El 80% de las sentencias de violencia de género dictadas por las audiencias provinciales y los juzgados especializados en esta materiacondena al agresor y la mayoría de ellas se dicta con la conformidadde los acusados.
El dato lo ha utilizado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, que ha vuelto a insistir en que las mujeres que acusan falsamente a sus parejas o ex parejas son"un porcentaje irrisorio".
"En violencia de género no hay más acusaciones o denuncias falsas que pueda haber en otra clase de delitos", ha sostenido. Así, ha explicado, de las más de 142.000 denuncias que se presentaron en 2008, "menos de 20 podrían ser falsas". Es decir, un 0,01% del total de las denuncias presentadas.
La cifra contrasta con los datos que maneja el juez Francisco Serrano, el polémico magistrado de Sevilla que dijo en EL MUNDO que miles de hombres habían sido "detenidos injustamente por denuncias falsas o infundadas de maltrato". El titular del Juzgado número 7 de Familia de Sevilla –que ha denunciado a Montalbán por injurias y amenazas– ha dicho que "las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1%[de las denuncias]".
Serrano acusa al Observatorio de usar datos "sesgados" y utiliza otras cifras de la Fiscalía Superior de Andalucía, que en 2008 incoo casi 10.000 procedimientos. Sobre ellos, se emitieron 1.010 sentencias; 395 condenatorias, 412 absoluciones y 203 condenas de conformidad.Un 90% de las denuncias se archivó o acabó en absolución.
En un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, Montalbán ha indicado que los datos que utiliza Serrano "no se corresponden con la realidad". Y ha esgrimido el "riguroso" estudio realizado por el CGPJ sobre sentencias dictadas por las audiencias provinciales especializadas que concluye que sólo en un caso de los 530 analizados el tribunal consideró que podría abrirse una investigación por posible denuncia falsa de una mujer contra su compañero sentimental.
Y es que "no podemos confundir" los sobreseimientos, los archivos y las sentencias absolutorias con las denuncias falsas, "en contra de lo que algunos sectores interesados postulan". Los primeros tienen que ver con la retirada de denuncia por parte de la víctima.
"La retirada de la denuncia puede ser por varias razones", ha señalado Montalbán. "Porque la mujer no ha podido desprenderse de la sumisión, por el miedo a perder la custodia de sus hijos o el sustento si depende económicamente del marido. Puede que estécansada del peregrinaje por la policía, Guardia Civil, juzgados, asistentes sociales... más aún si ha tenido que declarar muchas veces sobre su intimidad, en presencia de personas ajenas al proceso".
Según las estadísticas que maneja el Observatorio, 11 de cada 100 mujeres maltratadas se aparta del proceso antes del juicio y no quiere seguir adelante con la denuncia.
"Los porcentajes de renuncias explican en gran parte el número de sobreseimientos, archivos o sentencias absolutorias en nuestros juzgados", ha precisado Montalbán.
Por ejemplo, en los juzgados de lo Penal, que no están especializados, el número de sentencias condenatorias por maltrato en el ámbito familiarbaja hasta el 50%.
Las últimas estadísticas judiciales, adelantadas por la presidenta del Observatorio, apuntan que entre julio y septiembre del año pasado se han realizado 35.270 denuncias, la cifra más alta desde que se tiene registro y que supone 287 denuncias más que en el trimestre anterior.
"No lo vean como un simple número", ha recalcado hoy Montalbán durante el desayuno informativo, "son mujeres con nombres y apellidos, son mujeres a quienes podemos salvar la vida".
Fuente El Mundo
Las mujeres víctimas de violencia de género podrán cobrar la pensión de viudedad, en caso de fallecimiento de su maltratador, si acreditan que estas agresiones se produjeron en el momento del proceso de separación o divorcio.
Según la última reforma de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran probar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento.
En caso de que no hubiera sentencia, existe la posibilidad de acreditarlo a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, explica la nueva regulación.
El Defensor del Pueblo, que defendía esta tesis, ha mostrado su satisfacción por la reforma y ha explicado que el pasado año esta institución había solicitado al Gobierno la necesidad de que se concediera esta pensión de viudedad a las mujeres maltratadas que habían renunciado a la pensión compensatoria.
En 2008, el Defensor inició una investigación ante la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, tras quejarse varias mujeres de que la Ley General de la Seguridad Social, no contemplaba el supuesto de que la separación o divorcio se hubiesen producido como consecuencia de los malos tratos.
Según exponían las afectadas, dejaba en un estado de mayor desprotección a aquellas mujeres que por miedo o coacción -y en muchos casos con el ánimo de proteger a los hijos- renunciaron en su día a la pensión compensatoria y, por tanto, no tenían derecho a percibir la pensión de viudedad tras el fallecimiento de su ex pareja.
Fuente El Mundo
Pese a que el 2009 finalizó con el menor número de víctimas a manos de sus parejas registrado desde el 2003 (primer año con datos fiables), enero va camino de convertirse en uno de los meses más trágicos. En un plazo de solo 22 días han fallecido cinco mujeres: cuatro, asesinadas por sus parejas o exparejas y una quinta cuyo caso está en investigación, aunque todo apunta a que fue degollada por su compañero sentimental.
Las dos últimas muertes se conocieron el pasado jueves, cuando Ivana S., de 36 años, fue encontrada cosida a puñaladas en Brunete (Madrid), mientras Joana María B., de 40 años, fue degollada en Palma de Mallorca. Las fuerzas de seguridad detuvieron a la expareja de la primera, mientras que se sigue buscando al presunto homicida de Joana, su compañero sentimental, que sufre de problemas psíquicos, al igual que padecía ella.
El Ministerio de Igualdad no incluirá esta última muerte en la estadística de crímenes enmarcados en la violencia de género hasta que se demuestre que el asesinato fue cometido por su pareja. Aun así, decenas de personas mostraron ayer al mediodía en Palma su rechazo al asesinato de Joana María B.
MIEDO A DENUNCIAR Por contra, el asesinato de Ivana no da lugar a dudas. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles dictó ayer el ingreso en prisión, sin fianza, de Sergio G. M. como presunto responsable de la muerte de su expareja. El actual novio de la víctima ha explicado que la víctima sentía bastante miedo del que finalmente ha resultado ser su asesino. Precisamente por ese temor no le denunció.
Tampoco lo habían hecho el resto de asesinadas por sus parejas o exparejas. Por esa razón, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, reiteró ayer el siguiente mensaje, destinado al entorno de las potenciales víctimas: "Cuando una mujer nos dice que tiene miedo, no podemos restarle importancia. Tenemos que protegerlas, cuidarlas y denunciar la situación para que el sistema de protección comience a funcionar".
GENERAR CONFIANZA Aído insistió en que las mujeres maltratadas deben saber "que no están solas y que tienen que confiar en las instituciones y en los profesionales". En este sentido, hizo un llamamiento a las instituciones "para que contribuyan a generar en las mujeres la confianza necesaria" que haga que "acudan al sistema".
El año pasado en enero no hubo ninguna víctima mortal, mientras que en enero del 2008 se registraron siete casos.
Fuente El Periódico de Aragón
Un total de 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el 2009, un 27,6% menos respecto al 2008, lo que supone el número más bajo desde que existen datos estadísticos fiables, a partir del 2003.
En solo 14 de los casos, las víctimas habían denunciado a los agresores, y no lo habían hecho en los 41 restantes, según los datos del 2009 presentados hoy por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, junto al Delegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente.
La titular de Igualdad ha recalcado que la media de homicidios por violencia machista ha disminuido un 8,3% desde la entrada en vigor la ley contra este fenómeno, en diciembre del 2004.
Fuente El Periódico de Aragón
El teléfono 016, que ofrece información sobre violencia de género y asesoramiento jurídico especializado a víctimas y personas allegadas, ha registrado en algo más de dos años de funcionamiento 3.019 llamadas en Aragón. A nivel nacional, este servicio, que está disponible las 24 horas todos los días del año, del recibió 153.279 consultas, según datos del Ministerio de Igualdad. Las comunidades que concentran el mayor número de llamadas al 016 son Madrid (37.601), Andalucía (24.636), Cataluña (20.454). Además, el servicio está preparado para ayudar a personas con discapacidad auditiva en el teléfono 900 116 016.
En el 016, las mujeres son informadas acerca de los derechos en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida disponibles en la lucha contra este tipo de violencia. Este número no queda registrado en las facturas telefónicas con el fin de garantizar la seguridad de las víctimas.
Por otro lado, un total de 76 mujeres aragonesas víctimas de malos tratos estaban dadas de alta en el servicio de teleasistencia móvil al finalizar el mes de noviembre de 2009. En toda España, el número de mujeres asciende hasta 13.837. La cifra más elevada de usuarias de este servicio corresponde a la comunidad Valenciana (2.604), seguida de Madrid con un total de 2.355 mujeres apuntadas.
El servicio de teleasistencia móvil permite que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto, ante situaciones de emergencia, con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales.
Fuente El Periódico de Aragón
Una joven lituana de 24 años no ha podido celebrar las campanadas de Fin de Año en Coín (Málaga) porque su pareja la asfixió el lunes pasado. El homicida, de 27 años, y de su misma nacionalidad, tampoco lo hará. Tras matarla, se ahorcó. Ambos tenían una hija en común de un año que esperaba en su país la llamada de sus progenitores para vivir con ellos en España. Ya no vendrá.
Cuatro días antes, en Nochebuena, era R.M.T., cubano de 21 años, quien acababa con la vida de su novia, A.H.G., colombiana de 42, a la que tiró por la ventana del quinto piso que ambos compartían en Huelva. La mujer deja huérfano a un menor de 12 años.
Las dos últimas víctimas de la violencia de género de 2009 forman parte del 36,4% de mujeres extranjeras que han sido asesinadas por sus parejas. Y sus agresores pertenecen al 43,6% de extranjeros que han acabado con sus parejas.
En todo el año 2009, ha habido 55 víctimas mortales por crímenes machistas, según el último informe del Ministerio de Igualdad. Y aunque la frialdad de las cifras oculta el drama personal de cada una de ellas, hay motivo para pensar en que puede una lucecita al final del túnel: el año ha acabado con el menor número de fallecidas por esta causa desde 2003, cuando hubo 71 muertas.
La cifra de 2009 se aproxima a la de 2005, el primer año en que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género, pero también ha quedado por debajo, porque entonces hubo 57 fallecidas. En 2006 hubo 68, en 2007 llegó a 71 y 2008 fue el peor de todos: acabó con 76 muertas. 2009, no obstante, no es el 'mejor' año de la década: en 2001 hubo 50 asesinadas.
Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja, junto a la ciudad autónoma de Melilla, tienen el privilegio de no haber contado con ningún asesinato machista en este año. Por el contrario, el mayor número se ha concentrado en Andalucía, con 14 muertas, seguida de Cataluña, con 10, y la Comunidad Valenciana, con nueve.
La Comunidad de Madrid, que en 2008 acumuló el mayor número de fallecidas por este motivo, ha pasado en 2009 al cuarto puesto de este triste ranking, con cinco muertas.
La franja entre los 31 y los 40 años es la más peligrosa. En ese tramo estaban 16 de las 54 muertas de 2009. Y 15 de los homicidas, el 27,8% del total, también contaban con esa edad. Curiosamente, la tercera edad no es precisamente la de la tranquilidad y el sosiego: 11 de los autores de los crímenes tenían más de 64 años, así como siete de las víctimas.
El Ministerio de Igualdad destaca que la Ley Integral "ha supuesto un despliegue institucional de medidas y acciones sin precedentes y la movilización de una importante cantidad de recursos", entre otros, las diversas medidas de protección con que cuentan las víctimas.
Ello no ha impedido, sin embargo, que dichas medidas de protección fallaran en el 11,1% de los casos, que no evitaron la muerte de seis mujeres.
En conjunto, el 25,5% de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores. De las 55 fallecidas, 13 habían solicitado medidas de protección, 11 las obtuvieron y tres renunciaron a ellas.
Según el informe de Igualdad, en el 36,4% de los casos no existía convivencia entre agresor y agredida. La mayor parte de las agresiones se produce en plena convivencia: 31 fallecidas (el 56,4% de los casos) estaban unidos a sus asesinos en el momento del crimen, mientras que en 24 casos se estaba produciendo una ruptura de la relación o ya eran ex pareja.
Tras cometer el asesinato, el agresor ha optado, en un 61,8% de los casos, por seguir viviendo. La tentativa del suicidio alcanzó al 14,5% de los homicidas, mientras que el suicidio consumado llegó al 23,6% de los agresores (murieron por esta causa 13 hombres).
2010 será el quinto año de aplicación efectiva de la Ley Integral contra la Violencia de Género. El Gobierno aprobó esta normativa el 25 de junio de 2004, y pasó su visto bueno en el Congreso el 22 de diciembre de 2004. Entró en vigor en 2005.
En su última evaluación sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género, fechado en noviembre de 2009, el Ministerio de Igualdad que dirige Bibiana Aído recordaba los tres primeros años (hasta junio de 2008) de aplicación de dicha ley.
Asumía que "tres años es un tiempo demasiado corto para hacer una valoración de su impacto", aunque destacaba que "las mujeres están ahora más protegidas, disponen de más información y recursos para salir del problema de la violencia, cuentan con derechos sociales y económicos para abordar el futuro y, de manera paralela, se ha trabajado contra la impunidad del agresor". En concreto, "más de 53.000 hombres han sido condenados a penas de prisión por violencia de género en estos años".
En todo este lustro, la Ley Integral ha estado en el ojo del huracán. Ha recibido las críticas de varias ONG y ha sido cuestionada desde la judicatura. Precisamente desde este ámbito, una de sus voces más destacadas ha sido la del titular del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, quien aseguró a ELMUNDO.es que "miles de hombres" han sido detenidos "por el hecho de serlo, tras una denuncia falsa por maltrato".
A Serrano, que aseguró que la Ley contra la Violencia de Género es "discriminatoria" y fruto "de la dictadura del feminismo radical", le han llovido multitud de críticas, aunque también algún apoyo.
Fuente El Mundo
El juez de Sevilla Francisco Serrano ha dicho esta semana que miles de hombres están sufriendo por esta causa. "Se estigmatiza al hombre y se protege a la mujer por el hecho de serlo", y ofreció una relación asombrosa entre los suicidios entre hombres y los divorcios. La presidenta del Observatorio de los jueces para la Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, contestó al juez recriminándole sus palabras sobre el "mito de las denuncias falsas" y el juez la denunció por injurias y amenazas. El rifirrafe ha amplificado un debate que está en la calle. ¿Hay o no hay más denuncias falsas por maltrato que en el resto de los delitos?
Es imposible saberlo, aunque algunos abogados de familia se remiten a su experiencia profesional para alertar de que eso está ocurriendo, y no sólo, dicen, porque se busquen ventajas en el divorcio. "El problema radica en parte en la escasez de juzgados de familia y los muchos divorcios que se tramitan. Ante ese colapso, la gente busca inmediatez y se van al juzgado de violencia de género, que les garantiza una orden de alejamiento automática", explica María Pérez Galván, socia responsable del gabinete Zarraluqui, 28 años de experiencia como abogada de familia.
Pérez Galván no se atreve a dar una cifra, ni a ojo de buen cubero, sobre la incidencia de estas supuestas denuncias falsas, pero conoce casos dramáticos en los que alguno de sus clientes ha tenido que abandonar la vivienda en un par de días, la vivienda en la que, además, tenía instalado su trabajo. "A veces esto ocurre porque los propios abogados aconsejan así a las mujeres, pero yo creo que los divorcios conflictivos son traumáticos, pero no todo portazo es violencia de género, y en un contexto de crisis sentimental se dicen muchas cosas y una mirada puede machacar al otro. Todo eso no es violencia de género, y se reconduciría con profesionalidad desde los tribunales de familia", añade.
Para esta abogada, la creación de más juzgados de familia acabaría con la "humillación de tantos hombres y la difamación" que se les queda pegada, dice, como una mancha indeleble.
Pérez Galván no cree, sin embargo, que haya muchas ventajas en tramitar un divorcio desde un juzgado de violencia de género, "porque las primeras medidas se toman rápido, pero la sentencia puede tardar un año y, sin embargo, en los juzgados de familia llevaría unos cuatro meses".
La presidenta de la Asociación Themis de mujeres juristas, Altamira Gonzalo, utiliza ese mismo argumento para demostrar que no existen denuncias falsas tal y como se están planteando. "La interposición de denuncias no ayuda a la tramitación de un divorcio, es un problema más, pero se hace cuando no queda más remedio, a las mujeres les cuesta denunciar. Pero con frecuencia tramitamos rupturas de parejas cuya causa eran los malos tratos continuados y no nos enteramos, porque no lo denuncian, simplemente acaban con el matrimonio para cortar con los malos tratos", dice.
Profesionalidad es una palabra que se usa mucho en este debate. Porque jueces y fiscales defienden su buen hacer en casos como estos. Ninguna de las tres asociaciones de jueces más conocidas ha querido validar la existencia de denuncias falsas en violencia machista sin datos que lo avalen. El portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, dice que "el juez es quien supervisa si la denuncia tiene visos de ser falsa, admitiendo que la policía no lo haya detectado antes y, si no se archivan de plano esos casos, es porque no hay tantas falsas como se dice. Se puede intentar instrumentalizar el derecho penal, pero para eso están los jueces, que deben tutelar los derechos de las víctimas y las garantías para el acusado. Yo más bien diría que se pueden exagerar, en todo caso, algunas de estas denuncias, pero no creo que más que en otras materias".
Exagerar es también la palabra que cita Marcelino Sesmero, portavoz de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. "La violencia doméstica levanta pasiones y el lenguaje a veces está inflamado. Si hay denuncias falsas es que alguien miente y no tenemos datos sobre eso, más bien puede haber denuncias exageradas o desproporcionadas. Habría que matizar y tranquilizar a los ciudadanos sobre esto: los jueces sabemos distinguir la entidad de lo que se denuncia y ajustarnos a cada caso".
Y por último, Antonio García Martínez, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dice: "No disponemos de datos, pero estas polémicas públicas entre jueces no creo que contribuyan a arreglar nada". La ley de violencia de género, dice, sin embargo, "tiene unas peculiaridades que pudiera, quizá, ser terreno propicio para que esos ilícitos pudieran producirse, pero habrá que hacer prospecciones antes de aseverar nada. Se confirma que las cosas no las vemos como son, sino como somos".
Puede ser. Algunas organizaciones de padres separados las ven de esta manera: "Un porcentaje muy importante de estas denuncias ha sido con el objetivo de conseguir beneficios en el divorcio, para chantajear a la otra parte o impedirle que se le adjudique la custodia compartida o, simplemente, fastidiar. Esto perjudica a las mujeres verdaderamente maltratadas, a los hombres inocentes y, sobre todo, daña a los hijos", dice Justo Sáenz, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres Separados.
Sáenz maneja algunos datos. "Si entre 2005 y 2008 se han tramitado 256.473 denuncias de maltrato y 115.768 han sido sobreseídas y 45.421 hombres, declarados inocentes, hay 161.189 hombres, el 61% de las denuncias, a quienes se ha aplicado el protocolo de maltrato siendo inocentes, con las consecuencias que ello acarrea".
Le contesta Soledad Cazorla, fiscal delegada para la violencia sobre la mujer: "Las absoluciones no pueden confundirse nunca con denuncias falsas; hay cosas que, sencillamente no se pueden probar y en estos delitos de maltrato no siempre es fácil por sus características. Y eso es muy distinto que denunciar falsamente a sabiendas", dice. "Las denuncias falsas no son categoría, son anécdotas, y jueces y fiscales respetamos la presunción de inocencia, ese filtro está ahí, no bajamos la guardia. Si precisamente en lo que tenemos dificultad es en demostrar la prueba de cargo. Nos encontramos con mujeres que denuncian porque ya no pueden más, con otras que no declaran contra ellos porque están en su derecho, con otras que no recuerdan lo que pasó y el golpe se lo dieron ellas mismas con la lavadora y la que, por salvar al agresor, dice que ha sido un ataque de celos y que ha mentido ante el juez", detalla Cazorla.
La fiscalía ha recabado algunos datos. En 2007 se incoaron 19 procedimientos por denuncias falsas; en 2008, 18, y en 2009, 22. "Y aquí no se sabe cuál es la sentencia, sólo se incoa por indicios", aclara. Al año hay unas 100.000 denuncias por malos tratos, de las 400.000 mujeres que padecen violencia de género en España, según las encuestas oficiales.
También el Consejo General del Poder Judicial ha hecho valer esta semana un estudio basado en 530 sentencias recogidas en las Audiencias Provinciales. Sólo en una de ellas se mandó investigar la denuncia por indicios de falsedad. Se trataba de un caso en el que la mujer se desdijo durante el juicio. Los golpes se los había dado ella contra electrodomésticos varios. Sentencia absolutoria. Pero a las audiencias provinciales llegan los casos más graves, es como hacer una prueba de alcoholemia a la salida de un colegio, en lugar de a la salida de una discoteca, esgrimen los que defienden que se están produciendo demasiadas denuncias falsas.
"Las denuncias por maltrato están bajando, las mujeres no denuncian lo que debieran. Esta ley no va contra los hombres, sólo contra los maltratadores. Y no es cierto que la violencia sea propia y normal en los casos de divorcio. Esa violencia viene de antes, y la mujer quiere poner fin a ella con el divorcio, pero los abogados de familia desconocen este fenómeno e insisten en llamar conflicto conyugal a lo que es violencia de género", explica con vehemencia Miguel Lorente, el delegado para la violencia de género del Ministerio de Igualdad.
Más allá de las denuncias falsas, de las que no hay datos, el debate sobre si esto está ocurriendo o no está perfectamente enconado entre unos y otros, todos profesionales que trabajan en la violencia de género o en divorcios. "Si hay que abrir un debate sobre la corrección jurídica de la ley o sobre si tiene algún punto débil, habrá que hacerlo desde un punto de vista serio y jurídico", dice Miguel Ángel Gimeno, de Jueces para la Democracia. Y el juez de familia José Luis Utrera, de Málaga, plantea: "Ha sido un error que los juzgados de violencia de género lleven a la vez causas civiles y penales, y se están viendo casos con maltrato en los juzgados de familia y casos sin maltrato en los juzgados de violencia. Y está habiendo muchas cuestiones de competencia". Utrera añade: "Hay abogados que esconden la violencia para llevar el caso en los juzgados de familia, que es más rápido y porque son causas interminables, duran años, con el régimen de visitas, las pensiones. Que todo esto esté en violencia de género sólo contribuirá a colapsarlos".
"La protección a la víctima cuando se evalúa que corre riesgo, el alejamiento que se decreta, no es una ventaja por la que las mujeres acudan a denunciar, es una conquista. El proceso penal siempre se ocupaba del reo, de su castigo o de su inocencia, pero la protección a la víctima es una conquista del proceso penal moderno", dice la fiscal Soledad Cazorla. Y zanja: "La denuncia falsa no es un problema de funcionamiento de la ley". Y se acuerda de los que robaban en gasolineras y, cuando se daban cuenta de que les habían tomado la matrícula, inmediatamente iban a denunciar que les habían sustraído el coche. "Anécdotas, no categorías".
Fuente El País
La secretaria de Políticas de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, ha expresado su respaldo a la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, y ha dicho que actitudes como las del juez sevillano Francisco Serrano provocan que "las mujeres se piensen si acudir a no a la Justicia".
"La postura del magistrado carece de rigor y fundamento algunos y denota, igualmente, una falta de conocimiento de las estadísticas judiciales y de las características del maltrato a la mujer", ha indicado Cabezón en una nota de prensa.
El pasado 12 de diciembre, el titular del juzgado de familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, aseguró que "en la dictadura del feminismo radical", miles de hombres son detenidos cada año "por denuncias falsas" de violencia machista.
Esto provocó las críticas de la presidenta del Observatorio y unadenuncia posterior de Serrano contra ésta. La dirigente socialista ha criticado que el juez "se empecine en su error, con declaraciones en las que hace mención, sin ningún rigor, al mito de las denuncias falsas".
Según Cabezón, actitudes como las de este juez provocan que "las mujeres se piensen si acudir o no a la Justicia porque crean que no van a ser escuchadas o ser tachadas de falsas", siendo éste "el primer paso que una mujer víctima de violencia de género tiene que dar para que la ley pueda protegerla, ya que -no en vano- muchas de las mujeres asesinadas este año no denunciaron a sus agresores".
La secretaria de Igualdad ha recalcado que la Ley contra la Violencia de Género pretende "que las mujeres sepan que el sistema judicial funciona con normalidad y pueden y deben acudir para obtener protección".
La dirigente socialista ha señalado que "no podemos hablar de denuncias falsas, sino de denuncias que se retiran -como han puesto de relieve la mayoría de las personas que han comparecido en la subcomisión de Violencia de Género- por la vulnerabilidad económica, social y psicológica de las mujeres víctimas de violencia".
Tras manifestar que "esta norma tuvo el consenso de todos los grupos políticos", Cabezón ha dicho que, "como hacen tantos y tantos jueces y profesionales cada día, los magistrados tienen que aplicar las leyes vigentes". Así se transmite a la sociedad, ha continuado, el mensaje de que pueden estar "confiados" porque "el sistema funciona".
Fuente El Mundo
