El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reclamará al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a la vuelta de las vacaciones que permita la mediación en casos específicos de violencia contra la mujer.
Esta petición constituye una de las propuestas que presentará la Comisión de Mediación del Consejo a Bermejo para implantar la mediación como una solución extrajudicial que descargue de trabajo a los tribunales, especialmente a los órganos de justicia de la Comunidad de Madrid.
La pretensión de los abogados está encaminada a que la mediación en el ámbito de la violencia doméstica, especialmente en lo referido a la custodia de los hijos, se regule por ley como una actividad en la que una parte independiente ayude a las parejas a comprender el origen de sus problemas, sus causas, a confrontar puntos de vista y a elaborar acuerdos mutuos sobre el modo de reparación.
De este modo, se pretende incorporar la intervención voluntaria de las parejas para evitar los procesos judiciales y conseguir la reparación efectiva del daño a la víctima, mediante una solución negociada. Por ello, la Abogacía valora como 'desacertada' la prohibición expresa que incluye la Ley Integral contra la Violencia de Género al respecto, por lo que pedirán al titular de Justicia que suprima de la normativa esta limitación.
La presidenta de la Comisión de Mediación del CGAE, Ana Cobos, especificó a Europa Press que la mediación en este campo se aplicaría en casos puntuales que hayan sido valorados previamente por un experto en violencia de género para evaluar cada situación. Cobos recordó que los Juzgados de Familia contemplan actualmente la mediación intrajudicial, a través de la cual el juez llama a las partes y les invita a que haya un mediador, explicándoles en qué consiste su función. Se trata, según apuntó, de evitar tanto 'la fase de demanda que agrava el conflicto' entre las parejas como la posible, en el caso de que haya hijos, 'victimización de los menores'.
Además del ámbito familiar, la experta vio en la mediación 'una solución buena' para resolver asuntos penales que impliquen delitos menores como hurtos o robos para evitar 'el colapso de los tribunales'. Recomendó, igualmente, extender esta alternativa a cuestiones relacionadas con herencias o liquidación de patrimonio.
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