La Diputación General de Aragón prevé equipar con sistemas telemáticos de alarma a las mujeres que han padecido agresiones conyugales y reservar viviendas de protección oficial para alojarlas a bajo precio, según recoge el proyecto de Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de la Violencia enviado por el Gobierno a las Cortes.
El articulado señala que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) "podrá facilitar a las mujeres que se encuentren en una situación de alto riesgo un dispositivo de alarma" que pueda utilizar tanto en su domicilio como fuera de él en casos de emergencia. El aparato, "conectado con una central receptora", tendrá como fin "reforzar la seguridad y la confianza de la mujer, otorgándole una mayor protección". Su habilitación, en la que podrán participar tanto otras administraciones como entidades privadas, será valorada por un equipo técnico.
El documento establece tres tipos de violencia sobre las mujeres: la conyugal, la social -ajena a las relaciones familiares- y la laboral. Esta última se produce entre "quienes sostienen con la víctima un vínculo laboral, docente o de prestación de servicios, bien sea prevaliéndose de una situación de dependencia o debilidad" de esta o por una "situación de proximidad entre ellos". En todos los casos, las afectadas tendrían derecho a actuaciones de protección.
Uno de los aspectos novedosos del proyecto de ley es la posibilidad de "reservar viviendas protegidas en régimen de arrendamiento o precario para las víctimas de violencia doméstica". En este sentido, el texto propone coordinar las actuaciones de los departamentos de la DGA para desarrollar "medidas que, respecto de las víctimas que carezcan de vivienda adecuada, puedan suponer un decidido apoyo" para que tengan la posibilidad de acceder a una.
Paralelamente, la norma contempla dar "carácter preferente y específico" a la inclusión de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia en los programas públicos de formación e inserción laboral, para lo que deberán inscribirse como demandantes de empleo en el INAEM. "Se tendrá en cuenta dicha preferencia en cualquier otra vía de promoción laboral que contribuya a la inserción sociolaboral" de las agredidas, indica el documento.
Al mismo tiempo, la DGA efectuará campañas informativas sobre este tipo de medidas tanto entre las víctimas como entre las empresas. Además, prevé establecer "un régimen de convenios de colaboración y de subvenciones" dirigidos a empresas y entidades que contraten a las afectadas y, también, "a ellas mismas en los casos en que decidan constituirse como trabajadoras autónomas".
El apartado dedicado a "centros de proyección y apoyo" establece cuatro tipos de alojamientos para las víctimas. Cada provincia deberá disponer de un Centro de Emergencia dispuesto para acoger a las agredidas -tanto tras consumarse los ataques como en caso de "riesgo inminente"-, sus hijos y sus acompañantes en cualquier momento. Desde allí se les prestarán "los recursos sociales, psicológicos y jurídicos que se adecuen a sus necesidades".
También deberá haber en cada provincia una Casa de Acogida en la que las agredidas y amenazadas que carezcan de medios, y los menores de edad que se encuentren a su cargo, puedan pasar una temporada mientras se les aplican programas de apoyo.
Los Pisos Tutelados actuarían como "hogares funcionales y temporales" para varias unidades familiares cuando ya no requieran el tratamiento íntegro que deben prestar las casas de acogida.
Por último, ancianas y discapacitadas víctimas de violencia tendrán preferencia para acceder a geriátricos y centros especializados tanto públicos como concertados.
Fuente El Periódico de Aragón
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