La Fiscalía General del Estado rechaza que el agravamiento de las penas por violencia doméstica cuando el agresor es el hombre vulnere el derecho a la igualdad, por lo que ha pedido al Tribunal Constitucional que no admita a trámite la cuestión planteada el pasado verano por una juez de Murcia. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, señala en un extenso informe que la protección de la mujer ante los actos de maltrato requiere la adopción de "medidas distintas" de las que se han de adoptar para proteger "en general" a las víctimas, y la "brutal magnitud delincuencial" del fenómeno afecta al derecho a la igualdad de las víctimas. Añade que la respuesta punitiva puede adaptarse a cada caso.
Las alegaciones del fiscal general del Estado dan respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de Murcia María Poza en julio pasado, cuando dejó en suspenso un proceso contra un marido que agredió a su esposa en el curso de una disputa por el uso del coche familiar. En una primera ocasión el hombre "sujetó fuertemente de las orejas a su esposa", que curó con una primera asistencia, sin necesidad de tratamiento médico ulterior.
El ministerio fiscal pidió para el marido 22 meses de prisión y la juez dejó en suspenso la sentencia para consultar al Constitucional si la diferencia de penas (según el agresor sea hombre o mujer), vulneraba el derecho a la igualdad. La diferencia de condenas implica que la prisión mínima sería de nueve meses para el hombre, y de siete meses y medio en el caso de que la agresora hubiera sido la mujer.
El artículo cuestionado, el 153.1 del Código Penal, establece condenas de un año a seis meses de cárcel, trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a usar armas a "quien causare a otro menoscabo físico o maltratare de obra a otro sin causarle lesión", siempre que la ofendida haya sido "esposa o mujer que éste o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia". La pena se agrava si en la agresión se usan armas o tiene lugar en el domicilio común, y también se aplica si los agredidos son menores o incapaces que conviven con el agresor.
La respuesta de Conde-Pumpido parte de que el problema de la violencia de género es "de dimensión universal y de una gravedad extrema" y de que en la realidad española, los condicionantes socioculturales sitúan a la mujer "en una posición de subordinación".
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Las alegaciones del fiscal general del Estado dan respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la juez de Murcia María Poza en julio pasado, cuando dejó en suspenso un proceso contra un marido que agredió a su esposa en el curso de una disputa por el uso del coche familiar. En una primera ocasión el hombre "sujetó fuertemente de las orejas a su esposa", que curó con una primera asistencia, sin necesidad de tratamiento médico ulterior.
El ministerio fiscal pidió para el marido 22 meses de prisión y la juez dejó en suspenso la sentencia para consultar al Constitucional si la diferencia de penas (según el agresor sea hombre o mujer), vulneraba el derecho a la igualdad. La diferencia de condenas implica que la prisión mínima sería de nueve meses para el hombre, y de siete meses y medio en el caso de que la agresora hubiera sido la mujer.
El artículo cuestionado, el 153.1 del Código Penal, establece condenas de un año a seis meses de cárcel, trabajos en beneficio de la comunidad y privación del derecho a usar armas a "quien causare a otro menoscabo físico o maltratare de obra a otro sin causarle lesión", siempre que la ofendida haya sido "esposa o mujer que éste o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia". La pena se agrava si en la agresión se usan armas o tiene lugar en el domicilio común, y también se aplica si los agredidos son menores o incapaces que conviven con el agresor.
La respuesta de Conde-Pumpido parte de que el problema de la violencia de género es "de dimensión universal y de una gravedad extrema" y de que en la realidad española, los condicionantes socioculturales sitúan a la mujer "en una posición de subordinación".
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