La Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Parlamento en diciembre de 2004, ha demostrado ser un buen instrumento para combatir la violencia contra la mujer, así como un gran avance en la ayuda y la asistencia a las víctimas de esta lacra social.
Esta es la principal de las conclusiones del II Congreso de Violencia Doméstica y de Género que durante dos días reunió a 300 expertos, y que fueron leídas por la presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas. Según Comas, los resultados obtenidos hasta la fecha por los 17 juzgados de violencia contra la mujer, creados a partir del 29 de junio de 2005, así como la asignación de esta materia a 419 juzgados mixtos en toda España, a pesar de sus carencias, «han demostrado que a las víctimas se les está dando una respuesta judicial más eficaz».
Añadió que las administraciones públicas competentes han confirmado su compromiso social y político en la lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres, «asignando nuevos recursos humanos y materiales, creando nuevos juzgados y haciendo hincapié especial en la ayuda y asistencia a las víctimas».
El debate social y jurídico en el Congreso entre jueces, fiscales, secretarios, médicos, forenses, abogados, personal de Instituciones Penitenciarias, organismos de igualdad de las comunidades autónomas y asociaciones de mujeres, ha sido «de una gran utilidad para intercambiar opiniones, experiencias con la finalidad de evaluar el trabajo de las instituciones en la aplicación de la Ley».
Comas añadió que la coordinación de las actuaciones de todos los convocantes -CGPJ, ministerios de Justicia y Trabajo, Fiscalía General del Estado y Junta de Andalucía, en representación de las comunidades con competencias en materia de Justicia- ha sido clave para el éxito del congreso y, fundamentalmente, «para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género hasta conseguir su plena erradicación».
En la clausura del congreso también participó la fiscal de Sala delegada contra la violencia de género, Soledad Cazorla, que subrayó que todos los implicados en la lucha contra esta lacra social deben ser «constantes y tenaces» en su esfuerzo porque «se lo ha impuesto la sociedad», y añadió que hay que dar tiempo a la Ley Integral porque «no podemos solucionar todo de un golpe, y menos en seis meses».
Esta es la principal de las conclusiones del II Congreso de Violencia Doméstica y de Género que durante dos días reunió a 300 expertos, y que fueron leídas por la presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas. Según Comas, los resultados obtenidos hasta la fecha por los 17 juzgados de violencia contra la mujer, creados a partir del 29 de junio de 2005, así como la asignación de esta materia a 419 juzgados mixtos en toda España, a pesar de sus carencias, «han demostrado que a las víctimas se les está dando una respuesta judicial más eficaz».
Añadió que las administraciones públicas competentes han confirmado su compromiso social y político en la lucha contra este tipo de violencia contra las mujeres, «asignando nuevos recursos humanos y materiales, creando nuevos juzgados y haciendo hincapié especial en la ayuda y asistencia a las víctimas».
El debate social y jurídico en el Congreso entre jueces, fiscales, secretarios, médicos, forenses, abogados, personal de Instituciones Penitenciarias, organismos de igualdad de las comunidades autónomas y asociaciones de mujeres, ha sido «de una gran utilidad para intercambiar opiniones, experiencias con la finalidad de evaluar el trabajo de las instituciones en la aplicación de la Ley».
Comas añadió que la coordinación de las actuaciones de todos los convocantes -CGPJ, ministerios de Justicia y Trabajo, Fiscalía General del Estado y Junta de Andalucía, en representación de las comunidades con competencias en materia de Justicia- ha sido clave para el éxito del congreso y, fundamentalmente, «para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género hasta conseguir su plena erradicación».
En la clausura del congreso también participó la fiscal de Sala delegada contra la violencia de género, Soledad Cazorla, que subrayó que todos los implicados en la lucha contra esta lacra social deben ser «constantes y tenaces» en su esfuerzo porque «se lo ha impuesto la sociedad», y añadió que hay que dar tiempo a la Ley Integral porque «no podemos solucionar todo de un golpe, y menos en seis meses».
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