martes, noviembre 22, 2005

Sobre la marcha de la Ley de Protección Integral

Los nuevos juzgados especializados en violencia sobre la mujer (más de 430, de los que 19 se dedican sólo a ello) y el agravamiento penal (mayor castigo para los hombres que para las mujeres que maltraten a su pareja) entraron en vigor el pasado 29 de junio, seis meses después que el resto de las iniciativas de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. "Gracias a ellos ha acabado la dispersión judicial y la descoordinación entre la causa civil y la penal", afirma Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos juzgados se encargan tanto de la denuncia por maltrato como de una eventual separación matrimonial de la agredida.


- Exceso de trabajo judicial.

La sobrecarga de trabajo de buena parte de los juzgados de violencia ha provocado que el Ministerio de Justicia proyecte crear 18 juzgados exclusivos más en 2006. Respecto a los demás, que atienden también otras causas, ha pedido al CGPJ que se reparta mejor su carga de trabajo para que la atención a los asuntos de violencia deje de provocar retrasos en la celebración de los juicios previstos. El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, aseguró ayer que el gran volumen de trabajo de algunos juzgados de violencia puede deberse al "efecto llamada" que ha tenido la creación de nuevos medios de protección a las víctimas. También actúa ya una superfiscal contra la violencia y medio centenar de fiscales especializados.

- Más policías.

Un total de 1.120 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil atienden y/o protegen a las mujeres víctimas de la violencia machista, según la Delegada del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarnación Orozco. En enero pasado, se encargaban de esta labor 720 agentes, según Interior. Los sindicatos rebajaban la cifra a 354.

- 2.034 mujeres con teleasistencia.

El sistema de teleasistencia para maltratadas, previsto antes de que se aprobara la ley integral, cuenta con 2.034 beneficiarias, según Orozco. Son mujeres con orden de protección que disponen de un teléfono para advertir de cualquier peligro y recibir apoyo psicológico.

- Rehabilitación pendiente.

Aunque la ley permite en algunos casos castigar a los maltratadores con trabajos en beneficio de la comunidad, aún no se han desarrollado los criterios para establecer las tareas, lamenta Comas. Por otra parte, la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género pide al Gobierno que homologue las terapias rehabilitadoras que pueden seguir algunos agresores para evitar la cárcel.

Fuente El País

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