"La labor de las fuerzas de seguridad ha mejorado en el tiempo", aseguró ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio para la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, que atribuyó a la especialización de los investigadores, así como de los jueces y fiscales, el aumento de las sentencias condenatorias por malos tratos.
Los juzgados de Violencia contra la Mujer de Aragón dictaron entre enero y junio 141 sentencias condenatorias y 30 absolutorias, mientras que los juzgados de lo Penal emitieron en ese mismo periodo 215 condenas y 220 absoluciones. La tasa de punitividad alcanza el 58,75% y mejora la del primer semestre del 2009. En Huesca y Teruel roza el 90%. Esos datos, dijo, prueban que "las amenazas, coacciones y actos violentos en el hogar no quedan impunes. Y eso es una buena noticia".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, también vinculó el aumento de fallos condenatorios a la mejora del trabajo de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales, aunque anotó que en los asuntos de maltrato los jueces "son garantistas cuando hay condena y cuando hay absolución. Aquí también rige la presunción de inocencia".
DIAGNÓSTICO Montalbán se desplazó ayer a Zaragoza para reunirse con los jueces que tramitan asuntos relacionados con la violencia doméstica en las tres provincias con el fin de "hacer un diagnóstico" de su funcionamiento en esta materia y llevar al CGPJ "propuestas para mejorar la respuesta judicial si es necesario". No obstante, señaló que "están funcionando correctamente".
En este sentido, añadió que "la especialización está ofreciendo buenos resultados", como prueba el hecho de que las órdenes de protección se estén despachando dentro del plazo de 72 horas que marca la ley. En el primer semestre, los jueces aragoneses concedieron 279 de las 322 órdenes de protección solicitadas por mujeres víctimas de la violencia doméstica.
Montalbán adelantó dos de las líneas de trabajo que impulsa en CGPJ. Una consiste en incidir en la especialización de los juzgados de lo Penal, ya que "la violencia contra la mujer tiene unas características especiales, como el lugar en el que se comete y la relación entre agresor y víctima, que no la hacen comparable a cualquier otro delito". La otra es la puesta en marcha de las Unidades Forenses de Valoración del Riesgo, adscritas a los Institutos de Medicina Legal, y cuyo objetivo es informar a los jueces sobre la situación del agresor, el riesgo de la víctima y las consecuencias para los menores.
En Aragón se presentaron 1.230 denuncias por violencia de género de enero a junio, de las que fueron retiradas 127. Siete maltratadores llevan pulseras telemáticas para controlar que no se acercan a sus víctimas.
Fuente El Periódico de Aragón
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