El Congreso de los Diputados pedirá al Gobierno que las condenas firmes por violencia de género lleven aparejada la pérdida de la custodia de los hijos y también la suspensión del régimen de visitas. Los diputados no especifican si debe tratarse de una medida permanente o temporal, ni cómo debe articularse, ni si sería reversible. Ésta es una de las recomendaciones que se recoge en el informe presentado por la subcomisión que ha evaluado la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y que será votado (y aprobado) la semana próxima en la Comisión de Igualdad.
"Durante los nueve meses que llevamos estudiando el tema hemos visto que uno de los grandes problemas es cómo el maltratador utiliza la relación con los hijos para seguir ejerciendo violencia", explica la diputada Carmen Montón, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista. "Por eso hemos incluido esta recomendación, así como que los tribunales dejen de avalar el supuesto Síndrome de Alienación Parental y que se regulen de forma específica los Puntos de Encuentro Familiar. Sobre estas cuestiones ha habido consenso entre los grupos", añade.
Los Puntos de Encuentro son los centros a los que los jueces envían a los padres separados ante casos de malos tratos, denuncias por abuso sexual o simplemente una situación de conflicto tal entre los progenitores que los menores no pueden pasar de una casa a otra sin la intervención de un tercero. En estos espacios trabajan abogados, trabajadores sociales y psicólogos que en algunos casos hacen labores de mediación (no en todos, porque si hay violencia de por medio no puede llevarse a cabo). Ninguna norma regula su funcionamiento.
Otra de las recomendaciones es que, en los casos de maltrato, el consumo de alcohol y drogas deje de ser una atenuante, como ocurre en los delitos contra la seguridad vial. El informe pide también que haya más financiación para los recursos sociales destinados a las víctimas, asistencia psicológica previa a la presentación de la denuncia, un mejor acceso al Fondo de Garantía de Alimentos (creado para los casos en que los padres no pagan las pensiones) y que tanto las mujeres como los hijos sean atendidos en centros de atención integral.
Convergència i Unió y el PP han anunciado que presentarán votos particulares sobre un punto muy concreto: quieren que se separen las competencias civiles y penales en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer. Entienden que, como los tribunales están colapsados, en la práctica los asuntos civiles (separación, divorcio y medidas sobre los hijos) quedan relegados frente a los penales. El PSOE considera que juntar ambas cuestiones fue uno de los grandes avances de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y que sigue siendo esencial abordar las dos materias de forma conjunta. "Tanto la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer como la presidenta del observatorio del Consejo General del Poder Judicial han desaconsejado que se separen", señala Montón. Sobre este punto parece difícil el consenso.
Fuente El País
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