Esta es una de las conclusiones del II Encuentro de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) en el que participaron letrados de toda España.
Los abogados participantes en las jornadas aprobaron un informe, publicado en el último número de la revista 'Món Jurídic' del Colegio de Abogados de Barcelona, que concluye que los Juzgados especiales de violencia sobre la mujer 'no son operativos ni eficaces, ya que han provocado dilación en los procedimientos, lo que comporta el fallo en la tutela judicial efectiva'.
La conclusión de los letrados se basa en datos del Observatorio de la Mujer del Consejo General del Poder Judicial sobre el primer año de funcionamiento de los Juzgados de violencia machista, que tienen la mayor tasa de congestión, pendencia y resolución en comparación con los Juzgados penales y civiles.
Por este motivo los abogados integrantes de las Comisiones de Relaciones con la Justicia proponen que se modifique la ley, de manera que las competencias civiles atribuidas a los Juzgados de violencia doméstica se limiten a la adopción de medidas de protección urgentes.
De acuerdo con la propuesta de los letrados, los asuntos civiles quedarían en manos del Juzgado civil, de familia o en su caso de primera instancia, lo que obligaría a la modificación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otra de las conclusiones del informe insta a devolver las competencias penales a los Juzgados de Instrucción, aunque dando prioridad a la tramitación de los asuntos penales vinculados a la violencia de género.
Para garantizar que los casos de violencia machista tengan prioridad, los abogados reclaman que se potencie 'la coordinación de los centros de atención a la víctima con el Juzgado de Instrucción que conozca cada causa'.
Al margen de estas propuestas, y como medida de urgencia, las conclusiones de las jornadas proponen que se modifique el decreto del 25 de mayo pasado que preveía la creación de nuevas unidades judiciales durante este año para que se mantengan las competencias de los Juzgados mixtos ordinarios de violencia sobre la mujer.
Con el mantenimiento de esos Juzgados, los letrados pretenden no dificultar el acceso a la justicia de las víctimas y 'preservar el espíritu de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género'.
Durante el año 2006 los Juzgados de violencia de género incoaron en toda España 158.883 procesos penales, según datos facilitados por la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, que defiende la existencia de Juzgados especializados porque han terminado con la dispersión y dan una respuesta más eficaz a las víctimas.
Las denuncias por violencia doméstica presentadas a lo largo del año pasado desembocaron en 13.472 órdenes de protección.
Los abogados participantes en las jornadas aprobaron un informe, publicado en el último número de la revista 'Món Jurídic' del Colegio de Abogados de Barcelona, que concluye que los Juzgados especiales de violencia sobre la mujer 'no son operativos ni eficaces, ya que han provocado dilación en los procedimientos, lo que comporta el fallo en la tutela judicial efectiva'.
La conclusión de los letrados se basa en datos del Observatorio de la Mujer del Consejo General del Poder Judicial sobre el primer año de funcionamiento de los Juzgados de violencia machista, que tienen la mayor tasa de congestión, pendencia y resolución en comparación con los Juzgados penales y civiles.
Por este motivo los abogados integrantes de las Comisiones de Relaciones con la Justicia proponen que se modifique la ley, de manera que las competencias civiles atribuidas a los Juzgados de violencia doméstica se limiten a la adopción de medidas de protección urgentes.
De acuerdo con la propuesta de los letrados, los asuntos civiles quedarían en manos del Juzgado civil, de familia o en su caso de primera instancia, lo que obligaría a la modificación de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Otra de las conclusiones del informe insta a devolver las competencias penales a los Juzgados de Instrucción, aunque dando prioridad a la tramitación de los asuntos penales vinculados a la violencia de género.
Para garantizar que los casos de violencia machista tengan prioridad, los abogados reclaman que se potencie 'la coordinación de los centros de atención a la víctima con el Juzgado de Instrucción que conozca cada causa'.
Al margen de estas propuestas, y como medida de urgencia, las conclusiones de las jornadas proponen que se modifique el decreto del 25 de mayo pasado que preveía la creación de nuevas unidades judiciales durante este año para que se mantengan las competencias de los Juzgados mixtos ordinarios de violencia sobre la mujer.
Con el mantenimiento de esos Juzgados, los letrados pretenden no dificultar el acceso a la justicia de las víctimas y 'preservar el espíritu de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género'.
Durante el año 2006 los Juzgados de violencia de género incoaron en toda España 158.883 procesos penales, según datos facilitados por la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, que defiende la existencia de Juzgados especializados porque han terminado con la dispersión y dan una respuesta más eficaz a las víctimas.
Las denuncias por violencia doméstica presentadas a lo largo del año pasado desembocaron en 13.472 órdenes de protección.
No hay comentarios:
Publicar un comentario