viernes, junio 04, 2010

La euroorden de protección a las víctimas de malos tratos supera el penúltimo trámite

La Presidencia española de la Unión Europea (UE) ha decidido esta mañana remitir la orden europea de protección para mujeres maltratadas a la Eurocámara para su aprobación definitiva, pese a no contar con el apoyo de una mayoría cualificada suficiente entre los Estados miembros. En un bronco debate público, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha enfrentado con la Comisión y con el rechazo de siete países -Alemania, República Checa, Eslovenia, Letonia, Austria, Reino Unido y Hungría-, que querían frenar la iniciativa por considerar que creará inseguridad jurídica entre las víctimas porque su base legal es inadecuada. Otros 16 han respaldado expresamente el texto.

Esta iniciativa, que no se aprobará formalmente hasta octubre, permitirá que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una persona amenazada, por ejemplo una orden de alejamiento para un maltratador, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que la víctima se traslade. Era una de las prioridades de la Presidencia española y ha pendido de un hilo hasta el último momento. El problema -germen de las reticencias de la Comisión- radica en que en algunos países estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros como Alemania en procedimientos civiles y otros como Reino Unido tienen un sistema mixto, lo que dificultaba crear un instrumento común.

¿Medidas penales, civiles o administrativas?

A la euroorden, primera propuesta legislativa española en su cuarta Presidencia europea, se opone frontalmente la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, que la rechaza por considerar que utiliza una base jurídica inadecuada. La Comisión Europea, a través de sus servicios legales, emitió un dictamen donde se desacreditaba dicha base jurídica, que es de cooperación penal, pese a que en otros países son medidas civiles o administrativas. A juicio de Reding, esto perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo beneficiará a los abogados al aumentar el número de litigios. Reding, que tachó en el Parlamento Europeo a la euroorden de "chapucera", ha vuelto a amenazar hoy con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si se aprueba. Pese a estos ataques, Caamaño logró el 23 de abril el apoyo de una mayoría suficiente de Estados miembros.

Hoy, un total de siete países -Alemania, Reino Unido, Austria, Letonia, Eslovenia, República Checa y Hungría- se han opuesto a la orden de protección y han pedido esperar a que la Comisión Europea presente en 2011 una propuesta para proteger a las víctimas que resuelva los problemas jurídicos detectados. Estos países, gracias al cambio de postura del nuevo Gobierno conservador británico -el Ejecutivo laborista la apoyaba-, forman una minoría de bloqueo suficiente para tumbar la iniciativa de la presidencia (100 votos, por encima de los 87 que se necesitaban, según el servicio jurídico del Consejo).

Sin embargo, la Presidencia española ha decidido pese a todo seguir adelante con el procedimiento acogiéndose a una disposición del Tratado que permite dar un "plazo razonable" a Reino Unido para cambiar de postura -Londres elige si participa o no en las decisiones sobre Justicia e Interior de la UE y por eso existe este mecanismo para que no pueda bloquearlas indefinidamente-. Si al final de ese plazo el Gobierno británico no apoya el texto español, el resto de países puede tomar una decisión sin tenerlo en cuenta. "Creemos que es posible enviar ese texto al Parlamento. Creemos que eso es claramente conforme al espíritu y a la letra de la legislación comunitaria", ha sentenciado Caamaño en su condición de presidente para concluir el debate pese a las protestas de varias delegaciones. Esta interpretación del procedimiento, apoyada por el servicio jurídico del Consejo, ha sido cuestionada por las delegaciones opuestas a la propuesta, entre ellas Reino Unido. Su ministro de Justicia, Kenneth Clarke, ha protestado por la maniobra de Caamaño de expulsarle de una decisión en la que desean "realmente participar, siempre que tenga una base jurídica segura, sin la cual la medida será bastante inútil para las víctimas".

Por su parte, la ministra alemana, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ha subrayado que "hay mayoría, pero no cualificada" y "si no hay mayoría cualificada, el procedimiento no puede seguir". En el mismo sentido se han expresado Austria y Eslovenia, mientras que Francia ha apoyado la interpretación de la presidencia española. Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia también han apoyado la euroorden. Para Reding, estaba "muy claro que no hay mayoría cualificada y que no hay ningún mandato del Consejo al Parlamento". A pesar de las reticencias mostradas por las siete delegaciones, no han querido forzar una votación, lo que ha permitido superar el visto bueno del Consejo por mayoría. De haberse votado, la propuesta no hubiera reunido la mayoría cualificada necesaria para enviarla al Parlamento. El "acuerdo político" alcanzado finalmente por mayoría que será formalizado en octubre.

Fuente El País

2010, récord de muertes por violencia de género desde que nació Igualdad

A los maltratadores parecen importarles bien poco las tarjetas rojas que les muestra Bibiana Aído en su más reciente campaña contra la violencia de género. Los datos de 2010 son demoledores: a fecha de hoy, incluyendo la última víctima de Almería y su hijo de cuatro años, ha habido 31 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, una de las cifras más altas de la última década y la más elevada desde la creación, en 2008, del Ministerio de Igualdad.

A ello hay que añadir un dato inquietante común en los últimos crímenes: ya no hay tantas denuncias previas como en el pasado. En concreto, de las 31 asesinadas en 2010, sólo cinco habían denunciado a su presunto agresor, y una de ellas incluso llegó a retirar la denuncia. Y el 64,5% seguía conviviendo en pareja.

2009, un espejismo

El año 2009 fue especialmente 'bueno', al reducirse sustancialmente el número de víctimas: pasaron de las 76 de 2008 a las 55 de 2009. Esto permitió que se interpretara como un triunfo de la apuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero en pro de la igualdad y de la lucha contra la violencia sobre la mujer, dos de los motivos por los que se puso en marcha dicho Ministerio durante la segunda legislatura socialista.

Sin embargo, un año después, esa reducción parece un espejismo, ya que las 31 asesinadas en este 2010 suponen un retroceso a los peores tiempos de la violencia de género. Las 29 muertas de 2010 -excluyendo el crimen de hoy de Almería y el de Gijón del miércoles, ambos ya en junio- a fecha de 31 de mayo sólo han sido superadas en años fatídicos en lo que a crímenes machistas se refiere: en 2006, que acabó con 68 fallecidas, hubo 32 muertas por estas mismas fechas. Incluso en 2008, que terminó con 76 muertas, y que ha sido el peor año de la década, hubo 27 asesinadas en los cinco primeros meses, dos menos que ahora.

Perfiles de víctimas y agresores

Según los datos de Igualdad, de las 31 víctimas de 2010, sólo cinco habían denunciado a su agresor y tres obtuvieron medidas de protección tras haberlas solicitado, que estaban en vigor cuando fueron asesinadas.

Ninguna de las víctimas tenía menos de 21 años y sólo una era mayor de 64 años.

Del total de asesinadas, 19 eran españolas y 12 extranjeras y 20 de ellas vivían en pareja, mientras que el resto estaban separadas o en fase de ruptura.

Más de la mitad de los agresores (17) eran españoles y 14 extranjeros. La mayoría estaba en franjas de edad comprendidas entre 31 y 40 años y 51 y 64 años.

Según el ámbito geográfico, Andalucía es la comunidad con más crímenes machistas en lo que va de año, nueve en concreto.

Preocupación de la ministra

La ministra Bibiana Aído reconoció el pasado martes que en el Ministerio están "enormemente preocupados" por el hecho de que se haya reducido considerablemente el número de mujeres que denuncian a sus agresosres.

Y a pesar de que las cifras de 2010 no le acompañan, Aído insistió en que sin la Ley Integral contra la Violencia de Género "la situación sería completamente distinta". No obstante, la ministra admitió que la ley, "por sí misma no acabará con la violencia de género".

Fuente El Mundo