Diversas asociaciones de mujeres han tachado a profesionales de la Justicia de "irresponsables" por acusar a las mujeres de presentar denuncias falsas y por "boicotear en demasiados juzgados" la Ley contra la Violencia de Género, que no se está aplicando "en toda su extensión".
Las duras declaraciones de la Red Feminista contra la Violencia de Género y el resto de asociaciones de mujeres ham provocado la rápida respuesta de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, que afirmó que "culpabilizar a los jueces y al CGPJ de las muertes violentas de mujeres es una absoluta irresponsabilidad". Comas defendió el papel que están desempañando los nuevos juzgados de violencia contra la mujer: "Esta especialización es eficaz y protectora".
"Es una absoluta irresponsabilidad de algunos operadores jurídicos, algunos con responsabilidades en el Poder Judicial, en decanatos o que son abogados que presiden asociaciones de abogados de familia que pongan como único problema de la violencia de género las denuncias falsas", ha destacado la representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha añadido: "Se acabó señorías de que se siga convirtiendo a las mujeres en víctimas de un maltrato institucional". Además, ha recordado a los jueces que el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es "terrorismo de género".
Tras la muerte de cuatro mujeres víctimas de violencia machista, las principales asociaciones de mujeres - Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Red Feminista, entre otras- han manifestado en una rueda de prensa su "más absoluta repulsa y condena" a lo sucedido.
En opinión de Jaime de Pablo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género "en la que tantas esperanzas habíamos puesto está fallando", entre otras razones porque muchos titulares jurídicos no tienen la formación específica "porque la ley no lo exige".
Jaime de Pablo también considera que está fallando el auxilio de la administración de Justicia y el asesoramiento a las mujeres víctimas de maltrato.
La presidenta del Observatorio ha calificado de "infundada, irresponsable y falsa" estas opiniones. Comas precisó que desde los juzgados especializados se han acordado 84.000 órdenes de protección acordadas y se han juzgado 62.000 causas en dos años, que han concluido en sentencias condenatorias en un 70% de los casos (50.000 condenados).
Por su parte, Pérez del Campo ha acusado a los operadores jurídicos de "boicotear" la ley cuando se interroga a las víctimas "como si fueran culpables", de obligarlas a declarar cuando no están en condiciones psicológicas de hacerlo y de cuestionar las agresiones físicas cuando una mujer denuncia a su agresor.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres progresistas, Yolanda Besteiro, estas acciones se convierten en muchos casos en elementos disuasorios para que las víctimas no denuncien junto al aislamiento y situación de debilidad que las mujeres maltratas sufren.
Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia de Género ha exigido que "de una vez por todas se actúe con firmeza" y que se destinen los recursos necesarios para que se cumpla la ley. Ha acusado al PP de eludir su responsabilidad en esta materia al no invertir y devolver los presupuestos asignados a la Comunidad de Madrid para luchar contra la violencia machista.
Fuente El Mundo
Las duras declaraciones de la Red Feminista contra la Violencia de Género y el resto de asociaciones de mujeres ham provocado la rápida respuesta de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, que afirmó que "culpabilizar a los jueces y al CGPJ de las muertes violentas de mujeres es una absoluta irresponsabilidad". Comas defendió el papel que están desempañando los nuevos juzgados de violencia contra la mujer: "Esta especialización es eficaz y protectora".
"Es una absoluta irresponsabilidad de algunos operadores jurídicos, algunos con responsabilidades en el Poder Judicial, en decanatos o que son abogados que presiden asociaciones de abogados de familia que pongan como único problema de la violencia de género las denuncias falsas", ha destacado la representante de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, ha añadido: "Se acabó señorías de que se siga convirtiendo a las mujeres en víctimas de un maltrato institucional". Además, ha recordado a los jueces que el asesinato de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas es "terrorismo de género".
Tras la muerte de cuatro mujeres víctimas de violencia machista, las principales asociaciones de mujeres - Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis y Red Feminista, entre otras- han manifestado en una rueda de prensa su "más absoluta repulsa y condena" a lo sucedido.
En opinión de Jaime de Pablo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género "en la que tantas esperanzas habíamos puesto está fallando", entre otras razones porque muchos titulares jurídicos no tienen la formación específica "porque la ley no lo exige".
Jaime de Pablo también considera que está fallando el auxilio de la administración de Justicia y el asesoramiento a las mujeres víctimas de maltrato.
La presidenta del Observatorio ha calificado de "infundada, irresponsable y falsa" estas opiniones. Comas precisó que desde los juzgados especializados se han acordado 84.000 órdenes de protección acordadas y se han juzgado 62.000 causas en dos años, que han concluido en sentencias condenatorias en un 70% de los casos (50.000 condenados).
Por su parte, Pérez del Campo ha acusado a los operadores jurídicos de "boicotear" la ley cuando se interroga a las víctimas "como si fueran culpables", de obligarlas a declarar cuando no están en condiciones psicológicas de hacerlo y de cuestionar las agresiones físicas cuando una mujer denuncia a su agresor.
Para la presidenta de la Federación de Mujeres progresistas, Yolanda Besteiro, estas acciones se convierten en muchos casos en elementos disuasorios para que las víctimas no denuncien junto al aislamiento y situación de debilidad que las mujeres maltratas sufren.
Por su parte, el Foro de Madrid contra la Violencia de Género ha exigido que "de una vez por todas se actúe con firmeza" y que se destinen los recursos necesarios para que se cumpla la ley. Ha acusado al PP de eludir su responsabilidad en esta materia al no invertir y devolver los presupuestos asignados a la Comunidad de Madrid para luchar contra la violencia machista.
Fuente El Mundo
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