Sylvina Bassani, la argentina que murió a manos de su ex marido el pasado 10 de abril tras haber denunciado reiteradas violaciones de la orden de alejamiento, cayó en un mal juzgado, el número 5 de Torrejón de Ardoz (Madrid). Nada que ver con los órganos especializados que existen en algunas ciudades. No tiene ni fiscal ni equipo psicosocial especializados ni unidad de valoración del riesgo de las víctimas. Además, el órgano estaba atascado. La propia juez había pedido ayuda al Poder Judicial ante la imposibilidad de conciliar los casos de maltrato con el resto de los asuntos, penales y civiles, que le tocaba tramitar. "El retraso en el negociado de violencia causa inquietud", llegó a manifestar la secretaria del juzgado. Al menos otros 41 juzgados están en la misma situación o peor. Algunos duplican e incluso triplican la carga de trabajo que tenía el que no pudo evitar la muerte de Sylvina.
El Gobierno sólo ha creado, desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, 83 juzgados exclusivos en Violencia sobre la Mujer -órganos con personal especializado que se encargan sólo de esta materia-. El resto de los juzgados que tramitan estos procedimientos, 375, vieron cómo tras la aprobación de la ley integral les caía encima la losa de la violencia machista junto con el resto de asuntos penales y civiles que les tocan por reparto. Son los llamados juzgados compatibles, muchos de ellos infradotados en relación a la ingente carga de trabajo que soportan. Tramitan más de la mitad de las denuncias que se presentan cada año por violencia machista: el 56% de las 126.293 de 2007 recayeron en este tipo de órganos.
¿Qué dice la ley integral? ¿Exige juzgados exclusivos? El artículo 43 sólo obliga al Gobierno a crear, en cada partido judicial, "uno o más juzgados de Violencia sobre la Mujer". No especifica si pueden llevar, además, otras materias o tienen que centrarse en la violencia machista. Se determina que la especialización es necesaria, pero no hasta qué punto. Y en la práctica se optó por ir creando poco a poco juzgados exclusivos y hacer que la inmensa mayoría (el 82%) lleven otros asuntos, además de la violencia de género. El resultado: las más de 120.000 denuncias que se presentan cada año han colapsado estos órganos y no se han puesto los medios suficientes para afrontar la situación. Que una víctima esté bien, mal o pésimamente atendida -y protegida- va a depender, en gran medida, de dónde viva.
En 59 de los juzgados compatibles se superaron el año pasado las 388 denuncias que paralizaron el juzgado que llevó el caso de Sylvina Bassani y 42 no han sido reforzados. El atasco fue manifiesto sobre todo en las poblaciones de los cinturones de las grandes capitales o capitales de provincia. El juzgado de Violencia de Alcorcón (Madrid), por ejemplo, recibió 633 denuncias y el de Badalona (Barcelona), 956; 632 el de León y 602 el de Almería. Lo mismo ocurrió en varias poblaciones importantes que no son capital de provincia, como Cartagena (Murcia), con 809 casos, Marbella (Málaga, 890), Dénia (Alicante, 603) o Gandía (Valencia, 761). En algunas de estas ciudades se crearon juzgados exclusivos el pasado diciembre.
Otras zonas claramente colapsadas son las islas, donde varios juzgados presentan cifras alarmantes. El de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) supera ampliamente a muchos juzgados exclusivos, con 772 denuncias y en la misma situación se encuentra el de Telde (Gran Canaria), con 853. El de Puerto del Rosario (Fuerteventura) sobrepasa al de Torrejón con 496 casos, y lo mismo ocurre en Ibiza (456).
"Las víctimas reciben una respuesta judicial de calidad muy diferente, según sea el lugar donde se produce el delito", afirma Montserrat Comas, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de gobierno de los jueces detectó estas disfunciones gracias a un informe del servicio de Inspección elaborado el año pasado a través del análisis de 50 juzgados y cuyas conclusiones, según fuentes del CGPJ, continúan vigentes. Una de ellas, quizá la principal, es que la materia de violencia "no resulta compatible con la civil y penal que les corresponde". Es decir, lo que ocurre en el 82% de los juzgados encargados de la violencia machista.
El mismo informe señala que cualquier diligencia de maltrato es equivalente a cinco de otras materias por la urgencia de estas actuaciones, que exigen una decisión inmediata sobre el detenido y la víctima. "La asunción de las competencias de violencia afecta mucho al resto de los casos del juzgado, que acaban por sufrir enormes retrasos", señalan fuentes del Poder Judicial.
El estudio subraya, además, las diferencias de medios materiales y servicios ofrecidos por los distintos órganos, comparando los juzgados exclusivos y los compatibles. Cuatro de cada cinco exclusivos tenían un fiscal propio y especializado en esta materia. Sólo un tercio de los compatibles contaban con fiscal permanente y en un ínfimo 4,3% éste era especialista en violencia machista.
Lo mismo ocurre con los equipos de psicólogos y trabajadores sociales encargados de evaluar a la víctima, a su agresor y el riesgo de que el maltrato se repita. Cada juzgado exclusivo tiene uno, pero los compatibles con equipo propio sólo son uno de cada tres, lo que obliga a acudir, en la mayoría de los casos, al equipo psicosocial de la capital de provincia, con los consiguientes retrasos. Finalmente, la inmensa mayoría de los juzgados exclusivos cuentan con un turno de oficio específico de asistencia a la víctima mientras que sólo existe en un tercio de los compatibles.
"La especialización que pretendió el legislador durante la tramitación de la ley integral contra la violencia de género no existe de facto en estos juzgados", explica Montserrat Comas. "En la práctica, estos órganos se han convertido en juzgados de guardia que tienen completamente ocupadas sus horas de audiencia con las declaraciones de los detenidos y las víctimas y con la urgencia que imponen las órdenes de protección que se deben dictar casi a diario. No hay tiempo para llevar otros asuntos", continúa la presidenta del Observatorio de Violencia de Género.
La solución que se propone desde el órgano de gobierno de los jueces es la comarcalización, es decir, la creación de nuevos juzgados exclusivos como los 83 que ya están en marcha y la extensión de su competencia a varios partidos judiciales que ahora están cubiertos con juzgados compatibles colapsados. "El objetivo es conseguir una respuesta judicial de calidad, con recursos que los juzgados que compatibilizan esta materia con sus causas civiles y penales no suelen tener", prosigue Comas. Se trata de una posibilidad prevista en la Ley Integral de Violencia de Género pero que obligaría a reformar la de Demarcación y Planta Judicial, la que establece la distribución de los juzgados en el territorio.
El Gobierno intentó esa modificación legal en marzo del año pasado con una enmienda introducida por el Grupo Socialista en la Ley de Igualdad durante su tramitación en el Senado. La iniciativa, que contaba con el apoyo de las comunidades autónomas con competencias de justicia, decayó debido a la oposición del PP y CiU. Esas formaciones no se oponían en principio al contenido de la reforma, pero reclamaron que se tramitara mediante su propio proyecto de ley. La enmienda creaba 33 nuevos juzgados exclusivos y, como proponía el Poder Judicial, les daba ámbito comarcal, extendiendo la especialización a las periferias de las grandes capitales, poblaciones importantes e islas, donde se concentran los juzgados compatibles más atascados.
La falta de apoyos en la Cámara Alta dejó ese ambicioso plan en agua de borrajas y el Ministerio de Justicia se conformó con convertir 27 juzgados de primera instancia e instrucción en exclusivos de violencia. 17 de ellos se encontraban entre los que más denuncias habían recibido en 2007. Comenzaron a funcionar el pasado 28 de diciembre.
El Observatorio de Violencia Doméstica considera que no es suficiente y que la comarcalización debe ser prioritaria debido al mal estado de muchos juzgados. "Para que los jueces se acerquen al 100% en la valoración del riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos como el de Sylvina Bassani es indispensable la presencia permanente del fiscal y que, al menos en cada provincia, haya unidades de valoración forense, que todavía no existen en algunas comunidades autónomas", concluye Comas.
Fuente El País
