Los escoltas son la "mejor solución" para la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género. Así lo manifestó ayer el presidente de la Asociación Española de Escoltas (Ases), Vicente de la Cruz, durante la presentación de su organización en Zaragoza en una rueda de prensa.
De la Cruz explicó que la aplicación de La Ley Orgánica de Protección a las Víctimas de Violencia de Género no ha supuesto el fin de las agresiones. Asimismo, señaló que la protección policial a las víctimas no evita los ataques a esta, "ya que los Cuerpos de Seguridad actúan cuando los hechos se han producido".
Según manifestó, la dedicación de escoltas privadas a este tipo de protección ya se ha demostrado en el País Vasco, donde 50 mujeres ya cuentan con ella desde hace un año, "sin que se haya producido ningún caso de agresión".
La Ases quiere extender la actuación de sus asociados por diversas comunidades autónomas y, según su presidente, ya se ha llegado a acuerdos para iniciar esta actividad en Navarra y se mantienen contactos muy avanzados con Valencia, Baleares y Castilla y León. De la Cruz reconoció que en la comunidad aragonesa no existen contactos con el Gobierno aragonés desde que Ana de Salas dejó la Consejería de Servicios Sociales.
El presidente de los escoltas afirmó que los profesionales aragoneses "cuentan con la preparación y la especialización para este trabajo, y ya se hizo un curso intensivo sobre protección a mujeres maltratadas hace un año en Zaragoza".
Recordó que la protección a víctimas de género es diferente con la que se realiza a personas amenazadas por el terrorismo en el País Vasco y en otras comunidades, por lo que se requiere una preparación específica en legislación, psicología y condiciones físicas.
Existen la preparación y los profesionales para cubrir esta función, pero el problema se encuentra en el abono de los costes, que vienen a ser de 7.000 euros mensuales. "Es el principal escollo que hemos encontrado hasta ahora con el Ministerio del Interior, pero ya hay comunidades que están dispuestas a correr con este coste o parte de él. Si se compara con el coste social y económico que supone una agresión de género, el precio no es caro", añadió De la Cruz.
Fuente El Periódico de Aragón
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