Artículo de Mónica C. Belaza, con la colaboración de Jesús García, Paula González, Mercedes Díaz, Andreu Manresa, Elisa Lois, Paola Obelleiro, Sergi Castillo, Carlos Tomeo, Lluís Visa, Álvaro de Cózar, Francisco J. Barroso y Javier Cuartas.Un anillo de oro, diamantes y zafiros. Eso le ofreció Jaume Guash a Celia en Nochebuena. Pero ella no quiso casarse con él. El 10 de enero hallaron su cadáver con un tiro en la cabeza. Fue la primera víctima mortal por violencia de género de 2007.
Debajo de estas líneas figuran los rostros y las historias de Celia, Rosario, Ketty, Rita, María del Carmen, Virtudes, María del Carmen, Noelia, Angelina, Gina, Mercedes, Karen y Conxita. Trece mujeres muertas. La más joven tenía 25 años. La mayor, 85. Ocho españolas y cinco latinoamericanas. Con hijos y sin ellos. Limpiadoras, camareras, dependientas de supermercado, jubiladas, geriatras, conductoras de ambulancias, mariscadoras, abogadas. Todas han muerto a manos de sus compañeros o ex compañeros. Apuñaladas, estranguladas, tiroteadas o, como la barcelonesa Mercedes Molina, rociada con disolvente y quemada viva. Mercedes sólo quería dejar a su marido. La muerte, en casi todos los casos se produjo, o después de una separación, o cuando ellas decidieron rehacer su vida sentimental. Cuando se resistieron a ser una posesión.
Desde 1999 han fallecido 505 mujeres en España víctimas de esta espiral. La ley integral contra la violencia de género, de gran dureza con los agresores y aprobada por unanimidad en las Cortes en diciembre de 2004, lleva más de un año y medio funcionando a pleno gas. Aún así, el número de fallecidas no disminuye (60 en 2005, 68 en 2006), la mayoría de las víctimas mortales no se atrevió a denunciar, se mantiene el muro de silencio de vecinos y familiares, y las órdenes de alejamiento no bastan para frenar a todos los agresores empeñados en matar, y muchas veces dispuestos a morir. ¿Es imposible, entonces, evitar a corto plazo estos crímenes?
Las instituciones insisten en que las leyes no acaban con los delitos y aseguran que es necesario más tiempo para cambiar la mentalidad de los agresores y acabar con el miedo de las mujeres.
Sólo tres de las 13 víctimas de este año tenían medidas de protección cuando fueron asesinadas. Otras dos se arrepintieron de haber puesto una denuncia y renunciaron a la ayuda. El resto, nada. Ni siquiera habían dado ese primer paso necesario para que la ley las protegiera. Ni ellas, ni nadie. Tampoco los vecinos o familiares que, una vez muerta la mujer, recuerdan los gritos y palizas, los ojos hinchados y los moratones que observaban en ella cuando se la encontraban en el portal.
Éste es el primer problema: la escasez de denuncias en casos que acaban en muerte. El porcentaje de fallecidas en 2006 que habían denunciado fue tan sólo del 30%, y en lo que va de año la cifra es aún menor. Cuando no hay denuncia, ni siquiera empiezan a funcionar los mecanismos de protección del Estado. "Pero no podemos hacer responsables a las víctimas por no haber denunciado", opina Consuelo Abril, presidenta de la Comisión de los Malos Tratos a Mujeres. "Lo que hay que pensar es qué ha fallado en el sistema. Una mujer maltratada está muy dañada, tiene miedo. Necesita ayuda de la ley, los operadores jurídicos y el resto de la sociedad".
Lo cierto es que la sociedad todavía no sabe cómo enfrentarse a problemas que ocurren de puertas adentro, en la intimidad de un hogar. "Ella pasaba dos o tres días encerrada en casa tras las palizas y luego volvías a verla en la calle", explica una vecina de la boliviana Karen Vargas, de 25 años, que fue asesinada el 26 de febrero en O Porriño (Pontevedra). En el edificio era más que conocido el calvario al que la sometía su pareja. Un día incluso vieron llegar una ambulancia para atender a la chica. Pero nadie denunció al agresor.
Cuando la brasileña Rita Cassia Santos fue a pedir ayuda a la asociación Antígona, les contó que su marido le pegaba "hasta porque era guapa". Ellas quisieron poner el caso en conocimiento de las autoridades, pero Rita, por miedo y "por su pequeña" -hija también del asesino-, les dijo que no ratificaría la denuncia. La encontraron en la calle con un tiro en la espalda. Se dirigía a cobrar la pensión fijada en la sentencia de divorcio.
Es necesario que, al igual que se llama a la policía cuando se presencia un robo, también se avise si se sabe que la vecina es maltratada por su pareja. La secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia, Carme Adán, después del asesinato de Karen Vargas, hizo un llamamiento para que todos aquellos que conozcan casos de este tipo "acudan al menos a los servicios sociales del Ayuntamiento a informar, para que éstos puedan hacerse cargo".
"La sensibilización social sí influye en las muertes", señala Miguel Lorente, director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de la Violencia de la Junta de Andalucía. "Según los barómetros del CIS, la media de personas que consideraban la violencia de género un problema grave era del 2,4% hasta 2004. Ese año subió hasta el 6,4% por el gran debate social que hubo, y en 2005 bajó la cifra de homicidios. En 2006, sin embargo, sólo un 2,9% consideraba los malos tratos un problema grave, y las muertes aumentaron. Parece que la gente ha pensado que la nueva ley va a resolver per se el problema, y esto no es así".
Han pasado ya 10 años desde la muerte de Ana Orantes, la mujer de 60 años que quemada viva por su marido después de haber denunciado en televisión 40 años de martirio y malos tratos. El caso marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género y en la conciencia social de la magnitud del problema. Ya no ocurre, como entonces, que el juez recomiende a la víctima volver con su agresor. "En cuarenta años que llevo en el juzgado nunca había visto llorar a un hombre por una mujer como él llora", le dijo el magistrado a Ana. Ella perdonó a su marido. Y cuando después decidió separarse, el juez la obligó a vivir en la misma casa que el maltratador: ella en el piso de arriba y él en el de abajo. Hasta que un mal día la mató.
Ahora hay órdenes de protección que permiten dictar rápidamente medidas cautelares penales (como el alejamiento, que está decretado en estos momentos respecto a 35.498 agresores) y civiles (como la atribución de la vivienda familiar para que pueda cesar la convivencia sin que la víctima se quede en la calle). Hay protocolos de coordinación entre jueces y policías; un código penal que sanciona con extrema severidad; servicios de teleasistencia con sistemas de localización a los que tiene derecho cualquier víctima desde que se dicta una orden de alejamiento, y que protegen a más de 6.000 mujeres; juzgados especializados; centros de acogida, y todo tipo de ayuda jurídica, social y psicológica para las mujeres maltratadas. Sin embargo, ellas siguen muriendo.
Ketty, Noelia y Gina sí habían dado el primer paso, difícil, de reconocer la situación de maltrato y acudir a la policía a denunciarlo. Ketty Tomala era ecuatoriana. Tenía 39 años y dos hijas. Había llegado a Palma de Mallorca sola seis años antes y había trabajado duro para pagar el viaje a su marido, Augusto Fernando Vega, el mismo que la acabó asesinando.
Por las broncas y palizas que recibía, había pedido una orden de alejamiento, que le concedieron el 7 de septiembre de 2006, pero Ketty a veces le dejaba entrar en casa. Dos días antes del crimen lo había echado definitivamente del domicilio. Pero la orden de alejamiento no fue un impedimento para que la matara: el criminal consiguió convencer a una vecina anciana de la misma planta para que le dejara saltar por la terraza de su piso. Le explicó que se había dejado las llaves dentro de casa. Una vez en el balcón, entró en la vivienda y acuchilló hasta matarlos a Ketty y a su novio.
Noelia Pérez Rivero no conseguía romper su relación con Mariano López. Estuvo tres años con él, a lo largo de los cuales presentó varias denuncias por malos tratos. Obtuvo dos órdenes de protección que incluían el alejamiento del agresor. Pero siempre le perdonaba, y volvía con él. El padre de Noelia asegura que era un maltratador habitual, que había pegado a las dos mujeres con las que estuvo antes. La relación se rompió por última vez en enero, cuando él la amenazó con un cuchillo y le causó pequeñas heridas en la espalda. Volvió a denunciarlo y el juez decretó el alejamiento, pero ella rechazó el dispositivo de alarma que le ofreció la policía. Quince días después, Noelia paseaba por la calle cuando su ex compañero se bajó de un coche y la hirió en el cuello, en el pecho y en una mano. Murió horas después en un hospital de Alcalá de Guadaira (Sevilla). El día anterior, el padre de la chica había avisado a la policía de que unos vecinos habían visto al agresor rondando por el barrio, quebrantando la orden de alejamiento. Merodeaba todas las noches por la zona, según la familia de la víctima.
La nicaragüense Gina Montserrat Pérez, de 34 años, también tenía un largo historial de malos tratos por parte de su pareja. También había denunciado. También tenía una orden de alejamiento en vigor. También sabían los vecinos las palizas que le propinaba su asesino, el argelino Mustafá Said, de 36 años. También murió.
¿Por qué, habiendo denunciado, nadie pudo protegerlas?
María José Balda, consejera del Consejo General de la Abogacía Española, insiste en la importancia de que se produzcan mejoras en la valoración del riesgo que corre cada mujer. Porque los recursos no son infinitos, porque no todos los casos son iguales y porque no todas las mujeres maltratadas necesitan el mismo nivel de protección. "Hay mujeres que necesitarían incluso un escolta permanente, pero eso hay que saber verlo", señala María José Balda. "Pero los equipos psicosociales de los juzgados, cuando los hay, están sobrecargados. Además, otra cuestión que está fallando es que la asistencia jurídica no sea obligatoria. Cuando una mujer pide una orden de protección, puede estar o no asistida por un abogado. Cuando están solas, habitualmente se limitan a contar la última agresión. No hacen un relato de hechos pormenorizado y no aportan todas las pruebas que podrían presentar con un buen asesoramiento, de forma que el juez no decide teniendo y valorando toda la información relevante".
La abogada Consuelo Abril, que aplaudió y aplaude la ley de violencia de género, opina que "hay que pasar a la autocrítica". "Hacen falta más recursos, mejorar los atestados policiales y las instrucciones judiciales, y que no se basen sólo en las declaraciones de las víctimas, sino que se investigue en el entorno, con los vecinos, los profesores de los hijos. El maltrato deja muchas secuelas".
El forense Miguel Lorente señala que la valoración del riesgo tiene que centrarse en la peligrosidad de los agresores, no en la vulnerabilidad de las mujeres. "Hay que ver hasta qué punto ellos son peligrosos. Algunos son, con todos los matices, como terroristas suicidas, dispuestos a matarse después de conseguir su objetivo. Por tanto, en los casos graves hay que vigilarlos a ellos, controlar que no se acerquen a la víctima".
Consuelo Abril coincide con Miguel Lorente en la necesidad de centrar esfuerzos en los agresores. Insiste en la necesidad de hacer campañas fuertes, sostenidas en el tiempo, como las de carné por puntos, y dirigidas no a las víctimas, como ahora, sino fundamentalmente a los agresores. "Hay que recordar constantemente que la sociedad reprocha estas actitudes y hacerles ver a ellos que también ganan cuando en vez de una esclava tienen una compañera", señala.
Una esclava quizá es lo que pretendieron tener quienes acabaron con la vida de Celia, Rosario, Ketty, Rita, María del Carmen, Virtudes, María del Carmen, Noelia, Gina, Mercedes, Karen y Conxita -el caso de Ángeles es un tanto especial (véase la ficha en la página 3)-. Las trece mujeres muertas hasta el 22 de marzo de 2007. Decidieron matarlas antes que verlas con otros, o solas, sin ellos. Adison Ignacio de Brito, el hermano de la joven brasileña Celia, la primera víctima del año, ni siquiera pudo llegar a tiempo para despedir y velar el cuerpo de su hermana emigrante muerta. Después de cruzar el Atlántico, sólo pudo dar un beso a una rosa roja colocada en una tubería del gas de la portería en la que ella vivía.
Han colaborado en esta información: Jesús García, Paula González, Mercedes Díaz, Andreu Manresa, Elisa Lois, Paola Obelleiro, Sergi Castillo, Carlos Tomeo, Lluís Visa, Álvaro de Cózar, Francisco J. Barroso y Javier Cuartas.
Fuente El País
