Aunque no de forma absoluta, los cinco fiscales especializados en Galicia en la lucha contra la violencia doméstica dudan de la conveniencia de que los juicios rápidos sean el procedimiento para enjuiciar los casos que se presentan bajo la tipificación de violencia contra la mujer.
Así lo hacen constar en una de las conclusiones a las que han llegado tras la reunión mantenida ayer en La Coruña, bajo la presidencia del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Carlos Varela García.
Los fiscales afirman que es necesario «ponderar» los casos que deben ir por juicio rápido y aquellos otros que conviene derivarlos hacia una investigación más detenida en el ámbito de unas diligencias previas. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal jefe manifestó que en muchos casos no era aconsejable el juicio rápido porque se necesitaba indagar más, y estimó la necesidad de establecer en qué tipo de asuntos era conveniente este nuevo procedimiento.
Informe previo
Otras de las conclusiones a las que han llegado los fiscales especializados en violencia doméstica fue la conveniencia de que, una vez presentada la denuncia, se realice un informe previo sobre el historial de la víctima de carácter técnico-facultativo, por un equipo psicosocial que puede prestar asistencia a la víctima y proporcionar datos al juez y al fiscal para que puedan adoptar las medidas necesarias. También serviría para acreditar la situación objetiva de riesgo que da lugar a la orden de protección. En relación con este último punto, el fiscal jefe reconoció que existe un «déficit policial» para poder cumplir con las órdenes de protección ordenadas por los jueces.
Sin embargo, Carlos Varela afirmó: «Nos encontramos ante una situación en la que nunca estuvimos, con una cobertura legal tan completa». Consideró la nueva ley «una herramienta legal importante, porque establece un estatuto de protección integral para la víctima, incluso con la posibilidad de que reciba un salario».
Los fiscales también apostaron por dar prioridad a la implantación de los medios de control o vigilancia electrónica de los maltratadores que permite el Código Penal (las llamadas pulseras), que en Galicia todavía no se han utilizado en ningún caso.
En sus conclusiones, los fiscales también consideran prioritario la creación de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en Vigo y en La Coruña, donde se producen un importante número de denuncias. Recordaron que, en este momento, la competencia está asignada a un determinado juzgado que tiene que soportar, además, el resto de asuntos de otra índole.
También abogaron por que se establezcan de forma efectiva por la administración penitenciaria los programas de reeducación específicos de maltratadores para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia doméstica.
Fuente La Voz de Galicia
Así lo hacen constar en una de las conclusiones a las que han llegado tras la reunión mantenida ayer en La Coruña, bajo la presidencia del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Carlos Varela García.
Los fiscales afirman que es necesario «ponderar» los casos que deben ir por juicio rápido y aquellos otros que conviene derivarlos hacia una investigación más detenida en el ámbito de unas diligencias previas. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el fiscal jefe manifestó que en muchos casos no era aconsejable el juicio rápido porque se necesitaba indagar más, y estimó la necesidad de establecer en qué tipo de asuntos era conveniente este nuevo procedimiento.
Informe previo
Otras de las conclusiones a las que han llegado los fiscales especializados en violencia doméstica fue la conveniencia de que, una vez presentada la denuncia, se realice un informe previo sobre el historial de la víctima de carácter técnico-facultativo, por un equipo psicosocial que puede prestar asistencia a la víctima y proporcionar datos al juez y al fiscal para que puedan adoptar las medidas necesarias. También serviría para acreditar la situación objetiva de riesgo que da lugar a la orden de protección. En relación con este último punto, el fiscal jefe reconoció que existe un «déficit policial» para poder cumplir con las órdenes de protección ordenadas por los jueces.
Sin embargo, Carlos Varela afirmó: «Nos encontramos ante una situación en la que nunca estuvimos, con una cobertura legal tan completa». Consideró la nueva ley «una herramienta legal importante, porque establece un estatuto de protección integral para la víctima, incluso con la posibilidad de que reciba un salario».
Los fiscales también apostaron por dar prioridad a la implantación de los medios de control o vigilancia electrónica de los maltratadores que permite el Código Penal (las llamadas pulseras), que en Galicia todavía no se han utilizado en ningún caso.
En sus conclusiones, los fiscales también consideran prioritario la creación de juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer en Vigo y en La Coruña, donde se producen un importante número de denuncias. Recordaron que, en este momento, la competencia está asignada a un determinado juzgado que tiene que soportar, además, el resto de asuntos de otra índole.
También abogaron por que se establezcan de forma efectiva por la administración penitenciaria los programas de reeducación específicos de maltratadores para los internos condenados por delitos relacionados con la violencia doméstica.
Fuente La Voz de Galicia
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