viernes, noviembre 24, 2006

La Fiscalía detecta problemas en los programas de rehabilitación de maltratadores

La Fiscalía General del Estado ha detectado problemas en los programas de rehabilitación para los maltratadores condenados por primera vez por delitos menos graves, que se están solucionando, según la fiscal de sala delegada para la Violencia de Género, Soledad Cazorla.

Con motivo, mañana, del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, Cazorla ha explicado que este tipo de programas -previstos en la ley contra la violencia de género- "no estaban funcionando bien y presentamos quejas a las instituciones competentes".

La ley prevé programas de rehabilitación para condenados que entran en prisión -que "van funcionando"- y los dirigidos a quienes cometen un delito por vez primera ("delincuentes primarios").

En estos casos, la pena de prisión es corta, "se les da la oportunidad para que no ingresen en prisión y, pasado el tiempo, se considera que han cumplido con la sociedad".

"Pero lo que ocurre en materia de violencia de género es que no sólo es necesario que transcurra el tiempo sin que haya cometido un hecho delictivo sino también que se le someta (al agresor) a una regla de conducta, tratando de que se dé cuenta de la barbaridad" que ha hecho contra su pareja.

"Esto es un vacío que hemos tenido desde la ley (aprobada hace año y medio); y todas las instituciones que trabajamos coordinadamente, y que no tenemos más empeño que demostrar que esta ley es importantísima y contribuye a resolver el problema, hemos dicho que hay algo que no estaba empezando a funcionar bien".

Tras las quejas "se está resolviendo el tema y se están logrando convenios para llevar a práctica esas reglas de conducta necesarias. Cuando se piensa en la víctima, hay que pensar qué sentimiento de impunidad podría tener si llega al final del proceso y a la sentencia condenatoria y luego, permítaseme la expresión, el maltratador se va de rositas".

A juicio de la primera fiscal de sala delegada contra la violencia de género nombrada en España, "faltaban medios y un estudio serio sobre estos programas de formación y rehabilitación".

Anunció asimismo la intención de la Fiscalía General del Estado de poner en marcha en 2007 un registro para "tener datos fiables, serios y muy concretos del fenómeno de la violencia de género".

Se trata de "evitar la confusión existente entre los datos de la violencia doméstica o intrafamiliar y la de género", así como obtener información de temas que afectan directamente a la Fiscalía (retiradas de denuncias, incomparecencias de las víctimas, etcétera).

En este contexto, la fiscal de sala apuntó que un "número considerable de mujeres" no acuden a declarar en el juicio oral (la ley procesal dispensa a los familiares a declarar en contra del imputado, en este caso el cónyuge o pareja).

Es un fenómeno "reiterativo" que las mujeres se echen atrás pese a haber denunciado, lo que complica la tarea del fiscal.

"Eso nos lleva -dijo- a que tratemos de preparar una batería de pruebas que circundan a esa declaración de la víctima para poder enervar el derecho de presunción de inocencia y probar un hecho delictivo. Ahí es importante la declaración de la policía, contar con un parte médico, una prueba forense..."

Con respecto al número de víctimas mortales en lo que va de año (61), Cazorla explicó que la cifra es "sobrecogedora, pero nunca he pensado que, nada más tener una ley, se iba solucionar el problema".

"Es un camino muy largo y se necesita tiempo. No podemos valorar la ley ni en uno ni en dos años; quien considere que no funciona por las cifras mortales es que no entiende de lo que estamos hablando", enfatizó.

Añadió que el alto número de denuncias y el horario limitado de los juzgados de violencia retrasa los procedimientos, pero -recalcó- la veintena de juzgados con competencias exclusivas en este tipo violencia que empezaron a operar hace un año sumarán 40 a finales de 2006, por tanto "se va por el buen camino".

Aún así, "quizá hay que abrir otras expectativas y, en algunas ciudades o lugares con mucha población, pudiera existir un juzgado de violencia de guardia", y otros juzgados penales -también especializados- donde se celebraran los juicios más graves.

"Estamos empezando a funcionar bien, estamos dando los pasos que creo nos exige la sociedad y cuando vemos que algo falla" hay que dar soluciones y alternativas, concluyó la fiscal, al frente de esta responsabilidad desde hace año y medio.

Fuente El Mundo

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