Ocho de cada 10 juzgados de Violencia sobre la Mujer no son exclusivos

En estos momentos hay 458 juzgados de Violencia sobre la Mujer en España: al menos uno por cada partido judicial y más de uno en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga. Pero sólo 83 de ellos (el 18%) son exclusivos mientras que ocho de cada diez se encargan a la vez de tres tipos de asuntos: civiles, penales y violencia de género. Son los llamados juzgados compatibles y al menos 42 de ellos están sobrecargados.

El criterio que se ha seguido para determinar el número de juzgados colapsados tiene como eje el juzgado número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid), que no atendió de forma adecuada a la mujer argentina asesinada el pasado 10 de abril después de denunciar en numerosas ocasiones que el agresor quebrantaba la orden de alejamiento. Este juzgado recibió 388 denuncias en 2007. La Inspección del Consejo General del Poder Judicial estableció el año pasado en un informe que la carga de trabajo de este órgano era excesiva, por lo que este periódico ha considerado como sobrecargados todos aquéllos juzgados compatibles que el año pasado recibieron más denuncias que el de Torrejón y que no han sido reforzados. Puede ser un criterio objetivo válido, según fuentes del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, al margen de que la situación de cada juzgado dependerá también de otras variables como el número de funcionarios y su nivel de eficacia, o la diligencia del juez.

Los órganos colapsados pueden ser incluso más que los señalados. En Jumilla (Murcia), por ejemplo, no se recibieron en 2007 más de 388 denuncias, pero es un juzgado único en el partido judicial, lo que significa que se encarga de todos los asuntos que llegan. Ese año tramitó 241 denuncias por violencia machista además del resto de procedimientos.

La situación en los juzgados exclusivos es bastante mejor. Los de algunas ciudades como Málaga, Madrid o Sevilla estaban muy sobrecargados, pero en 2007 se crearon órganos nuevos. Aunque alguno sigue con una carga de trabajo difícilmente digerible: Las Palmas recibió el año pasado 1.757 denuncias y aún no ha sido reforzado.

Uno de los problemas más graves relacionados con la escasez de juzgados exclusivos, aparte de la sobrecarga y de que jueces y fiscales no estén especializados, es la falta de unidades de valoración integral del riesgo de la víctima. El Gobierno ha creado 29 en las comunidades sin competencias propias de Justicia, y además Andalucía tiene ocho. Muy pocas para atender las más de 120.000 denuncias que se presentan cada año por violencia machista.

Estas unidades, formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, son las encargadas de hacer un estudio de la mujer, los menores y el presunto agresor. Valoran la peligrosidad del hombre, lo que permite al juez adoptar las medidas adecuadas y a la Policía o Guardia Civil escoger la mejor forma de proteger a la víctima. Sólo así se puede determinar realmente si es necesario un escolta día y noche para la mujer o por el contrario basta con un seguimiento ocasional o un teléfono de teleasistencia.

"Para que los jueces se acerquen al 100% en la valoración del riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos como el de Sylvina Bassani es indispensable que, al menos en cada provincia, haya unidades de valoración forense, que todavía no existen en algunas comunidades autónomas", señala Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.

Fuente El País

Maltratadas y mal protegidas

Sylvina Bassani, la argentina que murió a manos de su ex marido el pasado 10 de abril tras haber denunciado reiteradas violaciones de la orden de alejamiento, cayó en un mal juzgado, el número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid). Nada que ver con los órganos especializados que existen en algunas ciudades. No tiene ni fiscal ni equipo psicosocial especializados ni unidad de valoración del riesgo de las víctimas. Además, el órgano estaba atascado. La propia juez había pedido ayuda al Poder Judicial ante la imposibilidad de conciliar los casos de maltrato con el resto de los asuntos, penales y civiles, que le tocaba tramitar. "El retraso en el negociado de violencia causa inquietud", llegó a manifestar la secretaria del juzgado. Al menos otros 41 juzgados están en la misma situación o peor. Algunos duplican e incluso triplican la carga de trabajo que tenía el que no pudo evitar la muerte de Sylvina.

El Gobierno sólo ha creado, desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, 83 juzgados exclusivos en Violencia sobre la Mujer -órganos con personal especializado que se encargan sólo de esta materia-. El resto de los juzgados que tramitan estos procedimientos, 375, vieron cómo tras la aprobación de la ley integral les caía encima la losa de la violencia machista junto con el resto de asuntos penales y civiles que les tocan por reparto. Son los llamados juzgados compatibles, muchos de ellos infradotados en relación a la ingente carga de trabajo que soportan. Tramitan más de la mitad de las denuncias que se presentan cada año por violencia machista: el 56% de las 126.293 de 2007 recayeron en este tipo de órganos.

¿Qué dice la ley integral? ¿Exige juzgados exclusivos? El artículo 43 sólo obliga al Gobierno a crear, en cada partido judicial, "uno o más juzgados de Violencia sobre la Mujer". No especifica si pueden llevar, además, otras materias o tienen que centrarse en la violencia machista. Se determina que la especialización es necesaria, pero no hasta qué punto. Y en la práctica se optó por ir creando poco a poco juzgados exclusivos y hacer que la inmensa mayoría (el 82%) lleven otros asuntos, además de la violencia de género. El resultado: las más de 120.000 denuncias que se presentan cada año han colapsado estos órganos y no se han puesto los medios suficientes para afrontar la situación. Que una víctima esté bien, mal o pésimamente atendida -y protegida- va a depender, en gran medida, de dónde viva.

En 59 de los juzgados compatibles se superaron el año pasado las 388 denuncias que paralizaron el juzgado que llevó el caso de Sylvina Bassani y 42 no han sido reforzados. El atasco fue manifiesto sobre todo en las poblaciones de los cinturones de las grandes capitales o capitales de provincia. El juzgado de Violencia de Alcorcón (Madrid), por ejemplo, recibió 633 denuncias y el de Badalona (Barcelona), 956; 632 el de León y 602 el de Almería. Lo mismo ocurrió en varias poblaciones importantes que no son capital de provincia, como Cartagena (Murcia), con 809 casos, Marbella (Málaga, 890), Dénia (Alicante, 603) o Gandía (Valencia, 761). En algunas de estas ciudades se crearon juzgados exclusivos el pasado diciembre.

Otras zonas claramente colapsadas son las islas, donde varios juzgados presentan cifras alarmantes. El de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) supera ampliamente a muchos juzgados exclusivos, con 772 denuncias y en la misma situación se encuentra el de Telde (Gran Canaria), con 853. El de Puerto del Rosario (Fuerteventura) sobrepasa al de Torrejón con 496 casos, y lo mismo ocurre en Ibiza (456).

"Las víctimas reciben una respuesta judicial de calidad muy diferente, según sea el lugar donde se produce el delito", afirma Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces detectó estas disfunciones gracias a un informe del servicio de Inspección elaborado el año pasado a través del análisis de 50 juzgados y cuyas conclusiones, según fuentes del CGPJ, continúan vigentes. Una de ellas, quizá la principal, es que la materia de violencia "no resulta compatible con la civil y penal que les corresponde". Es decir, lo que ocurre en el 82% de los juzgados encargados de la violencia machista.

El mismo informe señala que cualquier diligencia de maltrato es equivalente a cinco de otras materias por la urgencia de estas actuaciones, que exigen una decisión inmediata sobre el detenido y la víctima. "La asunción de las competencias de violencia afecta mucho al resto de los casos del juzgado, que acaban por sufrir enormes retrasos", señalan fuentes del Poder Judicial.

El estudio subraya, además, las diferencias de medios materiales y servicios ofrecidos por los distintos órganos, comparando los juzgados exclusivos y los compatibles. Cuatro de cada cinco exclusivos tenían un fiscal propio y especializado en esta materia. Sólo un tercio de los compatibles contaban con fiscal permanente y en un ínfimo 4,3% éste era especialista en violencia machista.

Lo mismo ocurre con los equipos de psicólogos y trabajadores sociales encargados de evaluar a la víctima, a su agresor y el riesgo de que el maltrato se repita. Cada juzgado exclusivo tiene uno, pero los compatibles con equipo propio sólo son uno de cada tres, lo que obliga a acudir, en la mayoría de los casos, al equipo psicosocial de la capital de provincia, con los consiguientes retrasos. Finalmente, la inmensa mayoría de los juzgados exclusivos cuentan con un turno de oficio específico de asistencia a la víctima mientras que sólo existe en un tercio de los compatibles.

"La especialización que pretendió el legislador durante la tramitación de la ley integral contra la violencia de género no existe de facto en estos juzgados", explica Montserrat Comas. "En la práctica, estos órganos se han convertido en juzgados de guardia que tienen completamente ocupadas sus horas de audiencia con las declaraciones de los detenidos y las víctimas y con la urgencia que imponen las órdenes de protección que se deben dictar casi a diario. No hay tiempo para llevar otros asuntos", continúa la presidenta del Observatorio de Violencia de Género.

La solución que se propone desde el órgano de gobierno de los jueces es la comarcalización, es decir, la creación de nuevos juzgados exclusivos como los 83 que ya están en marcha y la extensión de su competencia a varios partidos judiciales que ahora están cubiertos con juzgados compatibles colapsados. "El objetivo es conseguir una respuesta judicial de calidad, con recursos que los juzgados que compatibilizan esta materia con sus causas civiles y penales no suelen tener", prosigue Comas. Se trata de una posibilidad prevista en la Ley Integral de Violencia de Género pero que obligaría a reformar la de Demarcación y Planta Judicial, la que establece la distribución de los juzgados en el territorio.

El Gobierno intentó esa modificación legal en marzo del año pasado con una enmienda introducida por el Grupo Socialista en la Ley de Igualdad durante su tramitación en el Senado. La iniciativa, que contaba con el apoyo de las comunidades autónomas con competencias de justicia, decayó debido a la oposición del PP y CiU. Esas formaciones no se oponían en principio al contenido de la reforma, pero reclamaron que se tramitara mediante su propio proyecto de ley. La enmienda creaba 33 nuevos juzgados exclusivos y, como proponía el Poder Judicial, les daba ámbito comarcal, extendiendo la especialización a las periferias de las grandes capitales, poblaciones importantes e islas, donde se concentran los juzgados compatibles más atascados.

La falta de apoyos en la Cámara Alta dejó ese ambicioso plan en agua de borrajas y el Ministerio de Justicia se conformó con convertir 27 juzgados de primera instancia e instrucción en exclusivos de violencia. 17 de ellos se encontraban entre los que más denuncias habían recibido en 2007. Comenzaron a funcionar el pasado 28 de diciembre.

El Observatorio de Violencia Doméstica considera que no es suficiente y que la comarcalización debe ser prioritaria debido al mal estado de muchos juzgados. "Para que los jueces se acerquen al 100% en la valoración del riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos como el de Sylvina Bassani es indispensable la presencia permanente del fiscal y que, al menos en cada provincia, haya unidades de valoración forense, que todavía no existen en algunas comunidades autónomas", concluye Comas.

Fuente El País

Hay quebrantamientos de condena en masa. Estoy sobre un polvorín

Eduardo López-Palop, el juez de Madrid que se ocupa en exclusiva de que los maltratadores de mujeres cumplan sus condenas, se está planteando pedir el traslado a otro juzgado. Las estanterías del órgano que dirige, el Penal 2 de Madrid, acumulan casi 7.000 sentencias de violencia de género pendientes de ejecución. "Estoy sentado sobre un polvorín y fumando", ironiza el magistrado a EL PAÍS. Los expedientes no están parados, pero requieren la máxima atención. No hay tiempo ni manos. El juez confiesa que no da abasto.

López-Palop es un juez con un amplio bagaje profesional y muchos años de dedicación a la magistratura que ya le han causado algún sinsabor que quiere evitar. Hace más de 15 años fue expedientado por demoras en la tramitación de sentencias de su juzgado, uno más de los muchos saturados de España.

Su trabajo, en una materia tan delicada como la violencia machista, es ahora un sinvivir. "Cuando llego a casa por la noche y las noticias hablan de algún hombre que ha matado a su esposa, se me encoge el estómago. Ya no puedo dormir esa noche pensando si será de los míos y si habrá algún problema".

Le satisface la faceta social que realiza, "pero no de esta forma; necesito más medios para prestar un servicio eficaz", señala. Y se pregunta, con cierto enfado: "¿Usted cree que un único juez y un secretario pueden tramitar con normalidad 7.000 expedientes de maltratadores?". En los últimos dos años ha remitido "cuatro escritos" al Consejo General del Poder Judicial pidiendo ayuda. Pero, por el momento, todo sigue igual.

"Para revisar el estado de los 7.000 expedientes que tenemos ahora mismo, la secretaria -por cierto, una profesional de extremada dedicación y eficacia- y yo necesitaríamos dos años", explica López-Palop. "Y lo peor es que, cuando terminásemos de revisar esos 7.000 expedientes, ya se habrán acumulado otros muchos nuevos".

Visitar la oficina judicial donde se ejecutan las sentencias de violencia machista de Madrid es hallar estanterías repletas y montones de sumarios encima de las mesas y en el suelo. Los funcionarios, si están sentados, casi no pueden verse las caras: las mesas son montañas de expedientes. Para firmarlos, el juez se las ve y se las desea entre tanto papel.Lo que más en vilo tiene a este magistrado no son los 513 maltratadores que ahora tiene en prisión, sino los que se hallan en libertad porque se les ha suspendido la pena al reunir los requisitos legales: condena inferior a dos años de cárcel y ausencia de antecedentes. "¿Qué culpa tendría yo si una de ellos pierde un día la cabeza y mata a su mujer?", se pregunta el juez. "El derecho penal antes era punitivo y preventivo, pero ahora, tal como están las cosas, los jueces vamos a tener que ser adivinativos e intuir cuando un maltratador va a matar a su pareja".

A diferencia de otras ciudades, en Madrid hay cinco juzgados dedicados en exclusiva a ejecutar las sentencias que dictan los 23 juzgados de lo penal de la capital (los que enjuician delitos con penas iguales o inferiores a cinco años de cárcel). En ciudades más pequeñas, como Sevilla, por ejemplo, el mismo juez penal que celebra el juicio y redacta la sentencia es quien debe ejecutarla y vigilar que se cumplen las órdenes de alejamiento.

-El caso de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta tras dos fallos judiciales, afloró una gran descoordinación entre juzgados. Cuando recibe la sentencia de un maltrador, ¿comprueba si tiene antecedentes?

-Sí, lo hacemos. Al iniciar el expediente de ejecución, consultamos la base de datos del Ministerio de Justicia. Y al instante tenemos el informe. Por lo demás, un caso como el de Mari Luz, con el volumen de asuntos que llegan, podría ocurrir aquí y en cualquier otro sitio.

-¿Es cierto que muchas parejas incumplen la orden de alejamiento incluso ante usted?

-De casos concretos, no voy a hablar. Pero sí, es cierto que se están produciendo quebrantamientos de condena en masa.

Los cinco juzgados penales de ejecutorias de Madrid (uno de ellos dedicado exclusivamente a la violencia machista) acumulan en este momento 35.000 sentencias, todas ellas en fase ejecución. Estos juzgados tienen ahora en busca y captura a unos 2.600 condenados, 200 por violencia machista.

Tras el caso del asesinato de la niña de Huelva, los cinco jueces de ejecutorias de Madrid se reunieron con el decano, José Luis González Armengol, para exponerle la sobrecarga de trabajo que soportan. Ante ello, la Junta de Jueces acordó solicitar con urgencia que se dote a cada uno de estos cinco juzgados de, al menos, dos secretarios.

Fuente El País

Jueces, fiscal y psicóloga dejaron indefensa a la asesinada de Alovera

Un juzgado colapsado, falta de medios, funcionarios suplentes que no saben ni lo que es una providencia, una psicóloga judicial con récord de quejas que afirma que no hay malos tratos y que recomienda a la mujer maltratada que "supere su conflictividad de pareja", un juez que no responde a escritos desesperados de la víctima y que cree que no es necesario pedir un informe psiquiátrico de un imputado con intentos de suicidio.

El juez no escuchó a la víctima, a pesar de que se incumplió el alejamiento

El fiscal pidió el archivo de la causa seis meses antes del crimen

Y, finalmente, un fiscal que pide el sobreseimiento de la causa. Ni el juez ni la psicóloga ni el fiscal creyeron a Sylvina Bassani, asesinada a tiros el pasado 10 de abril en Alovera (Guadalajara) junto a su pareja por su ex marido, el sargento Javier Lacasa. Un cúmulo de negligencias, despropósitos, dejadez y problemas estructurales de la administración de justicia desembocaron en el doble crimen machista, según se desprende de un informe elaborado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

El juez no consideró necesario escuchar la declaración de Sylvina, como ella pedía, después de varios incumplimientos de la orden de alejamiento. El doble crimen machista se produjo a pesar de que la víctima había encendido todas las alarmas. A pesar de que eran muchas las luces rojas que alertaban de que el asesino era una persona peligrosa. Pero nadie quiso enterarse o investigarlo en profundidad.

El informe de la Inspección propone que se abran diligencias informativas; que se investigue lo ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -encargado de la violencia machista- por el que pasaron cuatro jueces durante la tramitación del caso de Sylvina. En cuanto a la actuación de la psicóloga y del fiscal, deben ser la Consejería madrileña de Justicia (para quien trabaja la psicóloga) y la Fiscalía quienes inicien las investigaciones sobre la parte que les toca.

La primera denuncia de la víctima es de 29 de abril de 2005, pero ella se retractó de su declaración y se archivó el caso. El 1 de septiembre de 2006 volvió a pedir ayuda. Esta vez, al día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón -de guardia- dictó una orden de protección con orden de alejamiento hacia ella y hacia el hijo de ambos, y la obligación de entregar las armas de que dispusiera el imputado, sargento del Ejército. Se prohibieron las visitas entre padre e hijo.

Javier Lacasa, según consta en el atestado de la Guardia Civil, que realizó el 2 de septiembre una inspección ocular de su coche, había intentado suicidarse por asfixia, conectando el tubo de escape al interior de su vehículo. Y, estando en dependencias policiales, dijo que lo iba a volver a intentar y se apretó el cuello con las manos. Estos eran los antecedentes de quien después fue descrito como una persona normal por una psicóloga del juzgado. En el procedimiento penal no se le hizo ningún peritaje psiquiátrico a pesar de que fue solicitado por la víctima. Sólo consta un informe psicosocial emitido por un trabajador social y por una psicóloga con récord de quejas en su colegio profesional.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, encargado de la Violencia sobre la Mujer, abrió unas diligencias previas el 4 de septiembre de 2006. Ese órgano llevaba también el procedimiento de divorcio. A partir de ese momento, los escritos de los abogados de Sylvina Bassani fueron constantes, muchos de ellos informando de la vulneración de la orden de alejamiento. El 25 de septiembre ya se comunican al juzgado unas primeras llamadas telefónicas de Lacasa.

En noviembre de 2006 declararon dos testigos señalando que Sylvina les había llamado en una ocasión muerta de miedo porque Lacasa había enfurecido debido a que ella debía viajar a Boston a un congreso -la víctima era doctora en microbiología-. Cuando fueron a su domicilio vieron una cómoda rota y decidieron acogerla en su casa. Ante la psicóloga que determinó que él era una persona normal y no un maltratador, Lacasa reconoció que ese día, por el viaje, había enfurecido y tirado al suelo una televisión.

El informe de la Inspección acredita que los abogados presentaron en la causa penal 28 escritos. Los jueces los fueron contestando -en algunos casos dos o tres meses después y no siempre respondiendo a todas las peticiones- hasta el 2 de agosto de 2007. Desde entonces y hasta el 8 de abril de 2008 (ocho meses), silencio absoluto: el juzgado no vuelve a responder a ningún requerimiento del abogado. En total se presentaron ocho escritos durante este periodo, que han aparecido grapados al procedimiento y que no fueron estudiados por el juez.

Una de las cuestiones que los abogados pidieron en reiteradas ocasiones fue que se celebrara la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que se celebra para pedir el ingreso en prisión del imputado. El letrado la pedía ante la vulneración continuada de la orden de alejamiento. Algunas de estas peticiones ni siquiera fueron respondidas por el juez. Tampoco se contestó a la petición de que se solicitara al Ministerio de Defensa que impidiera al agresor acceder a las armas.

El fiscal pidió el sobreseimiento del caso en noviembre de 2007 sin dar crédito a las acusaciones de la víctima. Tampoco creyó necesario pedir más pruebas. Pero esta petición de archivo no fue notificada a la víctima: a día de hoy, el abogado de Sylvina no tiene constancia de ella.

Fuente El País

La Fiscalía dice ahora que tener pareja aumenta el riesgo de violencia doméstica

El fiscal superior del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, José Martínez, ha aclarado que, en sus polémicas declaraciones de este miércoles sobre el doble crimen de Alovera, "en ningún momento (...) ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja".

"Al contrario. El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha es consciente de que esta situación incrementa el riesgo, como se ha comprobado en el caso ocurrido en Alovera (Guadalajara)", ha precisado Martínez en un comunicado remitido esta tarde a los medios.

El fiscal asegura que sus declaraciones, en las que dijo que la mujer asesinada el pasado jueves por su ex marido, un militar anteriormente denunciado por malos tratos, tenía "un grado de protección importante", pues vivía con otro militar, "no han sido interpretadas de forma correcta".

En una rueda de prensa en Guadalajara, el fiscal superior opinó que, "si bien la víctima no estaba suficientemente protegida, porque si lo hubiera estado estaría viva", sí tenía un grado de protección importante, "la que le brindaba como mínimo la presencia de su compañero sentimental, que era también un militar de graduación, de más graduación que su agresor".

En su comunicado posterior, Martínez precisa que "en ningún momento el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género estén más protegidas por el hecho de encontrar una pareja" y que, "de cualquier forma y en todo caso, la responsabilidad de la protección de las víctimas es del Estado, a través de los órganos judiciales y fiscales".

Insiste también en que, "ante un agresor dispuesto a quitarse la vida, las medidas de protección que pueda establecer el Derecho tienen una efectividad limitada y que la única medida que habría podido evitar el luctuoso suceso en Alovera es que, con carácter previo, se hubiera decretado la prisión provisional, que es una medida excepcional que sólo se adopta en casos extremos".

La presidenta de la asociación regional de apoyo a las mujeres maltratadas María Zambrano, Fe Saiz, ha declarado que decir que la víctima de Alovera tenía "un grado de protección importante" por vivir con un militar denota "ignorancia", ya que éste fue también abatido.

Respecto a la reflexión realizada por Martínez de aumentar las posibilidades de decretar prisión preventiva, Saiz cree que en este caso "sí hubiera sido aconsejable" porque se habían producido denuncias reiteradas, pero ha precisado que "habría que estudiar cada caso y no medir todo por el mismo rasero".

Fuente El Mundo

Bibiana Aído pone en manos de un hombre la lucha contra la violencia machista

Bibiana Aído se estrena como ministra de Igualdad rompiendo un molde: la Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista será cosa de un hombre, Miguel Lorente Acosta.

Este médico forense de 45 años, referente científico para los colectivos feministas y para toda la política anti violencia de género que se ha hecho en España en los últimos años, abraza el cargo con un puñado de mensajes. "Vamos a actuar sobre los hombres. Hay que remover los valores que llevan a la conducta violenta. El hombre usa las referencias culturales que tiene para ejercer su dominio".

A partir de este viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe su nombramiento en sustitución de Encarnación Orozco, Lorente dejará de ser el director general de Asistencia Jurídica a las Víctimas de la Junta de Andalucía y trasladará su casa a Madrid, la ciudad donde el pasado lunes conoció en persona a la ministra de Igualdad.

Lorente fue invitado por algunas asociaciones feministas al acto de toma de posesión de Bibiana Aído y la saludó brevemente en persona.

Dos días después, este miércoles, la ministra le telefoneó, ambos mantuvieron una larga conversación sobre la "compleja" violencia de género y al finalizar la charla, Bibiana Aído le ofreció ser delegado del Gobierno. "Le dije que sí inmediatamente".

Autor de libros como 'Mi marido me pega lo normal', 'Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso' o 'El rompecabezas, anatomía de un maltratador', este profesor asociado de Medicina Legal en la Universidad de Granada cree que el hecho de que un hombre sea nombrado responsable de la lucha contra la violencia machista es un "acto simbólico fundamental".

"Detrás de la violencia de género hay formas míticas y prejuicios que ocultan la idea de la superioridad, el 'lo mío vale más que lo tuyo'. El hombre impone así su modelo y si no lo consigue o no lo cree conseguido recurre a la violencia. La violencia aparece así camuflada de normalidad, por lo que actuar frente a ella con un hecho simbólico resulta fundamental. Muchas veces se piensa que la violencia machista es cosa de mujeres, que sólo le importa a las feministas. Nombrar a un hombre es implicar a los hombres en esta lucha. Es un acto simbólico pleno".

'Muchas veces se piensa que la violencia machista es cosa de mujeres. Nombrar a un hombre es implicar a los hombres en esta lucha', dice Lorente

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Para Lorente, las cifras del asesinato y la agresión machistas son un dato para trabajar en la "individualización" de los casos. "A las mujeres les diremos que sigan denunciando, porque el riesgo no está en la denuncia sino en la ruptura. Por eso intentaré darle al Observatorio contra la Violencia de Género un carácter más científico, que individualice los casos para que sepamos diferenciar bien las formas de violencia. No hay dos asesinatos iguales, no hay dos denuncias iguales".

Entre sus objetivos, ronda la palabra prevención. "La fase anterior de la Delegación fue un inicio, un arranque. Había mucho por hacer y se hizo, pero aún hay que hacer más. Hay que abordar la prevención en dos campos. La terciaria, que abarca los casos identificados, y sobre la que se hacen las valoraciones del riesgo. Y la primaria, una sensibilización crítica contra los valores que llevan a los hombres a recurrir a la violencia".

Fuente El Mundo

180 cuestiones sobre violencia de género esperan al Constitucional

Más de 180 cuestiones contra la Ley de Violencia de Género están paralizados a la espera de la decisión del Constitucional. El Pleno del Alto Tribunal proseguirá hoy las deliberaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por una juez de Murcia contra la ley Integral de Violencia de Género, en cuanto impone mayor castigo a los hombres por maltratar a las mujeres.

Los magistrados deliberaron durante toda la jornada de ayer y proseguirán hoy, dado que la sentencia es "muy complicada técnicamente", y tiene muchos "problemas de encaje penal", por lo que hay que redactarla de manera "muy rigurosa y estricta", según fuentes del Tribunal.

El Constitucional estudia la primera de las 127 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por jueces contra el artículo 153.1 del Código Penal que impone penas de seis meses a un año al que maltrate sin lesionar a su esposa o la mujer que haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad. Los jueces han presentado otras 56 cuestiones contra el 171.4 (amenazas leves) y tres contra el 172.2 (coacciones leves). De estas 127 cuestiones, 40 han sido presentadas por el juzgado penal 2 de Albacete.

En la actualidad, hay un total de 835 órganos judiciales especializados en Violencia contra la Mujer, que han dictado un total de 91.005 sentencias desde julio de 2005, según los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo del Poder Judicial que preside la vocal Montserrat Comas.

Fuente El País

El Constitucional se inclina por avalar la ley integral de Violencia de Género

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto votar hoy la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la redacción que la ley integral de Violencia de Género dio al artículo 153.1 del Código Penal, que marcaría la doctrina a seguir en las alrededor de 180 consultas de este tipo elevadas al alto tribunal por magistrados y jueces de toda España. En dichas cuestiones se pide al Constitucional que se pronuncie sobre el agravamiento penal para los hombres establecido en la Ley Integral contra la Violencia de Género, aunque el trasfondo de la resolución no es otro que la mayor sanción penal de la violencia machista.

Según fuentes del Constitucional, el Tribunal se inclina mayoritariamente por la constitucionalidad de la ley, aunque habrá que esperar al pleno de hoy para ver si finalmente se adopta una resolución, ya que es la segunda vez que se delibera la cuestión y en la ocasión anterior se encomendó al ponente, Pascual Sala, la reelaboración de la ponencia.

Frente a la posibilidad de hacer una sentencia interpretativa, el Tribunal se inclina por desestimar la cuestión por entender que el acento debe ponerse en el mayor desvalor que supone la conducta del hombre que maltrata a su pareja. El distinto tratamiento penal se justificaría no en una discriminación positiva porque la mujer sea especialmente vulnerable, sino porque el desvalor de la conducta del maltratador es más reprobable y además es más frecuente.

El Tribunal tiene pendiente de resolver alrededor de 180 cuestiones de inconstitucionalidad contra los artículos 171.4, 153.1, 172.2 y 57. 2 del Código Penal, en la redacción dada a estos artículos por la ley integral de Violencia de Género. La que se ve hoy, en concreto, es la primera de las interpuestas, por una juez de lo penal de Murcia. También tiene que pronunciarse sobre las medidas previstas en el artículo 57.2 y relativas a la prohibición de residencia, medidas de alejamiento, prohibición de comunicarse con la víctima y posibilidad de control electrónico introducidas con anterioridad a la ley de Violencia de Género socialista por el ministro del PP José María Michavila.

El artículo 153.1 del Código Penal castiga al que cause "menoscabo psíquico", o una "lesión no definida como delito" o "golpee o maltrate de obra sin causar lesión", y la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al maltratador por relación de afectividad aun sin convivencia, o una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Las penas a imponer son de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, privación de portar armas de uno a tres años, y cuando el juez lo estime adecuado, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda, etcétera hasta cinco años.

Esas mismas penas se imponen por "amenazas leves" (artículo 171.4) y a quien "de modo leve coaccione" (artículo 172.2) a la esposa, o a la mujer con quien haya convivido el autor de las amenazas o coacciones.

La primera cuestión de inconstitucionalidad sobre la que está previsto debatir hoy fue presentada por la juez de Murcia María Poza en el verano de 2005. En síntesis, la consulta de esta magistrada pedía al Tribunal que se pronunciase sobre si el mayor castigo al hombre que a la mujer que maltrata a su pareja viola el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La decisión del Constitucional tiene paralizados numerosos procedimientos y la totalidad de los que están pendientes desde que se produjo la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional de mayo de 2007, puesto que ésta así lo establece. En las cuestiones presentadas con anterioridad algunos jueces han seguido adelante con los procesos para evitar males mayores. Precisamente la paralización de todos estos procesos quema los dedos a los magistrados del Tribunal, que temen que pueda ocurrir una desgracia a alguna de las víctimas a las que afectan los procedimientos suspendidos.

Fuente El País

"Cualquier cobarde que levante la mano a una mujer se enfrenta a 44 millones de personas"

José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente en funciones del Gobierno de España, en su discurso de investidura, 8/04/2008

Estudio de la OMS: La violencia doméstica deja huellas profundas en la salud de la mujer

Huesos rotos, cardenales, un labio partido... Éstas suelen ser las primeras lesiones que tratan los profesionales sanitarios cuando una mujer maltratada pide ayuda. Sin embargo, cuando los puntos se cierran y las heridas se restañan, los problemas pueden persistir. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes han sufrido agresiones por parte de sus parejas padecen a largo plazo más problemas psiquiátricos, ginecológicos o de dolor que el resto de sus congéneres.

"La violencia doméstica se asocia con unas consecuencias graves para la salud pública que deberían tenerse en cuenta en las políticas y programas de salud, tanto a nivel nacional como global", señalan los autores en su trabajo, que se publica en el último número de la revista 'The Lancet'.

Los autores, coordinados por Claudia García-Moreno, miembro del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, llegaron a esta conclusión tras entrevistar, entre 2000 y 2003, a más de 24.000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Tanzania.

Las participantes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 49 años respondieron a un cuestionario –que se tradujo a 14 lenguas- en el que se les preguntaba si habían sufrido algún episodio de agresión por parte de sus compañeros a lo largo de su vida.

Además, también debían responder a varios interrogantes sobre su estado de salud física (dolores, mareos, pérdida de memoria, problemas ginecológicos) y mental (estrés, pensamientos suicidas) en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.

Los datos revelaron que, en la gran mayoría de las zonas estudiadas, las mujeres que habían sufrido en su vida algún tipo de maltrato por parte de sus parejas, manifestaban tener más problemas de salud que el resto de sus compañeras. Es más, el porcentaje de participantes que reconoció haber pensado recientemente en suicidarse – o incluso, haberlo intentado- era "significativamente más alto entre las mujeres agredidas", según explican los investigadores en su trabajo.

Esta asociación no parecía estar relacionada con diferencias en la edad, el nivel educativo o el estado civil de las participantes.

"Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar"

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El tiempo transcurrido desde la agresión o agresiones sufridas hasta la realización de la entrevista tampoco fue un factor determinante. "En todas las zonas estudiadas, excepto en Etiopía, por lo menos un tercio de las mujeres que habían sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, no había padecido ningún episodio de violencia en el último año. [...] Este dato sugiere que los efectos de la violencia podrían persistir mucho después de que las agresiones hubieran terminado", remarcan los autores.

Debido al diseño del trabajo –se trata de un estudio observacional- los autores no han podido demostrar una relación de causa-efecto entre los episodios de violencia y los problemas de salud. Eso sí, remarcan que los datos son suficientes para reclamar "la necesidad urgente de actuar frente a la violencia de género en las políticas sanitarias".

"Falta aún compromiso político, presupuesto y un mayor énfasis en la prevención primaria del problema, lo cual requiere intervenciones múltiples y a diferentes niveles", explica a elmundo.es García-Moreno.

Coincide con esta experta Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). "Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar", señala este especialista, para quien es vital la coordinación entre el área sanitaria, de justicia y de asistencia social.

El año pasado en España, un total de 126.293 mujeres denunciaron haber sido maltratadas, según datos que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos ayer.

Al intentar ocultarlo la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas

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Sin embargo, no todas las que sufren maltrato se atreven a acudir a los tribunales. Detectar los casos ocultos y ayudarles a solucionar el problema es, para Zarco, una de las claves, pero, en la consulta médica, no siempre es fácil lograrlo. "Al intentar ocultarlo, sobre todo al principio, la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas como dermatitis, intestino irritable o trastornos de ansiedad", señala este profesional.

"A veces no es sencillo de diagnosticar y, cuando hay sospechas, hay que establecer un lazo de comunicación y confianza con la paciente para ayudarla", comenta Zarco, quien lamenta que en muchas ocasiones se pierde el seguimiento de una mujer que ha sufrido maltratos porque hay lagunas de coordinación informativa entre los estamentos implicados. "A veces se consigue que la mujer acuda a la policía, pero el médico no recibe información sobre la tramitación y el seguimiento de la denuncia, por lo que muchas veces, las mismas víctimas terminan retirándola", comenta.

"Aunque sea complejo, es necesario establecer políticas compartidas", señala este experto, quien también hace especial hincapié en la importancia de las tareas preventivas y educativas.

En un comentario que acompaña al trabajo en 'The Lancet', Riyadh Lafta, de la Mustansiriya Medical School, de Bagdad (Irak), señala que es fundamental hacer un esfuerzo colectivo para conocer a fondo el problema y diseñar intervenciones de prevención efectivas. "Lamentablemente, la recopilación de información está obstaculizada por varios factores", afirma Lafta, quien recuerda que demasiadas mujeres en el mundo no se atreven a denunciar, que el abuso sexual sigue siendo un tabú en determinadas culturas o que las agresiones verbales -un modo importante de violencia de género- se desestima a menudo.

El Supremo confirma la expulsión de un guardia civil por maltrato

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la separación del servicio de un guardia civil que fue condenado por haber maltratado a su esposa. Tras ser condenado en sentencia firme, el Ministerio de Defensa acordó, por su parte, separarle del servicio. Entendió que había cometido una falta muy grave sancionada con la expulsión y derivada de su condena por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla.

Por maltratar a su esposa, este juzgado le impuso un total de 12 meses de prisión por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. También le retiró durante dos años el uso del arma reglamentaria. Se le condenó por patear a su esposa en noviembre de 2004.

Ante la decisión de Defensa de apartarle del servicio, el guardia, cuyo nombre comienza por A., apeló ante la jurisdicción militar, por entender que esa sanción vulneraba el principio jurídico non bis in ídem (es decir, que nadie puede ser condenado dos veces por un mismo hecho). El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la decisión de Defensa de apartarle del servicio. Señala el tribunal que en la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil figura tipificada esa sanción si un guardia es condenado, como en este caso, a una pena de privación de libertad.

Fuente El País

Campaña informativa del servicio de atención telefónica 016

El Consejo de Ministros ha sido informado de la puesta en marcha, por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de una campaña informativa institucional de ámbito estatal del servicio de atención telefónica 016.

Bajo el título “Constantes Vitales 2008”, la campaña se ejecutará entre el 5 y el 15 de marzo de 2008 y tiene como objetivo intensificar las acciones de divulgación sobre el teléfono estatal de información 016. Su coste estimado es de 1.500.000 euros y utilizará el soporte de televisión, prensa gratuita y radio.

La campaña se fundamenta en la urgencia de aumentar la concienciación social sobre el grave problema que supone la violencia hacia las mujeres. Por eso, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de acuerdo con el contenido del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2007, y teniendo en cuenta las prioridades de la Administración General del Estado en sus previsiones para 2008 en materia de publicidad y comunicación institucional, acude al procedimiento de emergencia.

La oportunidad y conveniencia de realizar esta campaña en este momento responde, por un lado, a la necesidad de desarrollar el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, y, por otro, llevar a cabo las medidas recogidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se adoptan acciones para dar cumplimiento a las propuestas aprobadas de unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género, de 22 de junio de 2007.

Por otro lado, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, está promoviendo la firma de convenios en colaboración con empresas públicas y privadas para favorecer la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género y contribuir a la sensibilización social. De este modo, Soledad Murillo firma un convenio con Aena, Renfe y Correos para reforzar la sensibilización ante la violencia de género. Anteriormente, en 2006 se firmaron convenios con la empresa pública Adif y en 2007 con las empresas privadas Cepsa, El Corte Inglés, Eulen, Inditex, Sacyr y VIPS.

En este caso, tanto las instituciones públicas: Adif y Renfe, dedicadas a servicios de transporte y gestión de tráfico ferroviario, Aena, operador global de servicios aeroportuarios y de navegación aérea y Correos, operador postal de referencia, dedicado al servicio postal de acceso universal, así como las empresas privadas: Cepsa, líder en desarrollo de actividades integradas y relacionadas con el petróleo y la petroquímica; El Corte Inglés, la mayor cadena de grandes almacenes de España; Eulen, el mayor grupo español de servicios con una plantilla de más de 65.000 personas; Inditex, principal distribuidor de moda, presente en 68 países; Sacyr Vallermoso, uno de los principales grupos de infraestructuras e industriales; y Grupo VIPS, líder en el sector de la hostelería y comercio en España, cuentan en la actualidad con políticas de responsabilidad social corporativa encargadas de materializar programas de concienciación social.

También a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer le corresponde proponer la política del Gobierno en relación con la violencia de género y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia.

La Ley contra la Violencia de Género ha recibido ya más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad

Distintos jueces han presentado más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, por considerar que vulnera el principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española, según informaron fuentes del Tribunal Constitucional.

Estos jueces han interpuesto las cuestiones contra los artículos 153 y 171 del Código Penal porque consideran que es discriminatorio que los hombres sean castigados con una pena superior que las mujeres por el mismo delito de violencia sexista.

La última oleada de cuestiones se ha producido en las últimas semanas, en las que se han presentado más de una veintena. Hasta la fecha, el Alto Tribunal ha admitido a trámite todas ellas.

Esta circunstancia supone que actualmente hay 160 casos sin sentencia, y que están a la espera de lo que dictamine el TC. Esta situación también provoca que haya 160 presuntos maltratadores en la calle, a no ser que ya estuvieran en prisión.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, pidió al Alto Tribunal, en declaraciones, que avale o rechace la constitucionalidad de la ley "cuanto antes" porque hay muchas víctimas y agresores pendientes de la resolución judicial. Además, López añadió que en caso de que el Constitucuional dé la razón a estos jueces "habrá que revisar miles y miles de sentencias" dictadas desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, aseguró que hay "un grupo reducido de jueces que quieren boicotear la ley" y que, a su modo de ver, están librando una batalla "ideológica y no jurídica". Pérez del Campo reclamó a los jueces "que se ocupen de juzgar y que no se metan en cuestiones políticas", y exigió al TC que marque su postura "de una vez por todas" porque "hay 160 mujeres en situación de riesgo".

Fuente La Vanguardia

Campaña contra la violencia doméstica en Rumanía

Campaña publicitaria contra la violencia doméstica en Rumanía dirigida a ser soportada en cabinas de telefono publico.

Los jueces del País Vaco piden más medios para combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas

Los procedimientos de violencia de género no dejaron de aumentar en los juzgados vascos durante 2007, a pesar de las campañas de sensibilización impulsadas por las instituciones. Según fuentes judiciales, los asuntos penales crecieron en Vitoria el 21%, mientras que en San Sebastián y en Bilbao aumentaron el 14%, respectivamente. Tan sólo Barakaldo fue una excepción, ya que registró una caída del 3,8%; pero los casos pendientes de resolver en ese municipio equivalen casi al 40% de los que entran en un año. Globalmente, en las partidos judiciales de las tres capitales y de Barakaldo se registraron 4.294 asuntos nuevos el pasado año, frente a los 3.801 de 2006. Es decir, un 12% más.

Esos datos -y, en particular, el homicidio de una mujer ecuatoriana perpetrado en la capital alavesa en junio pasado- han movido al magistrado Alfonso González Guija, coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, a pedir a los ayuntamientos y a las administraciones vasca y central que destinen más recursos para proteger a las mujeres maltratadas. «La ley integral no es suficiente por sí sola y, como hemos podido comprobar hace bien poco, no está funcionando en las situaciones más dramáticas», reconoció González Guija, a la sazón juez decano de Bilbao.

La muerte de cuatro mujeres en un solo día, a manos de sus compañeros sentimentales, volvió a poner de relieve el pasado 26 de febrero las limitaciones de los juzgados de violencia de género, que comenzaron a funcionar en las principales ciudades españolas durante el verano de 2005. A Vitoria, Bilbao y San Sebastián les correspondieron otros tantos jueces especializados, pero al cabo de un año el Ministerio de Justicia tuvo que crear una plaza más en la capital vizcaína porque la primera jueza y los funcionarios que le asignaron no daban abasto desde el primer día.

Algo parecido ocurrió en Barakaldo, un municipio que registra cifras de maltrato similares a las de Vitoria, pero sólo tendrá un juez de violencia de género a partir de este año. Hasta ahora se las ha arreglado con el Juzgado de Instrucción número 4, que se ocupa de los delitos de género, pero también de los demás. En conjunto, las capitales vascas y Barakaldo acaparan el 75% de los procedimientos por maltrato sexista que se inician en Euskadi. El resto se reparte, sobre todo, entre las plazas judiciales de Getxo, Irún, Tolosa y Bergara.

«Lógicamente, la Ley Integral de Violencia de Género necesitaba un tiempo para rodarse -explica el juez González Guija-. Pero ya han pasado dos años y medio, un plazo suficiente para obtener el máximo rendimiento posible de los medios judiciales a nuestra disposición. A partir de ahí, hace falta más dinero, más jueces de apoyo, más policías, más personal de atención a las víctimas, más recursos. Sólo así podremos sacar el mayor partido a la ley y proteger a las víctimas de forma integral. Pero si no hay presupuesto, por lo menos que se diga».

Las estadísticas sobre violencia de género en el País Vasco son elocuentes. El partido judicial de Bilbao registró 1.585 asuntos penales el año pasado, 196 más que en 2006. San Sebastián contabilizó 979 (136 más). En Vitoria se iniciaron 898 expedientes (194 más) y en Barakaldo 832 (33 menos). Los juzgados de las capitales tienen que resolver a diario once asuntos que requieren atención inmediata, entre órdenes de protección, declaraciones de detenidos y juicios rápidos. Tan sólo una orden de protección -se solicitaron 1.640 en Euskadi el año pasado- puede llevar dos horas.

González Guija asegura que la organización de los juzgados ha mejorado; sobre todo, en la capital vizcaína, donde el trabajo salió adelante durante meses por el esfuerzo de los funcionarios. A su modo de ver, los problemas que registró Bilbao se debían a que «se cumplía muy bien la ley». Para demostrar las mejoras conseguidas en esa plaza judicial, el juez recuerda que, de todos los asuntos calificados durante el segundo semestre de 2007, casi ninguno quedó pendiente.

Sin embargo, la Administración de Justicia también ejerce la autocrítica. «Los jueces tenemos que esforzarnos para que, cuando llegue un asunto urgente al juzgado, la respuesta también sea urgente -reconoce-. La intervención no puede demorarse porque la competencia es de este o de aquel partido judicial. Eso lo analizaremos luego; lo primero es responder». En este sentido, el magistrado considera lógico que las órdenes de protección sean atendidas en el partido judicial donde se solicitan.

La Administración de Justicia también cree mejorable la comunicación de las resoluciones sobre violencia de género a los servicios de atención a la víctima. «De todos modos este problema se está corrigiendo y ya no se aprecian tantas disfunciones», puntualiza González Guija, que destaca que se han realizado cambios en algunas dependencias judiciales, de manera que las mujeres maltratadas dispongan de un local específico para las esperas.

Fuente Diario Vasco.com

La Delegada del Gobierno en Extremadura defenderá la publicación de sentencias sobre maltratados en la web del Ayuntamiento de Plasencia

En este sentido, Carmen Pereira ha subrayado que "no tengo por qué aprobarla ni rechazarla, está ahí y me parece que es autónomo y legítimo por parte del ayuntamiento tomar esa medida; y, desde luego, si esa medida da resultado yo la voy a defender".

A este respecto, ha matizado que no desea entrar "en polémica" con el Ayuntamiento de Plasencia, añadiendo que, en todo caso, la medida descrita ha de estar "dentro de la legalidad vigente", respetando los derechos correspondientes.

Para Pereira, "es una medida que si está dentro de la legalidad vigente y se respeta el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y son personas que son juzgadas, pueden hacerlo" aunque, ha puntualizado que "hay otras muchas iniciativas" que se pueden adoptar en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, ha resaltado que el Ayuntamiento de Plasencia "no es la primera institución que tiene esa intención" pues, "ya desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se propuso la publicación de los matratadores".

Para la Delegada, esta medida "tiene algunas consecuencias positivas, quizá porque algunos otros maltratadores desistan", al ver que las sentencias que pudieran recaer sobre ellos serían publicadas, añadiendo que "pero, tiene que ser siempre y cuando haya alguna sentencia firme y se tenga en cuenta y se respete el derecho a la intimidad de la mujer".

Y, ha matizado que "también se conocen los nombres de los asesinos, los nombres de los terroristas, los nombres de los ladrones una vez que ya están juzgados", de modo que "por lo tanto, también puede conocerse el nombre de los maltratadores", siempre y cuando, reiteró, se respete la legalidad.

Por su parte la alcaldesa de Plasencia, la socialista Elia María Blanco, ha reafirmado su apoyo y "todo su aval" a la propuesta de su concejala de Igualdad, Raquel Puertas, de colgar en la web municipal las sentencias en firme sobre maltratadores que hayan cometido delitos graves o muy graves.

La regidora municipal insistió en su respaldo "a tomar medidas de acción" como la de la publicar las sentencias y pidió "remover los obstáculos" que impiden que la sociedad sea cada día "más justa", en referencia a "propuestas de modificación legislativa" que permitan adoptar iniciativas como la referida.

En un encuentro con periodistas antes de un acto institucional con motivo del Día de la Mujer, Elia María Blanco abogó porque las Cortes Generales, las asambleas autonómicas y los ayuntamientos promuevan un cambio en la legislación para adaptarla "a lo que la sociedad demanda".

Así, lamentó que los legisladores "nunca se adelantan a los acontecimientos sociales", de modo que cuando se tiene un problema social como es el maltrato y los "asesinatos que encontramos cada día" se tienen que tomar "medidas contundentes"

La alcaldesa de Plasencia considera que "publicar la sentencia que condena a un hombre" no puede ser "tan vilipendiado como algunos pretenden". Elia María Blanco felicitó a la concejala y al Consejo Municipal de la Mujer de Plasencia, donde las mujeres avalaron la propuesta "por unanimidad" y, sin embargo, apostilló: "ahora vienen los varones a decirnos ¡qué barbaridad!".

Elia María Blanco aseguró que el ayuntamiento no quiere "incurrir en ilegalidad" sino que se pretende "proteger a las mujeres" y que la vía propuesta es la "adecuada" y que si bien en este momento se está considerando "la legislación vigente", más adelante se promoverá una "reivindicación activa para que la legislación vigente se adapte a esa posibilidad".

La alcaldesa de Plasencia puso como ejemplo a Castilla la Mancha dónde "se está editando un cd con el nombre de los maltratadores" y que allí se ha adaptado la normativa jurídica para que esto sea posible, que es lo que propone el Ayuntamiento de Plasencia. Cabe recordar que el consistorio placentino está a la espera de un informe de sus servicios jurídicos sobre su propuesta.

Blanco destacó que la concejala de igualdad tiene "todo el aval y todo el merecimiento" para hacer las propuestas que se consideren "buenas" para eliminar "esta lacra" La regidora declaró que se quiere llegar "a publicar las sentencias de los maltratadores" en la página web municipal y además se quiere "convencer a la gente de que nuestra medida es positiva".

Aseguró que la medida propuesta desde el ayuntamiento es "darle a las mujeres la posibilidad de poder comprobar" que la persona que comparte o pretende compartir su vida "no es un maltratador" y que "cuando alguien tenga una sospecha sobre algo tan sensible y tan trágico" pueda tener acceso a la información ya que según Elia María Blanco "estamos hablando de delincuentes y de antecedentes penales".

Blanco calificó la postura del PP de Plasencia de "hipocresía" ya que "no se corresponde" esta postura con la de penalizar a los menores. La alcaldesa de Plasencia pidió al PP "contrapropuestas" pero que no se "nieguen por sistema" a las iniciativas que se realizan para que "avance la sociedad".

Además aclaró que no se trata de una medida "electoral" por lo que la semana que viene comparecerá públicamente para explicar cuáles son los pasos seguidos por el consistorio placentino.

Fuente Región Digital.com

Las ayudas a las mujeres maltratadas son "privilegios"

Las ayudas públicas a las víctimas de la violencia machista son "privilegios" e "incentivos para que las mujeres presenten denuncias con el fin de obtener alguno de los beneficios". Y las amenazas que reciben las víctimas son de "consideración subjetiva". Éstas son algunas de las perlas que recoge el documento de trabajo Tratamiento de la violencia de género en España y la Comunidad de Madrid, firmado por Tatiana Torrejón y publicado por el Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo regional.

El documento, del que un borrador fue aprobado en la Comisión Permanente de este órgano, ha suscitado una queja formal de los representantes sindicales del CES, que enviaron el pasado martes una carta a su presidente, Francisco Cabrillo, en la que exigen su retirada y una explicación pública. Hasta la fecha no han recibido contestación de Cabrillo. Este periódico trató ayer sin éxito de conocer la versión oficial del CES.

Pese a que el CES asegura en una pequeña nota al margen que no se hace responsable de las opiniones en la publicación, la autora agradece a Cabrillo "los comentarios y la revisión de este documento"."Este documento es indignante para las víctimas de violencia", afirmó ayer Elvira Llopis, una de las representantes de CC OO en el CES, que recuerda que el grupo sindical se opuso a que este texto estuviera considerado "documento de trabajo". Explica que normalmente se califica así en el seno del órgano consultivo a informes "que emanan de un grupo o que suponen la base de un trabajo". Pero, en este caso, se trata de un documento firmado por una única persona, Virginia Torrejón, cuya experiencia e idoneidad cuestiona Llopis.

"Ni es experta, ni tiene obra publicada, aunque no nos consta que la hayan pagado. Pero cualquier recién licenciado querría publicar en el CES", agrega. Al teclear el nombre de la autora en el buscador Google de Internet no aparecen enlaces.

En las conclusiones del informe figuran estas afirmaciones:

- "Privilegios de víctimas de la violencia doméstica". La autora del texto denomina "privilegios" a las ayudas públicas. "En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se perciben son 300 euros en un único pago para las situaciones de emergencia", explica Llopis, que aclara que se considera como tal el caso en el que el riesgo de muerte haga salir casi de estampida de su domicilio a la mujer. Por tanto, rebate que haya que esperar hasta que se produce una sentencia, que sólo llega en algunos casos y tras un largo proceso.

- "Las víctimas fingen para beneficiarse de una ayuda". Torrejón sugiere que con las ayudas públicas se motiva a las maltratadas para que "prefieran ser víctimas" en lugar de esforzarse por conseguir un mejor empleo, salario o condiciones laborales. Llega a decir que se generan "incentivos perversos: que las víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica, por ejemplo". Las ayudas a las maltratadas son escasas: 2.465 mujeres han recibido ayudas para cambiar de domicilio y 167 se beneficiaron de ellas por riesgo de exclusión social desde que está en vigor la ley. La renta activa de inserción la percibieron 10.657 mujeres en 2006.

- "Consideración subjetiva". En el documento se plantea que la amenaza es una "consideración subjetiva". Llopis pregunta: "¿Se atrevería a decir eso de las víctimas del terrorismo de ETA?". El informe también plantea que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control" y alerta del "coste social" que implica poner en marcha la "burocracia judicial y a la policía". En enero, estaban en vigor en toda España 78.550 órdenes de protección, según el Ministerio de Trabajo. En la región, el año pasado se duplicaron las muertes por violencia machista.

Fuente El País

Los juzgados contra los malos tratos dan ya cita para octubre en Alicante

El colapso de los juzgados de malos tratos en Alicante está obligando a citar a las víctimas hasta con ocho meses de retraso, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

La situación es fruto de la falta de medios que arrastran las dependencias que ha ido obligando a suspender comparecencias para atender los asuntos más urgentes, con lo que las agendas están al completo y se ha creado en la práctica una larga lista de espera. Las fuentes consultadas por este diario afirman que las mujeres que a fecha de hoy están denunciando ser víctimas de maltrato no son llamadas a declarar para ratificar la denuncia por lo menos hasta el mes de octubre, aunque la orden de alejamiento es inmediata.

Tras la huelga indefinida que se ha convocado en los juzgados de Violencia sobre la Mujer se teme que estos retrasos puedan ampliarse hasta el mes de diciembre. Como resultado de la huelga se están suspendiendo una media de hasta diez declaraciones al día.

La falta de abogados en los turnos de oficio impide en muchas ocasiones tomar declaración a agresor y víctima en el mismo día, y para amabas la ley prevé que tengan que estar asistidos por abogado. La saturación que tienen los letrados de asistencia jurídica gratuita impide que puedan estar puntualmente en el juzgado, lo que repercute en el resto de los señalamientos, por lo que hay pruebas que se deben ir posponiendo. "En ocasiones a una víctima se le tiene que dar cita para otro día después de haberla tenido esperando en el pasillo durante toda la mañana", explicaron fuentes de uno de los juzgados.

Lo mismo ocurre con las pruebas que requieren un análisis de los médicos forenses. Fuentes judiciales explicaron que las exploraciones que entran durante la guardia se hacen de manera inmediata. Sin embargo, todas aquellas que no son de la guardia se están realizando también con meses de retraso, a pesar del riesgo de que cuando se realice la exploración ya no quede ningún indicio de las lesiones.

Asimismo, los procedimientos civiles se encuentran totalmente paralizados por culpa de la tramitación de las órdenes de alejamiento y de protección.

Fuente Información.es

'Somos sólo 30 policías para proteger a más de 7.000 mujeres amenazadas

Lleva años luchando contra la violencia machista y se muestra desmoralizado. Las 15 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus maridos o ex parejas no hacen más que agravar su decepción.

Es un policía veterano que prefiere no desvelar su identidad. Según asegura, la Ley Integral contra la Violencia de Género está sirviendo de poco y denuncia la total falta de medios para combatir la violencia machista.

"Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de alejamiento en Madrid". Según su testimonio, la evaluación del riesgo de cada víctima la realiza un programa informático en lugar de un equipo de psicólogos.

En opinión de este policía con amplia experiencia, quedan todavía muchos caminos por recorrer en la lucha contra la violencia de género y uno de ellos es dotar de recursos y de agentes al Cuerpo Nacional de Policía.

"No poseemos medios para proteger a las mujeres. No tenemos ni coches para acompañarles a los juzgados, ni puntos de encuentro, ni centros asistenciales ni casas de acogida suficientes. A veces usamos nuestros propios vehículos para llevarlas a los juicios. ¿Cómo vamos a luchar así contra la violencia de género?", se pregunta indignado.

A su juicio, la escasez de funcionarios es palpable: "Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de protección en Madrid. En toda la comunidad, somos 49 agentes y unas 2.000 órdenes de alejamiento más. Sin embargo, según el protocolo, cada funcionario de las UPAP no puede tener a su cargo más de 10 mujeres con órdenes de protección".

El agente no tiene pelos en la lengua y considera que "la Ley contra la Violencia de Género es una medida política que no vale para nada. Cero patatero. Todo es una cuestión burocrática. Aquí alguien miente porque la ley no funciona. Están diciendo que es maravillosa y eso es mentira".

Desde el Ministerio del Interior indican que en total hay 1.648 agentes entre policías y guardias civiles especializados en la lucha contra la violencia de género en toda España, lo que supone una media de 96 por cada comunidad autónoma. Además, argumentan que las patrullas de seguridad ciudadana también hacen labores de seguimiento de las mujeres maltratadas cuando es necesario.

Aparte de la falta de efectivos, el miembro de las UPAP también critica la manera en la que se evalúa el nivel de riesgo de las víctimas. Según su relato, este proceso se realiza mediante un ordenador y los agentes se ven obligados a contestar continuamente tests informáticos, sin apenas tiempo para practicar las auténticas labores de vigilancia.

Desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género, los jueces han emitido 90.242 órdenes de protección, de las cuales 78.550 siguen en vigor en la actualidad.

Cuando un juez dicta una orden de protección para una mujer maltratada, se pone en marcha todo un procedimiento. Una vez que la Policía las recibe, comienza la evaluación del riesgo. Para ello, el agente debe introducir los datos de la mujer en el ordenador: su nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la fecha de los hechos y el número de las diligencias practicadas. Lo mismo sucede con el presunto maltratador, del que también se debe incluir toda la información en el programa informático.

Una vez realizado este primer paso, se pasa a la siguiente pantalla. "Entonces, hay que contestar a otras 16 preguntas. Si el maltratador toma drogas o no, si los episodios de maltrato se repiten... A veces tenemos que llamar a las mujeres para preguntarles cosas tan personales como si su marido bebe o se droga y, claro, algunas no nos quieren contestar", afirma el funcionario.

Según su testimonio, después de 30 preguntas, el ordenador decide la valoración de riesgo: no apreciado, bajo, medio o alto. Si el riesgo es bajo, cada mes deben volver a realizar la misma evaluación. Si es medio, el proceso se repite cada 15 días y si el riesgo es alto, cada semana.

"Al final estamos todos los días realizando trámites burocráticos, pero no tenemos tiempo de centrarnos en la seguridad de las maltratadas. Nos quitan de hacer las labores de protección para realizar estas tareas informáticas y desatendemos a las mujeres", se queja.

Fuente El Mundo

Las llamadas al 016 se quintuplicaron el día después del asesinato de 4 mujeres

Las llamadas al teléfono 016 de información y atención legal a víctimas de violencia machista se multiplicaron por cinco respecto a la media habitual de este servicio -unas 700 consultas diarias-, ya que el día después de los asesinatos de cuatro mujeres se recibieron más de 3.600 consultas.

Según ha explicado la delegada especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, Encarnación Orozco, el miércoles 27 de febrero las llamadas al 016 fueron 3.653 "por el miedo que sintieron las víctimas de este maltrato", el jueves cayeron a 909 -"más cerca de la media"- y el sábado de nuevo se produjo un pico de 3.500 llamadas.

"Los datos sobre el teléfono se cierran a finales de mes y nos tenía preocupados saber cómo había funcionado después de la crisis que tuvimos la semana pasada, 'el martes negro', ya que no existían precedentes de cuatro muertes en menos de 24 horas", ha explicado Orozco.

La lectura de la delegada del Gobierno tras confirmar este incremento de llamadas es que "la información de las cuatro muertes produjo terror e hizo que se disparara el teléfono, porque las personas que padecen esta violencia sienten mucho miedo y la disposición de las personas de su entorno a prestarle ayuda es mucha mayor".

Además, ha destacado el aumento de estas consultas durante el sábado, ya que en la trayectoria de este servicio se pone de manifiesto que durante el fin de semana "es más complicado la utilización de este teléfono porque hay un mayor periodo de convivencia con la pareja".

La Delegada ha recordado que el 016 no es un teléfono de emergencia para reclamar asistencia ante una agresión, que sigue siendo el 112, ni tampoco un teléfono de denuncia, sino que su función es asesoramiento e información "para ayudar a que las mujeres maltratadas puedan salir de esa situación".

"El temor que sienten estas mujeres hace que recuerden mejor el 016, que cuando recibe una llamada de emergencia lo desvía al 112, pero ahí estás perdiendo unos segundos, y además puede llegar a colapsar" este servicio.

Para la delegada del Gobierno el teléfono está sirviendo para tomar el pulso a cómo reaccionan las personas del entorno de la mujer que sufre estas agresiones, que hasta el momento protagonizan el 15% de las llamadas.

El 80% lo hacen las víctimas del maltrato machista y el 5 por ciento son consultas de servicios vinculados a este fenómenos, como servicios sociales o fuerzas de seguridad del Estado, añade.

Desde que comenzó a funcionar el 016 hace casi medio año, este servicio ha atendido más de 85.000 llamadas, aunque en un alto número de casos han sido con intención maliciosa (bromas e insultos), errores de marcado o consultas sobre materias que no guardaban relación con la violencia machista, según el último boletín del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.

Fuente El Mundo