Leido en El País
Salvador Alba Mesa, titular del juzgado número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los jueces que ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Este miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora), de 35 años, considera que las penas más graves para los hombres que para las mujeres en el maltrato de pareja que contiene esa norma vulneran la Constitución. También prepara otra cuestión sobre los juzgados de violencia sobre la mujer. Reclama "más medios financieros para las Fuerzas de Seguridad del Estado y un Código Penal más duro con los agresores" para evitar más muertes.
Pregunta. ¿Por qué cuestiona que se castigue más a los hombres que a las mujeres que maltraten a su pareja?
Respuesta. La ley establece una clara discriminación penal en contra del hombre y a favor de la mujer. Yo creo que eso es inconstitucional y que no se sustenta jurídicamente. Se castiga más o menos según el sexo del agresor y de la víctima, y no según la gravedad del delito, que, a mi juicio, es igual lo cometa quien lo cometa. Por eso, creo que esta ley viola el artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
P. El argumento para sancionar más a los hombres es que casi siempre son ellos los agresores y las mujeres, las víctimas. Con ese agravamiento se busca disuadir.
R. El delito es el mismo, independientemente de quién sea su autor. Por ejemplo, el legislador, muy acertadamente, no distingue en materia terrorista si un acto lo comete ETA o una banda islámica radical.
P. ¿Cómo se debe luchar entonces contra la violencia?
R. Lo que nos exige la sociedad es endurecer la pena contra los maltratadores independientemente de su sexo, que tengan tanto miedo a las consecuencias penales que se lo piensen más de una vez antes de atacar a su pareja. Si se quería combatir de verdad los malos tratos en el ámbito familiar había que ser mucho más contundentes en las penas a los agresores, mucho más eficaces en la protección a las víctimas y ofrecer suficientes garantías que impidan que un agresor pueda acercarse a su víctima cada vez que le plazca pese a tener orden de alejamiento. Ésas son las reformas que necesita nuestra sociedad, pero falta presupuesto. Si no se dota de suficientes medios a las Fuerzas de Seguridad del Estado, no existirán suficientes garantías de protección a las víctimas y una orden de alejamiento queda en papel mojado.
P. ¿Por qué le parecen escasas las penas actuales?
R. La pena máxima por una agresión grave es de cinco años. Una lesión leve a veces se castiga con menos de seis meses. Esa infracción leve y la pena tan baja, muchas veces, ha llevado a una muerte. La reforma de la ley no responde con dureza al agresor. Reclamo una reforma contundente del Código Penal, con penas más duras.
P. ¿Cómo afrontan los jueces los casos de maltrato?
R. La ley nos ata las manos. Nos obliga a condenar a los agresores con penas irrisorias mientras la víctima sigue sufriendo una enorme presión psicológica, y a veces también maltrato físico. Según mi experiencia, más del 50% de las mujeres que denuncian se desdicen cuando llega el juicio. Prefieren quedar como protagonistas de un falso testimonio a que su pareja ingrese en la cárcel.
P. ¿Por qué reaccionan así?
R. Puede ser porque estén atenazadas por el miedo o que en el calor de una discusión fuerte las cosas se vean de forma distinta.
P. ¿En qué basará su futura cuestión respecto a los juzgados de violencia sobre la mujer?
R. La Constitución Española prohíbe los tribunales de excepción. A mi juicio, los juzgados de violencia son tribunales de excepción y además vacían de contenido a los juzgados de familia. Lo que aún me parece mucho más grave es que sólo atienden los asuntos en los que el agresor es hombre y la víctima es mujer.
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