Los jueces se sienten entre la espada y la pared. Ante los maltratadores con penas leves sólo tienen dos opciones: o enviarles a la cárcel o condenarlos a terapias de reinserción de dudosa eficacia. Tres años después de la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, Instituciones Penitenciarias apenas ha implantado cursos de rehabilitación y los que existen, según los expertos, no cumplen los mínimos para alcanzar el objetivo para el que fueron creados. Así que las miles de condenas por delitos machistas leves que se sustituyen cada año por un programa de rehabilitación -6.000 en 2008-, no siempre pueden cumplirse. Estas sentencias son la mayoría por violencia machista. Se trata de casos de agresores sin antecedentes y con condenas inferiores a dos años.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que durante los tres últimos años se ha quejado de la escasez de estos tratamientos, sigue lanzando críticas. "Es necesario implantarlos de forma generalizada, porque aún hay muchos lugares donde no se pueden hacer esos programas de reinserción", afirma la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género de los jueces, Inmaculada Montalbán. Así lo ven también todos los expertos consultados. Entre ellos, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, pionero en implantar estos programas, antes incluso de que se aprobara la ley integral. "En algunos casos lo están haciendo las comunidades, pero hace falta un coordinador provincial y nosotros proponemos que sean los presidentes de Audiencia. Si eso no se coordina, no funciona", afirma. "Y debe existir un modelo homologado para todos".
El presidente de la Sociedad Española de Psicología de la Violencia, Andrés Montero, asegura también que la cobertura en España de estos programas es "floja". "Y el problema es que algunos cursos que se imparten no se ajustan a un criterio único y uniforme, que todos los programas de intervención con maltratadores deberían reconocer. Todo depende mucho de las comunidades, porque Instituciones Penitenciarias ha firmado convenios con ellas y éstas, a su vez, con universidades y otras instituciones. Y hay un problema aún mayor, que es la descoordinación entre los programas que se imparten en las cárceles, éstos sí, más extendidos, y los que hay en la calle para las sustituciones de penas. Los ingredientes terapéuticos no son los mismos. Así que, puede haber muchos cursos, pero no se trata de que haya cursos, sino programas serios de intervención con maltratadores".
Y experiencias serias, todos coinciden en que hay apenas un puñado: en Alicante, bajo la batuta de Vicente Magro, en colaboración con Instituciones Penitenciarias. El propio Ministerio de Interior le ha solicitado información sobre su programa; en Cataluña, en el País Vasco y Galicia.
Instituciones Penitenciarias ha formado a 50 psicólogos que trabajan en estas terapias junto a 95 trabajadores sociales. En otros casos, reconocen, se han suscrito convenios de colaboración con Gobiernos regionales, colegios de psicólogos, universidades y ONG.
En el Ministerio de Igualdad se está formando ahora un grupo de personas para diseñar un programa de reeducación que sirva de modelo para todos. El delegado contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, entiende que "es una medida de protección más para las víctimas. Por un lado, mientras están cumpliendo estos cursos están controlados, algo que ya aleja el peligro, pero es que además, es una medida de prevención sobre el futuro, porque no debe ocurrir que lo que hicieron con una mujer lo repitan con otras", afirma.
Pero aún son muchos los colectivos feministas que no creen en que la reinserción sea posible. Y no son pocas las críticas a Igualdad por haber dedicado en los Presupuestos para 2009 tres millones de euros para reeducación de agresores, sólo uno menos que para ayuda a las víctimas.
Fuente El País
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