Un juzgado colapsado, falta de medios, funcionarios suplentes que no saben ni lo que es una providencia, una psicóloga judicial con récord de quejas que afirma que no hay malos tratos y que recomienda a la mujer maltratada que "supere su conflictividad de pareja", un juez que no responde a escritos desesperados de la víctima y que cree que no es necesario pedir un informe psiquiátrico de un imputado con intentos de suicidio.
El fiscal pidió el archivo de la causa seis meses antes del crimen
Y, finalmente, un fiscal que pide el sobreseimiento de la causa. Ni el juez ni la psicóloga ni el fiscal creyeron a Sylvina Bassani, asesinada a tiros el pasado 10 de abril en Alovera (Guadalajara) junto a su pareja por su ex marido, el sargento Javier Lacasa. Un cúmulo de negligencias, despropósitos, dejadez y problemas estructurales de la administración de justicia desembocaron en el doble crimen machista, según se desprende de un informe elaborado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
El juez no consideró necesario escuchar la declaración de Sylvina, como ella pedía, después de varios incumplimientos de la orden de alejamiento. El doble crimen machista se produjo a pesar de que la víctima había encendido todas las alarmas. A pesar de que eran muchas las luces rojas que alertaban de que el asesino era una persona peligrosa. Pero nadie quiso enterarse o investigarlo en profundidad.
El informe de la Inspección propone que se abran diligencias informativas; que se investigue lo ocurrido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -encargado de la violencia machista- por el que pasaron cuatro jueces durante la tramitación del caso de Sylvina. En cuanto a la actuación de la psicóloga y del fiscal, deben ser la Consejería madrileña de Justicia (para quien trabaja la psicóloga) y la Fiscalía quienes inicien las investigaciones sobre la parte que les toca.
La primera denuncia de la víctima es de 29 de abril de 2005, pero ella se retractó de su declaración y se archivó el caso. El 1 de septiembre de 2006 volvió a pedir ayuda. Esta vez, al día siguiente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrejón -de guardia- dictó una orden de protección con orden de alejamiento hacia ella y hacia el hijo de ambos, y la obligación de entregar las armas de que dispusiera el imputado, sargento del Ejército. Se prohibieron las visitas entre padre e hijo.
Javier Lacasa, según consta en el atestado de la Guardia Civil, que realizó el 2 de septiembre una inspección ocular de su coche, había intentado suicidarse por asfixia, conectando el tubo de escape al interior de su vehículo. Y, estando en dependencias policiales, dijo que lo iba a volver a intentar y se apretó el cuello con las manos. Estos eran los antecedentes de quien después fue descrito como una persona normal por una psicóloga del juzgado. En el procedimiento penal no se le hizo ningún peritaje psiquiátrico a pesar de que fue solicitado por la víctima. Sólo consta un informe psicosocial emitido por un trabajador social y por una psicóloga con récord de quejas en su colegio profesional.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, encargado de la Violencia sobre la Mujer, abrió unas diligencias previas el 4 de septiembre de 2006. Ese órgano llevaba también el procedimiento de divorcio. A partir de ese momento, los escritos de los abogados de Sylvina Bassani fueron constantes, muchos de ellos informando de la vulneración de la orden de alejamiento. El 25 de septiembre ya se comunican al juzgado unas primeras llamadas telefónicas de Lacasa.
En noviembre de 2006 declararon dos testigos señalando que Sylvina les había llamado en una ocasión muerta de miedo porque Lacasa había enfurecido debido a que ella debía viajar a Boston a un congreso -la víctima era doctora en microbiología-. Cuando fueron a su domicilio vieron una cómoda rota y decidieron acogerla en su casa. Ante la psicóloga que determinó que él era una persona normal y no un maltratador, Lacasa reconoció que ese día, por el viaje, había enfurecido y tirado al suelo una televisión.
El informe de la Inspección acredita que los abogados presentaron en la causa penal 28 escritos. Los jueces los fueron contestando -en algunos casos dos o tres meses después y no siempre respondiendo a todas las peticiones- hasta el 2 de agosto de 2007. Desde entonces y hasta el 8 de abril de 2008 (ocho meses), silencio absoluto: el juzgado no vuelve a responder a ningún requerimiento del abogado. En total se presentaron ocho escritos durante este periodo, que han aparecido grapados al procedimiento y que no fueron estudiados por el juez.
Una de las cuestiones que los abogados pidieron en reiteradas ocasiones fue que se celebrara la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que se celebra para pedir el ingreso en prisión del imputado. El letrado la pedía ante la vulneración continuada de la orden de alejamiento. Algunas de estas peticiones ni siquiera fueron respondidas por el juez. Tampoco se contestó a la petición de que se solicitara al Ministerio de Defensa que impidiera al agresor acceder a las armas.
El fiscal pidió el sobreseimiento del caso en noviembre de 2007 sin dar crédito a las acusaciones de la víctima. Tampoco creyó necesario pedir más pruebas. Pero esta petición de archivo no fue notificada a la víctima: a día de hoy, el abogado de Sylvina no tiene constancia de ella.
Fuente El País
1 comentario:
Para muestra basta un botón.
Resulta urgentísimo, desde todo punto de vista, la inmediata reforma de la Administración de Justicia.
Yo ya he escrito algunos post en mi blog, tratando de ser altavoz de esta necesidad imperiosa.
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