Conseguir que el 88% de las mujeres víctimas de violencia machista aún ocultas rompan su silencio y denuncien a sus agresores debe ser una de las prioridades de las autoridades, según se recoge en un estudio presentado por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.
El informe, titulado 'Modelos de actuación en violencia de género', ha sido elaborado por un equipo de trabajo encabezado por el director del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Juan Antonio Cobo, e incluye un amplio trabajo de campo realizado en las prisiones de Zuera y Daroca, en el centro de inserción social 'Las trece rosas' y el Juzgado de Guardia de Zaragoza.
El informe indica que sólo un 12 por ciento de las víctimas de violencia machista son accesibles a la respuesta social y de la Administración de la Justicia, por lo que es necesario "promover actuaciones específicas" para ampliar ese porcentaje y llegar al resto de mujeres maltratadas.
'En silencio por costumbre'
El doctor Cobo, en una conferencia de prensa, ha explicado que cuatro de cada cinco mujeres muertas a manos de su pareja y ocho de cada nueve agredidas "estaban en silencio" por costumbre, cariño, miedo o vergüenza, y en más de la mitad de los casos esta situación se escondía incluso a la familia.
Según las conclusiones del informe, las mujeres que adoptan esta "estrategia" viven en una realidad inventada que se basa en recuerdos del pasado y en expectativas de futuro, es decir, que esperan un cambio de actitud de su agresor.
Para estos casos, se propone una respuesta que tenga en cuenta la realidad de esa víctima, como la denuncia puente, la denuncia innominada o el manual de protección, este último "de referencia" y que pretende ayudar a la mujer a "diagnosticar ese cáncer en el que vive" y que así sea capaz de valorar su propia realidad.
Denuncia puente
La denuncia puente mantendría el mismo procedimiento penal de respuesta, pero da una opción a la víctima para controlar los efectos de su denuncia, como por ejemplo elegir entre una detención de su agresor o una requisitoria o que las decisiones penales y civiles pudieran ser aplicadas inmediatamente o pudiera ser decidida una aplicación retardada.
Este caso implica que se respeta la decisión de la mujer de no querer romper con todo, aunque a su juicio habría que tener muy en cuenta la valoración del riesgo de la víctima y la capacidad de ésta para tomar decisiones, porque en ocasiones están "incapacitadas".
Denuncia innominada
Cobo también ha resaltado la importancia de la denuncia innominada, indicada especialmente en los casos de agresión sexual, sobre todo de pareja, y que aseguraría el anonimato de la víctima hasta que se contara con pruebas válidas y suficientes para la demostración del hecho.
Se evita así que el agresor "salga más fuerte" de un proceso en el que no ha sido declarado culpable por falta de pruebas y se protege a la víctima, ya que de ser así no volvería a denunciar nunca.
Estas medidas no exigen un cambio de legislación, ya que todas ellas están incluidas en el código penal, sino que "son pequeños retoques de procedimiento" que dejan más libertad a la mujer y pueden animar a esas víctimas ocultas a decidir salir de su situación.
Otras de las cuestiones tratadas en el estudio ha sido la respuesta frente al agresor, ya que se ha detectado una respuesta "casi exclusiva" de punición y alejamiento, cuando según los expertos es adecuado, en algunos casos, la reeducación y los tratamientos, porque "el castigo" no evita un desarrollo obsesivo, un deterioro cognoscitivo o una celotipia alcohólica.
Así, se recomienda la introducción obligatoria de una asesoría técnica y especializada en todos los procedimientos por violencia de género que decida las medidas aconsejables dependiendo de las causas de las agresiones.
La aplicación de un modelo global en los casos de agresiones machistas, que además se adapte a las diferencias de cada uno de los casos para que sea más eficaz; la diferenciación de objetivos y métodos teniendo en cuenta los factores de riesgo; y en definitiva trabajar en los caminos que llevan a la agresión y a la muerte son otras de las conclusiones del estudio.
El Justicia de Aragón ha lamentado que aunque se han puesto muchas medidas en marcha para luchar contra esta lacra social "las muertes no han disminuido", por lo que ha insistido en que hay que prestar mucha atención a esta cuestión, sobre todo en la actual situación de crisis económica.
Fuente Heraldo de Aragón
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