sábado, octubre 20, 2007

3.000 euros al año

Los abogados apuntados al turno de oficio, destinado a personas con bajos ingresos económicos, ganan anualmente en torno a 3.000 euros. Se trata de una cantidad meramente indicativa, pues el montante total de sus ingresos por este concepto depende del número de guardias y de si trabajan, por ejemplo, durante el mes de agosto, entre otros factores. "Es imposible vivir del turno de oficio", señaló un letrado. "No llega ni para pagar los gastos fijos, como la colegiación, la Mutualidad o la Seguridad Social", añadió. Con todo, este servicio sirve para que los letrados, muchos recién salidos de la carrera, entren en contacto con clientes potenciales. El servicio lo prestan en torno a un millar de abogados.

El IAM no quiere opinar, pero dejó de pagar su parte del convenio

La responsable del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Rosa Borraz, no quiso ayer pronunciarse sobre la polémica que afecta al Colegio de Abogados de Zaragoza pretextando que se trata de "una cuestión interna de la institución". Sin embargo, el IAM sí está vinculado con el turno de asistencia a las víctimas de violencia doméstica, pues contribuye a financiar el servicio. Claro que su aportación económica no ha estado exenta de problemas. Por ejemplo, en el año 2005, los letrados que prestan el servicio denunciaron que el IAM llevaba casi un año sin abonar sus honorarios. La responsable de la entidad en la época, Trinidad Aulló, alegó problemas burocráticos para justificar el incumplimiento de sus deberes económicos.

Las abogadas creen compatible el turno penal con violencia doméstica

La Comisión de Mujeres Abogadas de Zaragoza reaccionó ayer con disgusto ante la medida adoptada por el órgano colegial zaragozano que prohíbe compaginar, a partir del 2008, el turno de oficio penal con el de asistencia a las víctimas de violencia doméstica, en aras de la especialización de los profesionales que prestan el servicio.
De hecho, medio centenar de abogados y abogadas protagonizaron un plante el pasado jueves en la sede colegial, durante una asamblea presidida por el decano de la institución, Francisco Javier Hernández Puértolas.

"Estamos en contra de que se separen ambos turnos porque la comisión luchó mucho por obtener el servicio de violencia doméstica, que es uno de los que más distinguen al Colegio de Abogados de Zaragoza", manifestó ayer una representante del colectivo. Sobre todo, esta entidad considera que el turno de oficio penal y el de violencia contra las mujeres "son totalmente compatibles".

El Colegio de Abogados adoptó la decisión, en la línea de otras organizaciones profesionales de letrados de diferentes provincias, por razones deontológicas: para evitar que se dé la circunstancia de que un mismo letrado deba prestar asistencia jurídica tanto al presunto autor de un caso de malos tratos como a la denunciante.

Sin embargo, la comisión de Mujeres Abogadas asegura que "tal y como están organizados los dos turnos, a los que está apuntado un importante número de letrados, es imposible que se produzca esa duplicidad de ser a la vez defensor y acusador particular en un mismo caso".

"El problema es que el Colegio nos obliga a elegir entre ambos servicios y eso nos sabe mal", manifestó ayer una letrada que hasta ahora compaginaba la violencia doméstica con el turno de penal. "No me apetece darme de baja de ninguno de los dos turnos", afirmó.

De hecho, la asistencia a víctimas de la violencia machista fue fruto del empeño de la comisión de Mujeres Abogadas, que consiguió además implicar a la Administración autonómica en la financiación del servicio, cuya creación se remonta al año 1996.

Por otro lado, los abogados del turno de mujeres maltratadas (122 en total) niegan de forma tajante que su plante responda a motivos económicos. "Un caso de violencia doméstica viene a suponer, por término medio, unos honorarios de solo 200 euros, con el juicio completo", explicó la misma letrada.

A cambio, añadió la misma fuente, el abogado se convierte en la mayoría de los casos en el mayor apoyo moral de la víctima, "hasta que la denuncia inicial desemboca en el divorcio o, en numerosísimas ocasiones, en una especie de reconciliación entre el autor de los maltratos y su denunciante".

viernes, octubre 19, 2007

`Rebelión´ de los abogados de violencia de género en Zaragoza

Ayer fuimos convocados por nuestro decano los letrados del Servicio de Asistencia a las Víctimas de de Violencia de Género, para ofrecernos explicaciones sobre la decisión que la Junta de Gobierno, a espaldas de los letrados adscritos al servicio y de su propia coordinadora, tomaron a mediados de septiembre.



Como letrado perteneciente a este servicio y asistente a dicha reunión, aprovecho este espacio abierto en internar para dar mi personal punto de vista, intentando dominar la indignación que me produjeron algunas de las manifestaciones que se vertieron ayer por parte de los representantes de la Junta de Gobierno.



En primer lugar, para sorpresa e indignación de todos, se intento negar lo evidente: que mi compañera y amiga Carmen Alquezar es la coordinadora del servicio. Coordinadora a espaldas de la cual se ha tomado la desafortunada decisión de impedir que los letrados adscritos al SAVIVID pudiéramos además estar incluidos en las listas de asistencia al detenido.



Afortunadamente la mayoría de los presentes pusimos en evidencia lo absurdo e incierto de dicha manifestación pública, y que fue el inicio de una crispación que fue en aumento a medida que avanzaba la reunión.



Se nos intento explicar con generalidades absurdas los motivos de dicha decisión, pero sin entrar en detalles, estadísticas o motivos finales no confesables que los oradores intentaron desesperadamente soslayar.



A ninguno de los que estaban en el estrado este letrado se los ha encontrado a las cuatro de la mañana de un domingo de agosto en una comisaría de Zaragoza asistiendo a una víctima, o en la Guardia Civil de Belchite o Cariñena escuchando como una mujer te cuenta como su marido la golpea a diario pero que no quiere denunciar por miedo y vergüenza al que dirán en el Pueblo.



A ninguno de ellos los he visto o me han defendido cuando he soportado los desplantes de los Juzgados por intentar defender a una mujer maltratada y chocarme contra el muro burocrático e insensible de la Administración de Justicia.



No estaban cuando alguna compañera ha comprado de su bolsillo pañales para un bebé de una mujer que debía acudir a toda prisa a una casa de acogida de emergencia.



Ninguno de ellos estaba.



Que nadie se equivoque. Yo y la mayoría de los compañeros hacemos esto por vocación y porque sabemos que estamos prestando un servicio público que la Administración no presta, como debiera, a través del Ministerio Público.



Y la remuneración que se percibe por estos conceptos, que como media se produce seis meses después, es tan irrisoria que da vergüenza hasta sacarla a la luz.



A pesar de ello, se nos acusó de pretender vivir del turno de oficio.



El Decano dice que no recuerda quien dijo esto. No seré yo quien señale al autor de tan desafortunada frase, pero Decano, escucha la grabación, que tal como nos anunciaste, la reunión se estaba grabando, a ver si así se te refresca la memoria, de ese detalle y de otros que pareces haber olvidado.



Señores, yo vivo de mi profesión, y el turno de oficio representa una mínima parte de mis ingresos, pero una máxima parte de mi vocación, y al negarme la posibilidad de defender a los más desfavorecidos de la sociedad, se está cercenando mi derecho a mi desarrollo como profesional y como persona al que tengo derecho.



Lo hemos dicho muchos compañeros. Estamos dispuestos a hacer esto gratis, o incluso poniendo dinero de nuestro bolsillo. Pero que nadie me niegue la posibilidad de ejercer mi profesión, mi vocación, lo que me hace despertarme por las mañanas con ilusión. Que nadie me lo quite.



Somos 122. Sólo 122.



122 expertos en la materia que nos estamos partiendo la cara a diario por Comisarias y Juzgados, que hemos estado incluso nominados al Premio Aragonés del Año del Periódico de Aragón por nuestra labor junto con la de otros compañeros de otras secciones del Turno de Oficio.



¿A quién hacemos daño? ¿A quién molestamos?



Muchos compañeros han tomado la determinación de no adscribirnos al Turno del SAVIVID para el año 2008, y tienen la razón de su parte.



Pero que ninguna mujer que nos necesite se sienta desesperada por esto. Que nos busquen, en los Juzgados y Comisarias nos conocen, y si nadie se hace cargo de ellas adecuadamente, este letrado lo hará gratis.



Antonio J. Muñoz González
ABOGADO

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Medio centenar de abogados zaragozanos protagonizaron ayer un inédito plante a su decano, Javier Hernández Puértolas, y a la Junta de Gobierno de su colegio al abandonar una asamblea del turno de violencia de genero.



La crisis se ha abierto por la decisión colegial de prohibir la inscripción simultánea de los letrados en este turno y en el de penal (de oficio) para el ejercicio del 2008.



El incidente se produjo en el salónde actos delcolegio, durante una reunión a la que asistieron la mayoría delos letrados inscritos en violencia de género (120), uno de los servicios públicos más prestigiosos y de mayor repercusión social que presta el colegio.



La asamblea se había convocado para que la Junta de Gobierno explicara los motivos y la oportunidad de la medida adoptada, en un ambiente de crispación entre los letrados.



Abogados afectados, que anunciaron la difusión de un comunicado público y colectivo sobre este problema, explicaron a este periódico que la prohibición de la doble inscripción en ambos turnos "cercena nuestra proyección profesional" y anunciaron para el próximo año un boicot al turno de violencia degénero que afectaría a más de la mitad de los letrados, "ya que nuestra vocaciónes la defensa penal"



CRISIS



Según coincidieron varios de los letrados asistentes a la asamblea, el desencadenante del plante fue una frase pronunciadapor un miembro de la junta que no identificaron:



"No se puede vivir del turno de oficio".



Los abogados interpretaron esta declaración como una crítica a los emolumentos que reciben los letrados por los casos que asisten en este turno,una cantidad que los profesionales y el propio colegio siempre han calificado de"insuficiente" y que en muchas ocasiones no alcanza para cubrir los gastos.



Asimismo, criticaron que el colegio no les haya entregado por escrito el acuerdo sobre esta prohibición ni una explicación sobre las causas que la motiva.



"Tal vez el comportamiento de la junta fuera diferente si alguno de sus miembros estuviera en este turno gratuito para la ciudadanía", añadieron.



Hernández Puértolas explicó a este periódico que no recordaba haber escuchado la polémica frase --"se dijeron muchas cosas"-- y que la interpretación que puede haber hecho "individualmente" algún letrado es"torticera", aunque ya sabía que la asamblea iba a ser "muy conflictiva".



Sobre el problema de fondo, el decano, que no ocultó su preocupación por este conflicto, señaló que medidas similares se han aplicado ya en algunos colegios, "precisamente por una razón de imagen en una materia tan sensible como la violencia de género".



"Se trataría de hacer un desglose para que los abogados no ejerzan la defensa y la acusación particular, que también es una defensa, ya que uno defiende a la víctima y otro al agresor.


Esto no quieredecir que exista una incompatibilidad legal entre ambas prácticas. Es una cuestión de oportunidad y un sistema parecido ya se sigue en Madrid. El principio que se persigue es la especialización en este servicio público tan importante para la sociedad", añadió.



Hernández dejó una puerta abierta al acuerdo al manifestar que la decisión de la Junta de Gobierno "no es la última palabra, ya que siempre está abierta al diálogo.


El acuerdo sería aplicado en el 2008, pero quedan más de dos meses para hablar", dijo. En la abogacía libre no existe ninguna incompatibilidad para que los abogados ejerzan tanto la defensa como la acusación particular en los procedimientos penales.


Ahora, la decisión adoptada por el colegio obliga a los letrados a elegir entre dos turnos de justicia gratuita.



A tenor de la reacción manifestada ayer por los abogados, el servicio jurídico de violencia degénero podría sufrir el próximoaño un grave quebranto en Zaragoza si las partes no llegan antes a un acercamiento en sus posturas.

miércoles, octubre 17, 2007

Los jueces piden estudiar caso a caso las órdenes de alejamiento

Por fin la administración se apercibe de algo que los profesionales (jueces, abogados y fiscales) que actuamos a diario en la materia venimos demandando desde que entró en vigor la Ley integral.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género (dependiente del Consejo General del Poder Judicial), Montserrat Comas, sugirió ayer en el Congreso que la medida de alejamiento que se impone a los agresores condenados debe estudiarse caso a caso, en lugar de ser un procedimiento automático e imperativo. "Porque así lo solicitan algunas de las víctimas" cuando consideran que no están en riesgo.
Algunas de estas condenas son por faltas leves. Otras veces ellas retiran la denuncia pero el procedimiento continúa y es difícil que, si ambos están de acuerdo, se les impida estar juntos.
Esta medida es polémica en el ámbito feminista y de lucha contra la violencia de género. Una parte piensa que las víctimas no calibran el riesgo que corren -de hecho algunas son asesinadas cuando vuelven con sus agresivas parejas- o lo hacen por temor. "Ya no hay que temer que los jueces no dicten órdenes de alejamiento si es necesario", confía Comas.

Otra de las propuestas del Observatorio, que tampoco encuentra consenso parlamentario, sugiere que los juzgados específicos contra la violencia a la mujer extiendan su jurisdicción a varios partidos judiciales que estén próximos entre ellos, porque, según explicó Comas, están dando resultados satisfactorios algo que no ocurre del todo con los juzgados mixtos, los que se encargan de violencia de género y otros asuntos. Para que esto fuera así habría que cambiar el mapa de los partidos judiciales y poder agrupar varios de ellos. "Porque no podemos pensar en que haya un juzgado específico en cada partido judicial", razonó Comas.

En el balance sobre los dos años en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género en el ámbito jurídico que ofreció Comas, la magistrada lamentó las 133 cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas en 22 juzgados. A su juicio esto está "paralizando" muchos procesos cuando aún no se ha pronunciado el Constitucional sobre ese asunto.

Respecto a los datos de violencia, crece el porcentaje de las víctimas mortales de nacionalidad extranjera, que suponían casi un 31% en 2005 y ahora alcanzan el 39,3% del total de muertas. No así los agresores (con resultado de muerte) extranjeros, que han pasado de ser el 34,6% del total a un 30% en el mismo periodo.

Respecto a las órdenes de protección, se han adoptado el 75% de las solicitadas. Y se ha condenado a 50.086 personas, un 72% de los juzgados. Pero también se incrementan los procedimientos que han de abandonarse hasta mejor fortuna por falta de pruebas, a pesar de que las pruebas pueden buscarse aunque no haya denuncia, pero no siempre es fácil recabarlas.
Estos procedimientos abortados han pasado de 3.847 a 10.773. Una de las sugerencias del Observatorio es que se elimine la dispensa que tienen los cónyuges para no declarar contra su pareja, porque en estos casos, la testigo de lo ocurrido es también la víctima y su testimonio es fundamental. (Lo cual es una aberración jurídica, ya que si hay otras pruebas, el testimonio de la perjudicada no es fundamental para obtener una condena)
Fuente de la noticia El País

martes, octubre 16, 2007

50.000 hombres han sido condenados en los dos últimos años por malos tratos

Un total de 49.968 personas han sido condenadas por malos tratos, en los últimos dos años, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Integral de Medidas de Protección contra este problema, según un balance presentado en el Congreso de los Diputados por la presidenta del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas.

Esta vocal del CGPJ realizó destacó el "buen funcionamiento" de la justicia en este ámbito, lo que ha favorecido la condena del 70% de las personas que fueron juzgados por este motivo.

No obstante, reconoció su "preocupación" respecto al número de asesinadas (una media de 58 al año) y señaló la necesidad de perfeccionar los sistemas de protección de las víctimas e invertir en medidas educativas que, según dijo, "darán resultados a medio plazo".
Fuente El Mundo