El Ministerio de Igualdad ha ofrecido a las comunidades autónomas cofinanciar los programas de reeducación de maltratadores, así como cinco millones de euros para sufragar programas de atención a víctimas de violencia doméstica, con atención prioritaria a menores e inmigrantes.
En un receso de la Conferencia Sectorial de la Mujer que se celebra en el ministerio de Igualdad, su titular, Bibiana Aído, ha explicado que también ha propuesto a las CCAA implantar un sistema de GPS para controlar a los agresores, que podría comenzar estar operativo en abril próximo.
El fondo de cinco millones para la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género ha sido aprobado en la reunión por ocho votos a favor, nueve abstenciones y dos en contra.
El dinero se repartirá entre las regiones en función de criterios demográficos, atendiendo al número de inmigrantes y menores, y habrá un mínimo de 200.000 euros para todas ellas, ha añadido.
El ministerio justifica la atención prioritaria a las extranjeras porque es uno de los colectivos más vulnerables a esta violencia: en los tres años de vigencia de la ley contra la violencia de género el porcentaje de inmigrantes muertas a manos de sus parejas o ex parejas ha pasado de un 23% en 2004 a un 44,3% en 2007, ha explicado Aído.
En cuanto a los programas de reeducación de los agresores, Aído ha admitido que hay demasiada dispersión entre comunidades autónomas, por lo que el ministerio creará un grupo de expertos para establecer criterios homologados y de calidad. En este sentido, también se ofrecerá a las comunidades la posibilidad de firmar convenios y cofinanciar estos programas de reeducación.
Por otro lado, ha anunciado que su departamento ya ha iniciado los trámites de contratación de los dispositivos de control de las medidas de alejamiento, que serán destinados a aquellas mujeres que sufren un riesgo extremo.
Actualmente, Igualdad trabaja con los ministerios de Justicia e Interior para la implantación territorial de estos elementos de vigilancia, que se pondrán a disposición de los jueces.
Para su adquisición por parte de las comunidades autónomas, el Gobierno les ofrece cinco millones de euros. Las autonomías del PP han considerado escaso el fondo de cinco millones de euros para la asistencia social a las víctimas, y han discrepado de los criterios de su reparto, según han declarado a la prensa los representantes de Madrid, Valencia y Murcia.
Por contra, las autonomías gobernadas por el PSOE, como Andalucía y Extremadura, han dado la bienvenida a esta nueva aportación estatal, que se sumará a las partidas presupuestarias contempladas por las propias administraciones autonómicas para luchar contra la violencia machista.
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