se debían a que «se cumplía muy bien la ley». Para demostrar las mejoras conseguidas en esa plaza judicial, el juez recuerda que, de todos los asuntos calificados durante el segundo semestre de 2007, casi ninguno quedó pendiente.
Sin embargo, la Administración de Justicia también ejerce la autocrítica. «Los jueces tenemos que esforzarnos para que, cuando llegue un asunto urgente al juzgado, la respuesta también sea urgente -reconoce-. La intervención no puede demorarse porque la competencia es de este o de aquel partido judicial. Eso lo analizaremos luego; lo primero es responder». En este sentido, el magistrado considera lógico que las órdenes de protección sean atendidas en el partido judicial donde se solicitan.
La Administración de Justicia también cree mejorable la comunicación de las resoluciones sobre violencia de género a los servicios de atención a la víctima. «De todos modos este problema se está corrigiendo y ya no se aprecian tantas disfunciones», puntualiza González Guija, que destaca que se han realizado cambios en algunas dependencias judiciales, de manera que las mujeres maltratadas dispongan de un local específico para las esperas.
Fuente Diario Vasco.com
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