La Comisión de Mujeres Abogadas de Zaragoza reaccionó ayer con disgusto ante la medida adoptada por el órgano colegial zaragozano que prohíbe compaginar, a partir del 2008, el turno de oficio penal con el de asistencia a las víctimas de violencia doméstica, en aras de la especialización de los profesionales que prestan el servicio.
De hecho, medio centenar de abogados y abogadas protagonizaron un plante el pasado jueves en la sede colegial, durante una asamblea presidida por el decano de la institución, Francisco Javier Hernández Puértolas.
"Estamos en contra de que se separen ambos turnos porque la comisión luchó mucho por obtener el servicio de violencia doméstica, que es uno de los que más distinguen al Colegio de Abogados de Zaragoza", manifestó ayer una representante del colectivo. Sobre todo, esta entidad considera que el turno de oficio penal y el de violencia contra las mujeres "son totalmente compatibles".
El Colegio de Abogados adoptó la decisión, en la línea de otras organizaciones profesionales de letrados de diferentes provincias, por razones deontológicas: para evitar que se dé la circunstancia de que un mismo letrado deba prestar asistencia jurídica tanto al presunto autor de un caso de malos tratos como a la denunciante.
Sin embargo, la comisión de Mujeres Abogadas asegura que "tal y como están organizados los dos turnos, a los que está apuntado un importante número de letrados, es imposible que se produzca esa duplicidad de ser a la vez defensor y acusador particular en un mismo caso".
"El problema es que el Colegio nos obliga a elegir entre ambos servicios y eso nos sabe mal", manifestó ayer una letrada que hasta ahora compaginaba la violencia doméstica con el turno de penal. "No me apetece darme de baja de ninguno de los dos turnos", afirmó.
De hecho, la asistencia a víctimas de la violencia machista fue fruto del empeño de la comisión de Mujeres Abogadas, que consiguió además implicar a la Administración autonómica en la financiación del servicio, cuya creación se remonta al año 1996.
Por otro lado, los abogados del turno de mujeres maltratadas (122 en total) niegan de forma tajante que su plante responda a motivos económicos. "Un caso de violencia doméstica viene a suponer, por término medio, unos honorarios de solo 200 euros, con el juicio completo", explicó la misma letrada.
A cambio, añadió la misma fuente, el abogado se convierte en la mayoría de los casos en el mayor apoyo moral de la víctima, "hasta que la denuncia inicial desemboca en el divorcio o, en numerosísimas ocasiones, en una especie de reconciliación entre el autor de los maltratos y su denunciante".
Fuente El Periódico de Aragón
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