Peluquerías contra el maltrato

Una peluquería puede ser un buen lugar para que una mujer se informe sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato por parte de su pareja. Para coger folletos de un expositor e incluso para preguntar a los peluqueros de qué van esos folletos. No es una banalidad. Seguramente hay otros muchos sitios por donde pasan las mujeres, pero la consejería de Empleo y Mujer ha decidido hacer campaña en contra de la violencia machista en las peluquerías. Las asociaciones feministas respaldan el proyecto, que funciona ya con éxito en Connecticut (Estados Unidos) desde 1999 y en Londres desde 2003.

Aquí, de momento, no está en marcha. Simplemente la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Andrados, anunció ayer que "después del verano" firmará un convenio con las dos asociaciones profesionales de peluquerías de señoras de Madrid. "Todavía no tenemos fecha de comienzo, cuando se firme se concretarán los plazos...", justificó una portavoz de la consejería. "Como siempre. Dijeron lo mismo hace unos años: que iban a poner folletos en las farmacias y no lo hicieron nunca", criticó Ángeles Álvarez, feminista y experta en violencia machista.

Aún así, Álvarez defiende el proyecto. "Hay que utilizar los puntos de frecuencia para pasar información y, evidentemente, una peluquería lo es. La idea es buena. La cosa es que se haga", insistió. Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, valoró "muy positivamente" el plan. "La peluquería es un sitio donde la gente habla, es un medio idóneo para la sensibilización". Sobre en qué otros lugares se debería repartir información, Gonzalo insiste en que tienen que ser sitios "con gran concentración de mujeres. Piscinas, gimnasios...".

Buenas palabras también de Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que tildó la idea de "excelente". "Las peluquerías son muy buenos lugares. Nosotros hemos tenido stands en centros comerciales. Las mujeres por sí solas no tienen capacidad para denunciar y es muy importante la implicación de toda la sociedad", señaló. Y ofreció datos: el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial señala que de todas las denuncias tramitadas sobre violencia machista, sólo el 1% llegan a través de los familiares de las víctimas y otro escaso 9,5% procede del personal sanitario que ha estado en contacto con las mujeres.

Una portavoz del área de Empleo y Mujer añadió que los peluqueros que quieran recibirán "charlas de sensibilización". "Pero ellos son peluqueros, no se les enseñas para que den consejos a las mujeres. Las charlas son para que, ya que van a tener un expositor en su centro de trabajo, sepan de qué va el tema", agregó dicha portavoz. El proyecto, de momento, es humo. Algunos peluqueros no saben ni que existe. "Aún no nos han informado", aseguraba una portavoz de las peluquerías Alberto Cerdán, con tres centros en Madrid. Tampoco sabían nada en varias peluquerías del Barrio del Pilar.

Fuente El País

Los abogados reclaman a Bermejo que permita la mediación en casos de violencia contra la mujer

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclamará al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a la vuelta de las vacaciones que permita la mediación en casos específicos de violencia contra la mujer.

Esta petición constituye una de las propuestas que presentará la Comisión de Mediación del Consejo a Bermejo para implantar la mediación como una solución extrajudicial que descargue de trabajo a los tribunales, especialmente a los órganos de justicia de la Comunidad de Madrid.

La pretensión de los abogados está encaminada a que la mediación en el ámbito de la violencia doméstica, especialmente en lo referido a la custodia de los hijos, se regule por ley como una actividad en la que una parte independiente ayude a las parejas a comprender el origen de sus problemas, sus causas, a confrontar puntos de vista y a elaborar acuerdos mutuos sobre el modo de reparación.

De este modo, se pretende incorporar la intervención voluntaria de las parejas para evitar los procesos judiciales y conseguir la reparación efectiva del daño a la víctima, mediante una solución negociada. Por ello, la Abogacía valora como 'desacertada' la prohibición expresa que incluye la Ley Integral contra la Violencia de Género al respecto, por lo que pedirán al titular de Justicia que suprima de la normativa esta limitación.

La presidenta de la Comisión de Mediación del CGAE, Ana Cobos, especificó a Europa Press que la mediación en este campo se aplicaría en casos puntuales que hayan sido valorados previamente por un experto en violencia de género para evaluar cada situación. Cobos recordó que los Juzgados de Familia contemplan actualmente la mediación intrajudicial, a través de la cual el juez llama a las partes y les invita a que haya un mediador, explicándoles en qué consiste su función. Se trata, según apuntó, de evitar tanto 'la fase de demanda que agrava el conflicto' entre las parejas como la posible, en el caso de que haya hijos, 'victimización de los menores'.

Además del ámbito familiar, la experta vio en la mediación 'una solución buena' para resolver asuntos penales que impliquen delitos menores como hurtos o robos para evitar 'el colapso de los tribunales'. Recomendó, igualmente, extender esta alternativa a cuestiones relacionadas con herencias o liquidación de patrimonio.

El 50% de los asesinatos sexistas se acumulan tres días después de otro

El 50,4% de las muertes por violencia de género se producen dentro de los tres primeros días después de un asesinato machista previo. Éste es uno de los datos que revela un informe del forense Miguel Lorente para la Junta de Andalucía y que, junto a otros estudios, ha servido de base para que el Gobierno se planteara la necesidad de pedir a los medios de comunicación un "código de autorregulación" sobre las noticias relacionadas con esta materia.

En 2006 fallecieron 68 mujeres víctimas de la violencia machista. Si las muertes se hubieran distribuido de forma homogénea a lo largo del año se habría registrado una muerte cada 5,3 días. Pero lo cierto es que la diferencia de tiempo más frecuente entre un asesinato sexista y otro (el 30,1% de los casos) fue el año pasado de apenas 24 horas.

El estudio elaborado por la dirección general de asistencia jurídica a víctimas de violencia, dependiente de la consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, revela cierta tendencia a la agrupación de casos en determinados momentos. El 38% de las fallecidas en 2006 (26 de las 68) murieron el mismo día o un día después de que se difundiera otro asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja y el 61,9% de los casos se produjeron dentro de los tres primeros días tras la difusión de uno previo. El año pasado esta acumulación de casos fue mucho más marcada que en años anteriores. La cifra media de los cuatro últimos años (de 2003 a 2006) revela que el 50,4% de las muertes por violencia de género se producen dentro de los tres primeros días después de un caso previo.

El forense Miguel Lorente, autor del informe, considera que "no se puede descartar" que la difusión de un caso "precipite" en algunos hombres "la idea que se venía manejando con anterioridad", aunque sostiene que en la acumulación de sucesos intervienen factores muy diversos. "Un hombre no mata a una mujer porque vea una noticia. Puede ser que precipite una decisión que ya había tomado, pero eso no quiere decir que si no hubiera visto esa información no habría matado", señala Lorente, quien considera que la difusión de los casos de violencia de género "ayuda a concienciar" a la sociedad, mientras que ocultarlos "no evita muertes".

La distribución de muertes a lo largo del año revela otro dato llamativo: aunque ningún mes se libra de esta lacra, en agosto y navidad se producen más. Según el autor del informe, no es causal. "Las especiales circunstancias que suelen producirse en estos periodos tienen una repercusión directa en la relación de pareja y en la lectura que hace el agresor de ellas y actúan como factor añadido en el desencadenamiento de la violencia".

El informe analiza también las conductas más frecuentes en el agresor tras matar a la víctima. Y el autor encuentra un dato "preocupante": están aumentando las entregas voluntarias, una actitud que se asocia con agresores poco integrados en la sociedad y "que hacen de su conducta una especie de reivindicación". "En la mayoría de los casos el hombre tiene planificado entregarse, no lo hace por un arrepentimiento espontáneo", señala Lorente. Con todo, la actitud más habitual tras el asesinato sexista es el suicidio (25% de los casos en 2006), un dato que, según los expertos, tiene un matiz positivo porque indica que el hombre advierte un "rechazo social" a la violencia contra la mujer.

Fuente El País

El número de muertas por violencia de género aumenta casi un 20% en el primer semestre

El número de mujeres fallecidas por violencia de género aumentó un 17,4% durante los primeros seis meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, según un estudio del Centro Reina Sofía de la Violencia, que cifra en 40 las víctimas mortales por esta causa en lo que va de año. Además, desde julio de 2006 a junio de 2007 se ha producido un aumento de las muertes de un 15,15 por ciento, respecto al mismo periodo anterior. Este crecimiento interanual es de un 22,58% entre 2002 y 2007.

Al menos un 42,11% de las víctimas había sufrido previamente malos tratos y un 36,8% de ellas lo habían denunciado. Tres de cada 10 de los agresores tenían en el momento del crimen una orden de alejamiento y el mismo porcentaje contaba con antecedentes policiales.

Dos de cada cinco agresores aún son cónyuges de la víctima cuando cometen el crimen, mientras que un 21% son ex cónyuges; un 10,2%, convivientes; otro 10,2% ex convivientes; otro 10,2% novios; y un 7,6%, ex novios.

El estudio también revela que la Comunidad Valenciana (6) y la Comunidad de Madrid (6) son las regiones en las que se han registrado más casos en términos absolutos. Sin embargo, es Castilla-La Mancha la comunidad con una mayor tasa de feminicidios (víctimas por millón).

Por provincias, Madrid (6), Alicante (4) y A Coruña (3) lideran el ranking. Pero en términos de prevalencia, los primeros puestos los ocupan Soria (24,39), Ciudad Real (9,17) y Toledo (7,75).

Otro dato relevante es que un 65% de las víctimas mortales eran españolas y un 35% extranjeras. Teniendo en cuenta que sólo un 10,55% de las mujeres empadronadas son extranjeras, el informe concluye que existe una "sobrerrepresentación de un 250% entre las víctimas de feminicidios", y especialmente las mujeres iberoamericanas.

"El 20% de las víctimas son iberoamericanas, pero sólo un 7,89% de los asesinos lo son. Las administraciones públicas deberían hacer un especial esfuerzo de prevención de la violencia de género en las relaciones de pareja entre la población inmigrante", recomienda.

Las mujeres entre 25 y 44 años son las que han sufrido más asesinatos en términos absolutos, aunque en términos relativos el tramo de edad corresponde a las que tienen entre 35 y 44 años.
Casi 7 de cada 10 asesinatos se produjo en el domicilio de la víctima y tres de cada cinco murieron por arma blanca. Pero también se han registrado estrangulamientos (12,5%); palizas mortales (7,5%); objetos contundentes (5%); uso de fuego (2,5%); y degollamientos (3,5%). Uno de cada 10 usó un arma de fuego.

En un 7,89% de los casos el agresor ha matado a su pareja en presencia de sus hijos. En cuanto a la época, el mes más sangriento ha sido junio (12 fallecidas). Un 35% de los casos se produjeron en días festivos, aunque el mayor número tuvo lugar en lunes o sábado. En cuanto a las horas del día, estos hechos son más frecuentes de madrugada o por la mañana.

Tras el crimen, el 70% de los agresores fueron detenidos: un 57% fueron arrestados y un 12,5% se entregaron. Mientras, un 12,5% de los asesinos se suicidaron y un 15% lo intentaron. Sólo un 2,5% ha logrado huir.

A juicio de los responsables del informe, estos últimos ponen de manifiesto que se siguen reforzando los mitos en torno a la violencia de género. "Sólo uno de cada 10 agresores se suicida", advierten, al tiempo que lamentan que las noticias sobre estos hechos no informen sobre las detenciones y sí sobre los suicidios.

Fuente El Mundo

Programa de inserción a agresores en Andalucía

El Observatorio contra la violencia de género anuncia erróneamente que la Junta andaluza será la primera CCAA en implantar medidas de reeducación para agresores a mujeres víctimas de violencia, mediante un convenio entre la Consejería de Justicia y Administración Pública y la Consejería de Empleo, sin embargo, me consta que desde al menos el año 2005, existe en Aragón, bajo los auspicios del Instituto Aragonés de la Mujer, dependiente de la Diputación General de Aragón; el Servicio Espacio, de atención psicológica a hombres com problemas de control y violencia en el hogar, y dirigido por el psicólogo Santiago Boira.

Aprovechando la cita a este servicio, en este enlace estan las estadísticas del año 2005 relativas a la Asesoría Jurídica del Instituto Aragonés de la Mujer, en las que presto servicio mediante el convenio existente con el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

016, el teléfono para las víctimas de violencia de género

Servicio de información y de asesoramiento jurídico, telefónico y on line, a las mujeres víctimas de violencia de género, de ámbito nacional y servicio 24 horas.

016

El número telefónico de marcación abreviada 016 para la prestación del Servicio de información y de asesoramiento jurídico, telefónico y on line, a las mujeres víctimas de violencia de género, de ámbito nacional y servicio 24 horas entrará en servicio el día 1 de agosto de 2007, si bien se garantizará plenamente el acceso al mismo desde todas las operadoras de telefonía transcurridos dos meses desde la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado

Se presenta ante el Comité Técnico de la Policía Judicial un protocolo para mejorar la asistencia jurídica a las víctimas de Violencia de Género

El Ministerio de Justicia, en colaboración con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía Española, ha elaborado un Protocolo de actuación y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los abogados y abogadas para mejorar la asistencia jurídica y la información facilitada a las víctimas de Violencia de Género.

El citado Protocolo, que queda pendiente de aprobación por el Comité Nacional de la Policía Judicial, pone de relieve las dos características principales que ha de tener la asistencia jurídica prestada a una mujer víctima de la violencia de género: la inmediatez y la especialización.En este sentido, la finalidad de este Protocolo es garantizar y homogeneizar el servicio de asistencia letrada en la formulación y presentación de la denuncia y solicitud de la orden de protección.

También busca mejorar el servicio policial a la víctima y la formulación del atestado por parte de los funcionarios policiales, así como establecer pautas generales para la información y asistencia a la víctima, tanto de los aspectos judiciales como de las posibles prestaciones y medidas sociales. Así, el Protocolo propuesto viene a completar, en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo dispuesto en el ya existente “Protocolo de Actuación de las FFCC de Seguridad del Estado y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”.

La necesidad absoluta de que la defensa jurídica de las víctimas de Violencia de Género sea inmediata y especializada, exige una organización del servicio por parte de los Colegios de Abogados, que han de designar profesionales para un servicio de guardia de 24 horas de atención inmediata a estas víctimas.

El Protocolo establece los parámetros de comportamiento de estos abogados de guardia en materia de violencia de género, entre los que están la obligación de estar localizable las 24 horas; no poder ausentarse del ámbito territorial en el que presta la asistencia a las víctimas; disponer siempre del impreso de solicitud del derecho de asistencia jurídica gratuita para la defensa y representación letrada a la mujer víctima de Violencia de Género, etc…

Además, el abogado de guardia deberá realizar una labor de asistencia y asesoría a la víctima, informando a la misma desde el primer momento de todas las posibilidades de protección (orden de protección y otras medidas cautelares penales y civiles), personación y los derechos que le asisten (información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales, económicos, etc…).

Igualmente, el abogado informará de la posibilidad que tiene la mujer víctima de ser atendida en el Servicio Público de Asistencia Móvil para las víctimas de Violencia de Género (Teléfonos 900 22 22 92 y 96 369 50 37)

Una asistencia rápida y eficaz a las mujeres víctimas de Violencia de Género exige una necesaria coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Colegios de Abogados. Así, los funcionarios policiales que atiendan a una mujer víctima han de realizar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el derecho legal de la víctima a la asistencia letrada.

El Protocolo propuesto por el Ministerio de Justicia contempla una serie de actuaciones en este sentido por parte de los funcionarios policiales, como son: comunicar de inmediato a la víctima su derecho legal a ser asistida por un abogado especializado que le asesore jurídicamente desde antes de la formulación de la denuncia y la solicitud de la orden de protección; informar del derecho de la víctima a disfrutar de asistencia jurídica gratuita en el caso de carecer de recursos para litigar y realizar las primeras diligencias de prevención y aseguramiento del delincuente, así como la preservación de la integridad de la víctima y de los indicios de comisión del delito. La toma de declaración, recepción formal de la denuncia y otras diligencias que exijan la firma de la víctima, nunca se realizarán antes de la llegada del abogado a la dependencia policial.

Por último, el funcionario policial facilitará el contacto de la víctima con el servicio social de guardia o, en su defecto, el servicio social competente (servicios, organismos y oficinas municipales, provinciales y autonómicos) a través de un modelo de diligencia que dejará constancia de esta actuación y será incorporada al atestado correspondiente.

Aragón, la segunda comunidad con más agresiones domésticas

Aragón es la segunda comunidad autónoma española que más denuncias de mujeres maltratadas ha recibido en los cinco primeros meses del 2007. Andalucía, con 14.248 querellas, se sitúa a la cabeza de esta terrible clasificación. Por detrás aparecen Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria o Castilla La Mancha. En total, 24.694 mujeres presentaron una denuncia contra su pareja o expareja entre enero y mayo.

La mayoría de estas infracciones denunciadas corresponden a delitos (21.577) y muy lejos se sitúan las 3.117 faltas restantes. De las querellas, la mayoría fueron por lesiones y malos tratos en el ámbito familiar, mientras que el resto fueron por amenazas, maltrato habitual y violación.

Los datos de mujeres fallecidas víctimas por la violencia machista en lo que va de año reflejan cifras que se salen del ámbito doméstico para afectar a toda la sociedad. Junio fue, junto a febrero, el mes negro en muertes de este tipo. De las 38 mujeres fallecidas a manos de su pareja o expareja en los seis primeros meses de 2007, 15 eran extranjeras. De ellas, seis eran europeas, ocho latinoamericanas y una africana. Tres de cada diez mujeres fallecidas se encontraban en fase de ruptura.

Las 151 denuncias al día que se registran en España suponen un incremento de un 1,4% respecto al año pasado, según fuentes del Instituto de la Mujer. La mayoría (8.446) se presentaron contra el cónyuge, 7.122 querellas fueron contra el compañero sentimental, exparejas y exmaridos aparecen por detrás.

Fuente El Periódico de Aragón

Comentario a la noticia "Las feministas critican cómo se aplica en los juzgados la ley contra el maltrato"

La Red Estatal de Organizaciones Feministas criticó ayer la aplicación que está teniendo la Ley contra la Violencia de Género por parte de las instituciones jurídicas y las comunidades y lamentaron "el uso partidista" que, en su opinión, hace el PP de esta norma. "La ley no es el problema, es el instrumento, la aplicación que de él se haga", explicó Enriqueta Chicano, de Mujeres Progresistas. La portavoz de las mujeres separadas, Ana María Pérez del Campo, también defendió la ley por la que tanto han batallado, dijo, y criticó la "campaña que hay contra ella desde dentro y fuera del ámbito jurídico. No puede ser que las mujeres entren denunciando y salgan imputadas".

Vamos por partes. El hecho de que la Ley contra la Violencia de Género este en vigor y aplicándose en cientos de Juzgados exclusivos y no exclusivos no supone que la ley, desde un punto de vista jurídico y no partidista, sea un dechado de perfección. Y precisamente por el contenido de la ley en si, y no por los problemas que pueda suponer su aplicación.

Como hulmide usuario profesional de la ley en mi condición de abogado tanto asistiendo a mujeres que denuncian maltrato como a hombres acusados de esos delitos, creo que puedo hablar con cierta perspectiva del asunto.

En mi humilde opinión, la ley coloca en una situación de desventaja al hombre frente a la mujer. Aquel principio que me enseñaron en la facultad de que a determinado hecho corresponde una consecuencia jurídica concreta no se cumple con la Ley contra la Violencia de Género. Sobre ello se pronunciara en su momento el Tribunal Constitucional.

Casi todos los que intervenimos en asuntos relativos a Violencia de Género entendemos que el tratamiento penológico desigual a hombre y mujer no se ajusta al contenido de nuestra constitución, y que la discriminación legal que se defiende en aras de buscar la igualdad ha de ser siempre un principio de discriminación positiva, y no negativa, es decir, que favorezca a la mujer sin perjudicar al hombre, y no que perjudique al hombre tan sólo por el hecho de serlo.

Esto es una opinión mía exclusivamente que puede ser discutible, pero que coincide con la de numerosos compañeros y compañeras abogados, jueces, fiscales y policías que intervenimos en asuntos de esta naturaleza, con independencia, por cierto, de su sexo, pero que suelen coincidor en un alto nivel de conocimiento de la materia en su ámbito jurídico.

Respecto a la afirmación de que no es posible que las mujeres entren como denunciantes y salgan como imputadas: es perfectamente posible en dos supuestos. Fundamentalmente cuando la mujer se desdice ante el juzgado de lo que denunció en comisaría y afirma algo distinto. Nos encontramos entonces ante un delito contra la administración de justicia por denuncia falsa. Es una situación no muy habitual y que los abogados de denunciantes solemos evitar, pero cabe que alguna denunciante que acuda al juzgado sin asistencia letrada incurra en semejante dislate por que sea así realmente o por proteger a su maltratador. En ese caso el juez no hace otra cosa que cumplir la ley, que no podemos olvidar no se limita exclusivamente a la Ley contra la Violencia de Género.

También cabe imputación de la mujer denunciante cuando ha existido agresión mutua y esta es evidente por la existencia de informes médicos, y no podemos hablar en el caso concreto de un supuesto de legítima defensa.

María Durán, de la asociación Themis, recordó que esta ley "ha tenido más cuestiones de inconstitucionalidad que el total de las promulgadas durante la democracia". Todas dijeron que la ley no se está aplicando bien en las comunidades ni en el ámbito jurídico y señalaron, como ejemplo, que los turnos de oficio para casos de violencia de género "funcionan fatal" y que "los fiscales no continúan con la denuncia presentada por una mujer cuando esta decide retirarla", a pesar de que la ley lo contempla.

La afirmación de que la ley no se este aplicando sólo cabe sea fruto de profundo desconocimiento de la realidad jurídica y de todo lo que ocurre a diario en los juzgados de violencia sobre la mujer. No hace falta que quines afirman semejante dislate se vengan a una jornada en un juzgado especial, que miren las estadísticas de sentencias, condenas y órdenes de protección para ver si se aplica la ley. Pero sobre todo que quienes afirman semejante despropósito se pregunten si no sera que la ley se aplica, pero que no tiene los efectos buscados. Y que se pregunten por que tras la entrada en vigor de la Ley, lamentablemente siguen muriendo al año las mismas mujeres por las mismas causas.

Respecto al malfuncionamiento de los turnos de oficio especiales de violencia, como integrante de uno de ellos puedo afirmar que no existe grupo deabogados peor pagados, más vocacionales y que mas implicados en los asuntos que aquellos que se dedican a la defensa de las víctimas de violencia de género, que frecuentemente, en un porcentaje cercano al 80% ven como sus asistidas retiran las denuncias, solicitan el cese de ordenes de alejamiento acordadas cautelarmente e incluso las que forman parte de sentencias firmes.

Comentarios a una noticia de El País

El Gobierno aprueba medidas para dar cumplimiento a las propuestas del Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género

En la estrategia marcada por el acuerdo del Consejo de Ministros el Ministerio de Justicia ha asumido los siguientes compromisos con el objetivo de dar cumplimiento a las propuestas aprobadas por unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género:

- El Ministerio de Justicia difundirá los denominados “Criterios comunes y homogéneos para la formación de los operadores jurídicos que actúan en los Juzgados de Violencia, exclusivos o compatibles”, dirigidos a incrementar la formación en materia de violencia de género de los profesionales que intervienen en su prevención, tratamiento y sanción.

- Aprobará el calendario de formación en Violencia de Género para los profesionales de la Administración de Justicia.

- Elevará al Consejo de Ministros un proyecto de reforma del Real Decreto regulador del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para que la formación especializada en violencia de género se imparta igualmente a fiscales, secretarios judiciales y forenses interinos.

- Suscribirá, junto con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un Convenio de colaboración con el Consejo General de la Abogacía de España para la capacitación de los abogados especialistas del turno de oficio en materia de violencia de género.

- Con el Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal General del Estado, el MJU elaborará una “Guía de buenas prácticas procesales en materia de violencia de género”, para su seguimiento por jueces, fiscales, forenses y resto del personal de la Administración de Justicia y de operadores jurídicos. Esta Guía servirá para clarificar y facilitar la aplicación de las diferentes medidas cautelares y de protección, así como para optimizar los recursos procesales en el ámbito de la tutela penal y judicial contra la violencia de género.La Guía contemplará, al menos, los efectos de la renuncia a la orden de protección por la víctima y la llamada “retirada de la denuncia”; la situación legal de los “puntos de encuentro” para el régimen de visitas en la orden de protección; la posibilidad de decretar medidas de protección y alejamiento inaudita parte; la mejora en cada fase procesal de la necesaria protección de la víctima con instrumentos como mamparas o soportes audioavisuales; las posibilidades de proposición y práctica de prueba; los problemas que presentan los juicios civiles acumulados en procesos penales por violencia de género; la posibilidad los problemas de los juicios rápidos; la necesidad de valoración del riesgo como parte de la motivación de resoluciones judiciales y su remisión a las autoridades policiales; la inclusión en el turno de oficio de la perspectiva no sólo penal sino también civil; la derivación hacia programas sociales e intervención social por la Administración de Justicia.

- Promoverá la realización de un estudio criminológico sobre los supuestos más graves de violencia de género que permita mejorar el sistema de protección a las víctimas.

- Dictará instrucciones sobre la explotación por las Unidades de valoración integral forense del denominado “Sistema Asklepios”, con el fin de asegurar que su uso permita facilitar la emisión de informes periciales forenses normalizados, la comunicación de los forenses con los órganos judiciales a los que auxilia, difundir el protocolo forense integral de respuesta a la violencia de género y crear un base de datos forense a la que tendrán acceso los órganos judiciales, los propios forenses y los trabajadores sociales.

- Los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Justicia elaborarán un Protocolo para facilitar la comunicación entre los Servicios de salud ordinarios y las Unidades Forenses de Valoración integral, con la finalidad de impulsar mecanismos de asesoramiento, intervención y coordinación de los servicios de salud con otras administraciones, actualizar las bases de datos forenses, detectar a la mayor prontitud posible los casos de violencia de género y facilitar la constitución de elementos probatorios en las causas penales.

- Los Ministerios del Interior y de Justicia acordarán un Protocolo de actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Abogados ante la violencia de género, con el fin de garantizar y homogeneizar el servicio de asistencia letrada en la formulación y presentación de la denuncia y solicitud de la orden de protección; de mejorar el servicio policial a la mujer víctima, de mejorar la formulación policial del atestado, y de establecer pautas generales para la información y asistencia a la víctima, tanto de los temas judiciales como de las posibles prestaciones sociales.

- Los Ministerios del Interior y de Justicia elevarán a la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial un Protocolo destinado a facilitar las comunicaciones entre los Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal en torno a las situaciones de riesgo sobre la mujer víctima de violencia de género y su evolución, con el fin de contar con los adecuados elementos de juicio y valoración para la decisión sobre medidas cautelares y de protección y valoración de pruebas periciales.

- Los Ministerios del Interior y de Justicia acordarán un Convenio específico para facilitar a los órganos judiciales competentes en materia de violencia de género y al Ministerio Fiscal el acceso al “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género” del Ministerio del interior.

- Por último, promoverá la suscripción de un Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas y la FEMP con el fin de mejorar el funcionamiento de las Oficinas de atención a la víctima y la cooperación con las redes de servicios sociales locales y provinciales y fomentar la participación de las Asociaciones y Organizaciones de mujeres.

Todas estas medidas se realizarán a lo largo de los próximos meses, en una estrecha colaboración con otras instituciones competentes y con todos los poderes públicos, agentes sociales e instituciones privadas implicadas en la lucha contra la Violencia de Género.

El "efecto llamada" de los malos tratos

Dos años después de la aplicación de la ley integral de violencia contra la mujer, el número de muertas no disminuye. En lo que va de año son ya 41. El Gobierno se plantea si los medios de comunicación informan correctamente o, por el contrario, pueden estar provocando un efecto llamada en los potenciales agresores.

No es la primera vez que se discute sobre las posibles consecuencias negativas que puede acarrear la información. El tratamiento del terrorismo ha sido objeto de largos debates entre quienes defienden la libertad de información y quienes sostienen que los medios pueden convertirse en altavoz de los violentos.

El Gobierno quiere ahora trasladar esta reflexión a la violencia de género. Por ello, convocará a los medios de comunicación antes del verano para explorar la posibilidad de que elaboren un código de autorregulación sobre las noticias relacionadas con esta materia. En juego está el papel que deben asumir los medios de comunicación, comprometidos por su propia naturaleza en la defensa de la libertad de información.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se ha basado en informes de especialistas para plantear la celebración de una reunión con los representantes de los medios. "Los expertos consideran que el tratamiento informativo no es el más adecuado. Algunos son partidarios de establecer normas sobre determinados asesinatos", afirma un portavoz ministerial.

El presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja, se reconoce escéptico sobre los efectos que este tipo de informaciones tienen en los potenciales agresores. "Los mensajeros no somos el agente propagador de la plaga", afirma. Y duda, aún más, del efecto repetición. "Pensar que porque las cosas no se cuenten no ocurren me parece demasiado infantil".

Fuentes de la delegación especial del Gobierno de Violencia contra la Mujer aseguran que han observado un "agrupamiento" temporal en las muertes. "Puede haber dos o tres semanas sin sucesos trágicos y luego seis o siete casos seguidos". Y recuerdan las recientes declaraciones del presidente del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, José Sanmartín, en las que asegura que los medios no deberían informar "nunca, jamás" sobre el modus operandi en los casos de violencia sexista, ya que "eso da ideas y crea escuela".

Urbaneja rebate esta tesis de plano. "Si pretenden que las noticias no se publiquen, en ese viaje no nos van a encontrar. Cada medio hará lo que su línea editorial le aconseje. Establecer normas es innecesario, inútil y contraproducente". No obstante, se muestra abierto al diálogo. "Si nos convocan iremos y llevaremos nuestras propuestas".

Un portavoz de Asuntos Sociales insiste en que la iniciativa no pretende ocultar las informaciones. "Se trata sólo de ir por el camino que apuntan los expertos". Y enfatiza que no se puede interpretar como una censura. "Intentamos que la redacción de una noticia no sea perjudicial sino que ayude a atajar el problema. Entendemos que eso no es coartar la libertad de expresión de nadie".

Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, coincide en la necesitad de extremar las cautelas a la hora de informar pero no tiene claro el efecto imitación. "El problema es ancestral y la ocultación no nos lleva a nada. No podemos culpar a los periodistas de los muchos fallos que tiene la ley, que es muy buena, en su aplicación. Eso lo tiene que mejorar el Gobierno".

Los medios están a la espera de la convocatoria anunciada por Caldera. De momento, y en nombre de las televisiones privadas, el secretario general de Uteca, Jorge del Corral, cree que la posibilidad de moderar el tratamiento de las informaciones es "un asunto delicado, porque afecta a derechos fundamentales". Y afirma que "si empezamos a autorregularnos en todas las materias, al final no habrá noticias".

Fuente El País

Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón

El Boletín Oficial del Estado de 13 de junio publica la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Cortes de Aragón, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, que conforma a lo dispuesto en su Disposición Final Tercera entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOA, es decir el 10 de abril.

Amnistía denuncia la falta de eficacia real de la ley de violencia de género

Dos años después de la plena entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas no desciende. El Gobierno pide tiempo para erradicar un problema anclado en el tiempo, pero la organización Amnistía Internacional (AI) presentó ayer un informe -llamado Pongan todos los medios a su alcance, por favor- en el que sostiene que faltan recursos para que la ley sea efectiva y para que los derechos de las mujeres pasen del papel a la realidad.

AI, después de defender una ley que califican como "buena y necesaria", denunció ayer que no siempre las mujeres disponen de asistencia letrada en el momento de interponer una denuncia; que hay mujeres que no cuentan con un centro de atención integral; que hay partidos judiciales sin juzgados especializados; que la formación específica de jueces, fiscales y policías en maltrato no alcanza a todos los profesionales; que no todos los colegios de abogados disponen de un turno especial con recursos suficientes; que los fiscales y los policías no hacen investigaciones a fondo cuando la mujer no ratifica la denuncia, a pesar de ser delitos perseguibles de oficio, y que las inmigrantes en situación irregular siguen siendo discriminadas en el acceso a las ayudas.

La organización también afirma que de las 20 Medidas Urgentes en la lucha contra la violencia de género aprobadas por el Gobierno el pasado diciembre sólo en una se ha avanzado significativamente: la elaboración de un Protocolo Sanitario Común que oriente a los médicos en cuestiones de malos tratos.

La gran mayoría de las víctimas mortales no han denunciado previamente, pero todas pasan en algún momento por el sistema de salud por lo que, la responsable de campañas e investigación de AI España, Eva Suárez-Llanos insistió en la importancia de que los médicos tengan formación en este campo para que puedan evaluar los malos tratos y, en su caso, dar la voz de alarma.

Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que presentó también ayer el informe de AI, subrayó que las organizaciones de mujeres llevan tiempo pidiendo que se hagan campañas especificas prolongadas en el tiempo y que vayan dirigidas no a las víctimas sino a los agresores, para mostrarles el "rechazo social" que su comportamiento genera. "Al igual que se hacen campañas muy intensas para prevenir los accidentes de tráfico y se ve que son efectivas, debería hacerse la misma apuesta en el caso de los malos tratos", señaló. "Y no hay que hacer recaer la responsabilidad de denunciar en la víctima, sino que toda la sociedad debe implicarse y estar alerta ante la violencia de género".

Fuente El País

La justicia defiende su actuación y asegura que la mujer asesinada ayer por su pareja retiró su denuncia

La justicia y el Gobierno vasco han salido al paso de la polémica generada en torno a la última víctima de la violencia machista en España, después de las informaciones que apuntaban que la mujer, M.A.V.M., asesinada ayer en Vitoria presuntamente por su esposo, había presentado varias denuncias y llegó a solicitar medidas de protección que le fueron negadas por el juzgado al considerar que las acusaciones no tenían la suficiente consistencia.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha defendido su actuación y ha asegurado que la víctima había retirado su denuncia. Por su parte, el Departamento de Interior vasco ha señalado que la mujer rechazó un teléfono permanente de contacto y las llamadas periódicas de la Ertzaintza para comprobar su situación.

En un comunicado, el TSJPV señala que el 28 de diciembre de 2006 entró en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria un atestado de la Ertzaintza, instruido a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, M.A.V.M., contra su esposo, V.M.M.D., por un presunto delito de maltrato psicológico (fundamentalmente injurias y vejaciones continuadas) solicitando aquella una orden de protección a su favor. En dicho atestado policial, "en ningún momento" se hacía constar la existencia de denuncias previas de la víctima contra el denunciado, "ni ningún otro dato objetivo sobre la existencia de una situación previa de maltrato".

El TSJPV precisa que, posteriormente, se tomó declaración judicial a la víctima, asistida de un letrado, y ésta negó la existencia de agresión física alguna y "sólo corroboró la existencia de insultos y vejaciones de carácter leve continuados". Asimismo, manifestó expresamente su deseo de retirar la denuncia y renunciar a cuantas acciones penales y civiles pudieran corresponderle, "solicitando el archivo de las actuaciones". Por ello, el juez instructor acordó, "previo informe de la acusación favorable al archivo", el sobreseimiento de las actuaciones por "no quedar debidamente acreditada la perpetración de los hechos denunciados".

Del mismo modo, el Departamento de Interior del Gobierno vasco ha asegurado que la mujer había rechazado "de manera reiterada" la ayuda que le fue ofrecida por la Ertzaintza. Según ha informado este cuerpo en un comunicado, estos ofrecimientos se le realizaron a la víctima después de que presentara una denuncia por malos tratos en diciembre, pero ella los rechazó alegando que había superado los problemas con su pareja a pesar de que había sido ella misma la que había solicitado medidas cautelares de protección.

Tras la presentación de la denuncia, la Ertzaintza, además de trasladar las diligencias a instancias judiciales, adoptó una serie de medidas iniciales para proteger a la víctima. Agentes de la comisaría de Vitoria se reunieron con ella para analizar su situación y en dicho encuentro le mostraron un vídeo especializado con consejos para prevenir y afrontar situaciones de violencia de género, según la nota.

Asimismo, le ofrecieron la posibilidad de disponer de un teléfono personal (teléfono Bortxa), que habitualmente se da a las personas que sufren situaciones de violencia de este tipo para que puedan mantener un contacto permanente con la Ertzaintza y solicitar auxilio en caso de emergencia. La víctima rechazó el teléfono, pese a lo cual la Ertzaintza, por propia iniciativa, la llamó periódicamente por teléfono para interesarse por su situación y determinar si existía algún riesgo, obteniendo siempre como respuesta que los problemas con su pareja se habían resuelto y que no deseaba recibir nuevas llamadas.

La delegada especial del Gobierno contra la violencia hacia las mujeres, Encarnación Orozco, ha dicho que se están investigando las circunstancias que han rodeado la muerte. "El caso está en investigación", ha indicado a Efe Orozco, que ha explicado que se está tratando de analizar "dónde se ha podido cometer el fallo, si ha habido algún fallo, para que esto no se vuelva a producir".

Fuente El País

Sólo 23 países saben cuántas mujeres mueren al año por violencia de género

Si la primera medida para solucionar un problema es reconocer que existe, la violencia machista en el mundo está muy lejos de acabar. Sólo 23 países -17 europeos, cinco americanos y Japón- registran y hacen públicos los datos sobre muertes de mujeres a manos de su pareja o ex pareja, según recoge el II Informe Internacional de Violencia contra la Mujer del Centro Reina Sofía. El trabajo, con datos de 2003, sitúa a España a la cola de los países europeos en número de asesinadas por violencia de género, por debajo de países como Reino Unido, Dinamarca, Finlandia o Suiza.

Saber cuántas mujeres mueren en el mundo no es fácil. Y lo es aún menos conocer cuántas fallecen asesinadas por sus parejas o ex parejas. La falta de datos provoca que en muchos países no se tenga conciencia de que el problema existe. Como no se sabe si hay violencia machista que provoca muertes, se presupone que no la hay. En países como Argentina, la población se sorprende por las noticias sobre mujeres asesinadas por sus maridos que se publican en España, pero desconocen que en su país no se lleva ninguna estadística que permita determinar si allí sucede o no algo parecido. No se ha dado siquiera ese primer paso. Países europeos como Francia o Grecia tampoco ofrecen las cifras.

Los datos del informe se refieren a las muertes en 2003 de mujeres mayores de 14 años y han sido obtenidos por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia a lo largo de tres años. Recoge tres categorías: mujeres asesinadas por cualquier motivo -información que han aportado 40 países, europeos, americanos, Japón y Australia-; asesinadas por violencia familiar en general -lo han especificado 27 países-; y muertas a manos de la pareja o ex pareja. Este último dato sólo lo han proporcionado 22 Estados. África y Asia han quedado fuera del informe.

Las fuentes del estudio no son homogéneas. Se ha recurrido a Ministerios de Interior, Fiscalías, Policía Nacional, Institutos Nacionales de Estadística, Poder Judicial y otras instituciones. Muchos países no tienen estadísticas oficiales, por lo que, en cualquier caso, hay que tomar los datos con cautela.

La tasa de asesinadas en cualquier circunstancia -siempre en los 40 países analizados- es de 21 por cada millón de mujeres. En total murieron 63.000 en 2003, una cada ocho minutos. Los países que están en cabeza son latinoamericanos: Guatemala (con 122 asesinatos por millón de mujeres) y Colombia (con 70). La prevalencia media de asesinatos en Latinoamérica dobla la media mundial. Pero en la lista de los 10 primeros entran también tres países europeos, Estonia (con 57), Bélgica (con 29) y Hungría (con 26). La tasa de España es de ocho fallecidas por millón de mujeres.

Las europeas están mucho más seguras que las latinoamericanas cuando pasean por las calles de sus ciudades, pero no lo están tanto dentro del hogar. La media mundial y la europea de los 27 países que han hecho públicos estos datos está en seis asesinadas por cada millón de mujeres. Se trata de todo tipo de muertes dentro del hogar (parejas, padres, hermanos...). En Europa, los países con mayor tasa son Hungría (16 por millón), Eslovenia (12) y Finlandia (10). En España, la tasa es de cuatro muertas por cada millón de mujeres, según el informe.

A medida que se pide más detalle en los datos, disminuye el número de países que tienen estadísticas. Sólo 23 Estados han proporcionado al Centro Reina Sofía las cifras de asesinatos de mujeres en 2003 perpetrados por la pareja o ex pareja. Son 17 países europeos -entre los que no están Italia, Irlanda, Francia o Grecia-, cinco americanos -Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica y El Salvador- y uno asiático -Japón-. Los mayores índices los tienen Puerto Rico (15 por millón), Luxemburgo (13 asesinatos por millón de mujeres),Hungría (12 por millón) y Finlandia (10 por millón). Pero en el caso de Luxemburgo hay que tener en cuenta que la baja densidad de población hace que cualquier muerte dispare la estadística. España, con 3,6 muertas por violencia machista, queda por debajo de la media mundial y europea (en torno a seis por millón de mujeres). En la cola de la lista están Islandia, Malta, Suecia y España, superados por Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Finlandia o Hungría. Esto no significa, en absoluto, que los datos de España sean positivos. En lo que va de año han muerto 31 mujeres, cuatro en tan sólo esta semana.

Fuente El País

Se crean ocho nuevos juzgados exclusivos para hacer frente a la violencia sobre la mujer

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha aprobado un Real Decreto por el cual se constituyen ocho nuevos juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer dentro de la programación de desarrollo de la planta judicial para 2007.

Estos nuevos órganos judiciales se ubicarán en Almería, Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Arona, Tarragona, Elche, A Coruña y Murcia, y comenzarán a funcionar el próximo 30 de junio.

Este refuerzo se enmarca dentro de un conjunto de medidas del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, por el que se aprueban 43 nuevos juzgados de violencia sobre la mujer para 2007. Así, desde la aprobación en diciembre de 2004 de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, se han puesto en marcha todas las medidas institucionales previstas.

Con el fin de dar respuesta a la actual demanda social, se contempla la constitución de estos ocho nuevos juzgados exclusivos. De ellos, seis son de nueva creación: el número 1 de Almería, número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, número 1 de Tarragona, número 1 de Elche, número 1 de A Coruña y número 2 de Murcia. Por otra parte, se transforman los juzgados de primera instancia e instrucción número 8 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) y número 7 de Arona (Santa Cruz de Tenerife), en juzgados de violencia sobre la mujer número 1 de San Bartolomé de Tirajana y número 1 de Arona, respectivamente.

La creación de los nuevos juzgados se ha llevado a cabo atendiendo a criterios recogidos en la Ley de demarcación y planta judicial, entre los que se encuentra la existencia de dotación presupuestaria, el volumen de litigiosidad, la petición de la necesidad urgente de su creación por las Comunidades Autónomas y la disponibilidad efectiva de locales.

La memoria económica cifra el coste de personal de la ampliación de la planta judicial en 786.962 euros al año, que se imputarán al presupuesto de gasto del Departamento.

A la cantidad anterior hay que añadir el coste de gastos de inversión y funcionamiento del juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Murcia, único con competencia del Ministerio de Justicia. Estos gastos ascienden a 42.070 euros al año en lo referente a su funcionamiento, mientras que los gastos de inversión suman 241.000 euros por órgano judicial (160.000 euros corresponden al coste medio de edificación y readaptación; 51.000, a mobiliario y 30.000 euros, a informatización).

El ministro de Justicia convoca al Grupo de Trabajo de Violencia de Género

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha reunido en la sede del Ministerio con el Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, que coordina las atribuciones y competencias en materia de Justicia.

A este encuentro han asistido, junto al ministro de Justicia y al secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez; la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas; Soledad Cazorla y Ana Isabel Vargas, por parte de la Fiscalía Especial Delegada de Violencia de Género y Mª Puy Zatón, en representación de la Secretaría General de Seguridad.

Durante la reunión se han abordado las actuaciones necesarias para alcanzar un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia en el desarrollo de la tutela judicial a las víctimas.

Entre estas actuaciones figuran las siguientes: la implementación de la planta de los juzgados de Violencia de Género; la necesidad de continuar con la especialización en esta materia de abogados, jueces y fiscales; la implantación de las unidades forenses de valoración integral; la potenciación de las oficinas de atención a las víctimas; la necesaria coordinación de los registros y bases de datos informáticos para facilitar el acceso a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado y, por último, la necesidad de establecer protocolos de valoración del riesgo que permitan adoptar las medidas de protección más adecuadas para las víctimas.

En el transcurso del encuentro, Mariano Fernández Bermejo ha propuesto la realización de un Estudio Criminológico sobre la situación actual de la Violencia de Género, que sirva para adoptar las medidas necesarias en la lucha contra esta lacra social.

El Ministerio de Justicia estudia todas estas medidas con el objetivo prioritario de proporcionar el tratamiento judicial más adecuado para la tutela de las mujeres víctimas, en un ejercicio constante de cooperación con todas las instituciones implicadas en resolver este problema. El fin que se persigue es llevar a cabo todas las medidas de tutela penal y judicial prevista en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Una juez considera que no hay maltrato por la 'inmadurez' de la mujer

La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Alicante, Petra Pereda, ha absuelto a un joven acusado de supuestos malos tratos a su compañera, una menor, por "la inmadurez" de la pareja, la misma inmadurez, dice, que " podría predicarse del acusado". La juez minimiza el hecho de que la joven pareja haya mantenido relaciones sexuales durante el año y medio que se prolongó su relación y señala que ese extremo, "es consecuencia de las costumbres que imperan en una sociedad permisiva como la actual".

La magistrada resuelve de esta forma un denuncia de violencia machista remitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Alicante. El hombre estaba estaba acusado de amenazar de muerte a su joven pareja, entonces de 14 años. La juez ha exculpado al acusado del delito de amenazas y ha dejado la denuncia en un caso de faltas, resuelto con una multa de 60 euros para el maltratador. La juez también le prohíbe aproximarse a la víctima en un radio de 300 metros y por espacio de seis meses. El fiscal ha recurrido el fallo.

Según el ministerio público, los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo, cuando el acusado, un joven de nacionalidad argentina y 19 años en la actualidad, fue hasta el domicilio de su pareja, de 15 años. El joven llamó de manera insistente a la chica a través del timbre exterior de la finca. Según la madre de la víctima, que atendió la llamada, el acusado dijo "que iba a matar a su hija si no bajaba y a toda su familia".

La juez destaca que la legislación vigente sobre violencia doméstica persigue proteger a las personas maltratadas por parte de su cónyuge o de la persona con quien haya mantenido un relación análoga de afectividad, aunque no haya mediado la convivencia entre ambos.

La magistrada reconoce que la jurisprudencia admite como equiparable a esa situación la del noviazgo, pero en el caso de estos chicos, dice, "no puede admitirse la existencia de una relación análoga a la del matrimonio". Y, por tanto, descarta aplicar la ley de violencia de género y sí el Código Penal. (sic)

Para el fiscal, la relación de la pareja sí es equiparable a la del noviazgo y, por tanto, susceptible de aplicar la ley de violencia de género para resolver una denuncia por supuestos malos tratos.

Fuente El País

El Gobierno quiere obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores

El Gobierno quiere obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores. Los Ministerios de Trabajo y Justicia están estudiando las posibles fórmulas para modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente permite que los parientes de hasta segundo grado de consanguineidad de un procesado se abstengan de declarar.

Artículo 416. Están dispensados de la obligación de declarar:

1.- Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el número 3 del artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el
párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, consignándose la contestación que diere a esta advertencia.

2.- El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.

Para la secretaria general de Políticas de Igualdad,Soledad Murillo, dicho artículo es «negativo» para las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Además, la delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarna Orozco, aseguró que la violencia de género «ha distorsionado esta dispensa», ya que la mujer «es al mismo tiempo familiar y víctima», y sin su declaración en la mayoría de los casos se acaba retirando la acusación.

Según Orozco, «es importante que la mujer declare» contra su pareja, ya que, de lo contrario, lo que suele suceder es que «la mujer se siente culpable e intenta rehabilitar o perdonarle y esos casos suelen acabar en muerte». Por su parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad señaló que «sin denuncia, no se puede poner en marcha el aparato protector de la justicia».

Los maltratadores no cobrarán pensiones de viudedad

El Gobierno aprobó ayer la modificación del registro para la protección de víctimas de violencia doméstica con el objetivo de agilizar la comunicación entre este organismo y la Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Hacienda. Con ambas instituciones se mantendrá un contacto semanal para indicarles la identidad de los maltratadores condenados, de tal forma que éstos no puedan beneficiarse de pensiones u otras prestaciones por su condición de pareja o ex pareja de una víctima. Así pues, los maltratadores que hayan tenido una condena por delito doloso de homicidio o lesiones tendrán más dificultad para recibir estas prestaciones, porque quienes han de concedérselas ya estarán informados de sus condenas.

Se ha ampliado, además, el número de personas autorizadas a acceder a dicho registro para garantizar que se cumplan las medidas de protección previstas. Comunidades autónomas, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno podrán acceder a esta información a través de sus responsables de la lucha contra la violencia de género.

Por otro lado, el Gobierno anunció ayer que el 30 de junio entrarán en funcionamiento ocho juzgados exclusivos para atender casos de violencia contra la mujer.

Fuente El País

Memoria de la Fiscalía de Madrid respecto a la Violencia de Género

El fiscal jefe reclamó al Ministerio de Justicia más Juzgados de Violencia sobre la Mujer porque éstos actualmente están "colapsados", así como la creación de un Juzgado de guardia para estos asuntos. En este sentido, apuntó falta "una asistencia psicosocial a la víctima de la violencia de género en su primera declaración ante la Policía, lo que hace que se sientan desprotegidas".

El número de procedimientos judiciales iniciados el año pasado por violencia doméstica y de género en la Comunidad de Madrid aumentó un 36 por ciento con respecto al año anterior, ya que se abrieron un total de 18.957 procesos, mientras que en el 2005 fueron 13.945.

Según los datos de la Fiscalía de Madrid, los procedimientos iniciados por delitos cometidos en el ámbito familiar, ya sea por agresiones del hombre a la mujer, de la mujer al hombre o por agresiones de padres a hijos, entre otros, ha aumentado un 36 por ciento de un año a otro.

El año pasado murieron en la Comunidad de Madrid cuatro mujeres a manos de sus parejas, y once sufrieron sendos homicidios en grado de tentativa, es decir, sus parejas las intentaron matar pero no lo consiguieron. Durante el segundo semestre del 2005 --no existen datos de todo ese año porque la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no entró en vigor hasta julio de 2005-- fueron asesinadas dos mujeres, y otra sufrió un homicidio en grado de tentativa.

Comparando esos dos mismos periodos --todo el 2006 y la mitad del 2005--, el año pasado se cometieron 588 delitos de lesiones contra la mujer, mientras que en el 2005 fueron 176. Asimismo, en 2006 se cometieron 10.000 maltratos ocasionales --violencia física y/o psíquica--, contra ellas, siendo 84 los delitos por maltratos habituales. En cambio, en el segundo semestre de 2005 se produjeron 4.000 maltratos ocasionales y 110 habituales.

Siguiendo con esta misma comparativa, el año pasado se produjeron 1.472 delitos por amenazas o coacciones, mientras que fueron 641 los ocurridos en el segundo semestre de 2005. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, se cometieron 43 delitos en 2006, y 20 en el segundo semestre de 2005.

Igualmente, en 2006 se cometieron 13.446 delitos contra al mujer por parte de sus parejas, que dieron lugar a que se iniciaran 13.308 procedimientos judiciales. De este total de delitos, 3.800 fueron cometidos por el cónyuge, 3.700 por la pareja de hecho, 2.035 por la ex pareja de hecho, 994 por el ex cónyuge y 89 por el novio.

Además, fueron 786 las mujeres que se negaron a declarar durante el juicio y 134 las que se retractaron, después de haber denunciado ellas mismas cualquier tipo de agresión por sus compañeros sentimentales.

El fiscal jefe de Madrid subrayó que el 60,58 por ciento de los agresores son extranjeros, frente al 39,42 por ciento de españoles, y agregó que en "hay una mayor permisividad en la violencia del hombre contra la mujer en la cultura sudamericana y otras culturas extranjeras".

La Caixa impulsa en Teruel un programa contra la violencia de género

La Obra Social de La Caixa lleva a Teruel el programa Violencia: tolerancia cero para prevenir posibles conductas de malos tratos, sensibilizar a la población sobre este problema y reinsertar a las víctimas y de sus hijos. Esta campaña permanecerá hasta el 10 de junio en la carpa instalada en La Glorieta. Este programa recorrió 28 ciudades españolas a lo largo de 2006 con más de 185.000 visitantes. En él se propone un recorrido por las distintas facetas en que se manifiestan los malos tratos, con el objetivo de provocar la implicación activa de todos los ciudadanos en la lucha contra la violencia.

Fuente El Periódico de Aragón

El 22% de las mujeres maltratadas tarda más de cinco años en denunciar

El 22,3% de las mujeres que sufren violencia doméstica tarda más de cinco años en denunciar desde que se inicia el maltrato y el 30,9% lo hace en los primeros doce meses. Ésa es una de las conclusiones que recoge un estudio realizado por el Departamento de Justicia de la Generalitat catalana con una muestra de 515 víctimas desde enero de 2004 a junio de 2006, y que fue presentado ayer.

Las mujeres menores de 30 años son las más concienciadas de la violencia que sufren y, por tanto, las que menos tardan en denunciar -el 57,2% de ellas lo hace en el primer año-, mientras que conforme aumenta la edad se incrementa también el tiempo transcurrido hasta que denuncian.

El perfil de la víctima que describe el estudio es el de una mujer de entre 25 y 40 años (60%), española (68%), con estudios primarios (77%), que trabaja fuera del hogar (62%), que está casada o convive con el agresor cuando le denuncia (60%), que denuncia por primera vez (82%), y que tiene hijos con él (53%). Hay otro dato revelador: que el 70% de los agresores sufrió algún maltrato cuando era pequeño.

Como se hace un maltratador

Child Abuse - The best bloopers are a click away

Cada 12 minutos se detiene a un hombre por violencia de género

Policía y Guardia Civil detuvieron el año pasado en España a 45.296 hombres por violencia de género; esto es, un detenido cada 12 minutos y, en total, casi tantos como habitantes tiene la ciudad de Huesca, por ejemplo. Los datos del Ministerio del Interior conocidos ayer por este periódico revelan que una de cada 10 detenciones por infracción penal se relacionan con la violencia contra la mujer. Estas cifras atizan la polémica abierta en el ámbito judicial y entre grupos feministas. Algunos opinan que esto prueba la sensibilización contra el maltrato; otros, que se detiene sin suficientes pruebas.

Respecto a los procesos abiertos en los tribunales por violencia machista el año pasado, más de 84.000, una cifra equivalente a la de denuncias, en un 53% de los casos ha habido una detención. Y eso sin tener en cuenta las practicadas por las policías autonómicas del País Vasco y Cataluña. "Es más fácil detener cuando la víctima sabe quién ha sido el agresor", explican en el Ministerio del Interior para justificar que un 11,4% de las 253.723 detenciones se deben al maltrato machista. Algo más de una de cada 10.

La delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco, opina que estas cifras demuestran que la sociedad, y no sólo las víctimas, está cada vez más implicada en la lucha contra estas agresiones. "La mayoría de las detenciones se producen por denuncias, no sólo de las mujeres, sino de su entorno más cercano. Eso indica que hay una sensibilización colectiva sobre este asunto", dijo Orozco.

El número de detenciones relacionadas con la violencia de género ha sido uno de los asuntos más polémicos tanto en el ámbito jurídico como entre los grupos feministas, porque se discrepa sobre la necesidad de detener en casos en los que quizá no hay suficientes pruebas previas. "Detener ya es bastante castigo para una persona si resulta que no hay razón para ello", afirma María Sanahuja, decana de los juzgados de Barcelona, que suele dar voz a la discrepancias respecto a estas prácticas. "He visto a personas detenidas que han pasado una noche en calabozos horribles y a la mañana siguiente salían llorando. Tampoco es agradable que alguien vaya a detenerte en tu pueblo o a tu trabajo si luego resulta que no había pruebas previas para ello". Sanahuja cree que se ha pasado de un extremo a otro.

"Antes, a las mujeres que denunciaban malos tratos se las mandaba a casa sin muchos miramientos, ahora, por fortuna, ya no es así, pero detenemos en un porcentaje excesivo, la policía, los jueces y los fiscales estamos actuando con miedo. ¿Qué pasa si no detenemos y luego ocurre algo?, me dicen en las escuelas de policía que he visitado. Esto no puede ser", añade.

Todo lo contrario opina Consuelo Abril, 30 años de abogada y presidenta de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a las Mujeres. "Quizá el calabozo es excesivo, pero creo que la policía está actuando con diligencia, aunque luego los juzgados de violencia no funcionan correctamente. Ayer mismo me contó un caso una embarazada de siete meses que denunció a su marido por maltrato. No pudo probarlo en el juicio y encima le dijeron que ella podía haber denunciado en falso. 'Menos mal que no me ha dado patadas en la tripa, me decía llorando".

Abril dice que "una mujer denunciando en falso es tan anecdótico como que alguien denuncie que le han robado sin ser cierto. Pero desgraciadamente no tenemos muchos medios para probar el maltrato".

La presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, opina que el número de detenciones no es excesivo. "No me parece desproporcionado; hay que tener en cuenta que con la ley de violencia de género hay faltas que han pasado a ser delitos y se detiene si hay un criterio de riesgo para ello, pero no todas las denuncias conllevan una detención". Ni siquiera, explica, todos los procesos abiertos son fruto de una denuncia, porque los jueces pueden actuar cuando les llega un parte médico de lesiones presumiblemente por violencia de género.

Pero Sanahuja insiste: "El miedo está llevando a un número excesivo de detenciones sin indagaciones previas mínimas. Y en los juzgados de guardia se ve de todo, desde personas con enfermedades mentales que denuncian a quienes les cuidan en momentos de crisis, hasta los tentados de utilizar esta vía penal para favorecer el proceso civil de un divorcio, por ejemplo".

Consuelo Abril rechaza esto último. "No se necesita causa para hacer un divorcio, nadie sacará más ni menos por eso. Si es por la custodia de los hijos, o algo parecido, habrá que demostrar el maltrato, es simple".

En 2006 se juzgaron en España a 37.521 hombres por violencia de género. En 7 de cada 10 casos (26.313), el resultado fue una sentencia condenatoria, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Además se acordaron 27.078 órdenes de protección, el 75% de las 36.156 que se pidieron.

Desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, en la segunda mitad de 2005, las cifras que recogen esta lacra no han dejado de aumentar. Como en otros aspectos de esta norma, esos datos tienen una doble lectura: para unos (PP, pero también algunos grupos feministas), es una muestra del fracaso de la ley; para otros es una buena señal porque refleja más que las mujeres se atreven a denunciar, y no que el fenómeno vaya en aumento.

La ley, con su nueva clasificación de algunas acciones, también se refleja en los datos pormenorizados del tipo de infracciones penales. Las faltas han bajado entre 2004 y 2006 un 49%, de 17.009 a 8.617, debido a la nueva clasificación que endurecía la catalogación de algunos comportamientos, como los malos tratos en el ámbito familiar, que pasaron de ser faltas en algunos casos a ser siempre considerados delitos.

En cambio, entre las faltas aparecen figuras nuevas, como las vejaciones leves. Este descenso en las faltas se ha visto compensado por un aumento de los delitos -más graves penalmente-, que han pasado en ese periodo de 40.518 a 53.553.Lo más frecuente han sido los "malos tratos en el ámbito familiar", con 39.203 el año pasado, una cifra que aumenta hasta los 46.433 si se le incluyen los "maltratos habituales en el ámbito familiar". En total, este apartado representa un 75% de las denuncias.

Este año ha habido 21 muertas por violencia de género y 68 el año pasado. En España se detuvo en 2006 a 45.296 hombres por violencia de género. En el mismo año se celebraron 37.521 juicios que derivaron en 26.313 condenas. Del total de los procedimientos judiciales cerrados en 2006, el 43%, casi la mitad, fue archivado.

Fuente El País

Archivada en Valladolid una denuncia por considerar "sorprendente" que una licenciada soporte malos tratos

La elevada formación de una mujer es incompatible con la posibilidad de que ésta soporte durante años malos tratos psicológicos por parte de su pareja y no denuncie tal situación vejatoria.

Así lo considera el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid, cuyo titular usa este argumento como fundamentación jurídica a la hora de archivar la denuncia que una vallisoletana presentó contra su marido. Se trata del mismo magistrado que dejó en la calle a la víctima de otro caso de violencia doméstica.

El auto judicial, que ha generado una honda indignación en la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (Adavasymt), da carpetazo a la denuncia que V.C., profesora de instituto, presentó el 2 de marzo contra su marido, L.D, profesor universitario a quien acusó de someterla a continuo maltrato psíquico a lo largo de los 16 años de matrimonio. El juez, en su resolución relativa a las diligencias previas del procedimiento 140/2007, decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito y, como base justificativa de su decisión, califica de "sorprendente que una persona con alto nivel de formación y capacidad soporte durante los años que ella señala esos supuestos desprecios, humillaciones..., en definitiva, malos tratos psicológicos, sin poner remedio a esa situación o, en todo caso, sin acudir a un profesional (psiquiatra, psicólogo) o sin pedir algún tipo de ayuda externa (asociaciones...etc)".

A su vez, el juez advierte de que "es a raíz de la ruptura conyugal cuando, curiosamente, se formula la denuncia". En definitiva, concluye el auto, "no se aprecian indicios del delito denunciado ni de ningún otro y de ahí que proceda el sobreseimiento".

La presidenta de Adavasymt, Rocío Mielgo, califica, "indignada", la decisión de este juez como "una perla más" de una larga lista y denuncia que su colectivo había puesto muchas esperanzas en este nuevo juzgado, específico en materia de violencia de género y en funcionamiento desde enero pero que ha defraudado todas las expectativas.

"Esperábamos que con este juzgado se avanzaría en la credibilidad de la víctima, pero la realidad ha demostrado que determinados jueces y fiscales siguen sin entender qué es la violencia de género", se lamenta Mielgo, quien recordó que al autor de esta última resolución que "cualquier mujer puede ser maltratada, con independencia de que tenga una mayor o menor formación".

Este juez es el mismo que en otro auto reciente y no menos polémico impuso a un hombre la orden de alejamiento de su pareja, después de que ésta le denunciara por maltrato físico pero, curiosamente, dejó en la calle a la víctima y su hija de 15 años tras otorgar al denunciado el uso y disfrute del piso de alquiler que compartía la pareja con el argumento de que el contrato estaba a su nombre.

El caso ahora sobreseído hace referencia a la denuncia que V.C. presentó contra su marido, L.D, de quien está en trámites de separación tras, presuntamente, sufrir 16 años de menosprecios, insultos y humillaciones por el hecho de que ella era simplemente una licenciada y él contaba con una formación académica superior y era docente de la universidad. Así, siempre según el contenido de la denuncia, el denunciado no cesaba de recordar a la mujer que su título era "más provechoso y rentable" que el suyo y le advertía de que, por tal motivo, no estaba obligado a compartir con ella sus ingresos. De ahí que, presuntamente, el profesor la sometiera a un férreo control económico, hasta el punto de que llevaba un cálculo pormenorizado de los gastos que ella tenía y de sus facturas telefónicas y le exigía los tickets de compra, a pesar de que el matrimonio se encontraba en régimen de gananciales.

La situación tornó todavía a más rocambolesca cuando, establecido el domicilio familiar, el esposo comenzó a exigir a su propia esposa el pago de una renta por vivir en el piso con la excusa de que parte del dinero utilizado para comprarlo había sido aportada por una tía del denunciado. Desde entonces, la mujer pasó a ser inquilina de su marido. Posteriormente, incluso los padres de ella adquirieron también la condición arrendatarios y se vieron obligados a pagar una renta a su yerno de 60.000 de las antiguas pesetas cuando, por determinadas circunstancias, tuvieron que compartir el piso con la pareja. "¡Si no pagan, no se quedan!", asegura V.C. que le espetó su marido como condición indispensable para dar cobijo a los suegros.

No fue hasta los últimos tres años cuando la convivencia entre ambos se hizo insostenible -ella dejó de celebrar su cumpleaños para no dar explicaciones a los amigos de por qué él nunca estaba presente en las fiestas- y sólo se daban periodos tranquilos cuando la presunta víctima preparaba oposiciones, en los que el denunciado hasta parecía darle apoyo. Sin embargo, cuando ella suspendía se reiniciaba la tortura psicológica en la que se alternaban las humillaciones con periodos en los que su cónyuge no se dignaba a dirigirle la palabra.

Fuente El País

La Fiscalía considera constitucional imponer penas más duras por ser varón

La Fiscalía considera acorde con la Constitución que las agresiones cometidas en el seno de la pareja se castiguen con mayor dureza cuando el agresor es el hombre y la víctima, la mujer. Ese es el criterio que ha defendido el Ministerio Público en las decenas y decenas de informes que ha remitido al Pleno del Tribunal Constitucional en relación con las al menos 120 cuestiones de inconstitucionalidad que han presentado los juzgados de Violencia Doméstica contra el artículo 37 de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer y contra el artículo 153.1 del Código Penal.

Fondo para la Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia de Género

El Gobierno Central, en una respuesta parlamentaria a la diputada Carme García (IU-ICV), considera cumplido los objetivos del fondo para la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. En su segundo año de funcionamiento (2006), este fondo se ha incrementado en un 20 por ciento, pasando de los 10 a los 12 millones de euros.

Además, recuerda que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, aprobado el 15 de diciembre de 2006, prevé la evaluación del derecho de las víctimas a la asistencia y la elaboración de un mapa de los recursos sociales disponibles en todo el territorio.

Para el presente año, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dispone de 6,5 millones de euros para financiar actuaciones innovadoras en este ámbito y se prevé la promoción de proyectos autonómicos e innovadores que contemplen a mujeres discapacitadas, inmigrantes, mayores, rurales, pertenecientes a minorías étnicas y la atención a menores.

Fuente EFE

El Gobierno aclara en el Congreso que "no puede hablarse de hombres víctimas de violencia de género"

El Gobierno considera que "no puede hablarse con propiedad de hombres víctimas de violencia de género, tal y como queda reflejado en una respuesta parlamentaria a la diputada Pía Sánchez (PP), que recoge Europa Press.

La parlamentaria popular reclamaba el porcentaje de hombres víctimas de "violencia de género" registrados por la Policía y el Instituto de la Mujer a lo largo del pasado año, pero no obtuvo los datos al entender el Ejecutivo que este tipo de maltrato sólo se produce sobre las mujeres.

En función de la normativa vigente, el Gobierno considera que la violencia de género se configura como aquélla que se ejerce sobre las mujeres, "como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres" sobre éstas.

Según dice, este tipo de violencia se ejerce sobre las mujeres por parte de sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia. "En consecuencia, no puede hablarse con propiedad de hombres víctimas de violencia de género", subraya.

Los últimos datos recogidos por el Instituto de la Mujer, hasta enero del presente año, muestran que un total de 872 hombres han presentado una denuncia por malos tratos contra su pareja o ex pareja (cónyuge, pareja sentimental o novia).

En concreto, se presentaron un total de 185 denuncias contra la mujer, 210 contra la ex mujer, 161 contra la compañera sentimental, 258 contra la ex compañera, 18 contra la novia y un total de 40 contra la ex novia.

En todo caso, esta cifra contrasta con las 4.603 denuncias presentadas por mujeres, hasta enero.

Por otra parte, en todo el año pasado se registraron 10.801 denuncias de hombres contra mujeres, frente a las 62.170 que presentaron estas últimas.

Fuente EFE

Más de 750 mujeres protegidas en el 2006 en Aragón

En Aragón se dictaron en el pasado año 752 órdenes de protección para las víctimas de la violencia sobre la mujer, de las 911 solicitudes, lo que supone más de un 82,5%, por encima de la media nacional. Cataluña fue la comunidad en la que se dictaron más ordenes de protección en 2006, con 4.752 órdenes.

Fuente El Periódico de Aragón