Lleva años luchando contra la violencia machista y se muestra desmoralizado. Las 15 mujeres asesinadas en lo que va de año a manos de sus maridos o ex parejas no hacen más que agravar su decepción.
Es un policía veterano que prefiere no desvelar su identidad. Según asegura, la Ley Integral contra la Violencia de Género está sirviendo de poco y denuncia la total falta de medios para combatir la violencia machista.
"Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de alejamiento en Madrid". Según su testimonio, la evaluación del riesgo de cada víctima la realiza un programa informático en lugar de un equipo de psicólogos.
En opinión de este policía con amplia experiencia, quedan todavía muchos caminos por recorrer en la lucha contra la violencia de género y uno de ellos es dotar de recursos y de agentes al Cuerpo Nacional de Policía.
"No poseemos medios para proteger a las mujeres. No tenemos ni coches para acompañarles a los juzgados, ni puntos de encuentro, ni centros asistenciales ni casas de acogida suficientes. A veces usamos nuestros propios vehículos para llevarlas a los juicios. ¿Cómo vamos a luchar así contra la violencia de género?", se pregunta indignado.
A su juicio, la escasez de funcionarios es palpable: "Sólo somos 30 policías nacionales de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección [UPAP] contra los malos tratos para 7.000 órdenes de protección en Madrid. En toda la comunidad, somos 49 agentes y unas 2.000 órdenes de alejamiento más. Sin embargo, según el protocolo, cada funcionario de las UPAP no puede tener a su cargo más de 10 mujeres con órdenes de protección".
El agente no tiene pelos en la lengua y considera que "la Ley contra la Violencia de Género es una medida política que no vale para nada. Cero patatero. Todo es una cuestión burocrática. Aquí alguien miente porque la ley no funciona. Están diciendo que es maravillosa y eso es mentira".
Desde el Ministerio del Interior indican que en total hay 1.648 agentes entre policías y guardias civiles especializados en la lucha contra la violencia de género en toda España, lo que supone una media de 96 por cada comunidad autónoma. Además, argumentan que las patrullas de seguridad ciudadana también hacen labores de seguimiento de las mujeres maltratadas cuando es necesario.
Aparte de la falta de efectivos, el miembro de las UPAP también critica la manera en la que se evalúa el nivel de riesgo de las víctimas. Según su relato, este proceso se realiza mediante un ordenador y los agentes se ven obligados a contestar continuamente tests informáticos, sin apenas tiempo para practicar las auténticas labores de vigilancia.
Desde que entró en vigor la Ley contra la Violencia de Género, los jueces han emitido 90.242 órdenes de protección, de las cuales 78.550 siguen en vigor en la actualidad.
Cuando un juez dicta una orden de protección para una mujer maltratada, se pone en marcha todo un procedimiento. Una vez que la Policía las recibe, comienza la evaluación del riesgo. Para ello, el agente debe introducir los datos de la mujer en el ordenador: su nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, la fecha de los hechos y el número de las diligencias practicadas. Lo mismo sucede con el presunto maltratador, del que también se debe incluir toda la información en el programa informático.
Una vez realizado este primer paso, se pasa a la siguiente pantalla. "Entonces, hay que contestar a otras 16 preguntas. Si el maltratador toma drogas o no, si los episodios de maltrato se repiten... A veces tenemos que llamar a las mujeres para preguntarles cosas tan personales como si su marido bebe o se droga y, claro, algunas no nos quieren contestar", afirma el funcionario.
Según su testimonio, después de 30 preguntas, el ordenador decide la valoración de riesgo: no apreciado, bajo, medio o alto. Si el riesgo es bajo, cada mes deben volver a realizar la misma evaluación. Si es medio, el proceso se repite cada 15 días y si el riesgo es alto, cada semana.
"Al final estamos todos los días realizando trámites burocráticos, pero no tenemos tiempo de centrarnos en la seguridad de las maltratadas. Nos quitan de hacer las labores de protección para realizar estas tareas informáticas y desatendemos a las mujeres", se queja.
Fuente El Mundo
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