Esta iniciativa, que no se aprobará formalmente hasta octubre, permitirá que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. Era una de las prioridades de la Presidencia española y ha pendido de un hilo hasta el último momento. El problema -germen de las reticencias de la Comisión- radica en que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificultaba crear un instrumento común.
¿Medidas penales, civiles o administrativas?
A la euroorden, primera propuesta legislativa española en su cuarta Presidencia europea, se opone frontalmente la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, que la rechaza por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. La Comisión Europea, a través de sus servicios legales, emitió un dictamen donde se desacreditaba dicha base jurídica, que es de cooperación penal, pese a que en otros países son medidas civiles o administrativas. A juicio de Reding, esto perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. Reding, que tachó en el Parlamento Europeo a la euroorden de "chapucera", ha vuelto a amenazar hoy con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si se aprueba. Pese a estos ataques, Caamaño logró el 23 de abril el apoyo de una mayoría suficiente de Estados miembros.
Hoy, un total de siete países -Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- se han opuesto a la orden de protección y han pedido esperar a que la Comisión Europea presente en 2011 una propuesta para proteger a las víctimas que resuelva los problemas jurídicos detectados. Estos países, gracias al cambio de postura del nuevo Gobierno conservador británico -el Ejecutivo laborista la apoyaba-, forman una minoría de bloqueo suficiente para tumbar la iniciativa de la presidencia (100 votos, por encima de los 87 que se necesitaban, según el servicio jurídico del Consejo).
Sin embargo, la Presidencia española ha decidido pese a todo seguir adelante con el procedimiento acogiéndose a una disposición del Tratado que permite dar un "plazo razonable" a Reino Unido para cambiar de postura -Londres elige si participa o no en las decisiones sobre Justicia e Interior de la UE y por eso existe este mecanismo para que no pueda bloquearlas indefinidamente-. Si al final de ese plazo el Gobierno británico no apoya el texto español, el resto de países puede tomar una decisión sin tenerlo en cuenta. "Creemos que es posible enviar ese texto al Parlamento. Creemos que eso es claramente conforme al espíritu y a la letra de la legislación comunitaria", ha sentenciado Caamaño en su condición de presidente para concluir el debate pese a las protestas de varias delegaciones. Esta interpretación del procedimiento, apoyada por el servicio jurídico del Consejo, ha sido cuestionada por las delegaciones opuestas a la propuesta, entre ellas Reino Unido. Su ministro de Justicia, Kenneth Clarke, ha protestado por la maniobra de Caamaño de expulsarle de una decisión en la que desean "realmente participar, siempre que tenga una base jurídica segura, sin la cual la medida será bastante inútil para las víctimas".
Por su parte, la ministra alemana, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ha subrayado que "hay mayoría, pero no cualificada" y "si no hay mayoría cualificada, el procedimiento no puede seguir". En el mismo sentido se han expresado Austria y Eslovenia, mientras que Francia ha apoyado la interpretación de la presidencia española. Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia también han apoyado la euroorden. Para Reding, estaba "muy claro que no hay mayoría cualificada y que no hay ningún mandato del Consejo al Parlamento". A pesar de las reticencias mostradas por las siete delegaciones, no han querido forzar una votación, lo que ha permitido superar el visto bueno del Consejo por mayoría. De haberse votado, la propuesta no hubiera reunido la mayoría cualificada necesaria para enviarla al Parlamento. El "acuerdo político" alcanzado finalmente por mayoría que será formalizado en octubre.
Fuente El País
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