El Gobierno quiere obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores

El Gobierno quiere obligar a las mujeres maltratadas a declarar contra sus agresores. Los Ministerios de Trabajo y Justicia están estudiando las posibles fórmulas para modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que actualmente permite que los parientes de hasta segundo grado de consanguineidad de un procesado se abstengan de declarar.

Artículo 416. Están dispensados de la obligación de declarar:

1.- Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el número 3 del artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el
párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, consignándose la contestación que diere a esta advertencia.

2.- El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.

Para la secretaria general de Políticas de Igualdad,Soledad Murillo, dicho artículo es «negativo» para las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Además, la delegada especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, Encarna Orozco, aseguró que la violencia de género «ha distorsionado esta dispensa», ya que la mujer «es al mismo tiempo familiar y víctima», y sin su declaración en la mayoría de los casos se acaba retirando la acusación.

Según Orozco, «es importante que la mujer declare» contra su pareja, ya que, de lo contrario, lo que suele suceder es que «la mujer se siente culpable e intenta rehabilitar o perdonarle y esos casos suelen acabar en muerte». Por su parte, la secretaria general de Políticas de Igualdad señaló que «sin denuncia, no se puede poner en marcha el aparato protector de la justicia».