Ana Mato acordará hoy con sus colegas Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz una revisión del sistema policial de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género y un cambio en el cuestionario que se les hace a las mujeres que denuncian en la comisaría una agresión machista. Además, a partir de ahora, los juzgados de Violencia sobre la Mujer ampliarán sus competencias porque el Gobierno cree que son más duros que los de lo Penal en la lucha contra un terrorismo de género que mata a una mujer por semana: 20 asesinadas en 2014.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el de Justicia y el de Interior se reúnen esta tarde en la sede de Mato en «busca de fórmulas para ser más eficaces contra la violencia de género». La cita es la culminación de un puñado de reuniones que sus escalafones inferiores (secretarios de Estado, sobre todo) han mantenido en las últimas semanas y en las que se han ido perfilando los contenidos de la cumbre de hoy.
EL MUNDO ha tenido acceso a las actas de la reunión, en la que el equipo de Mato ha diseñado propuestas que, según la información que maneja este periódico, han sido ya aceptadas por los colaboradores de Gallardón y Fernández.
El resultado del cuestionario es la base de la valoración posterior de riesgo, un conjunto de medidas que clasifican a la mujer en una de estas cuatro categorías: extremo, alto, medio o bajo. Y a cada una de ellascorresponde un nivel de vigilancia y protección distinto. Pero si el diagnóstico es erróneo, la protección será insuficiente. Los tres ministros abordarán hoy una «revisión del sistema de valoración del riesgo que pueda mejorar la situación actual tanto del protocolo de valoración, como de los planes personalizados en riesgos altos y en los referentes a discapacidad y menores». La cuestión afecta a miles de mujeres en España. Interior cifra en 15.499 las que, a 28 de febrero, estaban en riesgo de violencia de género. De ellas, en riesgo bajo se encontraban 12.723; en riesgo medio, 2.648; en riesgo alto, 122, y en riesgo extremo, seis. La Policía va a tender a implantar planes personalizados para las mujeres en riesgo alto y extremo, que se revisarán cada cierto tiempo, posiblemente cada tres meses.Una de las más llamativas es el cambio del cuestionario policial que se le hace a la mujer que acude a comisaría a denunciar. Es un test con 25 preguntas, algunas de las cuales se refieren a si el hombre le ha expresado alguna vez estar arrepentido, si él tiene problemas económicos, si bebe o se droga, si lleva armas, si la ha amenazado... La propuesta pactada es que un equipo de expertos de la Policía, la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)revise todas las preguntas para «perfeccionar» algunas que no fijan bien la situación de la mujer e incluir otras nuevas. Algunas de las nuevas cuestiones versarán sobre la situación laboral de la víctima y el agresor y sobre todo lo que insinúe posible vulnerabilidad.
Aunque no está en las actas, la ministra Mato pedirá hoy a Fernándezmás presión policial sobre el maltratador, una idea que lanzó hace un par de semanas sin especificar demasiado a qué se refería. Es probable que haya algunos cambios de destino policiales, es decir, grupos de agentes que se dedican ahora a una actividad sean destinados al área de violencia de género. Pero ese es un aspecto «muy verde» aún en las conversaciones interministeriales.
Sí aparece cerrado el aumento y la «mejora de las competencias»de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, que «conocerán en el orden penal delitos relativos a la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor y el quebrantamiento de medidas cautelares». Estos juzgados instruyen procesos por homicidio, lesiones o integridad moral, pero incluirán «delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiera cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad». Y también sobre «los descendientes propios o de la esposa o conviviente» o los niños o discapacitados que convivan en ese núcleo familiar, aunque no sean sus hijos.
La otra novedad es que los maltratadores que rompan una orden de alejamiento serán procesados en juzgados de Violencia sobre la Mujer en vez de en los de lo Penal, como se hace ahora. Y si no pueden ser procesados, al menos los juzgados de Violencia sobre la Mujer deberán ser informados. Esto responden a la idea de que los juzgados de lo Penal son más suaves al enjuiciar la violencia machista. El último dato oficial, ofrecido el jueves por el Observatorio del CGPJ, parece demostrar esa tesis: en 2013 los juzgados de lo Penal, que no están especializados en este tipo de violencia, absolvieron el 50% de los casos que instruyeron mientras que los de Violencia sobre la Mujer, el 25%. Es decir, los primeros absuelven el doble que los segundos.
A Gallardón también le compete otra de las novedades de la reunión de hoy. Mato propone que en el Estatuto de la Víctima se incluya una referencia expresa, un «apartado específico» a la violencia machista. Así, las «víctimas deberán ser informadas de la situación del detenido, preventivo o penado». Las instituciones penitenciarias, judiciales y policiales deberán notificar a la mujer las resoluciones que acuerden la prisión o posterior puesta en libertad del agresor, «así como la posible fuga del mismo» y las medidas cautelares personales o la modificación de las ya acordadas.
Fuente El Mundo
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