Las seis mujeres asesinadas en 2012 eran españolas y no habían denunciado

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que dirige Ana Mato ha confirmado que el asesinato de una mujer española este fin de semana en Santa Coloma de Queralt (Tarragona), es un nuevo crimen de violencia de género, lo que eleva a seis los feminicidios en lo que va de año y coloca el balance a niveles de 2008, el año con más víctimas, 76, desde que se tienen estadísticas.

Destaca que la mujer asesinada en Tarragona es española, como así eran las otras cinco víctimas de la violencia de género que han muerto en este mes de enero. El año pasado, cuando se computaban cuatro crímenes, la mitad eran extranjeras y, en 2010 que acumulaba el mismo número de homicidios en las mismas fechas, las inmigrantes eran el 25% de las víctimas mortales.

De hecho, tanto el Poder Judicial como el Gobierno han venido alertando de la sobrerrepresentación de las extranjeras entre las víctimas del machismo, ya que siendo un 11,4% de las mujeres residentes en España, son promotoras del 35% de las denuncias y, en los últimos años, víctimas de en torno a tres de cada 10 asesinatos.

Asimismo, destaca que cuatro de los seis homicidios de este mes de enero se han producido en Cataluña (dos en Barcelona y dos en Tarragona), otro en Extremadura (Badajoz) y otro en la provincia deJaén.

En ningún caso constaban denuncias previas por maltrato y en todos ellos, el presunto asesino fue detenido, aunque en el caso de Santa Coloma, se suicidó estando bajo custodia policial.

Por edades, la última víctima contaba 33 años lo que la convierte en la más joven de las fallecidas este mes. El grupo más numeroso tenía entre 55 y 57 años, otra tenía 41 y otra mujer ya había cumplido los 80 años de edad.

La ministra Ana Mato ha expresado su "repulsa" por este asesinato y ha reiterado que "no tolerará" la violencia contra las mujeres y "trabajará para impulsar las reformas necesarias, desde el consenso, para mejorar las medidas de protección y evitar más asesinatos de mujeres", según informan desde su departamento.

Fuente El Mundo

Mi hijo no sabe, y no tiene por qué saber, que soy un maltratador

Sergio, nombre ficticio, acude desde hace un año y medio, todos los viernes, a terapia. Es parte de la pena que un juez le impuso por haber maltratado a su expareja. Cada semana le reciben dos psicólogos, Jorge Freudenthal y Teresa Peña, y otros nueve agresores, con los que comparte la sesión de hora y media. “Entré aquí en plan rebelde. Pensando que había sido acusado injustamente, pero luego te das cuenta...”, relata este hombre de 51 años, con un hijo de 12 y dos matrimonios a sus espaldas. Sergio sostiene que nunca agredió físicamente a una de sus exparejas —hechos por los que fue condenado—, pero reconoce episodios de “violencia verbal”.

Los programas de reeducación de maltratadores se han convertido en una herramienta a disposición de los órganos judiciales ante los casos en los que la condena no supera los dos años de cárcel y no existen antecedentes. También para la reinserción de aquellos que cumplen condena en prisión —los juzgados dictan unas 20.000 sentencias penales condenatorias al año— por la lacra de la violencia machista, que en lo que va de 2011 ha segado 59 vidas, la última ayer, en Roquetas de Mar (Almería). Pero, a pesar de su paulatina consolidación, uno de los principales retos a los que se enfrentan es la valoración de la efectividad de los mismos.

“Me sentía por encima de ella. Igual le decía, no vales más que para limpiar”, recuerda este instalador de ascensores, en una sala sin ventanas en el primer piso de un edificio del Casco Viejo de Bilbao. Sergio, de complexión fuerte, vestido con vaqueros, camisa de cuadros rojos diminutos y cazadora de cuero, afirma rotundo que ya no cree estar “por encima de nadie”, ni de su excompañera, ni de ninguna otra mujer. “El hecho de venir aquí te ayuda a que no pierdas ese camino. Si resumimos que yo me puedo sentir superior a las mujeres y por eso las trato verbalmente mal, estas terapias me ayudan a ver que no es así”.

El paso dado por Sergio constituye, para Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco (UPV), un requisito imprescindible para el correcto desarrollo de este tipo de programas. El profesor impulsó hace 16 años el que se considera el primer proyecto de reeducación de maltratadores en España, con la colaboración de la Diputación de Bizkaia y de Álava, y por el que han pasado hasta la fecha unos 850 hombres.

Entre el 40% y el 60% de las mujeres vive con su agresor tras ser condenado

Echeburúa decidió emprender este camino después de comprobar que entre el 40 y el 60% de las mujeres víctimas de malos tratos que atendía seguían conviviendo con su agresor. “Incluso en aquellos casos en los que se producía una separación, constatamos que algunos hombres tenían un riesgo muy alto de volver a cometer esas conductas en futuras relaciones”, explica Echeburúa.

“Igual me ha hecho un favor, fíjate. Estoy aquí ahora”, aclara Sergio, después de insistir en que nunca agredió físicamente a su expareja. El agresor no encuentra otra explicación a su conducta que la educación recibida, el modelo de comportamiento que vio en su padre y en su abuelo. “El hombre piensa que la mujer es para la casa, para la plancha, la ropa... Se siente superior porque su padre le dijo que es superior, y a su vez el padre de su padre”.

Un rehabilitado es una víctima menos", dice la consejera vasca de Justicia

Los programas de reeducación han generado polémica en determinados colectivos de mujeres bajo el argumento de por qué destinar dinero a los agresores y no a la protección, cuidado y atención de las víctimas. Echeburúa censura de entrada el planteamiento. “La reinserción es una medida más en la lucha contra la violencia sexista”, apunta. “Un maltratador rehabilitado es una víctima menos. Es un instrumento de protección más a las víctimas”, ahonda la consejera de Justicia vasca, Idoia Mendia, cuyo departamento coordina un programa piloto de reinserción de maltratadores, desarrollado en 2010 en Andalucía, Aragón, Cataluña, Valencia, la propia Euskadi, Extremadura y Navarra.

Los especialistas recuerdan que el hecho de que cada vez se detecten, se denuncien y se condenen malos tratos en edades más tempranas supone, por lógica, más posibilidades de que se retomen nuevas relaciones. “Por así decirlo, están en edad de merecer”, recuerda Echeburúa.

Los jueces recurren a estos cursos en condenas de menos de dos años de cárcel

El profesor además expone que los mecanismos propios de este tipo de agresiones fomentan el recurso a las mismas. “El maltrato no sale gratuito. Con el maltrato se obtiene una serie de beneficios y es que el hombre consigue salirse con la suya, doblegar a la víctima y, como son conductas sobreaprendidas, existe una alta posibilidad de que se repitan cuando se establece una nueva relación”.

Sergio dice que ha confesado a varias parejas que va cada viernes a Bilbao, también a la madre de su hijo, pero no a él. “Te pongo un ejemplo”, ilustra, “a un tío que roba en una tienda se le llama ladrón, a uno que ha tenido un delito de violencia doméstica, se le llama maltratador. No quiero que mi entorno me vea como un maltratador. Mi hijo no lo sabe y no tiene por qué saberlo”.

El programa piloto, impulsado por el Ministerio de Interior y la antigua cartera de Igualdad, atendió el año pasado a 410 personas entre todas las comunidades implicadas. Mendia no oculta la dificultad de medir la efectividad de estos programas. “El éxito solo se puede valorar en la medida en que no vuelvan a reincidir. No tenemos a ningún agresor que haya repetido el programa, lo cual no quiere decir que no hayan vuelto a cometer otro delito. No sabemos a cuántos rehabilitamos, pero con que solo sea uno...”, insiste.

Un hombre asesina en Almería a su pareja y luego se suicida

A pesar de las dificultades en la medición del éxito, el Centro de Estudios Sobre la Identidad Colectiva de la UPV, el encargado de desarrollar el informe de evaluación del proyecto piloto, ofrece algunos datos.

De los 410 agresores que participaron en la experiencia, el 9,9% presentaba antes del desarrollo de la misma un “riesgo alto de ejercer violencia contra su pareja”. La cifra, una vez concluido el programa, descendió hasta el 3,4%. Los porcentajes también disminuyeron entre aquellas personas con un “riesgo moderado”, pasando del 26,6% al 19,8, mientras que el número de agresores que presentaba “un riesgo bajo”, aumentó del 63,5% al 76,9%.

Una de las claves para la evaluación de estos proyectos es poder contar con una perspectiva temporal. A lo largo de sus 16 años de experiencia, Echeburúa se ha encontrado con una importante tasa de abandonos. El 50% de los 850 expedientes tramitados por su equipo ni siquiera comienzan el tratamiento. Y de los 425 hombres que continúan con la terapia, el 40% la abandona. Ante lo que se pueden considerar unos datos apocalípticos, Echeburúa replica que el 85% de los hombres que siguen el programa completo se rehabilitan. “Los consideramos un éxito”, sentencia. Para ello se tiene que cumplir una serie de requisitos: “Que la violencia física haya desaparecido por completo y la mayor parte de la psicológica, y lo contrastamos con su pareja o expareja, le preguntamos a la mujer si realmente no está habiendo violencia”.

“Sin que sea la panacea podemos ser razonablemente optimistas”, continúa Echeburúa. “Estamos teniendo un éxito razonable en personas que llevan un ejercicio del maltrato muy prolongado, tratados con un programa corto, de unos seis meses y en régimen ambulatorio”.

Fuente El País

El 10,8% de las españolas ha sido víctima de la violencia machista

Los malos tratos afloran. El 10,8% de las españolas —más de dos millones— asegura haber sido víctima de violencia de género, el 3% en el último año. En 2006 eran un 6,3% quienes afirmaron haber sido maltratadas por sus parejas o exparejas en alguna ocasión. El salto en más de cuatro años es grande. Y lo es aún más si se comparan los datos del avance de la macroencuesta de violencia de género que el Ministerio de Igualdad hizo pública ayer con los del muestreo de 1999. Desde entonces, las mujeres maltratadas se han duplicado. Los expertos, sin embargo, sostienen que más que un aumento de las conductas violentas, lo que ocurre es que las mujeres son ahora más conscientes de ellas. La concienciación sobre este fenómeno es mayor.

“Sigue habiendo una enorme bolsa de silencio en torno a esta violencia, pero las mujeres reconocen ahora más que antes haberla sufrido, Son más sensibles en identificar lo que les ha ocurrido”, analiza Consuelo Abril, abogada y portavoz de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres. Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, cree que ha cambiado la percepción sobre el maltrato. “Muchas mujeres, analizando situaciones que les ocurrieron hace 20 años se dan cuenta de que aquello que les pasó era violencia de género”, sostiene. Y el número de aquellas que dicen sufrir violencia seguirá aumentando, opina Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. “Hay muchas que no identifican que el sufrimiento que están padeciendo es violencia de género”, dice.

El 87% de las que han sufrido maltrato lo volvió a padecer el último año
Para su encuesta, Igualdad entrevistó en persona a 8.000 mujeres. En 2006, la muestra se hizo con las respuestas telefónicas de más de 32.000. En esa última y las anteriores (se realiza desde 1999) se analizaba también el porcentaje de aquellas que, aunque no se consideraba víctima, estaban (o habían estado) sometidas a la violencia. En 2006, se detectó que el 9,6% de las españolas eran víctimas de ese “maltrato técnico”. “Ahora, a través de las entrevistas personales se identifica de manera más correcta a las víctimas, por eso las cifras han aumentado”, asegura Lorente.

El perfil de la víctima sigue siendo similar: el maltrato es más común en las extranjeras y las mujeres con alguna discapacidad. “El 20,9% de las inmigrantes ha sufrido violencia de género alguna vez, el doble que en las españolas. Entre las discapacitadas ese porcentaje es del 30%”, expone el delegado del Gobierno. El problema llega, dice Pérez del Campo, con la vulnerabilidad.

La violencia de género afecta de lleno a los menores. Unos 840.000 han estado expuestos a estas situaciones en el último año. El 60% de ellos sufrió además violencia directa. “Los maltratadores utilizan a los hijos para hacer daño a la mujer. Y ahora que la sociedad les ha acorralado lo hacen cada vez más”, sostiene Lorente. Y las mujeres con hijos, según la encuesta, tardan más en salir de las situaciones de violencia. “Quedarse por ellos es una de las justificaciones mayoritarias que esgrimen las mujeres, cuando deberían ser la razón principal para romper”, dice Abril que cree que faltan más políticas de amparo hacia los menores. “Hay que luchar para que no reproduzcan los roles que ven en casa”, dice. Lorente sostiene que ya se hace. Ninguno de los dos cree acertada la idea del Partido Popular de integrarlos en la ley de violencia machista. “Los hijos son una secuela. Extender la ley hacia ellos deja la norma diluída y vacía de contenido de género”, opina Abril.

La tasa de homicidios (proporción de mujeres asesinadas sobre el total que dice ser maltratada) ha bajado un 33,7% desde 2006. En 2006, el número de mujeres asesinadas dividido entre aquellas que dijo haber sido víctima de violencia de género en ese último año era de un 0,17. Este año, cuando ya son 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas esa tasa es de 0,11. La disminución, sin embargo, parece deberse más bien al aumento de la población que se siente amenazada, que a que haya bajado el número de muertes.

El número de denuncias, sin embargo, sigue siendo crítico. El 72% de las mujeres no denunció su situación. Aunque los datos indican una ligera mejoría respecto a la serie histórica, ya que la proporción baja algo –poco- si se toma solo a las que han sido atacadas el último año: no denunció el 70,3%.

Lorente da otro dato positivo: el 87% de las mujeres sale de la violencia de género. Este porcentaje es el de mujeres que dicen que habían sido maltratadas alguna vez pero no el último año.

Datos estadísticos generales sobre violencia de género a 21 de noviembre de 2011

Datos estadísticos generales sobre violencia de género a 21 de noviembre de 2011

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

informe

Informe judicial violencia primer semestre 2011

DATOS DE DENUNCIAS, PROCEDIMIENTOS PENALES Y CIVILES

REGISTRADOS, ÓRDENES DE PROTECCIÓN SOLICITADAS EN LOS JUZGADOS

DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (JVM)1 Y SENTENCIAS DICTADAS POR LOS

ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN ESTA MATERIA EN EL SEGUNDO

TRIMESTRE DEL AÑO 2011

informe

El asesino de Girona, sin pensión

El Ministerio de Trabajo ha revocado la pensión de viudedad al hombre que mató a su mujer en 2005 en Sils (Girona) y que ha estado cobrando desde el día siguiente al asesinato. Y además le reclamará el importe abonado "indebidamente". La Seguridad Social reconoció que la sentencia condenatoria contra Llorenç Morell no figuraba en la base de datos que utilizan para cruzar los datos de condenas y pensiones, un error que investigan.

Llorenç Morell, condenado a 18 años de prisión por la Audiencia Provincial de Girona en 2007, ha recibido 592 euros cada mes más dos pagas anuales extraordinarias durante seis años, unos 40.000 euros en total. Morell nunca debía haber cobrado la pensión. La ley establece que los condenados en firme por homicidio o lesiones no podrán obtener la pensión de viudedad de la víctima a no ser, en el caso de las lesiones, que haya reconciliación previa al fallecimiento.

La Audiencia de Girona envió en agosto una petición de embargo de la pensión de Morell, ya que la familia de la víctima no ha cobrado nada de los 85.000 euros de indemnización. La Seguridad Social la denegó porque al tratarse de una prestación mínima es "inembargable", y porque, presumiblemente, el oficio de la Audiencia no especificaba la situación legal del condenado.

Fuente El País

El 5 de diciembre, la Audiencia recordó a la Seguridad Social la condena de Morell, "lo que ha causado la revocación inmediata de la prestación", informó la Seguridad Social. "Estoy muy satisfecho de que se haya solucionado una situación inadmisible", declaró ayer Carles Monguilod, abogado de la familia de Rosa Galceran, la mujer asesinada.

La protección de las víctimas de violencia de género se extiende a toda Europa

El Parlamento Europeo ha dado hoy el último paso para aprobar la Orden de Protección Europea contra la violencia. La nueva directiva permitirá a las víctimas de la violencia de género así como a cualquier otra persona con una orden de alejamiento o de protección a nivel nacional pedir una orden de protección europea para que el país en el que se encuentre adopte las medidas de protección equivalentes según su legislación.

La norma es un primer paso en la protección de las víctimas de violencia de género en Europa, una de las iniciativas que el desaparecido ministerio de igualdad de Bibiana Aído propuso aprovechando la presidencia española de la Unión Europea en 2010. Sin embargo, la propuesta inicial planteada por el Ministro Francisco Camaño chocó con la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, que la frenó tras calificarla de “chapuza” por no contemplar las diferentes legislaciones entre países. El principal problema radicaba en que en algunos países se juzga la violencia de género en base al derecho penal, como en España, mientras que en otros se trata de un asunto civil o administrativo. La solución, acordada a finales de setiembre, incluía ampliar la protección a todo tipo de violencia y no sólo a la de género, así como que las ordenes de protección europeas se aplicaran en cada estado en base a sus propias leyes.

La eurodiputada del grupo socialista Carmen Romero, que ha sido una de las ponentes de la directiva en el Parlamento, ha afirmado que espera que la directiva se trasponga con prontitud pero ha dado prioridad a que las mujeres denuncien, que pierdan el miedo para que puedan ser protegidas.

Teresa Jiménez-Becerril, eurodiputada popular corresponsable de la ponencia con Carmen Romero ha explicado que, pese a que las mujeres víctimas de violencia de género serán las principales beneficiadas de la nueva directiva, hay muchos otros colectivos que sufren persecución y que se verán beneficiados como las víctimas de terrorismo o los inmigrantes.

La directiva deberá ser incorporada por cada país miembro a su legislación antes de tres años. Los estados ya dieron su visto bueno, aunque Irlanda ha decidido mantenerse al margen y no implementar la norma. Dinamarca tampoco se verá afectada por la norma. Serán los únicos países donde no se podrán trasladar las órdenes de protección, ya que Reino Unido -también con derecho a no participar- ha decidido hacerlo.

Fuente El País

El Supremo justifica que se publique la identidad de un acusado de maltrato

La relevancia social para la comunidad del maltrato físico y psicológico justifica que se publique en un medio de comunicación la identidad de los implicados en este tipo de delitos, según una sentencia del Tribunal Supremo.

El alto tribunal dictamina que, en un caso de maltrato, aunque al publicar la identidad de un implicado se dañe su imagen, prevalece sobre ese derecho la libertad de información propia de un Estado democrático.

"Cuando los delitos tienen extraordinaria importancia y trascendencia social está justificado no sólo el interés público especial de la información, sino incluso el que se expresen los datos de identidad de los detenidos, en lugar de las simples letras iniciales de su nombre y apellidos", señala la doctrina del Supremo.

Los jueces señalan que "los actos de maltrato físico y psicológico son una cuestión socialmente relevante y de interés para la comunidad" y añaden que, en el caso que da lugar a esta sentencia, se ejerció el derecho a la información por parte del diario La Región S.A., "de forma legítima, por ser la noticia veraz y de relevante interés público".

El origen del pleito surge cuando el citado periódico publicó los días 5 y 18 de noviembre de 2004 dos artículos referentes al demandante "como implicado en un procedimiento penal por maltrato familiar".

En esos artículos se incluía una fotografía del demandante, un particular, en la puerta de la sala de vistas el mismo día del juicio por los hechos de los cuales se le acusaba, imagen a la que se añadieron su nombre, apellidos y edad.

El demandante consideró que estos artículos vulneraban su honor, imagen y derecho a la intimidad, un daño justificado en la prevalencia del derecho a la información, según dictamina el Supremo.

Fuente El Mundo

El fiscal retira la acusación de prevaricación contra el juez Serrano

La Fiscalía ha modificado esta mañana sus conclusiones provisionales y ha pasado de pedir diez años de inhabilitación para el juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano por supuesta prevaricación a solicitar su libre absolución en el caso de la ampliación del turno de custodia de un menor para garantizar su salida en una cofradía de la Madrugá sevillana. El juez defendió al inicio de la vista que su actuación no causó daño.

Según ha señalado el representante del ministerio público en la última sesión del juicio que se sigue contra el magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla debería haber realizado pruebas antes de dictar su resolución.

Según el fiscal, el juez actuó de una manera "imprudente o negligente", toda vez que "obvió sin la suficiente consistencia la realización de algunos elementos de prueba como la audiencia del ministerio fiscal, de la madre e, incluso, del padre".

Sin embargo, la fiscalía no considera ninguno de los hechos como constitutivos de delito, por lo que ha dejado el caso en una situación totalmente distinta a la de su comienzo. El fiscal cree ahora que si hubo un comportamiento reprobable fue por dolo, pero en ningún caso prevaricación. La Audiencia de Sevilla ya se posicionó a favor del magistrado.

Fuente El País

La sala del juez Del Olmo revoca al menos 15 condenas por maltrato

Una agresión de un hombre a su pareja en la calle fue castigada con multa de 90 euros; unas amenazas de muerte salieron más baratas: 20 euros. Al menos una quincena de sentencias de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia han absuelto desde 2010 a presuntos maltratadores condenados en instancias inferiores, algunos de ellos con antecedentes por maltrato en el hogar. Solo durante el mes de agosto del año pasado, los jueces ponentes de esta sala, entre los que se encuentra el magistrado Juan del Olmo, anularon una docena de penas en cuestión de semanas argumentando que "no toda agresión de un hombre a su esposa o compañera sentimental debe ser castigada mecánicamente como un delito de violencia de género".

La última de estas sentencias que firma Del Olmo, conocida el lunes, anuló una condena por amenazas a un hombre que avisó a su hijo de que su mujer acabaría en una "caja de pino". En esa sentencia, el juez sostiene que llamar "zorra" a la mujer, como hizo el acusado, no fue un insulto, sino que destacaba su astucia. Esa sentencia recibió ayer un aluvión de críticas. Pero revisando las sentencias emitidas por este tribunal se encuentran otras muchas, más de una quincena, que aplican un criterio similar.

Los ponentes de estas sentencias absolutorias o revocatorias de condenas razonan sus fallos en que para que se aplique la Ley de Violencia de Género, que endurece las penas para el varón agresor, tiene que haber un componente machista probado, y en el resto de casos tiene que aplicarse el Código Penal.

La Audiencia Provincial se apoya en la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, que en noviembre de 2009 decía que "no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer debe considerarse necesaria y automáticamente como violencia de género". Este argumento fue esgrimido por el Supremo en un caso concreto de agresiones mutuas dentro del matrimonio. El Tribunal Constitucional validó la Ley de Violencia de Género en julio de 2010 y estableció que la desigualdad en el trato de las agresiones según el sexo estaba justificada en que se trata de combatir "una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas".

Durante el verano de 2010, una sentencia de la Audiencia murciana consideró que amenazar de muerte a una mujer por pedir el divorcio no era delito. La Sala reconoció en la sentencia que "hubo una amenaza", pero la pena del acusado se quedó en una multa porque los jueces estimaron que "no aparece por ningún lado el necesario elemento machista de intento de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer".

Esta es la tesis principal defendida por el ponente Del Olmo en esta y otras sentencias como, por ejemplo, la que se utilizó para rebajar la pena impuesta a un hombre de Fortuna (Murcia) que abofeteó, tiró al suelo y propinó una patada a su pareja. En este caso, la Audiencia tampoco vio "dominación machista" en esta actitud y pidió en su fallo que este tipo de casos no se juzgaran a través de la actual Ley contra la Violencia de Género sino que fueran juzgados a través del Código Penal como otras agresiones comunes.

El tribunal estimó que los hechos no eran constitutivos de un delito de maltrato familiar, sino de "una falta de lesiones". El acusado fue condenado a una multa de 90 euros.

En otra sentencia de la Audiencia Provincial, se redujo la pena a un hombre previamente condenado por una amenaza de muerte a su mujer. Tuvo que pagar dos euros durante 10 días a la denunciante. La magistrada argumentó que la expresión "te voy a matar" no era una amenaza directa a la mujer ni manifestaba "dominación" hacia ella.

Para los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial murciana, dormir en el suelo por temor a la pareja tampoco constituye una prueba para contrastar un delito de maltrato. La mujer que denunciaba había sido insultada por su marido que la había quemado con un cigarrillo. Sin embargo, otra sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de junio de este año tampoco veía pruebas de maltrato. Además, se argumentó que "la decisión de la víctima de dormir en el suelo no es directamente imputable a la acción del acusado". El presunto agresor fue absuelto porque, además, según los jueces de la Audiencia, "no hubo lesiones".

Los miembros actuales de la Sección Tercera son Juan del Olmo, que fue el instructor del 11-M en la Audiencia Nacional, María Jover Carrión y Augusto Morales Limia. En los dos últimos años otras dos mujeres han estado en la sala como sustitutas: Beatriz L. Carrillo y Francisca I. Fernández.

Fuente El País

La defensora ve más grave la amenaza de muerte a la mujer que el insulto de 'zorra'

La abogada Fuencisla Martín, defensora de oficio de la mujer víctima de malos tratos cuyo marido fue condenado por un delito de amenazas continuadas, ha dicho hoy que sólo está de acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que revoca ese fallo en lo referido a que el agresor empleó la palabra "zorra" como un símil de animal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, en una sentencia de la que fue ponente el magistrado Juan del Olmo, revoca la condena a un año de prisión dictada por el juzgado de lo Penal número 2 de Cartagena y afirma que llamar "zorra" a la esposa no constituye menosprecio o insulto, si quien utiliza este término lo hace "para describir a un animal que debe actuar con especial precaución".

En declaraciones a Efe, la letrada dice que comparte con la Audiencia el sentido de esa palabra interpretado por el tribunal porque "en ningún momento (el ex marido) le estaba llamando puta", si bien -insiste- lo utilizó "como amenaza" en una conversación telefónica con su hijo.

Según Martín, en esa llamada la ex pareja de su representada le pidió al hijo: "Dile a tu madre que va a tener que ir como las zorras, mirando por la calle para adelante y para atrás, porque en cualquier momento la voy a matar".

Va a salir en 'una caja de pino'

Fuencisla Martín, tras reiterar que "no le está diciendo prostituta, sino que va a salir en una 'caja de pino'", ha lamentado que se utilice en estos términos la ley contra la violencia de género, porque "existió intencionalidad" en el comportamiento del hombre y "no existe ninguna amenaza más grave que la de la muerte".

Asimismo, ha dicho que el ex marido tiene antecedentes por violencia de género y existe una sentencia condenatoria anterior, de enero de 2009, por sendos delitos de amenazas y malos tratos.

En ese juicio, el agresor reconoció haber agredido y amenazado a la esposa y fue condenado a trabajos en beneficio de la comunidad y a permanecer alejado a más de 500 metros de la víctima, entre otras penas.

Amenazas a la madre a través de los hijos

La abogada ha insistido en que el hombre no ha violado nunca la orden de alejamiento, aunque ha utilizado en numerosas ocasiones a los hijos para amenazar a la madre, quien ha interpuesto hasta la fecha "20 o 30" denuncias contra él por "hechos muy graves" que no han podido ser probadas.

Sobre ésta y otras revocaciones anteriores dictadas por la Audiencia Provincial, esta abogada dice que en una discusión entre una pareja, "sin dominación ni humillación del hombre sobre la mujer", no es justo que a él se le juzgue por un delito y a ella por una falta, si bien insiste en que el caso que ella lleva no tiene nada que ver con una pelea, sino con amenazas de muerte de un hombre ya condenado por malos tratos.

Fuente El Mundo

Llamar "zorra" a la esposa no es un insulto, según la Audiencia de Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha revocado una condena por amenazas a un hombre que, entre otros insultos, llamó "zorra" a su mujer y le aseguró al hijo de ambos que "la vería en una caja de pino". El acusado, que había sido condenado a un año de cárcel, sólo tendrá que cumplir una pena de ocho días de localización permanente por una falta de amenazas leves. Durante el juicio, cuya sentencia ha sido ahora revocada, admitió haber insultado a su mujer pero su defensa argumentó que utilizó la palabra zorra para "describir la actitud de un animal que debe actuar con especial precaución." El acusado tenía antecedentes cuando fue juzgado por estos hechos, al haber sido condenado anteriormente por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.

Las razones del juez Juan del Olmo, ponente de la sentencia, son que la palabra zorra no siempre proyecta "desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer" porque tiene otras acepciones -como por ejemplo la de "persona astuta"- y que dicha palabra no es "expresiva de una posición de dominio o una exigencia de sumisión".

De fondo, un debate abierto en la judicatura de toda España tras varias sentencias del Supremo que ha tenido reflejo en la jurisprudencia sentada por la Audiencia de Murcia. En noviembre de 2009 el Alto Tribunal emitía una sentencia en la que decía que "no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género". Tras ella, la Sección tercera de esta sala ha emitido varias sentencias similares absolviendo a presuntos maltratadores, en las que se asegura que "para que se aplique la ley de violencia de género tiene que haber un componente machista; en el resto de casos tiene que aplicarse el código penal."

En varias de ellas el ponente era el magistrado Del Olmo que, siguiendo estos criterios, ha anulado ahora la condena de un año de cárcel que un juzgado de Cartagena había impuesto al acusado por un delito de amenazas, a pesar de considerar probado que el acusado, en una conversación telefónica con un hijo de la pareja, llamó "zorra" a su mujer y confesó que "algún día" la vería "en el cementerio, en una caja de pino".

La pena del hombre ha sido revocada porque, según la sentencia, "llamar zorra a la esposa no constituye menosprecio o insulto si quien utiliza este término lo hace para describir a un animal que debe actuar con especial precaución". Según la sala, esta palabra, utilizada en una conversación entre adultos, puede no considerarse ofensiva "si se hace para destacar la astucia de la persona." La Audiencia hace suyas así las tesis de la defensa del acusado, que argumentan que la palabra "no se utilizó por el acusado en términos de menosprecio o insulto, sino como descripción de un animal que debe actuar con especial precaución, a fin de detectar riesgos contra el mismo".

El diccionario de la RAE contempla varios significados para la palabra "zorra". El primero hace alusión a la hembra del zorro; el segundo, a un "carro bajo y fuerte para transportar pesos grandes" ; el cuarto es "prostituta". La quinta acepción que aparece en el diccionario es coloquial y reza así: "Persona astuta y solapada."

La sentencia usa este último significado en su razonamiento final y añade que el acusado no emitió ninguna "palabra o expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer o que fuera expresiva de una posición de dominio o exigente de sumisión". Tras este razonamiento, "no aprecia en los hechos probados que en el comportamiento del denunciado hubiera una situación de dominación sobre su mujer."

Fuente El País

Cuando el "interés del menor" es salir en una procesión

El titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, se sentó ayer en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acusado de un delito de prevaricación dolosa al modificar el régimen de visitas de un niño para garantizar su salida en una procesión de Semana Santa junto a su padre en 2010, por lo que el fiscal le pide 10 años de inhabilitación. El juez Serrano esgrimió ayer ante el tribunal el "interés del menor" y su intento de no "hacer daño" a las partes implicadas para justificar su decisión.

Serrano es un juez que se ha hecho conocido por sus enfrentamientos con la Audiencia de Sevilla -por retrasar intencionadamente la ejecución de sentencias dictada por la Sala Sexta y con las que no estaba de acuerdo- y, más recientemente, por sus virulentos ataques a la Ley Integral contra la Violencia de Género y la denuncia contra la vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán.

El juez, al que el CGPJ le abrió expediente en 2010 por haber compaginado su puesto con la presidencia de una asociación beligerante contra la legislación contra el machismo, llegó a hablar de "dictadura del feminismo radical" y de "genocidio" entre los hombres por la retirada de la custodia de los hijos. Serrano cuenta con numerosos aliados -los jueces de las Audiencia de Sevilla le han mostrado su apoyo hasta en dos ocasiones en este caso- y algunas asociaciones contrarias a la legislación contra la violencia machista le colocan como su mascarón de proa.

En el caso que se ve estos días en Granada, se acusa al juez de maniobrar para conseguir hacerse primero con el caso y luego dictar la prolongación forzosa del menor con el padre para que pudiera procesionar. Serrano negó ayer que tuviera conocimiento previo del asunto y contó que fue un abuelo y su nieto los que llegaron a las puertas de su juzgado ante el temor del pequeño a recibir una negativa de su madre para salir en procesión, según un correo electrónico que el juez -admite- no llegó a ver. El régimen de visitas estaba fijado en el proceso de divorcio en un juzgado de Violencia de Género. Serrano, que comparte abogado -Joaquín Moeckel- con el padre del menor, instruyó al abuelo para que enviará una carta al decanato ante la "urgencia" que el juez veía en el asunto. Posteriormente, él mismo llamó al juez decano de Sevilla para advertirle de la necesidad de resolverlo cuanto antes. Tras varias incidencias, entre las que la defensa cita un "problema informático", el caso volvió al juzgado de Serrano esa misma mañana y él acordó que el menor se quedará con su padre para procesionar y "no perdiera el sitio en la hermandad".

Fuente El Pais

Cierra el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia

La Generalitat valenciana ha bajado la persiana del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, que impulsó en 2007 para investigar, a través de estudios y congresos, las formas de intimidación y agresión, en especial las cometidas contra mujeres, niños o personas mayores. Fuentes del Gobierno valenciano, principal financiador de la institución y miembro de su patronato, indicaron ayer que se ha decidido el cierre de esta entidad por "no ser posible su viabilidad económica".

Los cuatro patronos del centro -uno de los cuales es un representante del presidente de la Generalitat- acordaron el pasado 6 de julio la extinción de la institución que dirigía el catedrático de Filosofía José Sanmartín. La Generalitat explica que la decisión se enmarca en la reestructuración del sector público destinada a "la mejora de la eficiencia de sus recursos". La Administración valenciana sostiene que existía una "duplicidad de objetivos y fines" entre el Reina Sofía y la consejería de Justicia y Bienestar Social, que "ya se ocupa" de cuestiones relacionadas con el estudio, prevención y asistencia similares a las del centro extinguido a través de la dirección general de Familia y Mujer o a la Fundación de Atención a Víctimas del Delito.

Pese a ello, la página web del Reina Sofía seguía ayer plenamente operativa y permitía acceder a las bases de datos que ofrece el centro. De hecho, algunos de los estudios, como el relativo a los crímenes machistas correspondientes a este año, están actualizados e incluye información de asesinatos cometidos el 27 de septiembre.

El centro vio la luz después de que la Reina, tras asistir al I Seminario Internacional sobre Biología y Sociología de la Violencia, celebrado en Valencia 1996, planteara la posibilidad de convertir aquel encuentro en unas jornadas con una periodicidad definida. La Generalitat, presidida entonces por Eduardo Zaplana, transformó la sugerencia en una institución que impulsó con una dotación anual de 600.000 euros. La Reina asumió la presidencia del patronato, cedió su nombre al centro y lo apoyó con su presencia en cinco de los 11 congresos celebrados desde entonces (el último en 2007). En 2009 comenzaron los recortes de la Generalitat que han acabado con el cierre.

Fuente El Mundo

Sólo es sexista si lo hacen los hombres

Fallecen tres mujeres asesinadas por sus parejas en menos de 24 horas

Tres mujeres han sido víctimas en menos de 24 horas de la violencia de género en diferentes puntos de España.

La primera, de 47 años de edad, ha fallecido esta madrugada en la localidad sevillana de Lora del Río tras ser apuñalada por su ex pareja, en la estación de Renfe. Y la segunda mujer, de 38 años, ha muerto en Arona (Tenerife) por heridas de arma blanca ocasionadas por su esposo, quién intentó después quitarse la vida.

La última víctima en añadirse a este trágico fin de semana ha sido una mujer cuyo cadáver ha sido localizado a última hora de la tarde en Amposta (Tarragona).

La mujer desapareció de su domicilio en Vinarós (Castellón) el pasado jueves en circunstancias extrañas, ya que salió a comprar y no volvió.

El cadáver ha sido encontrado hoy en una casa de la familia de la víctima en Amposta.

Poco después del hallazgo del cadáver, agentes de la Guardia Civil handetenido en Vinarós al marido por su presunta implicación en los hechos.

Denuncia

En los dos primeros asesinatos, mientras que la mujer de Lora del Río sí había presentado una denuncia por malos tratos contra su ex pareja, que no tenía orden de alejamiento, la mujer de Tenerife no había denunciado a su marido y no existía orden de alejamiento ni se conocían antecedentes de violencia en la familia, según informó la Subdelegación del Gobierno.

El asesino de la víctima sevillana, F.J.S.C, de 44 años de edad, ya se encuentra en dependencias de la Guardia Civil al haberse personado voluntariamente en el puesto del instituto armado de dicha localidad, donde reconoció el crimen, según han informado fuentes del cuerpo.

A las 23.00 horas un vecino de Lora del Río alertó a la Guardia Civil de la agresión sufrida por la mujer, de 47 años de edad, que yacía en el suelo de la estación de la avenida de Portugal bañada en un charco de sangre, fruto de las múltiples heridas por arma blanca que le asestó su agresor. Los servicios de Emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Contra el hombre existía una denuncia por parte de la víctima por malos tratos pero no había orden alguna de alejamiento contra él, según las mismas fuentes. Ambos eran vecinos de Lora del Rio y ya no convivían bajo el mismo domicilio. Se desconoce si fruto de la relación mantenida tenían hijos o no.

El agresor, herido

En el caso de Tenerife, el presunto verdugo, de 54 años, quien también presenta heridas por arma blanca en tórax y abdomen al tratar de suicidarse tras el crimen, ya ha sido acusado de un delito de homicidio, según ha informado la Guardia Civil.

La muerte de la mujer, Clementina M.G., se produjo por heridas de arma blanca en un domicilio del barrio de Las Rosas, según el parte del 112, mientras que el hombre, Luis Domingo M.A., fue trasladado en ambulancia al Hospital Sur para ser tratado de las heridas que él mismo se ocasionó.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 01.20 horas en la zona de Las Rozas, cuando se recibió un aviso de que se necesitaba atención médica en un domicilio, sin precisar los hechos, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. El presunto agresor fue quien alertó a su hijo de lo sucedido y le pidió a su hijo que llamara a una ambulancia.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de Policía Local y Guardia Civil, se presentaron en el lugar de los hechos y nada pudieron ya hacer por la vida de Clementina M.G. al tiempo que el marido fue estabilizado de sus heridas de carácter grave y fue trasladado en ambulancia al hospital.

La Guardia Civil está aún investigando las circunstancias concretas del presunto homicidio y mantiene bajo custodia al presunto agresor.

Fuente El Mundo

La Justicia europea valida las órdenes de alejamiento españolas contra maltratadores

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha validado hoy el sistema de órdenes de alejamiento aplicado en España en casos de violencia machista, que obliga a los condenados a cumplirlas incluso si la víctima desea retomar la relación con el maltratador.

El Tribunal ha sentenciado que, pese a que la normativa establece que las víctimas puedan participar en los procesos penales, las decisiones judiciales pueden imponerse en contra de su voluntad.

Es por ello que, en opinión del Tribunal comunitario, una orden de alejamiento en un caso de violencia machista debe cumplirse por tratarse de una decisión de la Justicia, incluso si el condenado y la víctima desean que sea revocada.

La normativa europea, pues, "no se opone a la imposición de una medida de alejamiento preceptiva con una duración mínima, prevista por el Derecho penal de un Estado miembro, a los autores de violencia en el ámbito familiar, aun en el supuesto de que las víctimas de esa violencia se opongan a la aplicación de tal medida", señala el Tribunal en un comunicado.

La sentencia argumenta que "la protección penal contra los actos de violencia doméstica que establece un Estado miembro" no busca únicamente proteger a las víctimas sino proteger también "otros intereses más generales de la sociedad".

Mantener el alejamiento aunque las víctimas se opongan

El Tribunal ha emitido su sentencia a petición de la Audiencia Provincial de Tarragona, que había condenado por malos tratos a dos ciudadanos, a los que había puesto sendas órdenes de alejamiento y la prohibición de comunicarse con sus parejas durante diecisiete y dieciocho meses.

Sin embargo, los dos condenados se saltaron las órdenes de alejamiento al reanudar la relación con sus parejas a petición de éstas, por lo que fueron detenidos y condenados de nuevo, en este caso por incumplimiento de la sentencia previa.

Con el apoyo de sus compañeras sentimentales, ambos recurrieron la decisión de la Audiencia Provincial tarraconense alegando que la reanudación de la convivencia no puede considerarse un delito, ya que se llevó a cabo libremente y de forma consentida.

Sin embargo, la Corte comunitaria consideró que la legislación española puede imponer el alejamiento incluso si las víctimas se oponen.

"El derecho de la víctima a ser oída no se opone a que el legislador nacional, particularmente en los supuestos en que han de tenerse en cuenta otros intereses además de los propios de la víctima, establezca penas preceptivas con una duración mínima", señaló la sentencia.

Fuente El Mundo

Camisetas polémicas

Camisetas polémicas retiradas de la venta en Topshop por incitar o justificar la violencia de género y tras la protesta de cientos de twitteros.

Nueva campaña contra la violencia machista: alerta ante los primeros síntomas

La ministra de Sanidad, Politica Social e Igualdad, Leire Pajín, ha presentado este martes una nueva campaña contra la violencia de género que bajo el lema 'No te saltes las señales. Elige vivir', pretende que las víctimas actúen contra su agresor ante la primera humillación que sufran.

Pajín destacó que con esta campaña "pretendemos anticiparnos a la violencia, queremos que las mujeres sepan identificar los primeros síntomas" y "que actúen".

"La violencia más grave siempre es continuación de comportamientos violentos que empiezan con el aislamiento, con la humillación, y con un ataque a la autoestima de la mujer", precisó Pajín.

Asimismo, lamentó que de las 40 mujeres que han perdido la vida, víctimas de la violencia de género, en lo que va de año, 12 habían retirado la denuncia antes de ser asesinadas. En total, son ocho mujeres muertas menos que en el mismo periodo del año pasado.

La campaña de información que presentó Pajín tiene un presupuesto decasi cinco millones de euros, se distribuirá a través de televisón, radio, prensa, publicidad exterior e internet y durará hasta el 15 de diciembre.

Consta de tres anuncios que narran el desprecio que sufre una mujer inmigrante por parte de su pareja; el aislamiento que padece una mujer madura y las amenazas que escucha a través del teléfono otra mujer, en presencia de sus hijos, cuando va en el coche con el "manos libres".

Las tres historias tienen un mensaje optimista, porque las tres mujeres piden ayuda a su entorno para salir del problema.

Pajín, que confesó estar "satisfecha" con la campaña, porque "es muy difícil comprimir en un anuncio todo lo que queremos decir", destacó el spot de la inmigrante porque "son más vulnerables".

En la actualidad, 724 mujeres disponen de dispositivos de seguimiento y desde enero, hasta marzo de 2011, más de 32.0000 mujeres han interpuesto denuncias por violencia de género.

Fuente El Mundo

Un juez contra la ley del maltrato

El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, aprovechó una sentencia en la que condena un delito de falsa denuncia de maltrato para atacar tanto la postura de la Fiscalía General del Estado como la propia legislación sobre violencia de género. El magistrado -que condena a la mujer a un año y medio de prisión por denuncia falsa y presentación de testigos falsos, mientras que la fiscalía pedía la absolución-, acusa al ministerio público de "desatender su deber de acusar ante tan evidente falsedad de hechos".

El juez Piñar llega incluso a relacionar el, en su opinión, "excesivo celo ideológico de proteger a la mujer" con "el principio de oportunidad que legislaciones autoritarias atribuían a fiscales (...) y practicaban con asiduidad los fiscales que estaban al servicio de Hitler o Stalin, aunque ninguno de los dos se atrevió a plasmarlo en leyes".

El juez argumenta que la acusada denunció a su exmarido "en represalia" por haber denunciado este a su "compañero sentimental", con mala fe y sabiendo que nada de lo que había denunciado era "cierto", con el propósito de "inferir un mal a su exmarido amparándose en el rigor tuitivo de la legislación de protección de violencia de género", según consta en la sentencia, que publicó ayer Ideal.

Para el juez, la legislación y la postura de la fiscalía ante el maltrato "está llevando a quitar la dignidad a determinados varones que son denunciados y sometidos a tediosos y rigurosos procedimientos", que con frecuencia comprenden detención y "escarnio público". "Lo que no hace", continúa, "sino alimentar la violencia, dar un paso atrás en la igualdad ante la ley y en última instancia en el Estado de derecho.

La sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, considera probado que las dos denuncias que presentó la mujer en 2007, en las que acusaba de insultos y amenazas a su exmarido, se interpusieron por "venganza" y sin que sucedieran los episodios referidos. Tanto las manifestaciones de la mujer como las de sus padres, testigos, despidieron un "tufo a zafia falsedad", según el juez, que ha condenado a los progenitores a seis meses de prisión.

No es la primera vez que Piñar carga contra la fiscalía por el tema de violencia de género. Ya en 2009 condenó a costas a una mujer por denunciar a su exmarido por "venganza" y criticó en la resolución que el ministerio público no persiguiera el "uso abusivo de la normativa de violencia de género".

En 1999 y a cargo de un juzgado de Almuñécar, Piñar rebajó la indemnización a una accidentada porque su cicatriz solo se podía ver en situaciones íntimas. "Dadas las circunstancias de esos momentos, tampoco se suele reparar en detalles tan minúsculos".

Hace tres años, absolvió en un juicio rápido a un conductor ebrio por "la persecución obsesiva" para castigar con severidad a los que beben mientras quedan impunes los que conducen bajo los efectos de otras sustancias estupefacientes.

Fuente El País