El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que incluirá en el ámbito de la salud medidas específicas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia de género.
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, agradeció el trabajo de toda la Cámara durante la tramitación de la Ley, que se ha elaborado sobre las conclusiones de un grupo de trabajo creado en el Parlamento. Según señaló, se trata de un cuestión sobre la que había que "apartar cualquier diferencia partidista", lo que ha permitido el acuerdo sobre todo aquello que supone garantías y seguridad para las mujeres.
De acuerdo con la norma, uno de los objetivos en la prevención de la violencia de género consiste en la detección precoz por parte del personal sanitario, que permitirá conocer entre otras cuestiones si algunas patologías se deben por este tipo de violencia y que incluso puede hacer que el sanitario convenza a la mujer para que verbalice esta situación en la que vive. La Ley, que va acompañada de una memoria económica, tiene como principio fundamental consolidar y reforzar los recursos asistenciales y preventivos desarrollados en Andalucía desde 1998 a través de los planes autonómicos contra la violencia de género.
En el texto se concede una "especial" atención a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral que desarrollará las estrategias de actuación en los ámbitos de la educación, la comunicación, la coordinación institucional, la formación y la detección de la violencia de género.
En el ámbito educativo, la norma establece medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para identificar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros.
Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada, mientras que en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.
En el capítulo de las iniciativas para la integración de las víctimas, la ley prevé establecer un cupo de reserva específico en las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler. Además, tendrán prioridad en el acceso a las guarderías infantiles.
La norma también da rango legal a las medidas en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica concederá incentivos para facilitar el trabajo autónomo y el desarrollo de las empresas creadas por mujeres que hayan sufrido violencia. De igual modo, se fomentará la inclusión de medidas de apoyo en la negociación colectiva.
La diputada del PP-A Begoña Chacón reclamó a la Junta un "compromiso económico" para la puesta en marcha de la Ley, ya que se trata de una norma que "va a necesitar muchos recursos". "Si esta ley no viene acompañada con la correspondiente dotación económica habrá que empezar a dudar de su efectividad", apuntó Corredera, que pidió a la consejera que concrete más los medios con los que se va a contar para garantizar a las víctimas información y acceso a recursos, educación y formación, y atención profesional.
Asimismo, pidió a la Junta que se plantee la posibilidad de garantizar la protección y seguridad individualizada, como ya han hecho otras comunidades autónomas, que incluso están pagando seguridad privada para garantizar la protección. Además, exigió la puesta en marcha de los 85 juzgados especializados que han prometido desde la Junta, de los "cuales sólo ocho están actualmente en funcionamiento".
Por su parte, el diputado de IULV-CA José Cabrero resaltó los "muchos déficit" que presenta la Ley, ya que "se plantean algunos retoques que no serán suficiente". Así, Cabrero consideró que hay que "ir más allá" en la Ley, a la vez que dijo que "queremos una ley que no excluya a las mujeres con mayor vulnerabilidad y una ley en la que participen las asociaciones".
La diputada del PA Carmen Pinto advirtió de la necesidad de que desde el Gobierno autonómico se adquiera un "compromiso económico" mayor para hacer frente a este problema. Lamentó que, por muchas medidas que se adopten, desgraciadamente, sean cada vez más las mujeres que sufren violencia de género, algo sobre lo que se debería reflexionar.
Fuente Diario de Sevilla
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