América Latina muestra un cuadro grave de violencia contra las mujeres. La amplitud del fenómeno ha convertido este tipo de criminalidad en una auténtica pandemia, como señaló Amparo Alcoceba, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III (Madrid), durante las jornadas Iberoamérica frente al feminicidio: El fin de la impunidad, organizadas por este centro y Casamérica, que, durante el martes y el miércoles reunieron en Madrid a un amplísimo grupo de expertos en esta lacra social.
El aumento alarmante de asesinatos de mujeres y niñas en el triángulo negro (El Salvador, Guatemala y Honduras) se asienta en una cultura del odio contra las mujeres y en el fracaso de los sistemas judiciales, afirmó la relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo.
"¿Por qué los hombres emplean la violencia contra las mujeres? Porque pueden". Así de taxativa se mostró Rashida Manjoo. El feminicidio o femicidio (según los países), palabra que aún no recogen los diccionarios, como señaló Miguel Llorente, delegado del Gobierno español para la violencia de género, se considera una de las formas más violentas de criminalidad, un crimen extremo, porque atenta contra la mujer por el simple hecho de ser mujer. "Y sorprende que la respuesta no sea igual de importante que en otros casos de violencia, como por ejemplo el terrorismo", afirmó Llorente. "Todo se reduce a un problema de visibilidad."
En El Salvador, la violencia contra las mujeres ha aumentado un 197% en la última década, macabro porcentaje que convierte al país centroamericano en la nación con la tasa de feminicidios más alta del mundo. Según datos de la policía salvadoreña, de enero a octubre de 2010 se registraron 477 asesinatos de mujeres. Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en muerte de mujeres. Entre 2001 y 2010 fallecieron por causas violentas unas 5.300. A pesar de que el país guatemalteco es pionero en la legislación contra este tipo de crímenes, con la aprobación en 2008 de la Ley contra el Femicidio, la cifra ha aumentado un 400% en los últimos años. El caso de Honduras no es diferente: entre 2003 y 2010 murieron 1.464 mujeres, de las cuales, el 44% eran mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años.
Según Rocío Villanueva, profesora principal de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, feminicidio significa cosas diferentes, dependiendo de los códigos nacionales. "Guatemala es, a pesar de las cifras, el país con una legislación más amplia de América Latina, mientras que Costa Rica tiene una regulación muy restrictiva", constató la profesora peruana. "El gran tema pendiente es que el sistema judicial de cada país funcione".
La situación se complica aún más con las mujeres indígenas. Los expertos reunidos en Madrid hicieron hincapié en la "revictimización" de estas mujeres, que, además de sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse a sistemas judiciales que ignoran su lengua y sus costumbres.
Desigualdad y discriminación
Según los expertos reunidos en Madrid, el carácter universal de los derechos humanos pierde el calificativo cuando una parte importante de la sociedad, las mujeres, los vive desde la desigualdad y la discriminación. Problemas culturales, como el machismo asentado en muchas culturas; la religión, que, pese a ser un asunto de conciencia y pertenecer al ámbito privado, marca el comportamiento de muchas sociedades y profundiza en la desigualdad; las guerras, que a menudo convierten el cuerpo de la mujer en botín de guerra, y se emplean las violaciones y otras formas de violencia sexual como medios deliberados de limpieza étnica (casos recientes de las guerras de la ex Yugoslavia y de Ruanda); la aceptación de la violencia doméstica y las desigualdades extremas: pobreza, género y acceso a la justicia.
"El feminicidio nunca va a ser homogéneo. La clave está en darlo a conocer", declaró Rashida Manjoo. La palabra más repetida durante las jornadas fue impunidad, a pesar de que existe una amplia legislación y jurisprudencia internacional sobre la materia, como la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), o la Convención Belem do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, o las sentencias de la Corte Penal Internacional que incluyen la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y el embarazo forzado en la definición de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad que hace invisibles a las víctimas.
Una sentencia pionera
El tema central de las jornadas fue la sentencia de Campo Algodonero, que marca un antes y un después en América Latina. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano de justicia en América Latina y cuyos fallos son inapelables, declaró al Estado mexicano culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez en 2001. Los cuerpos de Claudia González, de 20 años; Esmeralda Herrera, de 15, y Laura Berenice Ramos, de 17, fueron hallados junto a los de otras cinco mujeres sin identificar, el 5 de noviembre de 2001, en un terreno baldío conocido como "campo algodonero". Sus restos indicaban que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad. Condenó también al Estado por no investigar adecuadamente. México fue sentenciado a investigar con perspectiva de género a los culpables, y a las autoridades que permitieron la impunidad se les exigió una disculpa pública ante las familias de las víctimas y la ciudadanía, la construcción de un memorial, la reparación económica a las víctimas, modificaciones legales y la creación de una base de datos de desaparecidas.
La sentencia se consideró histórica porque era la primera vez que se condenaba a un Estado como responsable de feminicidio. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha cumplido solo con sus obligaciones a corto plazo, aunque se ha comprometido a cumplirlos completamente. Lo fundamental de la sentencia de Campo Algodonero es que pretende que las reparaciones sirvan como elemento de transformación, resaltó el mexicano Sergio García Ramínez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El chileno Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, admitió que la asunción de la violencia contra la mujer como tema de trabajo e investigación por parte de este organismo tuvo una evolución lenta, llevó varias décadas que la comisión encarara de manera decidida la cuestión. "En la década de los noventa empezó a aceptarse algo que hasta ese momento se había visto como una cuestión privada". González afirma que el trabajo de la comisión ha servido para crear conciencia: "Hasta hace 15 años no era obvio que la cuestión de la violencia contra la mujer pertenecía al ámbito de los derechos humanos".
309 nuevos casos en Ciudad Juárez
Emilio Ginés, abogado español, miembro del Subcomité de Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, se lamentó de que a pesar de la sentencia condenatoria de la corte, desde 2010, ha habido 309 nuevos casos de desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez. La periodista mexicana Rosa Isela Pérez también insistió en estas cifras: "A pesar de la sentencia la violencia se ha recrudecido".
En lo que se refiere a los problemas de ejecución de la sentencia de Campo Algodonero, José Guevara, exdirector de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, aportó datos importantes para intentar comprender la respuesta mexicana ante esta sentencia. Presentó unas "cifras negras" de la Universidad Autonóma de México (UAM) que demuestran que el 75% de los delitos cometidos en ese país no se denuncian y que sólo 1,6 de cada 100 delitos llega a conocimiento de un juez.
Guevara señaló que, a pesar de la repercusión mediática que tiene la criminalidad en México, sin embargo este país ocupa el puesto decimosexto de delitos violentos frente a El Salvador, que ocupa el primero; Venezuela el tercero, y Colombia el cuarto. Sin embargo, el Estado mexicano de Chihuaua, donde se encuentra Ciudad Juárez y donde nueve de cada 10 casos quedan impunes, está al mismo nivel de Colombia. "Creímos que la sentencia de Campo Algodonero iba a servir para frenar la violencia contra nuestras mujeres, pero lamentablemente no ha sido así", afirmó Guevara. Entre las causas que aportó para que el Estado mexicano no hubiera ejecutado aún la sentencia señaló el federalismo mexicano. "La sentencia de Campo Algodonero solo habla del Estado de Chihuaua y es su Gobierno el que tiene que encontrar a los responsables de los crímenes e irregularidades".
Los expertos concluyeron que la celebración de actos como el de Madrid ayuda a dar visibilidad a estos atentados contra los derechos humanos y que el respeto a sentencias como estas son un paso fundamental para fin de la impunidad.
Fuente El País
