viernes, abril 04, 2008

Estudio de la OMS: La violencia doméstica deja huellas profundas en la salud de la mujer

Huesos rotos, cardenales, un labio partido... Éstas suelen ser las primeras lesiones que tratan los profesionales sanitarios cuando una mujer maltratada pide ayuda. Sin embargo, cuando los puntos se cierran y las heridas se restañan, los problemas pueden persistir. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes han sufrido agresiones por parte de sus parejas padecen a largo plazo más problemas psiquiátricos, ginecológicos o de dolor que el resto de sus congéneres.

"La violencia doméstica se asocia con unas consecuencias graves para la salud pública que deberían tenerse en cuenta en las políticas y programas de salud, tanto a nivel nacional como global", señalan los autores en su trabajo, que se publica en el último número de la revista 'The Lancet'.

Los autores, coordinados por Claudia García-Moreno, miembro del Departamento de Salud Reproductiva e Investigación de la OMS, llegaron a esta conclusión tras entrevistar, entre 2000 y 2003, a más de 24.000 mujeres procedentes de Bangladesh, Brasil, Etiopía, Japón, Namibia, Perú, Samoa, Serbia y Montenegro, Tailandia y Tanzania.

Las participantes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y los 49 años respondieron a un cuestionario –que se tradujo a 14 lenguas- en el que se les preguntaba si habían sufrido algún episodio de agresión por parte de sus compañeros a lo largo de su vida.

Además, también debían responder a varios interrogantes sobre su estado de salud física (dolores, mareos, pérdida de memoria, problemas ginecológicos) y mental (estrés, pensamientos suicidas) en las cuatro semanas anteriores a la entrevista.

Los datos revelaron que, en la gran mayoría de las zonas estudiadas, las mujeres que habían sufrido en su vida algún tipo de maltrato por parte de sus parejas, manifestaban tener más problemas de salud que el resto de sus compañeras. Es más, el porcentaje de participantes que reconoció haber pensado recientemente en suicidarse – o incluso, haberlo intentado- era "significativamente más alto entre las mujeres agredidas", según explican los investigadores en su trabajo.

Esta asociación no parecía estar relacionada con diferencias en la edad, el nivel educativo o el estado civil de las participantes.

"Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar"


El tiempo transcurrido desde la agresión o agresiones sufridas hasta la realización de la entrevista tampoco fue un factor determinante. "En todas las zonas estudiadas, excepto en Etiopía, por lo menos un tercio de las mujeres que habían sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida, no había padecido ningún episodio de violencia en el último año. [...] Este dato sugiere que los efectos de la violencia podrían persistir mucho después de que las agresiones hubieran terminado", remarcan los autores.

Debido al diseño del trabajo –se trata de un estudio observacional- los autores no han podido demostrar una relación de causa-efecto entre los episodios de violencia y los problemas de salud. Eso sí, remarcan que los datos son suficientes para reclamar "la necesidad urgente de actuar frente a la violencia de género en las políticas sanitarias".

"Falta aún compromiso político, presupuesto y un mayor énfasis en la prevención primaria del problema, lo cual requiere intervenciones múltiples y a diferentes niveles", explica a elmundo.es García-Moreno.

Coincide con esta experta Julio Zarco, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). "Se trata de un problema al que hay que enfrentarse de forma multidisciplinar", señala este especialista, para quien es vital la coordinación entre el área sanitaria, de justicia y de asistencia social.

El año pasado en España, un total de 126.293 mujeres denunciaron haber sido maltratadas, según datos que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hizo públicos ayer.

Al intentar ocultarlo la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas


Sin embargo, no todas las que sufren maltrato se atreven a acudir a los tribunales. Detectar los casos ocultos y ayudarles a solucionar el problema es, para Zarco, una de las claves, pero, en la consulta médica, no siempre es fácil lograrlo. "Al intentar ocultarlo, sobre todo al principio, la víctima puede somatizar la tensión en forma de patologías muy diversas como dermatitis, intestino irritable o trastornos de ansiedad", señala este profesional.

"A veces no es sencillo de diagnosticar y, cuando hay sospechas, hay que establecer un lazo de comunicación y confianza con la paciente para ayudarla", comenta Zarco, quien lamenta que en muchas ocasiones se pierde el seguimiento de una mujer que ha sufrido maltratos porque hay lagunas de coordinación informativa entre los estamentos implicados. "A veces se consigue que la mujer acuda a la policía, pero el médico no recibe información sobre la tramitación y el seguimiento de la denuncia, por lo que muchas veces, las mismas víctimas terminan retirándola", comenta.

"Aunque sea complejo, es necesario establecer políticas compartidas", señala este experto, quien también hace especial hincapié en la importancia de las tareas preventivas y educativas.

En un comentario que acompaña al trabajo en 'The Lancet', Riyadh Lafta, de la Mustansiriya Medical School, de Bagdad (Irak), señala que es fundamental hacer un esfuerzo colectivo para conocer a fondo el problema y diseñar intervenciones de prevención efectivas. "Lamentablemente, la recopilación de información está obstaculizada por varios factores", afirma Lafta, quien recuerda que demasiadas mujeres en el mundo no se atreven a denunciar, que el abuso sexual sigue siendo un tabú en determinadas culturas o que las agresiones verbales -un modo importante de violencia de género- se desestima a menudo.

martes, marzo 25, 2008

El Supremo confirma la expulsión de un guardia civil por maltrato

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la separación del servicio de un guardia civil que fue condenado por haber maltratado a su esposa. Tras ser condenado en sentencia firme, el Ministerio de Defensa acordó, por su parte, separarle del servicio. Entendió que había cometido una falta muy grave sancionada con la expulsión y derivada de su condena por el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla.

Por maltratar a su esposa, este juzgado le impuso un total de 12 meses de prisión por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. También le retiró durante dos años el uso del arma reglamentaria. Se le condenó por patear a su esposa en noviembre de 2004.

Ante la decisión de Defensa de apartarle del servicio, el guardia, cuyo nombre comienza por A., apeló ante la jurisdicción militar, por entender que esa sanción vulneraba el principio jurídico non bis in ídem (es decir, que nadie puede ser condenado dos veces por un mismo hecho). El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la decisión de Defensa de apartarle del servicio. Señala el tribunal que en la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil figura tipificada esa sanción si un guardia es condenado, como en este caso, a una pena de privación de libertad.

Fuente El País

lunes, marzo 17, 2008

Campaña informativa del servicio de atención telefónica 016

El Consejo de Ministros ha sido informado de la puesta en marcha, por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de una campaña informativa institucional de ámbito estatal del servicio de atención telefónica 016.

Bajo el título “Constantes Vitales 2008”, la campaña se ejecutará entre el 5 y el 15 de marzo de 2008 y tiene como objetivo intensificar las acciones de divulgación sobre el teléfono estatal de información 016. Su coste estimado es de 1.500.000 euros y utilizará el soporte de televisión, prensa gratuita y radio.

La campaña se fundamenta en la urgencia de aumentar la concienciación social sobre el grave problema que supone la violencia hacia las mujeres. Por eso, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, de acuerdo con el contenido del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2007, y teniendo en cuenta las prioridades de la Administración General del Estado en sus previsiones para 2008 en materia de publicidad y comunicación institucional, acude al procedimiento de emergencia.

La oportunidad y conveniencia de realizar esta campaña en este momento responde, por un lado, a la necesidad de desarrollar el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, y, por otro, llevar a cabo las medidas recogidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que se adoptan acciones para dar cumplimiento a las propuestas aprobadas de unanimidad por el Congreso de los Diputados en materia de Violencia de Género, de 22 de junio de 2007.

Por otro lado, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, está promoviendo la firma de convenios en colaboración con empresas públicas y privadas para favorecer la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género y contribuir a la sensibilización social. De este modo, Soledad Murillo firma un convenio con Aena, Renfe y Correos para reforzar la sensibilización ante la violencia de género. Anteriormente, en 2006 se firmaron convenios con la empresa pública Adif y en 2007 con las empresas privadas Cepsa, El Corte Inglés, Eulen, Inditex, Sacyr y VIPS.

En este caso, tanto las instituciones públicas: Adif y Renfe, dedicadas a servicios de transporte y gestión de tráfico ferroviario, Aena, operador global de servicios aeroportuarios y de navegación aérea y Correos, operador postal de referencia, dedicado al servicio postal de acceso universal, así como las empresas privadas: Cepsa, líder en desarrollo de actividades integradas y relacionadas con el petróleo y la petroquímica; El Corte Inglés, la mayor cadena de grandes almacenes de España; Eulen, el mayor grupo español de servicios con una plantilla de más de 65.000 personas; Inditex, principal distribuidor de moda, presente en 68 países; Sacyr Vallermoso, uno de los principales grupos de infraestructuras e industriales; y Grupo VIPS, líder en el sector de la hostelería y comercio en España, cuentan en la actualidad con políticas de responsabilidad social corporativa encargadas de materializar programas de concienciación social.

También a la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer le corresponde proponer la política del Gobierno en relación con la violencia de género y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia.

domingo, marzo 16, 2008

La Ley contra la Violencia de Género ha recibido ya más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad

Distintos jueces han presentado más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada en diciembre de 2004, por considerar que vulnera el principio de igualdad que recoge el artículo 14 de la Constitución Española, según informaron fuentes del Tribunal Constitucional.

Estos jueces han interpuesto las cuestiones contra los artículos 153 y 171 del Código Penal porque consideran que es discriminatorio que los hombres sean castigados con una pena superior que las mujeres por el mismo delito de violencia sexista.

La última oleada de cuestiones se ha producido en las últimas semanas, en las que se han presentado más de una veintena. Hasta la fecha, el Alto Tribunal ha admitido a trámite todas ellas.

Esta circunstancia supone que actualmente hay 160 casos sin sentencia, y que están a la espera de lo que dictamine el TC. Esta situación también provoca que haya 160 presuntos maltratadores en la calle, a no ser que ya estuvieran en prisión.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, pidió al Alto Tribunal, en declaraciones, que avale o rechace la constitucionalidad de la ley "cuanto antes" porque hay muchas víctimas y agresores pendientes de la resolución judicial. Además, López añadió que en caso de que el Constitucuional dé la razón a estos jueces "habrá que revisar miles y miles de sentencias" dictadas desde la entrada en vigor de la Ley contra la Violencia de Género.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, aseguró que hay "un grupo reducido de jueces que quieren boicotear la ley" y que, a su modo de ver, están librando una batalla "ideológica y no jurídica". Pérez del Campo reclamó a los jueces "que se ocupen de juzgar y que no se metan en cuestiones políticas", y exigió al TC que marque su postura "de una vez por todas" porque "hay 160 mujeres en situación de riesgo".

Fuente La Vanguardia

sábado, marzo 15, 2008

Campaña contra la violencia doméstica en Rumanía


Campaña publicitaria contra la violencia doméstica en Rumanía dirigida a ser soportada en cabinas de telefono publico.

martes, marzo 11, 2008

Los jueces del País Vaco piden más medios para combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas

Los procedimientos de violencia de género no dejaron de aumentar en los juzgados vascos durante 2007, a pesar de las campañas de sensibilización impulsadas por las instituciones. Según fuentes judiciales, los asuntos penales crecieron en Vitoria el 21%, mientras que en San Sebastián y en Bilbao aumentaron el 14%, respectivamente. Tan sólo Barakaldo fue una excepción, ya que registró una caída del 3,8%; pero los casos pendientes de resolver en ese municipio equivalen casi al 40% de los que entran en un año. Globalmente, en las partidos judiciales de las tres capitales y de Barakaldo se registraron 4.294 asuntos nuevos el pasado año, frente a los 3.801 de 2006. Es decir, un 12% más.

Esos datos -y, en particular, el homicidio de una mujer ecuatoriana perpetrado en la capital alavesa en junio pasado- han movido al magistrado Alfonso González Guija, coordinador de los juzgados de violencia de género en Euskadi, a pedir a los ayuntamientos y a las administraciones vasca y central que destinen más recursos para proteger a las mujeres maltratadas. «La ley integral no es suficiente por sí sola y, como hemos podido comprobar hace bien poco, no está funcionando en las situaciones más dramáticas», reconoció González Guija, a la sazón juez decano de Bilbao.

La muerte de cuatro mujeres en un solo día, a manos de sus compañeros sentimentales, volvió a poner de relieve el pasado 26 de febrero las limitaciones de los juzgados de violencia de género, que comenzaron a funcionar en las principales ciudades españolas durante el verano de 2005. A Vitoria, Bilbao y San Sebastián les correspondieron otros tantos jueces especializados, pero al cabo de un año el Ministerio de Justicia tuvo que crear una plaza más en la capital vizcaína porque la primera jueza y los funcionarios que le asignaron no daban abasto desde el primer día.

Algo parecido ocurrió en Barakaldo, un municipio que registra cifras de maltrato similares a las de Vitoria, pero sólo tendrá un juez de violencia de género a partir de este año. Hasta ahora se las ha arreglado con el Juzgado de Instrucción número 4, que se ocupa de los delitos de género, pero también de los demás. En conjunto, las capitales vascas y Barakaldo acaparan el 75% de los procedimientos por maltrato sexista que se inician en Euskadi. El resto se reparte, sobre todo, entre las plazas judiciales de Getxo, Irún, Tolosa y Bergara.

«Lógicamente, la Ley Integral de Violencia de Género necesitaba un tiempo para rodarse -explica el juez González Guija-. Pero ya han pasado dos años y medio, un plazo suficiente para obtener el máximo rendimiento posible de los medios judiciales a nuestra disposición. A partir de ahí, hace falta más dinero, más jueces de apoyo, más policías, más personal de atención a las víctimas, más recursos. Sólo así podremos sacar el mayor partido a la ley y proteger a las víctimas de forma integral. Pero si no hay presupuesto, por lo menos que se diga».

Las estadísticas sobre violencia de género en el País Vasco son elocuentes. El partido judicial de Bilbao registró 1.585 asuntos penales el año pasado, 196 más que en 2006. San Sebastián contabilizó 979 (136 más). En Vitoria se iniciaron 898 expedientes (194 más) y en Barakaldo 832 (33 menos). Los juzgados de las capitales tienen que resolver a diario once asuntos que requieren atención inmediata, entre órdenes de protección, declaraciones de detenidos y juicios rápidos. Tan sólo una orden de protección -se solicitaron 1.640 en Euskadi el año pasado- puede llevar dos horas.

González Guija asegura que la organización de los juzgados ha mejorado; sobre todo, en la capital vizcaína, donde el trabajo salió adelante durante meses por el esfuerzo de los funcionarios. A su modo de ver, los problemas que registró Bilbao se debían a que «se cumplía muy bien la ley». Para demostrar las mejoras conseguidas en esa plaza judicial, el juez recuerda que, de todos los asuntos calificados durante el segundo semestre de 2007, casi ninguno quedó pendiente.

Sin embargo, la Administración de Justicia también ejerce la autocrítica. «Los jueces tenemos que esforzarnos para que, cuando llegue un asunto urgente al juzgado, la respuesta también sea urgente -reconoce-. La intervención no puede demorarse porque la competencia es de este o de aquel partido judicial. Eso lo analizaremos luego; lo primero es responder». En este sentido, el magistrado considera lógico que las órdenes de protección sean atendidas en el partido judicial donde se solicitan.

La Administración de Justicia también cree mejorable la comunicación de las resoluciones sobre violencia de género a los servicios de atención a la víctima. «De todos modos este problema se está corrigiendo y ya no se aprecian tantas disfunciones», puntualiza González Guija, que destaca que se han realizado cambios en algunas dependencias judiciales, de manera que las mujeres maltratadas dispongan de un local específico para las esperas.

lunes, marzo 10, 2008

La Delegada del Gobierno en Extremadura defenderá la publicación de sentencias sobre maltratados en la web del Ayuntamiento de Plasencia

En este sentido, Carmen Pereira ha subrayado que "no tengo por qué aprobarla ni rechazarla, está ahí y me parece que es autónomo y legítimo por parte del ayuntamiento tomar esa medida; y, desde luego, si esa medida da resultado yo la voy a defender".

A este respecto, ha matizado que no desea entrar "en polémica" con el Ayuntamiento de Plasencia, añadiendo que, en todo caso, la medida descrita ha de estar "dentro de la legalidad vigente", respetando los derechos correspondientes.

Para Pereira, "es una medida que si está dentro de la legalidad vigente y se respeta el derecho al honor y el derecho a la intimidad, y son personas que son juzgadas, pueden hacerlo" aunque, ha puntualizado que "hay otras muchas iniciativas" que se pueden adoptar en el ámbito de la lucha contra la violencia de género.

Por otra parte, ha resaltado que el Ayuntamiento de Plasencia "no es la primera institución que tiene esa intención" pues, "ya desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se propuso la publicación de los matratadores".

Para la Delegada, esta medida "tiene algunas consecuencias positivas, quizá porque algunos otros maltratadores desistan", al ver que las sentencias que pudieran recaer sobre ellos serían publicadas, añadiendo que "pero, tiene que ser siempre y cuando haya alguna sentencia firme y se tenga en cuenta y se respete el derecho a la intimidad de la mujer".

Y, ha matizado que "también se conocen los nombres de los asesinos, los nombres de los terroristas, los nombres de los ladrones una vez que ya están juzgados", de modo que "por lo tanto, también puede conocerse el nombre de los maltratadores", siempre y cuando, reiteró, se respete la legalidad.
Por su parte la alcaldesa de Plasencia, la socialista Elia María Blanco, ha reafirmado su apoyo y "todo su aval" a la propuesta de su concejala de Igualdad, Raquel Puertas, de colgar en la web municipal las sentencias en firme sobre maltratadores que hayan cometido delitos graves o muy graves.

La regidora municipal insistió en su respaldo "a tomar medidas de acción" como la de la publicar las sentencias y pidió "remover los obstáculos" que impiden que la sociedad sea cada día "más justa", en referencia a "propuestas de modificación legislativa" que permitan adoptar iniciativas como la referida.

En un encuentro con periodistas antes de un acto institucional con motivo del Día de la Mujer, Elia María Blanco abogó porque las Cortes Generales, las asambleas autonómicas y los ayuntamientos promuevan un cambio en la legislación para adaptarla "a lo que la sociedad demanda".

Así, lamentó que los legisladores "nunca se adelantan a los acontecimientos sociales", de modo que cuando se tiene un problema social como es el maltrato y los "asesinatos que encontramos cada día" se tienen que tomar "medidas contundentes"

La alcaldesa de Plasencia considera que "publicar la sentencia que condena a un hombre" no puede ser "tan vilipendiado como algunos pretenden". Elia María Blanco felicitó a la concejala y al Consejo Municipal de la Mujer de Plasencia, donde las mujeres avalaron la propuesta "por unanimidad" y, sin embargo, apostilló: "ahora vienen los varones a decirnos ¡qué barbaridad!".
Elia María Blanco aseguró que el ayuntamiento no quiere "incurrir en ilegalidad" sino que se pretende "proteger a las mujeres" y que la vía propuesta es la "adecuada" y que si bien en este momento se está considerando "la legislación vigente", más adelante se promoverá una "reivindicación activa para que la legislación vigente se adapte a esa posibilidad".

La alcaldesa de Plasencia puso como ejemplo a Castilla la Mancha dónde "se está editando un cd con el nombre de los maltratadores" y que allí se ha adaptado la normativa jurídica para que esto sea posible, que es lo que propone el Ayuntamiento de Plasencia. Cabe recordar que el consistorio placentino está a la espera de un informe de sus servicios jurídicos sobre su propuesta.

Blanco destacó que la concejala de igualdad tiene "todo el aval y todo el merecimiento" para hacer las propuestas que se consideren "buenas" para eliminar "esta lacra" La regidora declaró que se quiere llegar "a publicar las sentencias de los maltratadores" en la página web municipal y además se quiere "convencer a la gente de que nuestra medida es positiva".

Aseguró que la medida propuesta desde el ayuntamiento es "darle a las mujeres la posibilidad de poder comprobar" que la persona que comparte o pretende compartir su vida "no es un maltratador" y que "cuando alguien tenga una sospecha sobre algo tan sensible y tan trágico" pueda tener acceso a la información ya que según Elia María Blanco "estamos hablando de delincuentes y de antecedentes penales".

Blanco calificó la postura del PP de Plasencia de "hipocresía" ya que "no se corresponde" esta postura con la de penalizar a los menores. La alcaldesa de Plasencia pidió al PP "contrapropuestas" pero que no se "nieguen por sistema" a las iniciativas que se realizan para que "avance la sociedad".

Además aclaró que no se trata de una medida "electoral" por lo que la semana que viene comparecerá públicamente para explicar cuáles son los pasos seguidos por el consistorio placentino.

viernes, marzo 07, 2008

Las ayudas a las mujeres maltratadas son "privilegios"

Las ayudas públicas a las víctimas de la violencia machista son "privilegios" e "incentivos para que las mujeres presenten denuncias con el fin de obtener alguno de los beneficios". Y las amenazas que reciben las víctimas son de "consideración subjetiva". Éstas son algunas de las perlas que recoge el documento de trabajo Tratamiento de la violencia de género en España y la Comunidad de Madrid, firmado por Tatiana Torrejón y publicado por el Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo regional.

El documento, del que un borrador fue aprobado en la Comisión Permanente de este órgano, ha suscitado una queja formal de los representantes sindicales del CES, que enviaron el pasado martes una carta a su presidente, Francisco Cabrillo, en la que exigen su retirada y una explicación pública. Hasta la fecha no han recibido contestación de Cabrillo. Este periódico trató ayer sin éxito de conocer la versión oficial del CES.

Pese a que el CES asegura en una pequeña nota al margen que no se hace responsable de las opiniones en la publicación, la autora agradece a Cabrillo "los comentarios y la revisión de este documento"."Este documento es indignante para las víctimas de violencia", afirmó ayer Elvira Llopis, una de las representantes de CC OO en el CES, que recuerda que el grupo sindical se opuso a que este texto estuviera considerado "documento de trabajo". Explica que normalmente se califica así en el seno del órgano consultivo a informes "que emanan de un grupo o que suponen la base de un trabajo". Pero, en este caso, se trata de un documento firmado por una única persona, Virginia Torrejón, cuya experiencia e idoneidad cuestiona Llopis.

"Ni es experta, ni tiene obra publicada, aunque no nos consta que la hayan pagado. Pero cualquier recién licenciado querría publicar en el CES", agrega. Al teclear el nombre de la autora en el buscador Google de Internet no aparecen enlaces.

En las conclusiones del informe figuran estas afirmaciones:

- "Privilegios de víctimas de la violencia doméstica". La autora del texto denomina "privilegios" a las ayudas públicas. "En el caso de la Comunidad de Madrid, lo que se perciben son 300 euros en un único pago para las situaciones de emergencia", explica Llopis, que aclara que se considera como tal el caso en el que el riesgo de muerte haga salir casi de estampida de su domicilio a la mujer. Por tanto, rebate que haya que esperar hasta que se produce una sentencia, que sólo llega en algunos casos y tras un largo proceso.

- "Las víctimas fingen para beneficiarse de una ayuda". Torrejón sugiere que con las ayudas públicas se motiva a las maltratadas para que "prefieran ser víctimas" en lugar de esforzarse por conseguir un mejor empleo, salario o condiciones laborales. Llega a decir que se generan "incentivos perversos: que las víctimas finjan serlo para beneficiarse de una ayuda económica, por ejemplo". Las ayudas a las maltratadas son escasas: 2.465 mujeres han recibido ayudas para cambiar de domicilio y 167 se beneficiaron de ellas por riesgo de exclusión social desde que está en vigor la ley. La renta activa de inserción la percibieron 10.657 mujeres en 2006.

- "Consideración subjetiva". En el documento se plantea que la amenaza es una "consideración subjetiva". Llopis pregunta: "¿Se atrevería a decir eso de las víctimas del terrorismo de ETA?". El informe también plantea que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control" y alerta del "coste social" que implica poner en marcha la "burocracia judicial y a la policía". En enero, estaban en vigor en toda España 78.550 órdenes de protección, según el Ministerio de Trabajo. En la región, el año pasado se duplicaron las muertes por violencia machista.

Fuente El País

jueves, marzo 06, 2008

Los juzgados contra los malos tratos dan ya cita para octubre en Alicante

El colapso de los juzgados de malos tratos en Alicante está obligando a citar a las víctimas hasta con ocho meses de retraso, según confirmaron ayer fuentes judiciales.

La situación es fruto de la falta de medios que arrastran las dependencias que ha ido obligando a suspender comparecencias para atender los asuntos más urgentes, con lo que las agendas están al completo y se ha creado en la práctica una larga lista de espera. Las fuentes consultadas por este diario afirman que las mujeres que a fecha de hoy están denunciando ser víctimas de maltrato no son llamadas a declarar para ratificar la denuncia por lo menos hasta el mes de octubre, aunque la orden de alejamiento es inmediata.

Tras la huelga indefinida que se ha convocado en los juzgados de Violencia sobre la Mujer se teme que estos retrasos puedan ampliarse hasta el mes de diciembre. Como resultado de la huelga se están suspendiendo una media de hasta diez declaraciones al día.

La falta de abogados en los turnos de oficio impide en muchas ocasiones tomar declaración a agresor y víctima en el mismo día, y para amabas la ley prevé que tengan que estar asistidos por abogado. La saturación que tienen los letrados de asistencia jurídica gratuita impide que puedan estar puntualmente en el juzgado, lo que repercute en el resto de los señalamientos, por lo que hay pruebas que se deben ir posponiendo. "En ocasiones a una víctima se le tiene que dar cita para otro día después de haberla tenido esperando en el pasillo durante toda la mañana", explicaron fuentes de uno de los juzgados.

Lo mismo ocurre con las pruebas que requieren un análisis de los médicos forenses. Fuentes judiciales explicaron que las exploraciones que entran durante la guardia se hacen de manera inmediata. Sin embargo, todas aquellas que no son de la guardia se están realizando también con meses de retraso, a pesar del riesgo de que cuando se realice la exploración ya no quede ningún indicio de las lesiones.

Asimismo, los procedimientos civiles se encuentran totalmente paralizados por culpa de la tramitación de las órdenes de alejamiento y de protección.

Fuente Información.es

'Somos sólo 30 policías para proteger a más de 7.000 mujeres amenazadas

Lleva años luchando contra la violencia machista y se muestra desmoralizado. Las 15 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus maridos o ex parejas no hacen más que agravar su decepción.

Es un policía veterano que prefiere no desvelar su identidad. Según asegura, la Ley Integral contra la Violencia de Género está sirviendo de poco y denuncia la total falta de medios para combatir la violencia machista.

"Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de alejamiento en Madrid". Según su testimonio, la evaluación del riesgo de cada víctima la realiza un programa informático en lugar de un equipo de psicólogos.

En opinión de este policía con amplia experiencia, quedan todavía muchos caminos por recorrer en la lucha contra la violencia de género y uno de ellos es dotar de recursos y de agentes al Cuerpo Nacional de Policía.
"No poseemos medios para proteger a las mujeres. No tenemos ni coches para acompañarles a los juzgados, ni puntos de encuentro, ni centros asistenciales ni casas de acogida suficientes. A veces usamos nuestros propios vehículos para llevarlas a los juicios. ¿Cómo vamos a luchar así contra la violencia de género?", se pregunta indignado.

A su juicio, la escasez de funcionarios es palpable: "Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de protección en Madrid. En toda la comunidad, somos 49 agentes y unas 2.000 órdenes de alejamiento más. Sin embargo, según el protocolo, cada funcionario de las UPAP no puede tener a su cargo más de 10 mujeres con órdenes de protección".
El agente no tiene pelos en la lengua y considera que "la Ley contra la Violencia de Género es una medida política que no vale para nada. Cero patatero. Todo es una cuestión burocrática. Aquí alguien miente porque la ley no funciona. Están diciendo que es maravillosa y eso es mentira".

Desde el Ministerio del Interior indican que en total hay 1.648 agentes entre policías y guardias civiles especializados en la lucha contra la violencia de género en toda España, lo que supone una media de 96 por cada comunidad autónoma. Además, argumentan que las patrullas de seguridad ciudadana también hacen labores de seguimiento de las mujeres maltratadas cuando es necesario.
Aparte de la falta de efectivos, el miembro de las UPAP también critica la manera en la que se evalúa el nivel de riesgo de las víctimas. Según su relato, este proceso se realiza mediante un ordenador y los agentes se ven obligados a contestar continuamente tests informáticos, sin apenas tiempo para practicar las auténticas labores de vigilancia.
Desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género, los jueces han emitido 90.242 órdenes de protección, de las cuales 78.550 siguen en vigor en la actualidad.
Cuando un juez dicta una orden de protección para una mujer maltratada, se pone en marcha todo un procedimiento. Una vez que la Policía las recibe, comienza la evaluación del riesgo. Para ello, el agente debe introducir los datos de la mujer en el ordenador: su nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la fecha de los hechos y el número de las diligencias practicadas. Lo mismo sucede con el presunto maltratador, del que también se debe incluir toda la información en el programa informático.
Una vez realizado este primer paso, se pasa a la siguiente pantalla. "Entonces, hay que contestar a otras 16 preguntas. Si el maltratador toma drogas o no, si los episodios de maltrato se repiten... A veces tenemos que llamar a las mujeres para preguntarles cosas tan personales como si su marido bebe o se droga y, claro, algunas no nos quieren contestar", afirma el funcionario.

Según su testimonio, después de 30 preguntas, el ordenador decide la valoración de riesgo: no apreciado, bajo, medio o alto. Si el riesgo es bajo, cada mes deben volver a realizar la misma evaluación. Si es medio, el proceso se repite cada 15 días y si el riesgo es alto, cada semana.
"Al final estamos todos los días realizando trámites burocráticos, pero no tenemos tiempo de centrarnos en la seguridad de las maltratadas. Nos quitan de hacer las labores de protección para realizar estas tareas informáticas y desatendemos a las mujeres", se queja.
Fuente El Mundo

lunes, marzo 03, 2008

Las llamadas al 016 se quintuplicaron el día después del asesinato de 4 mujeres

Las llamadas al teléfono 016 de información y atención legal a víctimas de violencia machista se multiplicaron por cinco respecto a la media habitual de este servicio -unas 700 consultas diarias-, ya que el día después de los asesinatos de cuatro mujeres se recibieron más de 3.600 consultas.

Según ha explicado la delegada especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, Encarnación Orozco, el miércoles 27 de febrero las llamadas al 016 fueron 3.653 "por el miedo que sintieron las víctimas de este maltrato", el jueves cayeron a 909 -"más cerca de la media"- y el sábado de nuevo se produjo un pico de 3.500 llamadas.

"Los datos sobre el teléfono se cierran a finales de mes y nos tenía preocupados saber cómo había funcionado después de la crisis que tuvimos la semana pasada, 'el martes negro', ya que no existían precedentes de cuatro muertes en menos de 24 horas", ha explicado Orozco.

La lectura de la delegada del Gobierno tras confirmar este incremento de llamadas es que "la información de las cuatro muertes produjo terror e hizo que se disparara el teléfono, porque las personas que padecen esta violencia sienten mucho miedo y la disposición de las personas de su entorno a prestarle ayuda es mucha mayor".

Además, ha destacado el aumento de estas consultas durante el sábado, ya que en la trayectoria de este servicio se pone de manifiesto que durante el fin de semana "es más complicado la utilización de este teléfono porque hay un mayor periodo de convivencia con la pareja".

La Delegada ha recordado que el 016 no es un teléfono de emergencia para reclamar asistencia ante una agresión, que sigue siendo el 112, ni tampoco un teléfono de denuncia, sino que su función es asesoramiento e información "para ayudar a que las mujeres maltratadas puedan salir de esa situación".

"El temor que sienten estas mujeres hace que recuerden mejor el 016, que cuando recibe una llamada de emergencia lo desvía al 112, pero ahí estás perdiendo unos segundos, y además puede llegar a colapsar" este servicio.

Para la delegada del Gobierno el teléfono está sirviendo para tomar el pulso a cómo reaccionan las personas del entorno de la mujer que sufre estas agresiones, que hasta el momento protagonizan el 15% de las llamadas.

El 80% lo hacen las víctimas del maltrato machista y el 5 por ciento son consultas de servicios vinculados a este fenómenos, como servicios sociales o fuerzas de seguridad del Estado, añade.

Desde que comenzó a funcionar el 016 hace casi medio año, este servicio ha atendido más de 85.000 llamadas, aunque en un alto número de casos han sido con intención maliciosa (bromas e insultos), errores de marcado o consultas sobre materias que no guardaban relación con la violencia machista, según el último boletín del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.
Fuente El Mundo

domingo, marzo 02, 2008

Bromas, insultos, amenazas y errores copan el teléfono 016 de la maltratada

El 016, el servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género, recibió el pasado año 109.028 llamadas, de las que el 80% no estaban relacionadas con problemas derivados de la violencia machista, sino que fueron llamadas no pertinentes: bromas, insultos o amenazas, errores de marcado o consultas de los medios de comunicación.

Desde que entró en funcionamiento el 016, el pasado 3 de septiembre de 2007, hasta el 31 de enero de 2008, fueron atendidas 21.820 llamadas referentes a violencia de género, según un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La media diaria de llamadas atendidas de violencia de género fue de 144,5 y la media atendida cada hora fue de seis.

El lunes, entre las nueve y las diez de la noche, es el momento en el que se registran mayor número de llamadas sobre violencia de género. Desde las diez y durante la madrugada desciende la cifra de llamadas y vuelve a incrementarse entre las ocho y las nueve de la mañana.

El 016 ha recibido llamadas procedentes de todas las Comunidades Autónomas, pero son las mujeres de Madrid las que más han llamado, 5.856, el 27% del total, del total. Andalucía con 3.417 consultas, es la segunda comunidad que más llama.

La mayoría de las llamadas sobre violencia de género fueron realizadas por mujeres, 18.015, que representan el 82% del total. Los familiares y amigos de mujeres que estaban viviendo situaciones de violencia machista registran el 14,9% del total, con más de 3.000 llamadas, mientras que los profesionales y entidades realizaron 544 llamadas, el 2,5%.

Por edad, el grupo más numeroso de mujeres es el de las que tienen entre 31 y 40 años, seguido por el de las que tienen 30 o menos.

Casi la mitad de las mujeres que facilitaron su estado civil (5.737) estaban casadas y más de un 20% manifestaron tener pareja de hecho. La cifra de separadas fue de 721 y 342 la de divorciadas.

Fuente El Mundo

viernes, febrero 29, 2008

Nadie intentó rehabilitar al maltratador

A Antonio Urban, el hombre que mató a su ex mujer el martes en Cullera (Valencia), un juez de Sueca le cambió la condena de cuatro meses de prisión por la asistencia a un curso de rehabilitación para agresores machistas. O, en realidad, por nada, porque en esta provincia, a diferencia de Alicante y Castellón, no se imparten. Lo reconoció ayer el consejero autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, que se justificó diciendo que la Audiencia de Valencia no los ha pedido. "Son los jueces quienes tienen que solicitarlo, nosotros ponemos a su disposición el dinero para ello, pero no podemos inmiscuirnos en lo que tienen que hacer". Hasta ahora. De Rosa anunció una próxima reunión con la cúpula judicial autonómica para activar esos cursos en Valencia.

Casi dos meses después de la sentencia, Urban no había participado en ningún programa de rehabilitación, pero sí se había movido libremente por Cullera. No estaba cumpliendo así ninguna de las dos condiciones fijadas por el tribunal al sustituir la pena de cárcel por el plan de rehabilitación. Tampoco la del alejamiento de la víctima. La Guardia Civil tenía constancia de ello, porque de tanto en tanto llamaba a su ex mujer para preguntarle si estaba bien, y ella respondía que sí, pero que su ex marido seguía abajo, merodeando alrededor de su puerta.

Entre copa y copa -Antonio tenía problemas con el alcohol-, preguntaba a sus amigos dónde podía hacerse con un arma para atracar un bar. O alguien se lo dijo o él lo averiguó solo. Mató a su ex mujer de un tiro en el pecho. Nadie le había llamado para que hiciera un curso de rehabilitación como el que estrenó la Audiencia de Alicante en 2004 para la reeducación y reinserción de maltratadores. En sus aulas se escuchan testimonios como el de R. P. G., de 37 años: "Maltrato a mi mujer física y psicológicamente desde hace ocho años y sin ningún motivo. Soy un enfermo y no quiero vivir así".

La experiencia está supervisada por los servicios sociales penitenciarios. De esa forma, aunque de media suelen durar un trimestre, se individualiza la efectividad del plan formativo. Psicólogos, juristas, forenses, sociólogos, tratan de enderezar la conducta de los agresores. El resultado, según el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, es que "no reinciden", informa Rebeca Llorente.

¿Antonio Urban lo hubiese hecho? Hoy su ex mujer Virma Gimeno, de 44 años, será enterrada en Cullera. El martes tomaba un café con sus amigas en un bar cuando Antonio se acercó: "No te voy a dar nada. Sabes que no puedes estar aquí. Vete o llamaré a la Guardia Civil", le dijo. Él apretó el gatillo y salió caminando tan pancho.

Antes de eso, se había parado en el Vendetta, pero no entró porque estaban en pleno zafarrancho con la pulidora, dijo que se iba a tomar una cerveza. Lola, la dueña, tenía puesto un pasodoble fallero. "Y al poco escuché algo que me pareció un masclet (petardo). Me giré y lo vi pasar con la pistola en la mano, tranquilo, como si nada".

La trágica historia de Virma ilustra a la perfección la senda por la que transitan las maltratadas hasta que salen del infierno, o hasta que las matan. Vivieron en pareja durante más de 15 años. Él convirtió su vida en un calvario, le pegaba continuamente. Cuando por fin ella decidió separarse intentó rehacer su vida con una sombra pegada a su casa, a su espalda. A pesar de eso, salía con las amigas. "¿Me veis muy desatada?", les preguntaba cuando salía a tomar algo.

El padre de Virma, don Enrique, supo del dolor de la hija que hoy entierra, siente que ella estuvo desprotegida, que todo el mundo sabía qué pasaba. "No creí que fuera capaz de matarla, pensé que no se atrevería".

La víctima pertenecía a una familia muy conocida en Cullera, de buena posición. Había tenido un primer matrimonio del que nacieron dos hijos. La casa familiar está a tres manzanas del lugar donde murió. El padre llegó al bar cuando aún los servicios sanitarios trataban de reanimarla. Vio como se le escapaba la vida en plena calle a manos del hombre al que ella había denunciado en varias ocasiones.

Las amigas cuentan que "cuando ella dijo basta, él se volvió loco, se quedó sin nada, y no la dejaba en paz". Antonio se quedó sin casa, no tenía dinero. Dormía desde la separación en un coche que era, en realidad, de ella. Hacía semanas que iba preguntando a sus amigos dónde podía conseguir un arma. Quería, dicen, atracar un bar.

El crimen de Virma y el de otras tres mujeres el martes, han desencadenado una riada de reacciones que aún perduran. Pero los políticos han vuelto a la greña. Los presidentes autonómicos del PSOE ya han apoyado la reunión que propuso Zapatero si gana las elecciones. Sin embargo, los responsables regionales del PP dijeron ayer que esta convocatoria es "oportunista", a pesar de que el miércoles la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, abogó por "un gran pacto de Estado" para acabar con esta violencia.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció ayer que la ley es insuficiente y que, de gobernar de nuevo, la completarán con campañas permanentes de sensibilización, como las de Tráfico y se "profundizará" en las medidas que ya se contemplan.

IU defendió ayer la creación de un Ministerio de la Mujer para coordinar todas las políticas de igualdad.

La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, considera que "culpabilizar a los jueces de estas muertes es una absoluta irresponsabilidad". Y la Asociación Profesional de la Magistratura añadió que la ley se está aplicando con "firmeza, rigidez e incluso dureza".

Fuente El País

jueves, febrero 28, 2008

Asociaciones feministas denuncian un boicot de los jueces a la Ley de Violencia de Género

Diversas asociaciones de mujeres han tachado a profesionales de la Justicia de "irresponsables" por acusar a las mujeres de presentar denuncias falsas y por "boicotear en demasiados juzgados" la Ley contra la Violencia de Género, que no se está aplicando "en toda su extensión".

Las duras declaraciones de la Red Feminista contra la Violencia de Género y el resto de asociaciones de mujeres ham provocado la rápida respuesta de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, que afirmó que "culpabilizar a los jueces y al CGPJ de las muertes violentas de mujeres es una absoluta irresponsabilidad". Comas defendió el papel que están desempañando los nuevos juzgados de violencia contra la mujer: "Esta especialización es eficaz y protectora".

"Es una absoluta irresponsabilidad de algunos operadores jurídicos, algunos con responsabilidades en el Poder Judicial, en decanatos o que son abogados que presiden asociaciones de abogados de familia que pongan como único problema de la violencia de género las denuncias falsas", ha destacado la representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha añadido: "Se acabó señorías de que se siga convirtiendo a las mujeres en víctimas de un maltrato institucional". Además, ha recordado a los jueces que el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es "terrorismo de género".

Tras la muerte de cuatro mujeres víctimas de violencia machista, las principales asociaciones de mujeres - Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Red Feminista, entre otras- han manifestado en una rueda de prensa su "más absoluta repulsa y condena" a lo sucedido.

En opinión de Jaime de Pablo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género "en la que tantas esperanzas habíamos puesto está fallando", entre otras razones porque muchos titulares jurídicos no tienen la formación específica "porque la ley no lo exige".

Jaime de Pablo también considera que está fallando el auxilio de la administración de Justicia y el asesoramiento a las mujeres víctimas de maltrato.

La presidenta del Observatorio ha calificado de "infundada, irresponsable y falsa" estas opiniones. Comas precisó que desde los juzgados especializados se han acordado 84.000 órdenes de protección acordadas y se han juzgado 62.000 causas en dos años, que han concluido en sentencias condenatorias en un 70% de los casos (50.000 condenados).

Por su parte, Pérez del Campo ha acusado a los operadores jurídicos de "boicotear" la ley cuando se interroga a las víctimas "como si fueran culpables", de obligarlas a declarar cuando no están en condiciones psicológicas de hacerlo y de cuestionar las agresiones físicas cuando una mujer denuncia a su agresor.

Para la presidenta de la Federación de Mujeres progresistas, Yolanda Besteiro, estas acciones se convierten en muchos casos en elementos disuasorios para que las víctimas no denuncien junto al aislamiento y situación de debilidad que las mujeres maltratas sufren.

Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia de Género ha exigido que "de una vez por todas se actúe con firmeza" y que se destinen los recursos necesarios para que se cumpla la ley. Ha acusado al PP de eludir su responsabilidad en esta materia al no invertir y devolver los presupuestos asignados a la Comunidad de Madrid para luchar contra la violencia machista.

Fuente El Mundo

miércoles, febrero 27, 2008

Cuatro mujeres mueren en una jornada negra de violencia doméstica

En una jornada negra de violencia doméstica, cuatro mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas en Madrid, Cullera (Valencia), El Puerto de Santa María (Cádiz) y Valladolid, lo que eleva la cifra de fallecidas en España este año a 14. Es el día más trágico desde que se contabilizan este tipo de muertes.

La última víctima ha sido una mujer de Valladolid, que ha sido tiroteada por su ex pareja con una escopeta desde una ventana cuando ella paseaba por la calle Vicente Montes. Posteriormente el autor del homicidio se quitó la vida con el mismo arma, según informaron fuentes de la investigación.

Los vecinos de la zona han explicado que habían estado veinte años casados y hacía unos dos años y medio que se habían separado. Tenían cuatro hijos en común. El policía afirma que entre las dos personas no mediaba orden de alejamiento alguna.

La primera mujer asesinada fue apuñalada de madrugada en Madrid por su novio, que ha sido detenido y ha confesado la agresión además de indicar a los agentes dónde se encontraba el cadáver de Laura M.I., de 22 años y nacionalidad boliviana. La policía ha localizado el arma presuntamente utilizada en el crimen.

El segundo crimen se produjo en torno a las 15.00 horas en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde María Victoria M.J., de 49 años, falleció mientras era trasladada al hospital después de ser apuñalada por su marido después de una discusión en plena calle, según fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Fuentes municipales han indicado que la mujer tenía una orden de alejamiento del ex marido porque éste la había denunciado el pasado noviembre. Poco después del suceso, ha sido arrestado por las autoridades.

El Ayuntamiento de la localidad ha manifestado su "más enérgica condena y repulsa" y ha decretado un día de luto por el fallecimiento. Además, el alcalde, Enrique Moresco, ha calificado de "inconcebible" el hecho de que "en pleno siglo XXI se sigan dando casos de violencia hacia la mujer. Es una lacra social contra la que tenemos que luchar todos juntos", sentenció.

Un hombre que tenía dos órdenes de alejamiento disparó a su ex pareja en Cullera (Valencia) y le provocó la muerte alrededor de las 17.00 horas en la calle Poeta Miguel Hernández de la localidad. El presunto homicida ha sido detenido por la Policía Local, según fuentes policiales.

La fallecida, M.G.S.V., de 44 años, se encontraba en la terraza de una cafetería con unas amigas cuando su ex compañero se acercó hasta el lugar y le disparó, provocando su muerte de forma instantánea. El detenido, identificado como A.V.A., de 54 años y con antecedentes policiales, fue retenido por algunos de los clientes del bar, según fuentes cercanas al caso.
De la Vega condena los cuatro "execrables crímenes"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha condenado los cuatro "execrables crímenes". Ha trasladado el apoyo y solidaridad del Gobierno hacia las familias de las fallecidas, y ha pedido a los asistentes a un mitin presisamente en Cullera, una de las localidades en luto, que guardaran con ella un minuto de silencio para condenar los crímenes cometidos durante este martes.

Madrid es la comunidad más trágica en cuanto al número de mujeres asesinadas a consecuencia de la violencia machista -cuatro- en lo que va de año, seguida de la Comunidad Valenciana, con tres. Dos mujeres perdieron la vida en Andalucía, una en Navarra, otra en Murcia, otra en Galicia, una más en Castilla-La Mancha y otra en Castilla y León.

Entre 2000 y 2007, un total de 509 mujeres perdieron la vida en España a manos de sus parejas o ex parejas, según el Instituto de la Mujer. El 2007 se cobró 71, tres más que el 2006.

Por su parte, La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, ha asegurado que el 70% de las mujeres asesinadas por sus parejas en 2007 no había denunciado su situación de malos tratos antes del crimen, lo que califica como "un fracaso del Estado de Derecho". Esto denota, a su juicio, que "no se están tomando las medidas adecuadas".

Fuente El Mundo

martes, febrero 26, 2008

32 personas asistieron a un taller sobre las relaciones de género celebrado en Valdediós (Gijón)




«Cambiar las relaciones de maltrato por las relaciones de buen trato». Este es el objetivo de la «terapia del reencuentro» que desarrolló Elena Fernández, enfermera del centro de salud de El Natahoyo, en Gijón, en un taller celebrado este fin de semana en la hospedería del monasterio de Valdediós, en el que han participado 32 personas. «Las relaciones de maltrato, con los demás y con uno mismo, generan enfermedades, que se manifiestan en diversas patologías, tanto físicas como emocionales», explicó.

Por eso, «el trabajo en grupos de hombres y mujeres, en el que se escuchan y comparten experiencias, es adecuado para cambiar las relaciones de poder y sumisión por relaciones de igualdad y para replantearse la vida».

En esta actividad, organizada por la Asociación de Hombres por el Bienestar y el Desarrollo Personal y una agrupación femenina hermana, se han analizado mitos y ritos antiguos para poner de relieve que «en nuestra cultura, no tenemos diosas, sólo vírgenes», lo que explica, en palabras de Fernández, que «las mujeres han asumido el rol de sufridoras».

Fuente: http://hombresporelbienestar.org

viernes, febrero 22, 2008

Taller de prevención de la violencia contra mujeres

El Ayuntamiento de Teruel y la Caja de Ahorros del Mediterráneo desarrollarán talleres de prevención sobre la violencia contra las mujeres dirigidos a escolares, profesionales, asociaciones y mujeres. La concejala Concepción Catalán señaló que en estos talleres participarán 250 alumnos de Secundaria y Bachillerato de distintos centros educativos. El responsable de la obra social de la entidad financiera, Salvador Palou, informó que estos talleres se desarrollan desde hace dos años en distintos puntos de la zona de actuación de la entidad y cuentan con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Fuente El Periódico de Aragón

El maltrato que nadie quiere juzgar

"Te voy a reventar la boca". "Aquí va a haber sangre". Son algunos de los mensajes que Laura (nombre ficticio) leyó antes de salir huyendo de Barcelona camino a Madrid, intentando escapar de su agresor con sus dos hijas. Ahora, y a pesar de que todos los juzgados coinciden en la gravedad de la situación, ninguno quiere resolver el procedimiento civil que tiene que determinar asuntos tan importantes como con quién quedan los hijos, el régimen de visitas a favor del padre o las pensiones de alimentos. La razón es una redacción de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que los jueces interpretan de forma diversa. Pero mientras los tribunales se ponen de acuerdo, nadie juzga el caso de Laura, que lleva un mes y medio de aquí para allá con sus hijas, de juzgado en juzgado, de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Madrid. En balde hasta el momento. Y no es un caso único. Este artículo legal está provocando más situaciones como ésta.

El problema están en un artículo ambiguo de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Laura pidió una orden de protección en Barcelona, que le fue concedida en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de esta ciudad. Se establecieron medidas cautelares penales -una orden de alejamiento- y civiles -se le otorgaba la custodia a la madre y se establecía un régimen de visitas a favor del padre muy restringido; dos horas al mes y en un punto de encuentro familiar, lo que indica, en principio, que había indicios importantes de violencia-. Las medidas civiles tienen una vigencia de un mes. Para que se prorroguen se debe presentar una demanda de separación, divorcio o de medidas paterno filiales cuando no están casados. Laura llegó a Madrid, puso el tema en manos de una abogada y presentaron la demanda en un juzgado de familia madrileño.

La juez señaló que no era competente para llevar el caso porque, según el artículo 19 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando hay maltrato quien debe resolver es el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Así que Laura volvió a Barcelona, al tribunal que había dictado la orden de protección. Pero éste dijo que tampoco podía hacer nada por ella. Que el expediente lo había trasladado a un juzgado de lo penal para que decidiera si había delito, y que el asunto ya no era suyo. Ni penal ni civilmente.

La situación actual se resume de la siguiente forma: nadie quiere resolver las medidas civiles del caso de Laura. Nadie quiere fijar con quién deben quedar las niñas, ni sus pensiones de alimentos, ni si debe haber visitas para el padre, ni cómo deben ser éstas si las hay.

"Hay un evidente problema con la aplicación de este artículo de la ley", señala Consuelo Abril, de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y abogada de Laura. "Los jueces no tienen claro quién es el competente en estos casos. El Tribunal Supremo y las audiencias provinciales dicen cosas distintas. Algunos juzgados de familia aceptan las demandas y otros no. Lo que da lugar a casos como éste en el que la justicia deja desamparada a una mujer que ha tenido que salir huyendo de su ciudad por el riesgo que corría". Abril pide a las autoridades que no miren para otro lado ante estos problemas y que los metan en la agenda de la campaña electoral. "Este año han muerto el doble de mujeres que en 2007 durante el mismo periodo y hay que solucionar lagunas como ésta".

Fuente El País

viernes, febrero 08, 2008

Justicia y Trabajo firman un protocolo para el intercambio de datos sobre violencia doméstica

El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y la secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, firmaron ayer, en la sede del Ministerio de Justicia, un Protocolo de actuación conjunta entre ambos Ministerios para la explotación estadística, estudio y análisis de datos disponibles en materia de violencia sobre la mujer.

Este Protocolo permitirá la cooperación en el acceso y desarrollo de dos instrumentos clave, como son el Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica (RCPV) y la Base de datos “Asklepios”, en que se recoge la información sobre la valoración integral y singularizada de las víctimas. Ambas herramientas, dependientes del Ministerio de Justicia, permiten combatir el problema de la violencia doméstica desde dos flancos complementarios: los datos judiciales, a partir del RCPV, y los datos sociales, familiares, económicos y biográficos (antecedentes), para la pertinente valoración de riesgos y medidas a tomar, en que consiste el sitema “Asklepios”.

A través del presente Protocolo, ambos Ministerios podrán mantener una cooperación más fluida para combatir el problema de la violencia doméstica y de género, pudiendo tener acceso la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de la Mujer a los datos estadísticos (aunque no los personales) disponibles.

En el Real Decreto de Mayo de 2007 se operó la última reforma del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, que perseguía permitir a nuevos organismos el acceso al mismo. En atención a la importante función estadística que la Delegación está llamada a cumplir por disposición del Plan Nacional de Sensibilización, ha sido el principio general de cooperación entre Ministerios el que ha llevado a celebrar este Protocolo de actuación. A través de éste, el Ministerio de Justicia pone a disposición de la Delegación Especial, cada cuatrimestre de los dos próximos años (con prórroga automática bianual), unos ficheros informáticos que contengan los datos sobre violencia, referidos en el anexo del Protocolo, y que son los pertenecientes a los dos instrumentos mencionadas.

Por un lado, los datos del RCPV, de carácter judicial (número de denunciados, órdenes de protección y medidas cautelares tanto las incluidas en éstas como las independientes de ellas, y con distinción entre las de violencia doméstica y las de violencia de género, renuncias de las víctimas, sentencias, delitos y faltas objeto de los procedimientos, penas y medidas de seguridad impuestas, condenas suspendidas y suspensiones revocadas, edad y nacionalidad de la víctima y su relación con el imputado). Y, en segundo lugar, los recogidos en la Base de Datos “Asklepios” (número de casos, relación doméstica, grado de desvalimiento de la víctima en su caso, concurrencia de agresión sexual, problemas o complejidad del caso, valoración de historia violenta, riesgo y medidas).

Se establece que, en todos aquellos datos que, de uno u otro origen, facilite el Ministerio de Justicia a la Delegación Especial se excluirá, no obstante, cualquier información que permita la identificación de los interesados.

Por su parte, el compromiso que a través de este Protocolo asume el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el de realizar la explotación estadística de información suministrada.

jueves, febrero 07, 2008

El Lute niega haber pegado y amenazado a su ex pareja

Eleuterio Sánchez, El Lute, volvió ayer al banquillo de los acusados. El famoso ex convicto que puso en jaque a las autoridades de los últimos años del franquismo se enfrenta ahora a una denuncia de su ex pareja, Carmen Cañavate. Le acusa de dos delitos de lesiones y uno de amenazas. El Lute, de 64 años, negó ayer ante el titular del Juzgado de lo Penal 3 de Sevilla haber golpeado y amenazado de muerte a su ex mujer.

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2006, cuando Eleuterio llegó a su casa y, según Cañavate, comenzó a insultarla, a recriminarle su supuesta infidelidad y la golpeó varias veces. "Primero me dio en los brazos y muy fuerte en las piernas", contó ella. "Después me golpeó con la mano abierta en la cabeza". Esa misma tarde, Cañavate abandonó el domicilio con sus dos hijos

Quince días más tarde, El Lute se enteró de que Cañavate estaba en Punta Umbría (Huelva) y se presentó. "Tenía conocimiento de que se entendía con un señor y quise presenciarlo con mis propios ojos", declaró.

El relato de lo que pasó cuando se encontraron difiere según lo cuente él o ella. El Lute asegura que vio venir a la mujer y a su acompañante "abrazados como niños", le pidió a él que se fuera y la agarró a ella "levísimamente" para que entraran en el coche a hablar "como adultos". Según su ex pareja, El Lute gritó al hombre que le acompañaba, la zarandeó a ella y le espetó: "Estás condenada a muerte".

El acompañante de Cañavate y actual pareja sentimental, Teodoro Leandres, confirmó el relato de la mujer, aunque tanto el fiscal como el abogado de El Lute advirtieron a ambos de que existían contradicciones entre lo que estaban declarando y lo que contaron en su día a la Guardia Civil.

Fuente El Mundo

¿Muerto por orden de alejamiento?

El último vestigio de Anselmo Martín sobre la Tierra es un BMW azul celeste de los años 80. Pura chatarra. Casi sin cristales. Un esqueleto. Está aparcado en la calle Braille, en el barrio Fuencarral de Madrid.

Una carrocería descascarillada, cuatro ruedas pinchadas y un vertedero en el interior: Un brick de vino peleón, otro de zumo de manzana, una lata de atún convertida en cenicero, un mendrugo de pan como una piedra y tres cartones a modo de mantas.

Así fue su última casa, y probablemente también su última cena. Anselmo, de 44 años y manco de la mano derecha, murió en la madrugada del miércoles en los calabozos del Complejo Policial de Moratalaz.

En sus últimas horas pasó por una orden de alejamiento de su mujer, dos noches durmiendo en el andrajoso coche, una patrulla policial que llega, su mujer que le denuncia otra vez, un dolor en el pecho, dos exámenes médicos que le certifican como sano, y una muerte por parada cardiaca en comisaría. EL MUNDO le cuenta la historia de su muerte. Comienza el martes.

* 16.00 horas.
Una patrulla de la Policía Nacional se presenta en la calle Braille, 4. Alguien les ha avisado de que alguien habita en un BMW matrícula M-3006-JC prácticamente desguazado. Efectivamente, Anselmo Martín duerme en esos monentos en el asiento de atrás. En el atestado, los agentes consignan que les da un papel: se trata de una orden de alejamiento dictada sólo dos días antes.
Parte trasera del coche de Anselmo.
Ampliar foto


* 16.10 horas.
Una mujer aparece gritando a los policías. Es la esposa de Anselmo, Pilar Martínez, de 38 años, que viene casi contando los metros. Desde su casa en Anastasia López hasta la chatarra de Anselmo no habrá ni 250 metros: Ni la mitad de los 500 a que obliga la orden de alejamiento. Pilar dice que no va hasta la comisaría a denunciar a Anselmo porque no tiene a quién dejar sus tres hijos de corta edad, pero que lo den por denunciado. Los agentes se disponen a llevarse al hombre, pero...

* 16.15 horas.
...Pero Anselmo dice que siente un "fuerte dolor en el pecho", por lo que se llama al Samur. La unidad llega rápidamente. El informe, al que ha tenido acceso este diario, dice: "Tórax estable. No fiebre. Buena coloración. Buena movilidad. Bien hidratado". Y así. Todo en orden. Pero, por si acaso, "se recomienda acudir al Hospital La Paz para valoración". La Policía se lleva a Anselmo. Bajo el BMW, el miércoles, aún quedaba un guante azul del Samur tirado bajo el parachoques.

Fuente El Mundo

viernes, enero 18, 2008

Eficacia de la Ley Integral contra la Violencia de Género según La Moncloa

Los datos oficiales demuestran que las tasas más altas de muertes por violencia de género correspondieron a 2003 y 2004 (3,3 muertas por millón de mujeres) y la más baja fue la de 2001 (2,4 muertas por millón de mujeres). La correspondiente a 2007 será inferior en todo caso a 3,2 muertas por millón de mujeres.

Durante el año 2007, el Gobierno destinó más de 212 millones de euros a la lucha contra la violencia de género. Esto supone un 50 por ciento más de lo previsto inicialmente, 141,5 millones de euros.

Para el ejercicio de 2008, la Ley de Presupuestos Generales del Estado incrementa esta cantidad hasta los 247,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 75,09 por ciento sobre el presupuesto inicial para 2007.

Durante estos 30 meses se han distribuido 26 millones de euros a las Comunidades Autónomas y 2,5 millones de euros a las Entidades Locales para su colaboración en la puesta en marcha de unos servicios sociales de calidad y homogéneos en todo el ámbito estatal.

Lo que ha cambiado con la Ley:

  • Desde que entró en vigor la Ley Integral se han concedido 90.242 órdenes de protección.
  • El número de medidas de protección en vigor, en la actualidad, es de 78.550.
  • Durante los últimos 30 meses las oficinas de empleo han registrado un total de 1.168 contratos bonificados para víctimas de violencia de género; el 27,7 por ciento de dichos contratos tenía carácter indefinido. Además, durante ese período se registraron 159 contratos de sustitución de víctimas de violencia de género.
  • La Renta Activa de Inserción la percibieron 10.657 mujeres en 2006 y 11.210 entre enero y agosto de 2007. La media mensual de mujeres víctimas de violencia perceptoras por este concepto fue de 4.935 en 2006 y de 6.579 en los ocho primeros meses de 2007.
  • 2.465 mujeres han recibido ayudas para cambiar de domicilio.
  • 167 mujeres se han beneficiado de las ayudas económicas previstas en la Ley Integral en los supuestos de difícil empleabilidad y con riesgo de exclusión social.
  • Se ha incrementado en un 418,7 por ciento el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos. En junio de 2005 había 16 y ahora ya hay 83.
  • Se han aumentado en un 150 por ciento el número de unidades forenses de valoración integral en el territorio, al menos una por provincia.
  • El número de efectivos de las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aumentado en un del 117,5 por ciento (en marzo de 2004 el total de efectivos ascendía a 505 y a finales de 2007 su número era de 1.614).
  • 12.987 mujeres han sido atendidas por el servicio de Teleasistencia Móvil. Se ha producido un aumento constante de las usuarias que a finales de 2007 era de 8.787, lo que representa un 55,2 por ciento de incremento respecto a las usuarias al finalizar diciembre de 2006.

miércoles, enero 09, 2008

Los jueces de Madrid impusieron en 2007 brazaletes a cuarenta y nueve maltratadores

El número de brazaletes impuestos en 2007 por orden judicial a condenados por delitos de violencia de género en la Comunidad de Madrid fue de 49, lo que supone 38 más que en 2006, primer año de funcionamiento de este sistema.

Según informó hoy el Gobierno regional, la inversión destinada a este dispositivo también se ha incrementado, por lo que pasará de 700.000 euros al millón de euros previstos para 2008.

El primero de estos brazaletes se implantó en un caso real a finales de marzo de 2006, y se creó un stock de 150 unidades.

Hasta la fecha se han implantado un total de 49, que han registrado hasta el momento "un 100 por ciento de eficacia", indica el Ejecutivo autonómico.

"La experiencia acumulada en todo este tiempo nos revela que esta iniciativa pionera ha sido un instrumento altamente eficaz para la prevención de la violencia de género, por dos razones fundamentales: la inmediata respuesta policial y la disuasión del presunto agresor", explicó el vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada.

Para el titular de Justicia del Gobierno regional, a través de la puesta en marcha de este dispositivo "se ha podido detectar de forma inmediata el incumplimiento de la medida de alejamiento impuesta judicialmente a un agresor y se ha conseguido lograr una mayor protección a la víctima, porque desde el mismo instante en que se activa la alarma se ponen en marcha los mecanismos urgentes para su seguridad".

Fuente Discapnet

viernes, enero 04, 2008

Aumentan las denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en el tercer trimestre de 2007

Durante el tercer trimestre del año 2007, se mantuvo la ligera tendencia al alza en el número de denuncias presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) presentada a lo largo de los tres primeros trimestres de este año, a partir de su cómputo a partir del 1 de enero de 2007: 32.372 denuncias en el tercer trimestre, frente a 31.789 del segundo y 29.277 del primero, lo que supone que la cifra negra de esta delincuencia, si bien muy poco a poco, va disminuyendo.

Esta es una de las conclusiones del informe trimestral elaborado por el Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género, y el Consejo General del Poder Judicial, que también destaca el mantenimiento de la denuncia de las víctimas, bien en dependencias policiales bien directamente en el Juzgado, como principal desencadenante de las actuaciones judiciales (25.073 sobre 32.372 denuncias, lo que supone un 77,45% de éstas). La intervención directa policial desencadena la actuación judicial en un 10% de casos y los partes de lesiones objetivados en centros médicos de primera asistencia en un 11%. No llegan a un 1% los casos derivados por otros servicios de asistencia y terceros en general.

Sin dejar de valorar como positivo que sea la víctima quien en la mayor parte de casos asuma poner en conocimiento de la autoridad judicial hechos con relevancia penal, el informe revela que los anteriores datos obligan a reflexionar sobre cómo activar con mayor eficacia los diferentes instrumentos existentes en la actualidad para detectar las situaciones de violencia que sufren las mujeres.

Asimismo, se mantiene la ratio de renuncias al proceso del trimestre anterior en relación al número de denuncias, ante los JVM. En estos dos trimestres, es del 10%, frente al 9% del primero. Esta actuación corresponde a la propia problemática de la violencia machista en este ámbito, que se ejecuta entre personas que tienen o han tenido relaciones de afecto. Por ello, no pudiéndose pedir a estas víctimas la misma coherencia en el proceso que a otras víctimas, cobra especial relevancia la efectividad de la asistencia integral que la ley contempla.

En el trimestre pasado, se celebraron un menor número de juicios de faltas en los JVM, lo que corresponde al escaso número de asuntos encuadrables como tales. Las faltas por violencia de género son residuales desde la Ley Integral, dado que el grueso de actos de violencia está conceptuado como delito.

Por otra parte, en los JVM, desciende ligeramente el número de sentencias absolutorias, que corresponden a juicios de faltas (1.178, en el primer trimestre, 1.209, en el segundo, y 870 en el tercero), al tiempo que se incrementan las sentencias condenatorias (3.636, 3.879 y 4.106, respectivamente). El total de sentencias dictadas por estos órganos en el tercer trimestre es de 4.976. Un 83% son condenatorias.

Según señala el informe, el porcentaje de Sobreseimientos Provisionales (SP) se mantiene en el tercer trimestre en el 45%, respecto a procedimientos terminados en ese período, porcentaje al que se había llegado en el segundo, frente al 41% del primero. Sin embargo, en números absolutos, en este trimestre se han acordado 9.520, mientras que en el segundo trimestre ascendieron a 10.773. Los restantes asuntos ingresados siguen investigándose o son remitidos al órgano correspondiente para el enjuiciamiento.

Este dato supone una tendencia al alza con respecto a las cifras de períodos anteriores. Ello pone de manifiesto, pudiendo corresponder en una gran parte de supuestos a la actuación procesal de la víctima (renuncia, negativa a ratificar, acogimiento a la dispensa de la obligación de declarar …), la necesidad de introducir las reformas necesarias para articular la derivación de los sobreseimientos provisionales (SP) a los Puntos de Coordinación de las Comunidades Autónomas, al objeto de que se garantice la asistencia social integral de las víctimas, que resulta ajena, en los términos previstos en la Ley integral, a la existencia de un proceso penal.

Fuente Consejo General de la Abogacía

Concentración de la FABZ contra la violencia de género

La Comisión de mujeres de la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha programado para el próximo martes día 8 de enero una concentración para "mostrar la solidaridad con las mujeres víctimas de malos tratos". El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza de España, frente al edificio de la Diputación Provincial. Esta iniciativa es la continuación del conjunto de manifestaciones que la comisión viene realizando y que seguirá durante el 2008. Según explicó la FABZ "la comisión de mujeres espera que los habitantes de Zaragoza avancen en la erradicación de la violencia contra las mujeres y asuman la responsabilidad conjunta con el objetivo de eliminar actitudes basadas en la relación víctima-agresor en relaciones de género". En el 2007 más de 80 mujeres fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas por actos de violencia de género en España.

Fuente El Periódico de Aragón

martes, enero 01, 2008

Las comisarías de Aragón registraron 1.383 denuncias por violencia machista en los 10 primeros meses del año

Las comisarías de policías registraron un total de 53.389 denuncias por violencia machista entre enero y octubre de este año (176 denuncias al día), lo que representa un incremento del 0,8 por ciento frente a las 52.939 presentadas en el mismo periodo del año anterior, según el último balance publicado por el Instituto de la Mujer. En el caso de Aragón, se registraron 1.383 denuncias por este motivo.

En los meses de septiembre y octubre, los dos últimos de la estadística oficial, el balance de denuncias fue negativo, dado que se registraron 400 menos que en el mismo periodo de 2006. En el mes de mayo también descendieron las denuncias, concretamente se registraron 5.314, frente a las 5.453 del año anterior.

Por otro lado, de las más de 53.000 denuncias registradas en este balance oficial, un 33 por ciento (17.694) se formularon por arte de mujeres de origen extranjero.

Por comunidades autónomas, Andalucía (12.537 denuncias), Madrid (9.008) y la Comunidad Valenciana (7.901) fueron las que registraron un mayor número de denuncias por malos tratos, en los primeros 10 meses del presente año.

En el resto de las autonomías, los datos son los siguientes: Aragón (1.383), Asturias (1.226), Baleares (2.218), Canarias (4.429), Cantabria (510), Castilla-La Mancha (2.443), Castilla y León (2.316), Extremadura (1.003), Galicia (2.698), Murcia (2.384), Navarra (307), La Rioja (321), Ceuta (158) y Melilla (165).

En lo que se refiere al País Vasco (11 denuncias) y Cataluña (2.371), el Instituto de la mujer sólo dispone de las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuente El Periódico de Aragón

viernes, diciembre 28, 2007

El CGPJ apoya escolta privada para mujeres maltratadas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ve inconveniente en que las mujeres víctimas de violencia de género pudieran tener un escolta privado cuando el caso, "de forma excepcional", así lo requiera. Algo parecido a lo que ocurre con algunos colectivos que son víctimas potenciales del terrorismo. Así se aprobó ayer en la comisión permanente del Consejo, una decisión pendiente de ratificarse ahora en el Pleno.

Una visión similar tiene del asunto la viceconsejería de Seguridad del Gobierno Vasco, una comunidad donde 30 mujeres han obtenido ya protección privada.

La Asociación Española de Escoltas planteó al Ministerio de Interior la posibilidad de extender la protección privada a las víctimas de violencia de género que necesiten protección. Y el asunto se trató en la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, a la que pertenecen los ministerios de Justicia e Interior, las consejerías con competencias policiales y el Consejo General del Poder Judicial.

Enrique López, portavoz del CGPJ, explicó ayer que la propuesta del organismo es "muy abierta".

Fuente El País

jueves, diciembre 27, 2007

Cada día se denuncian más de 4 agresiones a mujeres en Aragón

Entre los meses de enero y octubre de este año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tramitaron 1.383 denuncias por delitos de violencia de género en Aragón, según el último balance publicado por el Instituto de la Mujer, con una media diaria de 4,6. Los casos conocidos en España durante este periodo de tiempo ascendieron a un total de 52.939, aunque los datos de Cataluña y el País Vasco son incompletos.

Según la institución, las estadísticas muestran una tendencia al estancamiento en las cifras de estos delitos en el ámbito nacional, donde solo han crecido un 0,8% respecto al mismo periodo del 2006, tras cuatro años de fuertes incrementos.

Sin embargo, las cifras de los primeros diez meses del año en la comunidad aragonesa reflejan un mayor incremento de denuncias que en el resto del país, ya que superaría el 12% de seguir la actual progresión. Según el propio Instituto de la Mujer, en el 2006 se presentaron un total de 1.469 denuncias.

Por otra parte, los denuncias de varones víctimas de violencia de género en Aragón se mantuvieron en los meses estudiados en los mismos niveles que en años anteriores. El balance hasta el pasado mes de octubre arroja un total de 230 casos conocidos, frente a los 255 que se registraron en todo el 2006.

El balance hecho público por el instituto revela que alrededor de un tercio de las víctimas de estos delitos (17.694) son mujeres extranjeras afincadas en España. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la gravedad de las agresiones a este colectivo aún es mayor, ya que el 44% de las mujeres asesinadas este año por sus parejas eran inmigrantes.

Por comunidades autónomas, Andalucía (12.357 denuncias), Madrid (9.008) y Valencia (7.901) reúnen más de la mitad de los casos conocidos. Por el contrario, las regiones con menos delitos denunciados son Navarra (307), La Rioja (321), Cantabria (510), Extremadura (1.003) y Asturias (1.226).

Con cifras superiores de las de Aragón se encuentran Baleares (2.218), Castilla y León (2.316), Murcia (2.384), Castilla--La Mancha (2.443), Galicia (2.698) y Canarias (4.429).

Fuente El Periódico de Aragón