A Antonio Urban, el hombre que mató a su ex mujer el martes en Cullera (Valencia), un juez de Sueca le cambió la condena de cuatro meses de prisión por la asistencia a un curso de rehabilitación para agresores machistas. O, en realidad, por nada, porque en esta provincia, a diferencia de Alicante y Castellón, no se imparten. Lo reconoció ayer el consejero autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, que se justificó diciendo que la Audiencia de Valencia no los ha pedido. "Son los jueces quienes tienen que solicitarlo, nosotros ponemos a su disposición el dinero para ello, pero no podemos inmiscuirnos en lo que tienen que hacer". Hasta ahora. De Rosa anunció una próxima reunión con la cúpula judicial autonómica para activar esos cursos en Valencia.
Casi dos meses después de la sentencia, Urban no había participado en ningún programa de rehabilitación, pero sí se había movido libremente por Cullera. No estaba cumpliendo así ninguna de las dos condiciones fijadas por el tribunal al sustituir la pena de cárcel por el plan de rehabilitación. Tampoco la del alejamiento de la víctima. La Guardia Civil tenía constancia de ello, porque de tanto en tanto llamaba a su ex mujer para preguntarle si estaba bien, y ella respondía que sí, pero que su ex marido seguía abajo, merodeando alrededor de su puerta.
Entre copa y copa -Antonio tenía problemas con el alcohol-, preguntaba a sus amigos dónde podía hacerse con un arma para atracar un bar. O alguien se lo dijo o él lo averiguó solo. Mató a su ex mujer de un tiro en el pecho. Nadie le había llamado para que hiciera un curso de rehabilitación como el que estrenó la Audiencia de Alicante en 2004 para la reeducación y reinserción de maltratadores. En sus aulas se escuchan testimonios como el de R. P. G., de 37 años: "Maltrato a mi mujer física y psicológicamente desde hace ocho años y sin ningún motivo. Soy un enfermo y no quiero vivir así".
La experiencia está supervisada por los servicios sociales penitenciarios. De esa forma, aunque de media suelen durar un trimestre, se individualiza la efectividad del plan formativo. Psicólogos, juristas, forenses, sociólogos, tratan de enderezar la conducta de los agresores. El resultado, según el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, es que "no reinciden", informa Rebeca Llorente.
¿Antonio Urban lo hubiese hecho? Hoy su ex mujer Virma Gimeno, de 44 años, será enterrada en Cullera. El martes tomaba un café con sus amigas en un bar cuando Antonio se acercó: "No te voy a dar nada. Sabes que no puedes estar aquí. Vete o llamaré a la Guardia Civil", le dijo. Él apretó el gatillo y salió caminando tan pancho.
Antes de eso, se había parado en el Vendetta, pero no entró porque estaban en pleno zafarrancho con la pulidora, dijo que se iba a tomar una cerveza. Lola, la dueña, tenía puesto un pasodoble fallero. "Y al poco escuché algo que me pareció un masclet (petardo). Me giré y lo vi pasar con la pistola en la mano, tranquilo, como si nada".
La trágica historia de Virma ilustra a la perfección la senda por la que transitan las maltratadas hasta que salen del infierno, o hasta que las matan. Vivieron en pareja durante más de 15 años. Él convirtió su vida en un calvario, le pegaba continuamente. Cuando por fin ella decidió separarse intentó rehacer su vida con una sombra pegada a su casa, a su espalda. A pesar de eso, salía con las amigas. "¿Me veis muy desatada?", les preguntaba cuando salía a tomar algo.
El padre de Virma, don Enrique, supo del dolor de la hija que hoy entierra, siente que ella estuvo desprotegida, que todo el mundo sabía qué pasaba. "No creí que fuera capaz de matarla, pensé que no se atrevería".
La víctima pertenecía a una familia muy conocida en Cullera, de buena posición. Había tenido un primer matrimonio del que nacieron dos hijos. La casa familiar está a tres manzanas del lugar donde murió. El padre llegó al bar cuando aún los servicios sanitarios trataban de reanimarla. Vio como se le escapaba la vida en plena calle a manos del hombre al que ella había denunciado en varias ocasiones.
Las amigas cuentan que "cuando ella dijo basta, él se volvió loco, se quedó sin nada, y no la dejaba en paz". Antonio se quedó sin casa, no tenía dinero. Dormía desde la separación en un coche que era, en realidad, de ella. Hacía semanas que iba preguntando a sus amigos dónde podía conseguir un arma. Quería, dicen, atracar un bar.
El crimen de Virma y el de otras tres mujeres el martes, han desencadenado una riada de reacciones que aún perduran. Pero los políticos han vuelto a la greña. Los presidentes autonómicos del PSOE ya han apoyado la reunión que propuso Zapatero si gana las elecciones. Sin embargo, los responsables regionales del PP dijeron ayer que esta convocatoria es "oportunista", a pesar de que el miércoles la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, abogó por "un gran pacto de Estado" para acabar con esta violencia.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció ayer que la ley es insuficiente y que, de gobernar de nuevo, la completarán con campañas permanentes de sensibilización, como las de Tráfico y se "profundizará" en las medidas que ya se contemplan.
IU defendió ayer la creación de un Ministerio de la Mujer para coordinar todas las políticas de igualdad.
La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, considera que "culpabilizar a los jueces de estas muertes es una absoluta irresponsabilidad". Y la Asociación Profesional de la Magistratura añadió que la ley se está aplicando con "firmeza, rigidez e incluso dureza".
Fuente El País
Casi dos meses después de la sentencia, Urban no había participado en ningún programa de rehabilitación, pero sí se había movido libremente por Cullera. No estaba cumpliendo así ninguna de las dos condiciones fijadas por el tribunal al sustituir la pena de cárcel por el plan de rehabilitación. Tampoco la del alejamiento de la víctima. La Guardia Civil tenía constancia de ello, porque de tanto en tanto llamaba a su ex mujer para preguntarle si estaba bien, y ella respondía que sí, pero que su ex marido seguía abajo, merodeando alrededor de su puerta.
Entre copa y copa -Antonio tenía problemas con el alcohol-, preguntaba a sus amigos dónde podía hacerse con un arma para atracar un bar. O alguien se lo dijo o él lo averiguó solo. Mató a su ex mujer de un tiro en el pecho. Nadie le había llamado para que hiciera un curso de rehabilitación como el que estrenó la Audiencia de Alicante en 2004 para la reeducación y reinserción de maltratadores. En sus aulas se escuchan testimonios como el de R. P. G., de 37 años: "Maltrato a mi mujer física y psicológicamente desde hace ocho años y sin ningún motivo. Soy un enfermo y no quiero vivir así".
La experiencia está supervisada por los servicios sociales penitenciarios. De esa forma, aunque de media suelen durar un trimestre, se individualiza la efectividad del plan formativo. Psicólogos, juristas, forenses, sociólogos, tratan de enderezar la conducta de los agresores. El resultado, según el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, es que "no reinciden", informa Rebeca Llorente.
¿Antonio Urban lo hubiese hecho? Hoy su ex mujer Virma Gimeno, de 44 años, será enterrada en Cullera. El martes tomaba un café con sus amigas en un bar cuando Antonio se acercó: "No te voy a dar nada. Sabes que no puedes estar aquí. Vete o llamaré a la Guardia Civil", le dijo. Él apretó el gatillo y salió caminando tan pancho.
Antes de eso, se había parado en el Vendetta, pero no entró porque estaban en pleno zafarrancho con la pulidora, dijo que se iba a tomar una cerveza. Lola, la dueña, tenía puesto un pasodoble fallero. "Y al poco escuché algo que me pareció un masclet (petardo). Me giré y lo vi pasar con la pistola en la mano, tranquilo, como si nada".
La trágica historia de Virma ilustra a la perfección la senda por la que transitan las maltratadas hasta que salen del infierno, o hasta que las matan. Vivieron en pareja durante más de 15 años. Él convirtió su vida en un calvario, le pegaba continuamente. Cuando por fin ella decidió separarse intentó rehacer su vida con una sombra pegada a su casa, a su espalda. A pesar de eso, salía con las amigas. "¿Me veis muy desatada?", les preguntaba cuando salía a tomar algo.
El padre de Virma, don Enrique, supo del dolor de la hija que hoy entierra, siente que ella estuvo desprotegida, que todo el mundo sabía qué pasaba. "No creí que fuera capaz de matarla, pensé que no se atrevería".
La víctima pertenecía a una familia muy conocida en Cullera, de buena posición. Había tenido un primer matrimonio del que nacieron dos hijos. La casa familiar está a tres manzanas del lugar donde murió. El padre llegó al bar cuando aún los servicios sanitarios trataban de reanimarla. Vio como se le escapaba la vida en plena calle a manos del hombre al que ella había denunciado en varias ocasiones.
Las amigas cuentan que "cuando ella dijo basta, él se volvió loco, se quedó sin nada, y no la dejaba en paz". Antonio se quedó sin casa, no tenía dinero. Dormía desde la separación en un coche que era, en realidad, de ella. Hacía semanas que iba preguntando a sus amigos dónde podía conseguir un arma. Quería, dicen, atracar un bar.
El crimen de Virma y el de otras tres mujeres el martes, han desencadenado una riada de reacciones que aún perduran. Pero los políticos han vuelto a la greña. Los presidentes autonómicos del PSOE ya han apoyado la reunión que propuso Zapatero si gana las elecciones. Sin embargo, los responsables regionales del PP dijeron ayer que esta convocatoria es "oportunista", a pesar de que el miércoles la secretaria de Políticas Sociales del PP, Ana Pastor, abogó por "un gran pacto de Estado" para acabar con esta violencia.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, reconoció ayer que la ley es insuficiente y que, de gobernar de nuevo, la completarán con campañas permanentes de sensibilización, como las de Tráfico y se "profundizará" en las medidas que ya se contemplan.
IU defendió ayer la creación de un Ministerio de la Mujer para coordinar todas las políticas de igualdad.
La presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas, considera que "culpabilizar a los jueces de estas muertes es una absoluta irresponsabilidad". Y la Asociación Profesional de la Magistratura añadió que la ley se está aplicando con "firmeza, rigidez e incluso dureza".
Fuente El País
