En opinión de la Fiscalía, ese incremento es consecuencia tanto de la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, como, "probablemente, de una renovada decisión de las víctimas de denunciar los hechos ante el reforzamiento de los mecanismos de protección y las campañas de información".
Aunque estadísticamente no se refleja y sólo representan un pequeño porcentaje del conjunto de la violencia familiar, la Fiscalía alerta también del "incesante" incremento del maltrato, tanto psíquico como físico, de hijos a padres.
La ley integral distinguió por primera vez entre violencia de género -de un hombre contra su mujer o ex mujer- y violencia doméstica, y ese cambio dificulta las comparaciones estadísticas con años anteriores, por lo que Fiscalía suma todos los casos para poder analizar la evolución de la violencia "intrafamiliar".
Según la Memoria, el incremento total de procedimientos incoados en 2005, tanto por delito como por falta, sobrepasó en un 36% las cifras de 2004, y destacan las figuras del maltrato ocasional, las amenazas, la violencia habitual, las lesiones, los quebrantamientos de medidas o condenas y las coacciones, por ese orden.
El número de muertes violentas consumadas en el ámbito familiar fue de 73, un 55,3% más que las 47 registradas el año anterior.
La Fiscalía subraya también cómo en el 86,2% de los casos la violencia tiene lugar entre parejas o ex parejas.
Las sentencias condenatorias representaron en 2005 un 72,2% del total de las sentencias dictadas por delito o falta y se registró un alto porcentaje de sentencias condenatorias dictadas con la conformidad del imputado.
Respecto al incremento del maltrato psíquico y físico de hijos a padres, la Memoria hace referencia a los informes presentados por diversos fiscales.
Como pone de manifiesto el fiscal jefe de Valladolid, se detectan dos tipos de situaciones: hijos jóvenes y muy jóvenes que se enfrentan a sus padres, negando su autoridad; e hijos con problemas mentales o con drogodependencias o alcoholismo, que coaccionan a sus progenitores para obtener dinero para su adicción.
Este segundo grupo, según destaca la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es el que causa mayores problemas en la práctica, ya que los padres no desean una condena para el hijo, sino una intervención terapéutica.
"La dificultad para atender estas expectativas, dada la escasez de centros adecuados de asistencia y tratamiento efectivos, y la falta de ayudas para hacer frente a este problema, conducen de ordinario a un sentimiento de insatisfacción y frustración de los progenitores ante el tratamiento meramente judicial del problema", se advierte en la Memoria.
La consecuencia, según apunta la Fiscalía, es que los padres con frecuencia incumplen las órdenes de alejamiento impuestas y, en ocasiones, dejan de denunciar las nuevas agresiones de las que son objeto.
Respecto a las medidas cautelares de protección a la víctima en el contexto familiar, la Fiscalía subraya que, a pesar del extraordinario crecimiento de 2004, el año pasado continuó la progresión.
Según los datos de la Memoria, se concedieron 9.743 órdenes de alejamiento y el 78,58% de las 21.835 órdenes de protección solicitadas: se denegaron 4.679 y se concedieron 11.712 con medidas penales y 5.444 con medidas civiles y penales.
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