Los datos, presentados por la presidenta del Observatorio, la magistrada Inmaculada Montalbán, muestran que las mujeres inmigrantes siguen siendo las víctimas más vulnerables a las agresiones de sus parejas o exparejas. Las mujeres extranjeras -a pesar de que solo representan el 11,5% de la población femenina en España- presentaron el 35% de las órdenes de proteccíon.
Esa vulnerabilidad les hace, también, retirarse en muchos casos de los procesos judiciales y decidir no declarar contra sus agresores. La ley, a través del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (el conocido como la dispensa), se lo permite. Ese artículo exonera a "los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente [padres e hijos], su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial (...)" de prestar declaración contra él. Así, cuatro de cada diez renuncias a continuar con el caso corresponden a mujeres inmigrantes.
"Cada muerte para nosotros es un dolor profundo, la mayoría de las mujeres que son asesinadas no habían denunciado a sus agresores, abandonaron el proceso judicial o volvieron a convivir con ellos", lamentó Montalbán.
Protocolo forense
Precisamente para evitar casos como esos; y también otros en los que la valoración del riesgo que verdaderamente sufre la víctima no se corresponde con su realidad, el Ministerio de Justicia presentó ayer un protocolo para mejorar las medidas de protección a las que pueden acceder.
Cuando el sistema se implante (si todo va bien en un par de meses) serán los médicos forenses quienes evalúen el riesgo que sufren las mujeres maltratadas. Tras esto tendrán que emitir un informe en menos de 72 horas que será complementario al que ahora realiza la policía. Se trata de impedir que mujeres que han denunciado a sus parejas sufran de nuevo sus agresiones: de las 73 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 22 habían presentado denuncias por malos tratos.
Fuente El País
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